SC2840-2022 (2015-01057-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC2840-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-001-2015-01057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandante interpuso contra la sentencia de 27 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Autopistas del Sol S.A.S. contra Seguros del Estado S.A., en el cual intervienen Constructora Vialpa S.A. Sucursal Colombia en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, Change Consulting Group Colombia S.A.S. y Gerencia de Contratos y Concesiones S.A. en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, como litisconsortes necesarias de la demandada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 declarar: I) que Constructora Vialpa S.A. Sucursal Colombia en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, Change Consulting Group Colombia S.A.S. y Gerencia de Contratos y Concesiones S.A. en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, como integrantes del Consorcio La Cordialidad, no invirtieron adecuadamente el anticipo que como contratistas recibieron de Autopistas del Sol S.A., a t\u00edtulo de contratante, en desarrollo de la Orden de Servicio N\u00b0 028 de 2009; II) que Seguros del Estado S.A. garantiz\u00f3, al amparo de la p\u00f3liza de Cumplimiento entre Particulares N\u00ba 14-45-101010746, en la cual fungi\u00f3 como tomador y afianzado el Consorcio La Cordialidad y como beneficiaria la accionante, que el contratista invertir\u00eda correctamente el anticipo entregado en desarrollo de la Orden de Servicio N\u00b0 028 de 2009; III) que se configur\u00f3 el siniestro amparado. <\/p>\n
Y como s\u00faplica de condena deprec\u00f3 ordenar a Seguros del Estado S.A. pagar $2.349\u2019401.599, m\u00e1s intereses moratorios causados desde el 12 de julio de 2012 o desde cuando se proclame exigible la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de tales peticiones expuso, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. Tras la constituci\u00f3n y posterior modificaci\u00f3n del Consorcio La Cordialidad, creado para ejecutar obras correspondientes al contrato de concesi\u00f3n 008 de 2007 Ruta Caribe, present\u00f3 a Autopistas del Sol la Oferta Mercantil GCC-OMLC-04-09 para construir la segunda calzada de la v\u00eda Cartagena – Arjona del proyecto Ruta Caribe, por valor total de $14.575\u2019281.978, con anticipo de $2.915\u2019056.396 y plazo de 22 meses para ejecuci\u00f3n de las obras a partir de la suscripci\u00f3n del Acta de iniciaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La demandante acept\u00f3 la oferta y expidi\u00f3 la Orden de Servicios 028 de 2009, perfeccionando el contrato, a la postre modificado en relaci\u00f3n con las condiciones de expedici\u00f3n de la p\u00f3liza de estabilidad, todo lo cual dio lugar a la entrega del anticipo a favor del Consorcio La Cordialidad. Ulteriormente las partes modificaron el plazo para la entrega de la obra, reduci\u00e9ndolo a 14 meses contado a partir de la concesi\u00f3n de la licencia ambiental -lo que a su vez gener\u00f3 la modificaci\u00f3n de las p\u00f3lizas adquiridas por la contratista-, sentaron que el anticipo ser\u00eda utilizado para ejecutar la Orden de Servicios 028 de 2009 y designaron la firma interventora. <\/p>\n
2.3. El 12 de agosto de 2010, cuando hab\u00eda sido otorgada la licencia ambiental, las partes suscribieron el Acta de Inicio de obra, dando lugar a la entrega de la p\u00f3liza de Cumplimiento entre Particulares N\u00ba 14-45-101010746, con vigencia del 2 de agosto de 2010 al 2 de agosto de 2015, y coberturas de cumplimiento y buen manejo del anticipo por valores, en su orden, de $1.457\u2019528.198 y $2.915\u2019056.396. <\/p>\n
2.4. El Consorcio La Cordialidad, como contratista, present\u00f3 demoras en la ejecuci\u00f3n de las obras a partir de febrero de 2011, que generaron cruce de comunicaciones entre ella, la contratante y la interventora Pablo Emilio Bravo Consultores S.A., la reprogramaci\u00f3n de labores, la imposici\u00f3n de multas al Consorcio y la presentaci\u00f3n de recomendaciones. Finalmente, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, mediante misiva de 19 de julio de 2011 Autopistas del Sol notific\u00f3 al contratista que, de no reanudar los trabajos, el 21 de julio siguiente tomar\u00eda posesi\u00f3n de estos, lo que efectivamente ocurri\u00f3 constatando en esta fecha que lo ejecutado ascend\u00eda \u00fanicamente al 20.68% del total de la operaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Del anticipo por $2.915\u2019056.396 el Consorcio La Cordialidad amortiz\u00f3 $565\u2019654.797, quedando el saldo de $2.349\u2019401.599, seg\u00fan las facturas canceladas, por lo que Autopistas de Sol present\u00f3 reclamaci\u00f3n formal a Seguros del Estado el 12 de junio de 2012 por \u00abel indebido uso del anticipo\u00bb, pero con respuesta del 12 de julio siguiente la aseguradora objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n y la contratante, con el fin de interrumpir la prescripci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, requiri\u00f3 nuevamente el pago a la compa\u00f1\u00eda de seguros el 26 de junio de 2013. <\/p>\n
