SC2671-2022 (2015-00055-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2671-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76109-31-03-003-2015-00055-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por H\u00e9ctor Isaac Arango, Andr\u00e9s Felipe Arango Guti\u00e9rrez, Martha Isabel Guti\u00e9rrez y Eusebio Camacho Hurtado frente a la sentencia que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia, profiri\u00f3 el 26 de noviembre de 2020 en el proceso que promovieron contra Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes pretendieron la responsabilidad civil extracontractual de la convocada con el fin de que fuera condenada a indemnizar \u00abperjuicios morales subjetivos\u00bb ($65.000.000 para cada uno) y \u00abda\u00f1o emergente\u00bb ($31.572.000 para Eusebio y $4.708.240.000 a favor de los otros accionantes). <\/p>\n
Relataron que son propietarios de predios distinguidos con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 372-000017 y 372-39776 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura, los cuales, a su vez, integran el fundo de mayor extensi\u00f3n conocido como \u00abLa Catalana\u00bb y fueron usurpados parcialmente por la demandada cuando -por autorizaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca (resoluci\u00f3n 112 de 14 de mayo de 2008 donde tambi\u00e9n se responsabiliz\u00f3 a la convocada de los perjuicios que cause)- rehabilit\u00f3 y acondicion\u00f3 la carretera departamental \u00abruta 40, cruce 40, v\u00eda al bajo Calima y Bah\u00eda M\u00e1laga, en el municipio de Buenaventura\u00bb. En consecuencia, se\u00f1alaron que ese hecho da\u00f1oso los oblig\u00f3 a realizar erogaciones de diverso orden y les produjo \u00abzozobra, angustia, incertidumbre\u2026, afect[\u00f3] su tranquilidad [y] sosiego\u2026 al ver su propiedad cercenada\u00bb. <\/p>\n
\u00ab[B]ajo la gravedad del juramento\u00bb estimaron su reclamaci\u00f3n en $4.999.812.000, cantidad que discriminaron en $65.000.000 de \u00abperjuicios morales subjetivos\u2026 para cada\u00bb convocante, y $4.708.240.000 de da\u00f1o emergente \u00abpor el valor actual de la franja de terreno de tierra afectada por las erogaciones realizadas en la contrataci\u00f3n de peritos top\u00f3grafos y profesionales del derecho para atender la protecci\u00f3n del derecho de propiedad\u00bb (fls. 422 a 429 del cuaderno 2). <\/p>\n
2. La demandada se opuso a los pedimentos y excepcion\u00f3 \u00abinexistencia de responsabilidad de la sociedad demandada\u00bb, \u00abvalorizaci\u00f3n y plusval\u00eda\u00bb; \u00abinexistencia de los elementos que integran la responsabilidad extracontractual\u00bb; \u00abinexistencia de dolo, culpa, malicia, negligencia o imprudencia por parte de la sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A.\u00bb; \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb; \u00abinexistencia del da\u00f1o moral\u00bb, \u00abconfusi\u00f3n de linderos\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n objet\u00f3 el juramento estimatorio echando \u00abde menos la razonabilidad como la discriminaci\u00f3n de los conceptos\u00bb, tild\u00e1ndola de \u00abnotoriamente injusta\u00bb y ser \u00abuna cifra global [que] carece de sustento\u00bb, adem\u00e1s de omitir el \u00e1rea real de afectaci\u00f3n; igualmente calific\u00f3 de exagerado avaluar el metro cuadrado en $80.000 pues \u00abel precio m\u00e1ximo pagado en transacciones de compraventa, seg\u00fan documentos p\u00fablicos, no excede en ning\u00fan caso\u2026 de $2.300\u2026 que tra\u00eddos a valor presente arroja un m\u00e1ximo de\u2026 $3.000\u2026\u00bb. (fls. 437 a 444 del cuaderno 2). <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura sentenci\u00f3 el 30 de mayo de 2019 que la demandada era civil y extracontractualmente responsable y la conden\u00f3 a pagar $20.000.000 para Eusebio Camacho Hurtado y $15.000.000 a favor del resto de demandantes como perjuicios morales; sin embargo, la absolvi\u00f3 del da\u00f1o emergente (fls. 743 a 747 del cuaderno 3). <\/p>\n
