SC2879-2022 (2018-72845-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC2879-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-003-2018-72845-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se deciden los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n interpuestos por la demandada, Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., y la llamada en garant\u00eda, SBS Seguros Colombia S.A., frente a la sentencia de 3 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor financiero promovido por Inversiones Urop\u00e1n y C\u00eda. S. en C. (en adelante, Inversiones Urop\u00e1n). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Inversiones Urop\u00e1n pidi\u00f3 declarar que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. incumpli\u00f3 las obligaciones a su cargo, derivadas de los contratos de encargo fiduciario n.\u00ba 0001100011086 y 0001100011087, suscritos el 15 de mayo de 2015. Consecuencialmente, pidi\u00f3 condenar a la convocada a restituirle todos los recursos que transfiri\u00f3 al proyecto inmobiliario \u201cCentro Comercial Marcas Mall\u201d ($918.699.082), junto con los rendimientos pertinentes. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Inversiones Urop\u00e1n se vincul\u00f3 al proyecto \u201cCentro Comercial Marcas Mall\u201d, que se construir\u00eda en la ciudad Cali, y para cuyo desarrollo la promotora Urbo Colombia S.A.S. (quien luego cedi\u00f3 su posici\u00f3n contractual a Marcas Mall Cali S.A.S.) celebr\u00f3 con la demandada el \u00abEncargo Fiduciario de Preventas Promotor MR-799 Marcas Mall\u00bb, con el prop\u00f3sito de \u00abvincular a los futuros compradores de las unidades comerciales\u00bb. <\/p>\n
2.2. Tan pronto la actora decidi\u00f3 adquirir los futuros locales comerciales 2-045 y 2-050 del referido centro comercial, suscribi\u00f3 con Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. los encargos fiduciarios n.\u00ba 0001100011086 y 0001100011087 de fecha 15 de mayo de 2015. El valor de la inversi\u00f3n total ascender\u00eda a $1.292.067.280 ($373.367.280 para el local 2-045, y $918.700.000 para el 2-050). <\/p>\n
2.3. Seg\u00fan se estableci\u00f3 en la cl\u00e1usula primera de los encargos fiduciarios individuales, su objeto consist\u00eda <\/p>\n
2.4. De acuerdo con lo pactado en esos contratos, en caso de que las referidas \u00abcondiciones de transferencia de recursos\u00bb no se cumplieran, todos los dineros ser\u00edan reembolsados al inversionista, junto con sus rendimientos. <\/p>\n
2.5. La fiduciaria \u00abminti\u00f3\u00bb al pactar como fecha para el cumplimiento de esas condiciones el 15 de diciembre de 2014 (fecha prorrogable por seis meses m\u00e1s, hasta el 15 de junio de 2015), pues al momento de la vinculaci\u00f3n de la actora a los encargos individuales \u201315 de mayo de 2015\u2013, ya se hab\u00eda suscrito el \u00abacta de verificaci\u00f3n de cumplimiento de requisitos – encargo fiduciario de preventas motor MR-799 Marcas Mall\u00bb de 4 de noviembre de 2014, y se hab\u00edan transferido cuantiosos recursos al promotor sin el cumplimiento de las condiciones preestablecidas, lo cual supuso un grave incumplimiento de los cargas propias de la sociedad fiduciaria. <\/p>\n
2.6. Inversiones Urop\u00e1n fue conminada a suscribir el otros\u00ed n.\u00ba 1, de 16 de agosto de 2017 \u00abmediante afirmaciones ajenas a la realidad, mentiras y maniobras\u00bb, pues la fiduciaria segu\u00eda sosteniendo que se hab\u00edan verificado las exigencias establecidas para realizar las transferencias de dinero, cuando en realidad \u00abno se hab\u00edan cumplido el total de las condiciones (…) fijadas en los contratos fiduciarios individuales y en el contrato de encargo fiduciario de preventas promotor MR-799 Marcas Mall\u00bb. <\/p>\n