3. Una vez vinculada al tr\u00e1mite, la accionada se opuso a las pretensiones y adujo como defensas de m\u00e9rito las de \u00abinexistencia del perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguros contenido en la p\u00f3liza N\u00b0 14-45-101010746 en su amparo de buen manejo del anticipo\u00bb e \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n por compensaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s propuso como excepci\u00f3n previa la \u00abprescripci\u00f3n extintiva de las acciones derivadas del contrato de seguros\u00bb, que el juzgador a-quo dispuso tramitar como perentoria. <\/p>\n
4. Ese mismo estrado judicial dispuso la citaci\u00f3n, como litisconsortes necesarias de la enjuiciada, de Constructora Vialpa S.A. Sucursal Colombia en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, Change Consulting Group Colombia S.A.S. y Gerencia de Contratos y Concesiones S.A. en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, entidades que guardaron absoluto silencio. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia de 1 de junio de 2017, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y, por ende, desestim\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
6. El 27 de noviembre de 2017 el superior revoc\u00f3 el fallo, al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandante, declar\u00f3 infundadas las excepciones y conden\u00f3 a Seguros del Estado S.A. a pagar $95\u2019285.092, m\u00e1s los intereses moratorios comerciales. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El Juzgador ad-quem, en primer lugar, estableci\u00f3 que la pretensi\u00f3n judicial estaba dirigida a la declaratoria de \u00abconfiguraci\u00f3n del siniestro consistente en haberse invertido indebidamente el anticipo otorgado con la orden de servicios N\u00b0 028 de 2009\u2026 [habida cuenta que] el hecho que da base a la acci\u00f3n, es el indebido uso del anticipo entregado con ocasi\u00f3n de la orden de servicios N\u00b0 028 de 2009\u2026\u00bb <\/p>\n
2. En segundo lugar, record\u00f3 el ordenamiento que rige al contrato de seguro de cumplimiento as\u00ed como la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de \u00e9l derivada para, seguidamente, concluir que no ocurri\u00f3 este fen\u00f3meno extintivo porque no transcurri\u00f3 el lapso de 2 a\u00f1os contado desde que la asegurada tuvo conocimiento del indebido manejo del anticipo -que corresponde al 21 de julio de 2011 como fecha en que tom\u00f3 posesi\u00f3n de la obras- y la presentaci\u00f3n de la demanda -25 de junio de 2015-, toda vez que entre estos momentos hubo interrupci\u00f3n civil con ocasi\u00f3n de la reclamaci\u00f3n formal radicada ante la aseguradora el 12 de junio de 2012 y por el requerimiento que Autopistas del Sol present\u00f3 el 26 de junio de 2013. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n afirm\u00f3 el tribunal, refiri\u00e9ndose a las excepciones planteadas por la convocada, que: <\/p>\n
3.1. El siniestro alegado, consistente en el uso o apropiaci\u00f3n indebida del anticipo, fue acreditado con la Orden de Servicios 028 de 2009, la P\u00f3liza de Cumplimiento allegada con la demanda, el Acta de toma de posesi\u00f3n de las obras que data del 21 de julio de 2011, los informes y comunicaciones remitidas por la firma interventora Paulo Emilio Bravo Consultores, pues estos dieron cuenta de la par\u00e1lisis de los trabajos por espacio superior a un mes y que la ejecuci\u00f3n s\u00f3lo era del 19.4%. <\/p>\n
Por consiguiente, a\u00f1adi\u00f3, el anticipo entregado en cuant\u00eda de $2.915\u2019056.396 \u00abno se vio reflejado en su totalidad en las obras para cuya ejecuci\u00f3n fue entregado\u00bb, pues las construcciones levantadas por el Consorcio y reconocidas por la contratante totalizaban $2.819\u2019773.304, \u00abcon lo cual no puede afirmarse que se haya usado o apropiado debidamente el mismo, configur\u00e1ndose de esa manera el siniestro previsto en el contrato de seguro de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Y respecto de los dineros supuestamente utilizados en las obras por la contratista, seg\u00fan aleg\u00f3 la demandada, s\u00f3lo fue aportada prueba de que fueron amortizados $565\u2019654.797, mientras que no quedaron demostrados los dem\u00e1s valores pretendidos por concepto de una obligaci\u00f3n a favor del consorcio seg\u00fan acta de liquidaci\u00f3n, p\u00f3liza de seguro tomada con Segurexpo, p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil extracontractual con Segurexpo, p\u00f3liza de seguro de cumplimiento con Seguros del Estado, p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil extracontractual con Seguros del Estado y pagos efectuados a la interventor\u00eda. <\/p>\n