4. El Tribunal, al resolver la alzada de ambas partes, revoc\u00f3 parcialmente el fallo para condenar a la accionada a sufragar, adem\u00e1s de los perjuicios inmateriales concedidos por el a quo, $31.572.000 a favor de Eusebio Camacho Hurtado y $943.576.067 para el resto de los convocantes por concepto de da\u00f1o emergente; tambi\u00e9n impuso a los promotores la obligaci\u00f3n de pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, $376.466.393 como \u00absanci\u00f3n de[l] art\u00edculo 206 del C.G.P.\u00bb. En el resto lo confirm\u00f3. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Encontr\u00f3 demostrado el perjuicio moral de los demandantes por la afectaci\u00f3n de sus terrenos en raz\u00f3n a que han sido impelidos a sufragar impuestos, promover acciones policivas e instancias judiciales para proteger sus derechos, situaci\u00f3n que les ha causado \u00absufrimiento, congoja, tristeza, zozobra al no poder \u2026 lograr que se solucione el problema de perturbaci\u00f3n de su propiedad sobre un bien inmueble que hace parte de su patrimonio\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Centr\u00f3 la problem\u00e1tica en determinar el precio del metro cuadrado de los fundos afectados por la demandada, pues ella no neg\u00f3 la ocurrencia del hecho da\u00f1oso. <\/p>\n
Luego de examinar diversos medios de convicci\u00f3n como, por ejemplo, el aval\u00fao comercial aportado por los accionantes al descorrer el traslado a la objeci\u00f3n del juramento estimatorio, el dictamen del ingeniero Andr\u00e9s Hurtado Valencia, el justiprecio de William Robledo, el informe allegado por la parte pasiva para controvertir la \u00faltima experticia, concluy\u00f3: <\/p>\n
2.1. El predio de Eusebio Camacho Hurtado tiene un \u00e1rea de 2.895,66 m2 y vale $46.515.882 ($16.064 por m2), valor que deber\u00eda reconocerse como perjuicio patrimonial a favor suyo; sin embargo, \u00e9l solamente pretendi\u00f3 por ese concepto $31.572.000, cantidad que le ser\u00e1 concedida como indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o emergente en aras de respetar el principio de congruencia. <\/p>\n
2.2. El \u00e1rea del fundo de H\u00e9ctor Isaac Arango, Andr\u00e9s Felipe Arango Guti\u00e9rrez y Martha Isabel Guti\u00e9rrez es 58.738,55 m2 y cuesta $943.576.067 ($16.064 por m2), valor que a ellos se les reconocer\u00e1 como da\u00f1o emergente. <\/p>\n
2.3.1. En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 206 de C\u00f3digo General del Proceso, resulta \u00abobligatorio imponer la sanci\u00f3n\u2026 en una suma equivalente al\u2026 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada, o sea el 10% de $3.764.663.933,oo, que equivale a $376.466.393,30\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.3.2. Al margen de que esa sanci\u00f3n sea objetiva o subjetiva, los actores fueron negligentes en la demostraci\u00f3n de los hechos que sustentaban sus pretensiones: <\/p>\n
2.3.2.1. La prueba pericial dej\u00f3 de practicarse por culpa suya pues el 19 de febrero de 2019 el a quo orden\u00f3 presentarla dentro de los diez d\u00edas siguientes a la posesi\u00f3n de los peritos, acto que se llev\u00f3 a cabo el 6 y 7 de marzo de igual a\u00f1o; <\/p>\n
2.3.2.2. El 6 de mayo de 2019 los accionantes fueron requeridos por el juzgado para sufragar los gastos periciales; <\/p>\n
2.3.2.3. Tan solo hasta el d\u00eda 29 de ese mes (un d\u00eda antes de la audiencia) los promotores acreditaron el pago, fecha en que se present\u00f3 el dictamen pericial; <\/p>\n
2.3.2.4. No fueron tramitados los oficios dirigidos al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y a la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Buenaventura, los cuales interesaban a los accionantes (archivo 01SentenciaRevocaConfirmaCostas.pdf de teams). <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon dos cargos que se resuelven en el mismo orden en que fueron planteados (archivo 06. Demanda 2 de casaci\u00f3n\u2026 en Teams). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al amparo del inicial motivo de casaci\u00f3n acusaron el fallo de lesionar directamente los art\u00edculos 83 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 2341 del C\u00f3digo Civil y 206 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Arguyeron que el Tribunal limit\u00f3 y restringi\u00f3 el principio de buena fe por haberlos sancionado, pues pas\u00f3 por alto que los perjuicios fueron cuantificados con seriedad y seg\u00fan la magnitud de los detrimentos padecidos, am\u00e9n de que el ad quem valor\u00f3 \u00abuna sola prueba por dem\u00e1s inexistente\u00bb. <\/p>\n
Sustentaron que prevaleci\u00f3 lo formal sobre lo sustancial porque el ad quem dud\u00f3 de \u00abla manifestaci\u00f3n jurada de \u2026 los perjuicios\u00bb que, por haberse objetado, carec\u00eda de eficacia. <\/p>\n