2.7. Durante la revisi\u00f3n del acta de verificaci\u00f3n de 4 de noviembre de 2014, la actora pudo constatar que la fiduciaria hab\u00eda incumplido \u00abgravemente\u00bb las obligaciones contractuales y legales a su cargo, dado que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. \u00abPara el 4 de noviembre de 2014, fecha en la cual deb\u00eda constar que el terreno sobre el cual se desarrollar\u00eda el PROYECTO, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-695292 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, ser\u00eda de propiedad de la Fiduciaria, tal como se estipulaba en los contratos: \u201cque la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso, administrado por Sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria\u201d, al realizar la revisi\u00f3n del referido certificado, se pudo confirmar en la Anotaci\u00f3n No. 11 que la transferencia a favor del Fideicomiso FA-2351 Marcas Mall, \u00fanicamente se surti\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 2845 del 19 de noviembre de 2014, otorgada por la Notar\u00eda 11 del C\u00edrculo de Cali, registrada en el Folio el d\u00eda 01 de diciembre de 2014. De la simple lectura del certificado de tradici\u00f3n del citado inmueble 370-695292, se puede determinar que el acta de verificaci\u00f3n no se ajusta a la realidad, toda vez que en la Anotaci\u00f3n No. 11, se establece la tradici\u00f3n a la Sociedad Fiduciaria en su calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo, mediante compraventa realizada por Escritura P\u00fablica No. 2845, el 19 de noviembre de 2014, otorgada por la Notar\u00eda 11 de Cali, inscrita en el Folio de Matr\u00edcula el d\u00eda 1 de diciembre de 2014. Esto es, para la fecha de la supuesta \u201cVERIFICACI\u00d3N\u201d -nov. 4 de 2014-, la propiedad del inmueble se encontraba en cabeza de Laboratorios Baxter S.A.S. y NO de la Sociedad FIDUCIARIA en su calidad de vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. \u00abPara el d\u00eda 4 de noviembre de 2014, fecha del Acta de verificaci\u00f3n de requisitos, TAMPOCO SE CUMPL\u00cdA con la siguiente condici\u00f3n (\u2026): \u201cHaber celebrado un total de contratos de Encargos Fiduciarios Individuales de preventa inversionista que equivalgan al cincuenta y dos por ciento (52%) de las ventas estimadas del PROYECTO, o de cada etapa del PROYECTO, si es del caso\u201d. Prueba de ello radica en la comunicaci\u00f3n emitida por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., calendada 14 de noviembre de 2017, en respuesta al derecho de petici\u00f3n interpuesto por una de las sociedades inversionistas, en donde la fiduciaria entreg\u00f3 el: \u201clistado de encargos suscrito a la fecha 4 de noviembre de 2014\u201d. En \u00e9l se puede constatar que el valor total de las ventas a noviembre de 2014 (…) ascend\u00eda a la suma de $92.827.383.075, valor que no correspond\u00eda a un total de contratos de Encargos Fiduciarios Individuales equivalentes al 52% de las ventas estimadas del proyecto, toda vez que estas fueron proyectadas en la suma de $253.031.332.726 para la fase I, por lo tanto, el punto de equilibrio correspond\u00eda a la suma de $131.576.293.017\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. \u00abAcci\u00f3n Sociedad Fiduciaria NO CUMPLI\u00d3 con la correspondiente verificaci\u00f3n del requisito de la carta de aprobaci\u00f3n o pre-aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito constructor, toda vez que en el \u201cACTA DE VERIFICACI\u00d3N\u201d del 4 de noviembre de 2014, la Fiduciaria asegur\u00f3, cr\u00e9dito que a la fecha no existe: \u201cque mediante comunicaci\u00f3n de fecha cuatro (04) de noviembre de 2014, la sociedad PROMOTORA MARCAS MALL CALI S.A.S., certifican que para el desarrollo del Proyecto CENTRO COMERCIAL MARCAS MALL, no es necesario el cr\u00e9dito constructor ya que ser\u00e1 construida totalmente con recursos generados por la venta de cada una de las unidades inmobiliarias, debidamente suscrita por la se\u00f1ora Adriana Aguil\u00f3n Ram\u00edrez, Revisora Fiscal\u201d. Este documento NO EXIST\u00cdA para la fecha