4. Finalmente, en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n deprecada y como quiera que el uso indebido del anticipo corresponde a su empleo para gastos que no est\u00e1n relacionados con el objeto del contrato y\/o fueron dirigidos de manera distinta a la pactada, ultim\u00f3 la sentencia que como a favor del Consorcio fue reconocida la ejecuci\u00f3n parcial de obras por $2.819\u2019773.304, seg\u00fan actas parciales de entrega y la constataci\u00f3n realizada por la interventor\u00eda a cuyo tenor el contrato fue ejecutado en un 19.4%, la suma a reconocer corresponder\u00e1 a $95.285.092 producto de restar aquel valor al anticipo ($2.915\u2019056.396). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El escrito sustentador del mecanismo extraordinario contiene tres reproches, el inicial fundado en el motivo primigenio de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los dos restantes en la causal segunda. <\/p>\n
La Corte iniciara el estudio por \u00e9stos, al ser el orden l\u00f3gico, como quiera que para auscultar la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial por la senda recta es menester establecer inicialmente la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que dio origen al litigio, lo que se logra a trav\u00e9s de la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Aduce la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1045, 1056, 1077, 1080, 1088 del C\u00f3digo de Comercio, 203 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, 1499, 1618, 1620 a 1622, 1624 del C\u00f3digo Civil, 16 de la ley 446 de 1998 y 283 inciso final del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de errores de hecho cometidos en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio. <\/p>\n
2. En desarrollo del embate se\u00f1al\u00f3 la recurrente que no obstante el tribunal tener por acreditado el contrato de seguros y la ocurrencia del siniestro, que afect\u00f3 el amparo de buen manejo del anticipo, al momento de cuantificar la indemnizaci\u00f3n estableci\u00f3 que el anticipo entregado por la contratante a la contratista fue usado en debida forma, pasando por alto que el valor de las obras ejecutadas hab\u00eda sido pagado por Autopistas del Sol. <\/p>\n
Para llegar a esta conclusi\u00f3n, agreg\u00f3, el juzgador de segunda instancia err\u00f3 al interpretar el contrato de seguros instrumentado en la p\u00f3liza 14-45-101010746, pues todo anticipo debe ser devuelto al contratante por el contratista invirti\u00e9ndolo en la ejecuci\u00f3n de la obras, mediante las amortizaciones convenidas o reintegr\u00e1ndolo a la finalizaci\u00f3n del contrato; y en la Oferta Mercantil GCC-OMLC-04-09 aceptada con la Orden de Servicio 028 de 2009, documentos que deb\u00edan ser valorados conjuntamente con el pacto garantizado, lo que fue omitido en la sentencia, qued\u00f3 acordado que el anticipo ser\u00eda amortizado en un 20% de cada acta de recibo parcial de obra, alcanzando la suma de $565\u2019654.797, seg\u00fan el dictamen pericial practicado. <\/p>\n
El 80% restante de esas actas de recibo parcial, esto es, $2.262\u2019619.186, fue cancelado directamente por la contratante al Consorcio la Cordialidad, seg\u00fan dan cuenta las facturas 301, 304, 306, 308, 309, 313, 316 y 317 y los comprobantes de pago plasmados en las \u00f3rdenes 1259, 1364, 1447, 1468, 1567, 1627, 1777 y 1810 aportados con la demanda, anexos a la experticia e igualmente preteridos en el fallo. <\/p>\n
Por ende, el anticipo no fue amortizado o devuelto en su totalidad, lo cual evidencia los yerros f\u00e1cticos del juzgador ad-quem al apreciar el contrato de seguro, pues tal supuesto corresponde a una apropiaci\u00f3n o uso indebido del contratista. <\/p>\n
La decisi\u00f3n fustigada, por ende, restringi\u00f3 el alcance del seguro en el amparo de anticipo, al desconocer que garantiza todo perjuicio o merma patrimonial originada en su falta de devoluci\u00f3n o amortizaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. La impugnante endilga al tribunal la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los mismos preceptos legales citados en el reproche inmediatamente anterior, debido a yerros de derecho en la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sustenta esta censura en que el fallador de segundo grado \u00abomiti\u00f3\u00bb apreciar la Orden de Servicios 028 de 2009, que constituye el contrato afianzado por Seguros del Estado, pues no obstante colegir su existencia as\u00ed como la entrega del anticipo al Consorcio La Cordialidad, no hizo referencia a su contenido y alcance en relaci\u00f3n con la amortizaci\u00f3n pactada; y tampoco realiz\u00f3 valoraci\u00f3n probatoria respecto de los documentos que acreditan el pago del 80% de las obras ejecutadas y que el 20% restante iba dirigido a amortizar el anticipo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la sentencia criticada carece de motivaci\u00f3n acerca de la solidez, claridad y precisi\u00f3n del dictamen pericial, que daba cuenta de la amortizaci\u00f3n parcial del anticipo, dinero apropiado por el Consorcio La Cordialidad, as\u00ed como que esa valoraci\u00f3n debi\u00f3 sumarse a la del contrato garantizado, los dem\u00e1s documentos que probaron las obras ejecutadas por la contratista y los pagos por \u00e9sta recibidos. <\/p>\n