Pusieron de presente la equivocada interpretaci\u00f3n del \u00abdictamen pericial aportado por la\u2026 demandada\u2026, en cuanto dedujo unos alcances que no emanan del mismo, pues a causa del mismo yerro liquid\u00f3 el da\u00f1o emergente con base en una prueba inexistente que no obra en el expediente\u2026: certificado de usos expedido por la Alcald\u00eda Municipal de Buenaventura (V), Oficina de Planeaci\u00f3n y Ordenamiento Territorial, expedido el 21 de febrero de 2021, en el cual presuntamente se indica que el predio est\u00e1 catalogado como Aerpa-4 y que el valor del metro cuadrado es de $16.064\u2026\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que fueron desconocidos \u00ablos criterios actuariales\u2026 por haber liquidado el da\u00f1o emergente soportado en una prueba irreal, ilusoria, debiendo hacerlo con apoyo de otras pruebas\u2026 tales como los dict\u00e1menes\u2026\u00bb allegados por los recurrentes, cuyo contenido refirieron. <\/p>\n
Censuraron que al juramento estimatorio se le dio un \u00abalcance equivocado, desfasado, sin analizar que\u2026 se hizo bajo\u2026 los elementos de convicci\u00f3n\u2026\u00bb, agregando que al prosperar parcialmente las pretensiones no podr\u00eda tildarse de temeraria o negligente la conducta de los actores, lo cual hace inaplicable la pena. Por el contrario, la sanci\u00f3n procede cuando se nieguen todas las pretensiones, m\u00e1xime cuando la estimaci\u00f3n no fue \u00abantojadiza o caprichosa\u00bb y el fallo liquid\u00f3 el da\u00f1o emergente en una cantidad irrisoria como resultado de que el Tribunal \u00abno valor\u00f3 la prueba pericial aportada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El primer embate est\u00e1 llamado al fracaso por padecer de insubsanables defectos formales y, adem\u00e1s, no haber demostrado desconocimiento inmediato de disposiciones sustanciales por el Tribunal. <\/p>\n
1.1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso exige que la demanda de casaci\u00f3n contenga \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, [de] los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
La naturaleza extraordinaria de la casaci\u00f3n impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos de la sentencia impugnada pues, en aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, la Sala carece de competencia para subsanar las deficiencias de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala es pac\u00edfica al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb. (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
Para esto debe tenerse en cuenta que cuando se invoca el desconocimiento directo de la ley sustancial -v\u00eda escogida por los recurrentes en su primer embate- es indispensable aceptar en su totalidad los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios de las normas que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, las entendi\u00f3 de manera diversa a su verdadero alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. 2005-00078). <\/p>\n
Sin embargo, los recurrentes rebatieron los hechos que el Tribunal estim\u00f3 acreditados, a pesar de haber invocado el desconocimiento directo de disposiciones sustanciales, lo cual erige una equivocada forma de sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, arguyeron que, a diferencia del criterio del fallador de instancia, los perjuicios fueron estimados en la demanda y bajo la gravedad del juramento de manera seria, fundada y acorde con los detrimentos causados; tambi\u00e9n plantearon que el fallo se bas\u00f3 en un medio de convicci\u00f3n \u00abinexistente\u00bb. Tales aspectos denotan discrepancias sobre el valor de la indemnizaci\u00f3n que el Tribunal encontr\u00f3 demostrada lo que, como se ha explicado, no se orienta a demostrar falta de aplicaci\u00f3n, utilizaci\u00f3n incorrecta o hermen\u00e9utica indebida del derecho objetivo sustancial, sino cuestionamientos a la plataforma f\u00e1ctica. <\/p>\n
Como si lo anterior fuera insuficiente, los opugnantes refirieron la valoraci\u00f3n del medio de convicci\u00f3n que le sirvi\u00f3 al Tribunal para avaluar el metro cuadrado del terreno afectado en $16.064 y, a partir de \u00e9l, calcular el da\u00f1o emergente, y denunciaron un supuesto desconocimiento de criterios actuariales al momento de liquidar ese dem\u00e9rito bajo \u00abuna prueba irreal, ilusoria\u00bb, planteamientos que no aceptan sino que, por el contrario, combaten las aspectos f\u00e1cticos averiguados por el fallador de \u00faltima instancia, lo cual es improcedente cuando de la primera causal de casaci\u00f3n se trata. <\/p>\n
Algo similar se predica de los asertos dirigidos a sustentar la diligencia, buena fe, razonabilidad, carencia de capricho, temeridad y antojo en la confecci\u00f3n del juramento estimatorio pues el Tribunal encontr\u00f3 demostrado que los actores s\u00ed incurrieron en negligencia o desidia al momento de cumplir la carga de probar la entidad de los perjuicios perseguidos, lo que lo llev\u00f3 a imponer la sanci\u00f3n prevista en el inciso 4\u00ba art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la entidad p\u00fablica all\u00ed se\u00f1alada. <\/p>\n