de la \u201csupuesta\u201d verificaci\u00f3n de las condiciones de transferencia que certifica la Fiduciaria; el documento de la Revisora Fiscal solo fue suscrito el d\u00eda doce (12) de noviembre de 2014, y radicado en ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. el d\u00eda 14 de noviembre de 2014 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.8. De lo expuesto se sigue que la convocada dej\u00f3 de verificar las condiciones de transferencia de recursos a la promotora del proyecto, transgrediendo con ello sus deberes de lealtad y buena fe, informaci\u00f3n, diligencia, profesionalidad y especificidad, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de previsi\u00f3n y protecci\u00f3n de los bienes fideicomitidos. <\/p>\n
2.9. Adem\u00e1s, la fiduciaria no inform\u00f3 sobre la existencia del acta de verificaci\u00f3n para la transferencia de los recursos, e incluy\u00f3 \u00abinformaci\u00f3n falsa\u00bb en los contratos de adhesi\u00f3n de los Encargos Fiduciarios Individuales \u2013\u00abal afirmar como fecha de cumplimiento de los requisitos el 15 de diciembre de 2014\u00bb\u2013, violando de esta manera las previsiones del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero. Y, como si fuera poco, recibi\u00f3 aportes de terceros con posterioridad a la fecha de la referida acta de verificaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u00abse desconoce [la] administraci\u00f3n y paradero [de los recursos entregados], toda vez que la Fiduciaria incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de liquidar el contrato de encargo fiduciario de preventas\u00bb. <\/p>\n
2.10. Debido a las m\u00faltiples infracciones contractuales referidas, \u00aba la fecha [la sociedad actora] no cuenta con su inversi\u00f3n, toda vez que no se le ha reintegrado, no cuenta con el bien inmueble pues no fue ni escriturado, ni entregado y el proyecto se encuentra paralizado hace m\u00e1s de tres a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. compareci\u00f3 oportunamente al proceso y formul\u00f3 las excepciones denominadas \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb; \u00ab[ausencia de responsabilidad] por inexistencia del da\u00f1o e inexistencia del nexo causal\u00bb; \u00aberror en la identificaci\u00f3n del contrato celebrado\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y \u00abexcepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, en s\u00edntesis, que los recursos se transfirieron de conformidad con lo pactado contractualmente; que no existe da\u00f1o indemnizable, pues el dinero de la demandante se encuentra \u00aben la parte al\u00edcuota que le corresponde sobre el lote\u00bb, y que, como inversionista, puede recibir su dinero si se liquida el proyecto, o adquirir la propiedad de los locales, de ser el caso. De otro lado, aleg\u00f3 la inexistencia de nexo causal entre su conducta y la p\u00e9rdida alegada, en tanto la fiduciaria no ten\u00eda el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos de transferencia de los recursos, siendo ello responsabilidad exclusiva del promotor. <\/p>\n
3.2. La demandada llam\u00f3 en garant\u00eda a SBS Seguros Colombia S.A. para que, en el evento de condena, se ordenara el reembolso a cargo de la p\u00f3liza de seguros n.\u00ba 1000099, de responsabilidad civil profesional. <\/p>\n
3.3. Enterada de su vinculaci\u00f3n, la aseguradora excepcion\u00f3 \u00abausencia de cobertura por inexistencia de responsabilidad de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria\u00bb; \u00abausencia de cobertura de la p\u00f3liza N.\u00ba 1000099, en especial las exclusiones contenidas en los numerales 3.17 y 3.14 de las condiciones generales del seguro\u00bb; \u00abimprocedencia de la indemnizaci\u00f3n de cualquier suma que resulte superior a la p\u00f3liza NO. 1000099\u00bb; \u00abagotamiento del valor asegurado\u00bb; \u00abaplicaci\u00f3n del deducible a cargo del asegurado pactado en la p\u00f3liza\u00bb y \u00absujeci\u00f3n a los t\u00e9rminos, l\u00edmites y condiciones previstos en la secci\u00f3n III de responsabilidad civil profesional\u00bb. <\/p>\n