Esa valoraci\u00f3n conjunta, complement\u00f3, hubiera llevado a reconocer el anticipo no amortizado a favor de la demandante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El estudio conjunto de los cargos segundo y tercero se justifica, en primer lugar, porque este \u00faltimo, no obstante anunciar yerros de derecho de la sentencia, evoca errores de hecho, verbi gratia, la preterici\u00f3n de la Orden de Servicios 028 de 2009; en segundo lugar, porque realmente el tercer embate no pasa de ser una reiteraci\u00f3n del segundo, al punto que atribuye al tribunal la errada valoraci\u00f3n probatoria de los mismos medios de persuasi\u00f3n discriminados en \u00e9ste, con una menci\u00f3n final seg\u00fan la cual todo ese acervo debi\u00f3 ser valorado en conjunto; y en tercer lugar, porque los dos se servir\u00e1n de consideraciones comunes como pasa a verse. <\/p>\n
3. Se sigue, por lo tanto, al estudio de los cargos segundo y tercero para lo cual resulta pertinente destacar que la sentencia de segunda instancia, estimatoria de la pretensi\u00f3n, coligi\u00f3 demostrado el contrato de seguros as\u00ed como la ocurrencia del siniestro en la modalidad de indebido uso del anticipo, aspectos no debatidos en esta sede extraordinaria en tanto la convocada, Seguros del Estado, no super\u00f3 el tamiz t\u00e9cnico de la casaci\u00f3n, y la demandante s\u00f3lo cuestion\u00f3 la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n a favor de ella establecida, m\u00e1s no la interpretaci\u00f3n que su juzgador de \u00faltima instancia dio al petitum. <\/p>\n
Sobre el punto impera resaltar que la promotora, desde el p\u00f3rtico del litigio, deprec\u00f3 declarar que las \u00abintegrantes del consorcio La Cordialidad, no invirtieron adecuadamente las sumas de dinero que les fueron entregadas a t\u00edtulo de anticipo\u00bb (resaltado impropio), riesgo que el asegurador garantiz\u00f3, \u00abpor tanto al no invertirse adecuadamente las sumas anticipadas en ejecuci\u00f3n del citado contrato, se configur\u00f3 un siniestro\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
De all\u00ed que el Tribunal sentara, ab initio, la \u00abconfiguraci\u00f3n del siniestro consistente en haberse invertido indebidamente el anticipo otorgado con la orden de servicios N\u00b0 028 de 2009\u2026 [habida cuenta que] el hecho que da base a la acci\u00f3n es el indebido uso del anticipo entregado con ocasi\u00f3n de la orden de servicios N\u00b0 028 de 2009\u2026\u00bb (Ejusdem). <\/p>\n
Si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, extracta la Corte que el Tribunal no err\u00f3 al interpretar el contrato de seguros plasmado en la P\u00f3liza de Cumplimiento entre Particulares N\u00ba 14-45-101010746, pues en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n del pacto asegurador y los riesgos asumidos por la compa\u00f1\u00eda de seguros esta Sala tiene sentado que: <\/p>\n
Siguiendo estas orientaciones, ha sostenido esta corporaci\u00f3n que siendo requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier p\u00f3liza de seguros la individualizaci\u00f3n de los riesgos que el asegurador toma sobre s\u00ed (G. J., t. CLVIII, p\u00e1g. 176) y que por lo tanto, en este campo rige el principio seg\u00fan el cual la responsabilidad asumida en t\u00e9rminos generales como finalidad del contrato no puede verse restringida sino por obra de cl\u00e1usulas claras y expresas, \u201c…El Art. 1056 del C. de Co., en principio com\u00fan aplicable a toda clase de seguros de da\u00f1os y de personas, otorga al asegurador facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que est\u00e1n expuestos el inter\u00e9s o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado…\u201d, agregando que es en virtud de este ampl\u00edsimo principio \u201cque el asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribi\u00e9ndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro; ora precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, quedan sin embargo excluidos de la protecci\u00f3n que se promete por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones, algunas previstas expresamente en la ley\u2026\u201d (Cas. Civ. de 7 de octubre de 1985, sin publicar), exclusiones que por su propia \u00edndole, limitativa de los riesgos asumidos por el asegurador, requieren ser interpretadas con severidad en una concienzuda tarea que se oriente, de una parte, a establecer su justificaci\u00f3n t\u00e9cnica, y de la otra a precisar el alcance de dichos riesgos conforme a reglas de car\u00e1cter legal o convencional, luego no le es permitido al int\u00e9rprete \u201c…so pena de sustituir indebidamente a los contratantes, interpretar aparentemente el contrato de seguro para inferir riesgos que no se han convenido, ni para excluir los realmente convenidos; ni tampoco hacer interpretaciones de tales cl\u00e1usulas que conlleven a resultados extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no s\u00f3lo se encuentren expresamente excluidos sino que por su car\u00e1cter limitativo y excluyente, son de interpretaci\u00f3n restringida…\u201d (Cas Civ. de 23 de mayo de 1988, sin publicar)\u00bb (CSJ SC, 29 ene. 1998, rad. 4894). <\/p>\n