Los anteriores razonamientos develan que a pesar de haber intentado plantear la violaci\u00f3n directa de la normativa sustancial, los accionantes cuestionaron la plataforma f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n lo que hace que el cuestionamiento resulte improcedente. Vale la pena precisar que el cargo tambi\u00e9n carecer\u00eda de prosperidad si se encausara por el desconocimiento mediato de disposiciones sustanciales, pues no plantea verdaderos errores de hecho. <\/p>\n
1.2. Por otro lado, el embiste tampoco sustenta el desconocimiento recto de disposiciones sustanciales ni se compadece con el verdadero contenido del art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los recurrentes pretendieron atribuirle un contenido diverso al que realmente tiene esa norma. Obs\u00e9rvese que ellos argumentaron que la sanci\u00f3n all\u00ed prevista solamente procede cuando se niegue la totalidad de las pretensiones o no sea objetado por la otra parte. <\/p>\n
Sin embargo, basta una lectura somera del inciso 4\u00ba del citado precepto para percatarse de que cuando la cantidad estimada bajo la gravedad del juramento exceda en el 50% la probada en las instancias da lugar a una amonestaci\u00f3n del 10% de la diferencia entre el valor estimado y el probado. Esto evidencia que, a diferencia de lo que buscaron sostener los impugnantes, la sanci\u00f3n a favor del Consejo Superior de la Judicatura, Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, no s\u00f3lo procede cuando \u00abse nieguen las pretensiones por falta de demostraci\u00f3n de los perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es cierto el planteamiento de los recurrentes en el sentido de sostener que la objeci\u00f3n del juramento por la otra parte impide que se imponga la sanci\u00f3n, pues el claro texto de la disposici\u00f3n citada establece que el efecto de la oposici\u00f3n consiste en que la estimaci\u00f3n jurada de los perjuicios no har\u00e1 prueba del monto de la reclamaci\u00f3n, y no que la sanci\u00f3n resulte improcedente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, por las razones anotadas no prospera el embate inicial. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en el segundo motivo del recurso extraordinario, se\u00f1alaron la sentencia de haber desconocido de manera indirecta de los art\u00edculos 16 de la ley 446 de 1998, 176 y 206 del C\u00f3digo General del Proceso y 2341 del C\u00f3digo Civil por errores de hecho consistentes en \u00abtener por demostrado, sin estarlo, el menor valor de los perjuicios morales y materiales\u00bb, as\u00ed como castigarlos econ\u00f3micamente a pesar de que las pretensiones prosperaron parcialmente y no \u00abse evidenci\u00f3 un actuar fraudulento si (sic) de mala fe\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron que el perjuicio material fue liquidado \u00abcon base en una prueba inexistente\u2026 apoy\u00e1ndose \u00fanicamente en un presunto certificado de usos n.\u00ba 007 expedido por la Alcald\u00eda Municipal de Buenaventura- Oficina de Planeaci\u00f3n y Ordenamiento Territorial, el 21 de febrero de 2020, que le asigna un valor al metro cuadrado de $16.064\u00bb, cantidad inferior a la probada con los dict\u00e1menes. <\/p>\n
Identificaron el aval\u00fao comercial aportado al descorrer el traslado de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio y el realizado por William Robledo como \u00abmedios probatorios que no fueron apreciados\u00bb porque el fallo \u00abse edific\u00f3 en un solo medio de prueba\u00bb, am\u00e9n de que no justific\u00f3 las razones por las que descart\u00f3 los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Insistieron en que la condena impuesta con fundamento en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso es desproporcionada, contraria a la buena fe, al derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso por castigar \u00aba una persona por un resultado en cuya causaci\u00f3n no media culpa alguna de su parte\u00bb, sobre todo cuando en el caso concreto no hubo temeridad ni mala fe. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. El segundo embate carece de vocaci\u00f3n de prosperidad por resultar incompleto y ser inexistente el error de hecho invocado, como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.1. La incompletitud del cuestionamiento radica en que los recurrentes se limitaron a sustentar que el monto del metro cuadrado de los terrenos no era $16.064 sin precisar cu\u00e1l era el justiprecio adecuado -seg\u00fan las pruebas obrantes en el plenario- que elevar\u00eda el da\u00f1o emergente a una cantidad que los pusiera a salvo de la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed, el car\u00e1cter inacabado de tal razonamiento tambi\u00e9n lo hace intrascendente porque para que sus planteamientos salieran avante era necesario que el defecto f\u00e1ctico enrostrado resquebrajara la sentencia en lo desfavorable a los impugnantes, esto es, la sanci\u00f3n por haber estimado de manera excesiva el da\u00f1o emergente, aspecto que no aparece debidamente sustentado en la demanda casacional. <\/p>\n