3.4. Al descorrer el traslado del escrito de excepciones, la demandante anot\u00f3 que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. no solo incumpli\u00f3 con sus deberes legales y contractuales en la forma ya descrita, sino que tambi\u00e9n realiz\u00f3 la transferencia de recursos de los inversionistas \u00abcon fines distintos a los pactados\u00bb, pues a pesar de que en el Fideicomiso Marcas Mall 2351 se estableci\u00f3 que el lote sobre el que iba a edificarse el centro comercial ser\u00eda aportado por la promotora a t\u00edtulo de fiducia mercantil irrevocable \u2013y esa titularidad era requisito indispensable para la transferencia del dinero\u2013, la realidad es que los recursos de los inversionistas fueron destinados a la compra de dicho predio, tal como lo demuestra la orden de giro de fecha 5 de noviembre de 2014, por valor de $14.838.833.110 al propietario del lote (Laboratorios Baxter), en contrav\u00eda de las instrucciones dadas a la fiduciaria. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que en el fideicomiso de Marcas Mall se evidenciaron movimientos inusuales y un faltante de $16.775.662.951, lo que \u2013sumado a manejos irregulares en otros fideicomisos\u2013 llev\u00f3 a la misma fiduciaria a denunciar al representante legal de la sucursal ubicada en la ciudad de Cali por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, falsedad en documento privado, transferencia no consentida de activos, destrucci\u00f3n, supresi\u00f3n y ocultamiento de documento privado, administraci\u00f3n desleal, estafa y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros; denuncia con la que, en criterio de la demandante, se puede comprobar la indebida administraci\u00f3n de los recursos. <\/p>\n
3.5. El 28 de enero de 2021, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia declar\u00f3 no probadas las excepciones esgrimidas, y, tras encontrar acreditado el incumplimiento grave de las obligaciones de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., orden\u00f3 que le restituyera a Inversiones Urop\u00e1n la suma de $1.111.730.122. <\/p>\n
De otro lado, neg\u00f3 las pretensiones del llamamiento en garant\u00eda, por considerar que se hab\u00eda configurado la exclusi\u00f3n pactada en el literal b) del numeral 3.7 del clausulado del contrato de seguro, impidiendo as\u00ed que se trasladaran a la aseguradora las p\u00e9rdidas relacionadas con un actuar fraudulento o deshonesto de alguno de los representantes legales de la fiduciaria. <\/p>\n
3.6. La demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue concedido ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Mediante providencia de 3 de agosto de 2021, el ad quem confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, en lo relativo al incumplimiento de la fiduciaria y la devoluci\u00f3n de los recursos entregados por la demandante. Sin embargo, revoc\u00f3 lo decidido frente al llamamiento en garant\u00eda, desestim\u00f3 las excepciones de SBS Seguros Colombia S.A. \u2013salvo la de \u00abaplicaci\u00f3n del deducible a cargo del asegurado pactado en la p\u00f3liza\u00bb\u2013, y le orden\u00f3 a esta \u00faltima asumir el monto de la condena impuesta, hasta concurrencia del valor asegurado. <\/p>\n
Para arribar a esas conclusiones, expuso: <\/p>\n
(i) No est\u00e1 llamado a abrirse paso el reparo que se refiere a falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio por pasiva, que se finc\u00f3 en la ausencia de convocatoria a juicio de la promotora del proyecto Marcas Mall. Ello en tanto que, \u00abconforme a lo reclamado en la demanda, el asunto a dirimir se encuentra delimitado por circunstancias atinentes a la relaci\u00f3n contractual individual de la demandante y la fiduciaria\u00bb, de modo que en el caso estudiado ni la ley ni el contrato hac\u00edan perentorio convocar a la promotora. <\/p>\n