Ahora bien, la P\u00f3liza de Cumplimiento entre Particulares N\u00ba 14-45-101010746 allegada con la propia demanda iniciadora de la contienda prev\u00e9, en lo que ata\u00f1e a la \u00abGARANT\u00cdA DE ANTICIPO\u00bb, que \u00ab[p]or medio de la Garant\u00eda de Anticipo al beneficiario del seguro se precave contra el uso o apropiaci\u00f3n indebida que el contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan anticipado para la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed se desprende, entonces, que la sentencia atacada acert\u00f3 al interpretar el contrato de seguros plasmado en la P\u00f3liza referida en la medida en que, trat\u00e1ndose del amparo de anticipo en contratos de obra, la falta de amortizaci\u00f3n es riesgo que difiere de su mal uso o de su apropiaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
En efecto, el anticipo \u00abha sido concebido por la jurisprudencia y la doctrina patrias como un mecanismo de financiaci\u00f3n, propio de los contratos en los que la remuneraci\u00f3n est\u00e1 supeditada a la entrega \u2013total o parcial\u2013 de la obra, en virtud del cual el contratante entrega al contratista dinero u otros bienes, con el compromiso de que este \u00faltimo los utilice para sufragar determinados costos y gastos imprescindibles para la ejecuci\u00f3n del encargo. (\u2026) la entrega del adelanto hace surgir para el contratante una expectativa primaria, consistente en que esos recursos se empleen para cubrir las expensas de la obra, en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el contrato; y si ello ocurre, aflorar\u00e1 para aquel una expectativa secundaria: la de recomponer su acervo patrimonial, mediante la efectiva amortizaci\u00f3n del anticipo.\u00bb (CSJ SC3893 de 2020, rad. 2015-00826). <\/p>\n
El empleo por el contratista de esos bienes denominados anticipo, por lo general dinero en efectivo, puede presentar distintas anomal\u00edas en el desarrollo contractual como: I) su ausencia de amortizaci\u00f3n o retorno al patrimonio del contratante en la forma convenida; II) su apropiaci\u00f3n indebida, que consiste en el direccionamiento ileg\u00edtimo de esos bienes hac\u00eda otros patrimonios; y III) el mal uso, que alude a la destinaci\u00f3n para labores totalmente ajenas a las obras pactadas. <\/p>\n
La doctrina patria sobre estos diversos riesgos tiene precisado que: <\/p>\n
El contratista, frente al anticipo, que ha sido calificado correctamente como un avance o pr\u00e9stamo que se le hace para que pueda cubrir los gastos iniciales del contrato, tiene dos obligaciones totalmente distintas: <\/p>\n
a) De una parte, manejarlo adecuadamente e invertirlo correctamente. Para tal fin en el contrato se debe pactar la manera como debe manejar estos recursos y rendir las cuentas correspondientes. Es posible que la cuenta a trav\u00e9s de la cual se maneje el anticipo solo pueda ser utilizada con la firma del interventor, y tambi\u00e9n que deba <<legalizar>> los gastos, en un plazo determinado, con el objeto de demostrar que lo ha manejado adecuadamente y lo ha invertido correctamente. Esta obligaci\u00f3n es la que est\u00e1 cubierta con la p\u00f3liza expedida por la Compa\u00f1\u00eda de Seguros y, para que la Compa\u00f1\u00eda est\u00e9 obligada a pagarla, debe declararse que el contratista la incumpli\u00f3, lo que no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
b) De otra parte, tiene la obligaci\u00f3n de amortizarlo, devolverlo o pagar la suma que le fue entregada a t\u00edtulo de anticipo. Esta obligaci\u00f3n no est\u00e1 garantizada por la p\u00f3liza. En este caso, el amparo de anticipo no cubre el riesgo de no amortizaci\u00f3n, devoluci\u00f3n o pago del anticipo, como quiera que no se pact\u00f3 as\u00ed expresamente dentro del alcance de la p\u00f3liza. Por tal raz\u00f3n no puede condenarse a la compa\u00f1\u00eda por este concepto. <\/p>\n