Adicionalmente, los combatientes se limitaron a sostener que, a diferencia de lo concluido por el Tribunal, su comportamiento en punto al cumplimiento de la carga de la prueba no fue temerario, negligente, de mala fe o, en suma, culposo, sin hacer referencia a los elementos de juicio tenidos en cuenta por el colegiado para estimar lo contrario. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el Tribunal se sirvi\u00f3 de la presentaci\u00f3n tard\u00eda de la experticia, el pago inoportuno de los gastos periciales, as\u00ed como la falta de diligenciamiento de los oficios dirigidos a dos entidades para sustentar que los actores incurrieron en culpa en el cumplimiento de su carga probatoria, aspectos que de ninguna forma fueron rebatidos en la forma debida por los recurrentes, lo que deja en pie el fallo atacado. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, no es cierto que en la determinaci\u00f3n del precio del metro cuadrado de los fundos se haya cometido un error de hecho por suposici\u00f3n probatoria. Como puede verse en la constancia secretarial de 22 de junio de 2022, el 27 de agosto de 2021 el Tribunal remiti\u00f3 sendos dict\u00e1menes periciales que \u00abreposa[n] en el expediente f\u00edsico, pero por errores en el tr\u00e1mite de la digitalizaci\u00f3n, \u2026 no hi[cieron] parte del expediente virtual\u00bb. Se trata, espec\u00edficamente, de medios de convicci\u00f3n tales como el \u00abdictamen de contradicci\u00f3n\u2026 en relaci\u00f3n con el informe pericial \u201c\u00e1reas de afectaci\u00f3n predio la catalana\u2026\u201d cuyo autor es Andr\u00e9s Hurtado L\u00f3pez\u00bb, el elaborado \u00aben relaci\u00f3n con el \u201cdictamen de parte 2 elaborado por\u2026 William Robledo\u00bb y del que busc\u00f3 controvertir el realizado por William Robledo Giraldo. En las p\u00e1ginas 13 y 14 de la \u00faltima de estas experticias se establece que el valor del metro cuadrado de los terrenos de La Catalana es de $16.064, lo que evidencia que, a diferencia del criterio de los recurrentes, el Tribunal no supuso una prueba para establecer el da\u00f1o emergente. <\/p>\n
En tal orden, por las razones anotadas, se evidencia la carencia de prosperidad del embiste. Esto hace procedente condenar en costas a los impugnantes, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y se\u00f1ar agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual es relevante que la convocada replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Primero: En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de noviembre de 2020 que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, Sala Civil-Familia profiri\u00f3 en el proceso declarativo de pertenencia de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a los recurrentes H\u00e9ctor Isaac Arango, Andr\u00e9s Felipe Arango Guti\u00e9rrez, Martha Isabel Guti\u00e9rrez y Eusebio Camacho Hurtado y a favor de Sociedad Puerto Industrial Aguadulce S.A. Liqu\u00eddense incluyendo agencias en derecho la suma de $6.000.000 que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
En firme esta providencia devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Presidente de Sala (E) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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SC2671-2022 (2015-00055-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC2671-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76109-31-03-003-2015-00055-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por H\u00e9ctor Isaac Arango, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66825","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66825","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66825"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66825\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66825"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66825"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66825"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}