(ii) Contrario a lo afirmado por la parte recurrente, la resoluci\u00f3n de primer grado no adolece de incongruencia, pues \u00abestuvo enmarcad[a] en los hechos, pretensiones y excepciones alegados en la demanda y en las contestaciones, que es lo que manda el art\u00edculo 281 del C.G.P.\u00bb. Adem\u00e1s, en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero, la autoridad est\u00e1 facultada para resolver las pretensiones de la forma que considera m\u00e1s justa, seg\u00fan lo probado, y con plenas facultades infra, extra y ultrapetita, en virtud de la previsi\u00f3n del art\u00edculo 58.9 de la Ley 1480 de 2011, lo que opera sin perjuicio del deber de interpretar la demanda, consagrado en el art\u00edculo 42.5 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
(iv) En lo atinente a la existencia de la obligaci\u00f3n contractual y la configuraci\u00f3n de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil deprecada, precis\u00f3 que no hay controversia en cuanto a que las partes ajustaron los encargos fiduciarios n.\u00ba 0001100011086 y 0001100011087 del 15 de mayo de 2015, a trav\u00e9s de los cuales la reclamante se vincul\u00f3 al proyecto Marcas Mall, con miras a la adquisici\u00f3n de dos locales comerciales. <\/p>\n
En ese sentido, record\u00f3 que a voces del canon 146.1 del Estatuto Org\u00e1nico Financiero, \u00aben relaci\u00f3n con los encargos fiduciarios se aplicar\u00e1n las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil, y subsidiariamente las disposiciones del C\u00f3digo de Comercio que regulan el contrato de mandato\u00bb; en consecuencia, al sub lite le ser\u00eda aplicable el precepto 1234 del estatuto mercantil, \u00abque establece como una obligaci\u00f3n a cargo del fiduciario (\u2026) realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecuci\u00f3n de la finalidad de la fiducia\u00bb. <\/p>\n
(v) Seg\u00fan lo acordado en el encargo fiduciario en cuesti\u00f3n, \u00abla parte inversionista se comprometi\u00f3 a entregarle a la opositora la suma de $918.700.000 para que fueran transferidos al Promotor una vez se cumplieran las siguientes condiciones\u00bb, siendo necesario contar con carta de aprobaci\u00f3n o preaprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito constructor; haber celebrado encargos fiduciarios equivalentes al 52% de las ventas estimadas del proyecto, y acreditar que el lote sobre el que se edificar\u00eda el centro comercial era de propiedad del fideicomiso. <\/p>\n
(vi) Aunque la fiduciaria aleg\u00f3 que \u00abla obligaci\u00f3n de acreditar el cumplimiento de las condiciones para la transferencia de recursos estaba en cabeza del fideicomitente promotor\u00bb, esa tesis debe desestimarse, pues \u00abera del resorte directo de la sociedad fiduciaria la obligaci\u00f3n de \u201crealizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecuci\u00f3n de la finalidad de la fiducia\u201d (Estatuto Mercantil, art. 1234)\u00bb. A ello se suma que en la cl\u00e1usula quinta del citado instrumento, \u00abel inversionista instruy\u00f3 \u201cde manera irrevocable a LA FIDUCIARIA para que en el evento en que se cumpla la condici\u00f3n de transferencia de los recursos a favor de EL PROMOTOR (\u2026) proceda a poner a disposici\u00f3n de EL PROMOTOR los recursos depositados\u00bb, por lo que la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos de transferencia incumb\u00eda a la fiduciaria, siendo ineludible, en tal virtud, acreditar que para el 4 de noviembre de 2014 se contaba con la \u00abcarta de aprobaci\u00f3n o pre aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb y con el \u00abcertificado de tradici\u00f3n (\u2026), en donde conste que la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso administrado por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A.\u00bb. <\/p>\n