Si el contratista no amortiza el anticipo, est\u00e1 incumpliendo una obligaci\u00f3n a su cargo, pero de esta circunstancia no puede deducirse autom\u00e1ticamente \u2014como lo hace el tribunal\u2014 que el contratista invirti\u00f3 o manej\u00f3 inadecuadamente el anticipo. Se itera que la regla general es que estas sumas se utilicen para cubrir los gastos que tiene el contratista al principio del contrato e impulsar la obra (construcci\u00f3n, montaje de campamentos, compra de equipos y materiales, etc.) y el anticipo tiene por finalidad entregarle una suma de dinero antes de que inicie la obra para que pueda realizarlos. El hecho de que no ejecute la obra de acuerdo con el programa de inversi\u00f3n, que no facture y que por lo tanto no cumpla con la obligaci\u00f3n de amortizar con cada cuenta, no evidencia \u2014de ninguna manera\u2014 que haya invertido o manejado inadecuadamente el anticipo; raz\u00f3n por la cual tales circunstancias no autorizan a la entidad contratante a hacer efectiva la garant\u00eda, porque ellas no acreditan la ocurrencia del riesgo amparado. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 3 nov. 2020, rad. 2005-00338-01(47760)). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, brota que lo pretendido por la demandante es que se le indemnice por la falta de amortizaci\u00f3n total del anticipo, no obstante que el siniestro declarado fue el uso indebido del anticipo, es decir un riesgo diverso al declarado por el tribunal, proclamaci\u00f3n \u00e9sta que, it\u00e9rase, no fue censurada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, los reproches casacionales abogan por dejar al descubierto que las obras ejecutadas por el Consorcio La Cordialidad -representadas en las facturas 301, 304, 306, 308, 309, 313, 316 y 317 cada una con su correspondiente acta de entrega parcial-, fueron pagadas por Autopistas del Sol a trav\u00e9s de las \u00f3rdenes 1259, 1364, 1447, 1468, 1567, 1627, 1777 y 1810. <\/p>\n
Y como fue convenido entre contratante y contratista que de cada pago parcial ser\u00eda descontado el 20%, destinado a devolver los dineros entregados como anticipo, el Consorcio La Cordialidad s\u00f3lo alcanz\u00f3 a reintegrar $565\u2019654.797, dejando un saldo pendiente de $2.349\u2019401.599 por concepto de amortizaci\u00f3n, de los $2.915\u2019056.396 que le fueron anticipados. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la alegaci\u00f3n de la recurrente en ambos embates tiende a evidenciar que no le fue amortizado el anticipo de forma total, s\u00f3lo parcialmente, y por ese sendero suplica que la indemnizaci\u00f3n reconocida en la sentencia abarque el saldo de esa amortizaci\u00f3n bajo el riesgo de uso indebido del anticipo, esto es, un riesgo diferente al de falta de amortizaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden, contrariamente a lo expuesto por la recurrente, el tribunal no err\u00f3 en la interpretaci\u00f3n el pacto asegurador, en tanto que, como se anot\u00f3, el riesgo consistente en la falta de amortizaci\u00f3n del anticipo difiere de los riesgos de mal uso o apropiaci\u00f3n indebida, por lo cual no resulta de recibo asimilarlos, como lo propone el reproche casacional. <\/p>\n
De all\u00ed que la Sala precisara en precedente oportunidad que: <\/p>\n
(\u2026) Pero no puede obviarse que, en desarrollo de la comentada potestad de individualizar el riesgo asegurado, el asegurador est\u00e1 facultado para decidir si asume los riesgos de apropiaci\u00f3n, incorrecta inversi\u00f3n o falta de amortizaci\u00f3n del anticipo; pero si opta por restringir el aseguramiento brindado a los dos primeros eventos, no podr\u00e1 reclam\u00e1rsele indemnizaci\u00f3n alguna si se materializa el tercero, aun cuando \u2013se reitera\u2013 por esa v\u00eda sufra mengua el patrimonio del contratante. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si el asegurador asume las contingencias econ\u00f3micas que pudieran emerger de la \u2018apropiaci\u00f3n\u2019, o \u2018incorrecta inversi\u00f3n\u2019 del anticipo, solo responder\u00e1 por las p\u00e9rdidas derivadas de la realizaci\u00f3n de esos eventos da\u00f1osos, y por lo mismo estar\u00e1 exonerado de cualquier carga indemnizatoria si el desmedro patrimonial deriva de causas distintas, como lo ser\u00eda sin duda la restituci\u00f3n imperfecta del aludido rubro. <\/p>\n
Expresado de otro modo, si el asegurador hizo suyos \u00fanicamente los riesgos de apropiaci\u00f3n e incorrecta inversi\u00f3n del anticipo, de manera impl\u00edcita exceptu\u00f3 de protecci\u00f3n a los quebrantos econ\u00f3micos cuyo origen fuera diferente. Y, en ese supuesto, si el contratista utiliza \u00edntegramente el anticipo para cubrir erogaciones propias de la obra, atendiendo las precisas pautas de inversi\u00f3n se\u00f1aladas en el clausulado correspondiente, cesa la posibilidad de que se produzca el siniestro, siendo irrelevante si, con posterioridad, ese rubro no es amortizado, caus\u00e1ndole p\u00e9rdidas al contratante. (CSJ SC3893 de 2020, rad. 2015-00826). <\/p>\n
