ATC1442-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1442-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00199-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 17 de agosto de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Jos\u00e9 Ospina L\u00f3pez, quien aduce actuar en causa propia y en calidad de Secretario General y Jur\u00eddico de ASMET SALUD EPS S.A.S., contra el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante,; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, buen nombre, honra e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Juzgado encausado \u00ablevantar las sanciones impuestas en los tr\u00e1mites incidentales de Ingrid Daniela Quintero Beltr\u00e1n (Radicado 2018-00227) y Luz Mary Ar\u00e9valo de Camacho (Radicado 2020-00009)\u00bb y, en consecuencia, \u00abinformar a la DESAJ el levantamiento de las respectivas sanciones en aras de evitar una afectaci\u00f3n al patrimonio\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia del 11 de enero de 2019, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante ampar\u00f3 los derechos fundamentales de Ingrid Daniela Quintero Beltr\u00e1n, por lo que le orden\u00f3 a ASMET SALUD EPS autorice y programe las consultas de neurolog\u00eda, terapias f\u00edsicas, lenguaje y ocupaci\u00f3n domiciliarias, as\u00ed como garantizar la prestaci\u00f3n efectiva de la monitorizaci\u00f3n electro encefalogr\u00e1fica, transportes, alojamientos y todo el manejo adecuado de la patolog\u00eda que padece. <\/p>\n
2.2. Al considerar que se hab\u00eda incumplido dicho mandato, promovi\u00f3 incidente de desacato, en el que se sancion\u00f3 a Guillermo Jos\u00e9 Ospina L\u00f3pez, en su condici\u00f3n de representante legal para asuntos judiciales y de tutela, con multa de 3 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes con auto del 9 de junio de 2022, determinaci\u00f3n que, en grado de consulta, modific\u00f3 a un salario el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, atendiendo \u00fanicamente al incumplimiento en la prestaci\u00f3n de los servicios de enfermer\u00eda. <\/p>\n
2.3. Adujo el gestor que el 6 de julio de 2022 solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, tras considerar que la orden m\u00e9dica inicial fue reemplazada de enfermer\u00eda a servicio de cuidador 8 horas al d\u00eda; el 19 de julio siguiente, el despacho municipal no accedi\u00f3 a dicha solicitud, pues no se tiene soporte m\u00e9dico que indique el referido cambio. <\/p>\n
2.4. Por otra parte, mediante sentencia de 14 de febrero de 2020 el Juzgado accionado ampar\u00f3 las prerrogativas de Luz Mary Ar\u00e9valo ordenando cuidador primario y tratamiento integral para la afectaci\u00f3n de derrame cerebral. <\/p>\n
2.5. Al considerar que hubo incumplimiento, la all\u00ed promotora inco\u00f3 incidente de desacato, en el que se sancion\u00f3 a Guillermo Jos\u00e9 Ospina L\u00f3pez, en su condici\u00f3n de representante legal para asuntos judiciales y de tutela, con multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes con auto del 8 de julio de 2022, determinaci\u00f3n que, en grado de consulta, confirm\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 el promotor que el 14 de julio de 2022 solicit\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, manifestando que hab\u00eda hecho entrega de los pa\u00f1ales desechables, autoriz\u00f3 los pa\u00f1itos h\u00famedos, al tiempo que, ante el vencimiento del registro Invima de la crema Marly, estaba adelantando las gestiones tendientes a adquirir un insumo que contara con las misma funcionalidad, cambiando la formulaci\u00f3n a la crema Almipro; el 18 de julio siguiente, el despacho municipal no accedi\u00f3 a dicha solicitud, pues no existe concepto cient\u00edfico que permita determinar que dicha crema pueda ser reemplazada por la Almipro. <\/p>\n
2.7. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que el Juzgado municipal desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales sobre la potestad de modificar el fallo e inaplicar la sanci\u00f3n, pues, de un lado, est\u00e1 en imposibilidad de cumplimiento en punto a la entrega de una crema que no cuenta con registro Invima; y, por otra parte, porque en cuanto a la enfermer\u00eda 24 horas para Ingrid Daniela, la misma fue modificada por el m\u00e9dico tratante a 12 horas. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que mantener las sanciones en su contra quebrantan sus garant\u00edas de primer grado, m\u00e1xime cuando est\u00e1 en imposibilidad de cumplimento. <\/p>\n
3. El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo deprecado, al considerar que las decisiones que negaron la inaplicaci\u00f3n de las sanciones no lucen arbitrarias, pues est\u00e1n ajustadas a las probanzas allegadas al plenario. <\/p>\n
4. Guillermo Jos\u00e9 Ospina L\u00f3pez impugn\u00f3 el referido fallo, manifestando que \u00abla controversia del asunto gira entorno a la no INAPLICACI\u00d3N de las sanciones\u00bb, reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse en todo tr\u00e1mite, juicio y actuaci\u00f3n administrativa, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, as\u00ed como a las dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir, de elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados consagrados como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa. <\/p>\n
2. De los hechos narrados no cabe duda de que el presente reclamo involucra, exclusivamente, al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gigante, autoridad que neg\u00f3 las peticiones de inaplicabilidad de las sanciones por desacato reclamadas por el gestor, al interior de los tr\u00e1mites incidentales 2018-00227 y 2020-00009, adelantados por el desacato a las ordenes constitucionales de 11 de enero de 2019 y 14 de febrero de 2020, respectivamente, tras considerar que, con posterioridad a la sanci\u00f3n impuesta, sobrevinieron los hechos alegados con la inaplicaci\u00f3n, por lo que le acontec\u00eda una imposibilidad actual de cumplimiento. <\/p>\n
Ciertamente, lo dicho en nada involucra las decisiones del 15 de junio y 12 de julio de 2022 y , emitidas por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Garz\u00f3n, pues estos se limitaron a confirmar la sanci\u00f3n impuesta por desacato, en sede de consulta, sin que hiciera ning\u00fan pronunciamiento respecto a la imposibilidad de acatar lo ordenado, pues ello se aleg\u00f3 con posterioridad a su decisi\u00f3n, en la medida en que sus justificaciones son hechos sobrevinientes a dicho tr\u00e1mite incidental, de ah\u00ed que el llamado a responder sea, exclusivamente, el Juzgador Municipal accionado por no inaplicar las sanciones con prove\u00eddos de 18 y 19 de julio de 2022. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la naturaleza de la autoridad accionada y el hecho de que la solicitud de protecci\u00f3n se encuentra dirigida, exclusivamente, contra el estrado de categor\u00eda municipal, la competencia para conocer del presente asunto, en sede de primera instancia, radicaba en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Garz\u00f3n, a quien inicialmente fue repartida, de conformidad con lo previsto el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del decreto 333 de 2021, conforme a los cuales \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido por el colegiado de Neiva, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 20002, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 (ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 la nulidad de la sentencia dictada por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de Garz\u00f3n, con el fin de que se asuma el conocimiento del asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 17 de agosto de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, sin perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone remitir de inmediato el expediente al Juzgado Primero Penal del Circuito de Garz\u00f3n, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Compilado en el Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 1983 de 2017). <\/p>\n
5 <\/p>\n
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