(vii) Sin embargo, para la calenda en la que se transfirieron los recursos al promotor \u2013el referido 4 de noviembre\u2013, el predio en el que se habr\u00eda de iniciar la construcci\u00f3n a\u00fan no era de propiedad del fideicomiso. A ello se suma que, conforme lo confes\u00f3 el representante legal de la demandada, \u00abel acta de cumplimiento de condiciones ten\u00eda informaci\u00f3n falsa y que esa conducta obedeci\u00f3 a un actuar fraudulento\u00bb, nada de lo cual fue refutado por la demandada. <\/p>\n
En tal virtud, los reparos que buscaban desvirtuar la responsabilidad endilgada no son de recibo, dada la pretermisi\u00f3n de los deberes legales (\u00abart. 1234 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb) y contractuales (\u00abcl\u00e1usulas primera, quinta y novena del encargo fiduciario\u00bb) de la fiduciaria. <\/p>\n
(viii) En el expediente tambi\u00e9n qued\u00f3 evidenciado que \u00abla fiduciaria ten\u00eda el deber de administrar los recursos del consumidor financiero con el fin de transferirlos al promotor cuando se cumplieran unos requisitos m\u00ednimos, cuya verificaci\u00f3n no acometi\u00f3\u00bb, pues \u00abopt\u00f3 por disponer los dineros de la demandante en favor del promotor, con el consecuente resultado que, a hoy (y pese a no existir razones legales y contractuales para ello) la fiduciaria no tiene en su haber los recursos del inversionista, de donde emerge la ocurrencia del da\u00f1o que hoy padece la demandante, quien no ha recuperado esos dineros, ni tampoco ha sido resarcida por el detrimento patrimonial que ello involucra\u00bb. <\/p>\n
(ix) Por consiguiente, \u00abla responsabilidad contractual aflora por la infracci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico v\u00e1lido (hecho il\u00edcito), de cuyas obligaciones se aparta voluntariamente el contratante imputado (culpa), quien al proceder de ese modo le genera una lesi\u00f3n al patrimonio del contratante cumplido o que estuvo presto a cumplir (da\u00f1o), requisitos que, por lo se\u00f1alado, se cumplieron en este caso sobre la base, claro est\u00e1, de que \u201cel fiduciario responder\u00e1 hasta de la culpa leve en el cumplimiento de su gesti\u00f3n\u201d (C de Co., art 1243), y que el detrimento se configur\u00f3 por la sola disposici\u00f3n irregular de los dineros depositados, que no debieron ser puestos a \u00f3rdenes del promotor.\u00bb. <\/p>\n
(x) En cuanto al embate formulado frente al llamamiento en garant\u00eda de SBS Seguros Colombia S.A., con fundamento en la p\u00f3liza n.\u00ba 1000099 suscrita con la demandada, en la que se ampar\u00f3 la \u00abresponsabilidad civil profesional financiera\u00bb, debe decirse que la exclusi\u00f3n reconocida en el fallo apelado \u00abno hizo parte de la car\u00e1tula de la p\u00f3liza sobre la que aqu\u00ed se discute sino, solamente, en el clausulado adicional denominado \u201cseguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras <\/p>\n
(xi) En efecto, aunque las partes excluyeron de asegurabilidad \u00abcualquier reclamo basado u originado por cualquier acto, error u omisi\u00f3n debido a una conducta delictiva, criminal, deshonesta, fraudulenta, maliciosa o intencional del asegurado o cualquier violaci\u00f3n de una ley por parte del asegurado\u00bb, la ubicaci\u00f3n de ese pacto en el contrato de seguro lo hac\u00eda inoponible al tomador-asegurado. Lo anterior con apoyo en lo normado en los art\u00edculos 44 (numeral 3) de la Ley 45 de 1990 y 184 (numeral 2, literal c) del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, as\u00ed como en las circulares externas 007 de 1996 y 076 de 1999 de la Superintendencia Financiera, seg\u00fan las cuales \u00abuna restricci\u00f3n de cobertura (\u2026) debe ser consignada en la rese\u00f1ada pieza contractual, so pena de resultar ineficaz\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE LA DEMANDADA ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. <\/p>\n
Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. present\u00f3 la demanda de sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, formulando cinco cargos, al amparo de las causales primera, segunda, tercera y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Los cargos tercero, cuarto y quinto ser\u00e1n resueltos de forma conjunta, conforme lo dispone el art\u00edculo 344, par. 2, ibidem, pues si bien esos ataques se enfilan por v\u00edas distintas (directa e indirecta), comparten un n\u00facleo argumentativo similar. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con base en la causal quinta de casaci\u00f3n, la recurrente acus\u00f3 al fallo del ad quem de haber sido dictado en proceso viciado de nulidad, \u00abpor no haber citado, vinculado y notificado a todas las personas que legalmente deb\u00edan estar vinculadas al proceso\u00bb, en tanto que se neg\u00f3 la vinculaci\u00f3n de la promotora del proyecto Marcas Mall, cuya presencia era necesaria, ya que \u00ablos da\u00f1os que supuestamente sufri\u00f3 la demandante fueron ocasionados por el manejo del proyecto que hizo el promotor y no por las funciones que cumpl\u00eda la sociedad fiduciaria\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que \u00abefectivamente entreg\u00f3 la totalidad de los recursos al promotor, conforme a lo que indicaba el contrato\u00bb, aunque lo hubiere hecho \u00abunos d\u00edas antes\u00bb de la fecha en que se deb\u00eda hacer. A\u00f1adi\u00f3 que ese dislate fue irrelevante, porque con independencia del momento en que se hubiera hecho la transferencia, el proyecto habr\u00eda corrido la misma suerte. Insisti\u00f3 en que la ejecuci\u00f3n del proyecto era responsabilidad exclusiva del promotor y, por ende, su comparecencia al proceso era imprescindible. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla demandante ha debido demandar tambi\u00e9n a la Promotora Marcas Mall\u00bb, pues de la estructura de los contratos de encargo fiduciario deviene di\u00e1fana la existencia de una \u00abconcatenaci\u00f3n o conexidad contractual\u00bb de estos con el contrato de fiducia de administraci\u00f3n FA-2351, al punto de que \u00abel fundamento teleol\u00f3gico de los primeros desaparecer\u00eda si el segundo no hubiese existido\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La nulidad por indebida integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
El precedente de esta Corporaci\u00f3n ha sido constante al se\u00f1alar que la causal quinta de casaci\u00f3n \u00fanicamente se abre paso cuando se ha configurado una irregularidad procesal taxativamente consagrada como supuesto de invalidaci\u00f3n, que no haya sido saneada o resuelta en el tr\u00e1mite de las instancias1. <\/p>\n
La Sala ha reiterado que la causal bajo estudio exige la concurrencia de las siguientes condiciones: \u00aba) que las irregularidades aducidas como constitutivas de nulidad general existan realmente; b) que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo; y por \u00faltimo, c) que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC299-2021, 15 feb.) <\/p>\n
Uno de los motivos de nulidad espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador es el que surge por la indebida integraci\u00f3n del contradictorio, que actualmente encuentra fundamento en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del estatuto procesal. Ha sostenido la Sala que esta nulidad: <\/p>\n
\u00abse produce, entre otros eventos, cuando se deje de notificar o emplazar a una de \u201clas dem\u00e1s personas que deban ser citadas como parte\u201d, situaci\u00f3n que ata\u00f1e con los litisconsortes necesarios, quienes deben ser citados al proceso justamente para que se pueda resolver de m\u00e9rito sobre la cuesti\u00f3n litigiosa; situaci\u00f3n que se da tanto frente a aquellos litisconsortes que mencionados en la demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron notificados de \u00e9ste; como frente a quienes deben ser citados, y no lo han sido, a pesar de que por la ley o por la naturaleza del litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 83 del C. de P. C.\u00bb (CSJ, SC 6 Oct. 1999. Rad. 5224, reiterada en SC 1182-2016, 11 feb.). <\/p>\n