Lo dicho deja al descubierto, de paso, en relaci\u00f3n con los supuestos errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n de la Oferta Mercantil GCC-OMLC-04-09, la Orden de Servicio 028 de 2009, las facturas 301, 304, 306, 308, 309, 313, 316, 317, los comprobantes de pago plasmados en las \u00f3rdenes 1259, 1364, 1447, 1468, 1567, 1627, 1777, 1810 y el dictamen pericial practicado, que las censuras carecen de la trascendencia necesaria para que esta Corporaci\u00f3n acceda al recurso extraordinario, pues a\u00fan de concluir que el tribunal cometi\u00f3 los errores probatorios alegados, la Corte situada en sede de instancia no podr\u00eda acceder a la condena pedida. <\/p>\n
Realmente, como anot\u00f3 la Sala en precedencia, la indemnizaci\u00f3n solicitada por la demandante estaba conminada al fracaso porque, bajo el riesgo de uso indebido del anticipo, intentaba el resarcimiento de supuestos perjuicios derivados de otro riesgo diferente, la falta de amortizaci\u00f3n total de ese anticipo, lo cual evidencia, de un lado, que no ocurri\u00f3 la errada interpretaci\u00f3n del contrato de seguros representado en la p\u00f3liza de Cumplimiento entre Particulares N\u00ba 14-45-101010746, y, de otro lado, que aun cuando el estrado judicial de segunda instancia hubiera cometido los errores en la valoraci\u00f3n probatoria de los dem\u00e1s medios suasorios mencionados, esos yerros carecer\u00edan de trascendencia, sobre lo cual la Sala expres\u00f3 que: <\/p>\n
A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, tiene establecido la jurisprudencia vern\u00e1cula de la Corte que dicho medio de impugnaci\u00f3n, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores en la apreciaci\u00f3n probatoria, resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia m\u00e1s en la que pueda intentarse una aproximaci\u00f3n al litigio, de suerte que, trat\u00e1ndose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, ser\u00e1 necesario que el recurrente demuestre, si de error de hecho se trata, no s\u00f3lo que la equivocaci\u00f3n es manifiesta, abultada o evidente, es decir, que \u201cpuede detectarse a simple golpe de vista, tanto que para descubrirlo no se exigen mayores esfuerzos o razonamientos, bastando el cotejo de las conclusiones de hecho a que llega el sentenciador y lo que las pruebas muestren\u201d (cas. civ. de 2001; exp. 6347), sino que tambi\u00e9n es trascendente, \u201cesto es, influyente o determinante de la decisi\u00f3n ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, seg\u00fan lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ning\u00fan efecto pr\u00e1ctico producir\u00eda\u201d (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo que, en esa hip\u00f3tesis, no se ver\u00eda lesionado. (CSJ S-158 de 2001, rad. n\u00ba 5993, resaltado impropio). <\/p>\n
Total, los cargos segundo y tercero son impr\u00f3speros, por lo que as\u00ed ser\u00e1n declarados. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigida en la causal inicial de casaci\u00f3n, Autopistas del Sol atribuye a la sentencia de segunda instancia la conculcaci\u00f3n, senda recta, de los preceptos 1056, 1077, 1080 y 1088 del C\u00f3digo de Comercio, 16 de la ley 446 de 1998 y 283 inciso final del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Afirma la inconforme, como sustento del reproche, que el fallo reconoci\u00f3 que el anticipo no fue amortizado totalmente y que el perjuicio a ella ocasionado por el siniestro de apropiaci\u00f3n o uso indebido de tal anticipo ascendi\u00f3 a $2.349\u00b4411.599, pero al momento de cuantificar la condena en contra de la enjuiciada la tas\u00f3 en $95\u2019285.092, por considerar que las sumas invertidas en la obra constitu\u00edan buen manejo del anticipo. <\/p>\n
Tal razonamiento implic\u00f3 desconocer los c\u00e1nones 1077, 1080 y 1088 del C\u00f3digo de Comercio que regulan la ocurrencia del siniestro, su cuant\u00eda y la obligaci\u00f3n de resarcir el da\u00f1o en su totalidad, este \u00faltimo en concordancia con los art\u00edculos 16 de la ley 446 de 1998 y 283 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
2. Visto el cuestionamiento de la recurrente concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumple las exigencias formales que son imperativas para la casaci\u00f3n, en tanto luce desenfocado, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que, si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser pr\u00f3spera, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del fallador ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padece el cargo bajo estudio porque la reclamante censura la decisi\u00f3n del Tribunal en tanto que, afirma, coligi\u00f3 que el perjuicio ocasionado al demandante derivado del siniestro denominado apropiaci\u00f3n o uso indebido de tal anticipo, ascendi\u00f3 a $2.349\u00b4411.599, pero al momento de cuantificar la condena la tas\u00f3 en $95\u2019285.092. <\/p>\n
Sin embargo, una lectura reposada del veredicto criticado deja al descubierto que el juzgador ad-quem no concluy\u00f3 que el perjuicio ocasionado a la demandante ascendiera a $2.349\u00b4411.599, tampoco que este valor se enmarcara en el siniestro de apropiaci\u00f3n o uso indebido del anticipo. <\/p>\n
Realmente, la sentencia extract\u00f3 que lo deprecado fue declarar el siniestro de \u00abuso indebido del anticipo\u00bb (aunque debido a un lapsus en un pasaje aludi\u00f3 a la apropiaci\u00f3n) y, a continuaci\u00f3n, estableci\u00f3 a cu\u00e1nto ascendi\u00f3 el perjuicio acreditado por esa partida, sin detenerse a examinar en qu\u00e9 rubro pod\u00eda enmarcarse el saldo de $2.349\u00b4411.599 pedido en la demanda, que tampoco dedujo demostrado. <\/p>\n
Consecuentemente, el agravio bajo estudio fue asim\u00e9trico, por estar dirigido a enjuiciar consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en \u00e9l, lo cual desemboca en su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
3. A m\u00e1s de lo anterior recuerda la Corte que para evidenciar la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda recta no basta con invocar gen\u00e9ricamente las normas que, a juicio de la recurrente, habr\u00eda infringido el fallador de segundo grado, sino que debe demostrarse que dichas disposiciones constituyeron base esencial de la sentencia impugnada, o debieron serlo, conforme lo se\u00f1ala expresamente el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, todo sin dejar de lado la necesidad de explicar de qu\u00e9 manera se habr\u00edan transgredido esos preceptos. <\/p>\n
Esto en la medida en que la vulneraci\u00f3n de preceptos sustanciales por la v\u00eda directa se da cuando el juzgador incurre en falsos juicios, bien sea porque no tuvo en cuenta los preceptos que gobernaban el caso, aplic\u00f3 unos completamente ajenos o, a pesar de haber acertado en su selecci\u00f3n, les dio un alcance que no tienen. <\/p>\n
Como en reiteradas oportunidades lo ha advertido la Corte en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero que conservan val\u00eda con el advenimiento del C\u00f3digo General del Proceso, <\/p>\n
\u2018\u2026Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador (\u2026) En tal sentido ha precisado la Corte que la \u2018violaci\u00f3n directa de las normas sustanciales, que como motivo de casaci\u00f3n contempla la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, acontece cuando el sentenciador, al margen de toda cuesti\u00f3n probatoria, deja de aplicar al caso controvertido la disposici\u00f3n sustancial a que deb\u00eda someterse y, consecuentemente, hace actuar las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando habiendo acertado en la disposici\u00f3n rectora del asunto, yerra en la interpretaci\u00f3n que de ella hace\u2026\u2019 (CSJ SC 17 nov. 2005, rad. 7567, reiterada CSJ SC 15 nov. 2012, rad. 2008-00322). <\/p>\n
No obstante tales exigencias, el cargo nada expres\u00f3 sobre la referida conculcaci\u00f3n de la ley sustancial por la v\u00eda directa, al punto que ni siquiera indic\u00f3 si se trat\u00f3 de la errada interpretaci\u00f3n de los preceptos invocados, si fueron empleados cuando no regulaban el caso o no lo fueron debiendo serlo, lo que basta para desestimar el reproche en raz\u00f3n a que el incumplimiento del requisito referido \u00ab(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
4. Total, los defectos formales del cargo inicial impiden acogerlo, por lo que as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
5. De todo lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. NO CASAR la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2017, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Autopistas del Sol S.A.S. contra Seguros del Estado S.A., en el cual intervienen Constructora Vialpa S.A. Sucursal Colombia en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, Change Consulting Group Colombia S.A.S. y Gerencia de Contratos y Concesiones S.A. en liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n, como litisconsortes necesarias de la demandada. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 ib\u00eddem, incluyendo por concepto de agencias en derecho diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para la fecha de la liquidaci\u00f3n, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Tercero. Reconocer al abogado Rafael Alberto Ariza Vesga como apoderado judicial de la demandada, en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Presidente (E) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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SC2840-2022 (2015-01057-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC2840-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-001-2015-01057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66829","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66829","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66829"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66829\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66829"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66829"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66829"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}