En esos casos, la irregularidad tiene ocurrencia cuando en el proceso deja de vincularse a una persona que, bien sea por mandato legal o por la naturaleza misma del asunto, est\u00e1 llamada a concurrir para que pueda resolverse de fondo la controversia, al estar aquella unida al demandante o al demandado por una relaci\u00f3n sustancial \u00fanica e inescindible que exige una resoluci\u00f3n uniforme del litigio. <\/p>\n
El art\u00edculo 61 del estatuto procesal establece que el litisconsorcio necesario tiene lugar \u00abcuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El litisconsorcio necesario es f\u00e1cilmente identificable cuando el v\u00ednculo tiene su origen en una disposici\u00f3n legal, como ocurre, por ejemplo, en los procesos verbales de servidumbre, donde el C\u00f3digo General del Proceso exige la vinculaci\u00f3n de los titulares de derechos reales tanto del predio dominante como del sirviente2; en los divisorios, en los que necesariamente la demanda debe dirigirse contra los dem\u00e1s comuneros3; o en los procesos de deslinde y amojonamiento, en los que se impone demandar a todos los titulares de derechos reales sobre los bienes objeto de deslinde4, entre otros ejemplos. <\/p>\n
Mayor dificultad reviste su identificaci\u00f3n cuando se origina en la naturaleza de la relaci\u00f3n sustancial que se debate, siendo del caso analizar en esos eventos si se impone la comparecencia de todos los sujetos que hicieron parte de ella, por ser ineludible la resoluci\u00f3n de la controversia en un solo e id\u00e9ntico sentido, como ocurre, por ejemplo, cuando se declara la nulidad de un contrato en el que intervinieron varios sujetos, pues no resulta posible hacer desaparecer los efectos del negocio jur\u00eddico s\u00f3lo para unos estipulantes y no para otros, debido a la indivisibilidad de la referida relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial. <\/p>\n
Pues bien, de estar ante la existencia de un litisconsorcio necesario, su falta de integraci\u00f3n conduce a la nulidad de la sentencia, sanci\u00f3n que el ordenamiento reserva a ese tipo de ligamen, y, por ende, no se extiende al litisconsorcio facultativo5, en el que el juzgador puede disponer soluciones distintas para los intervinientes, quienes no est\u00e1n atados por id\u00e9ntica suerte en el proceso y son considerados como litigantes separados6. <\/p>\n
2. Estructura del proyecto inmobiliario Marcas Mall de la ciudad de Cali. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la casacionista cifra su ataque en el hecho de existir varios contratos que ligaban tambi\u00e9n al promotor del proyecto inmobiliario, de quien dice, era el exclusivo responsable de su ejecuci\u00f3n y por ende del da\u00f1o alegado por la demandante, se hace necesario se\u00f1alar brevemente la forma c\u00f3mo se estructur\u00f3 el negocio fiduciario. <\/p>\n
Con el \u00e1nimo de desarrollar el proyecto inmobiliario de construcci\u00f3n y ventas del centro comercial Marcas Mall en la ciudad de Cali, el promotor Urbo Colombia S.A.S. y la demandada Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria celebraron el contrato de encargo fiduciario de preventas promotor MR-799 Marcas Mall, el d\u00eda 17 de diciembre de 2013. <\/p>\n
Su objeto era la constituci\u00f3n de encargos fiduciarios individuales en virtud de los cuales los inversionistas entregaban a la fiduciaria unos recursos que ser\u00edan administrados por ella durante el tiempo que durara la etapa de preventas y hasta que el promotor cumpliera con las condiciones establecidas para la transferencia de tales dineros (cl\u00e1usula primera), condiciones que fueron detalladamente pactadas en la cl\u00e1usula tercera del contrato7, en la que se estableci\u00f3 que \u00abLa FIDUCIARIA pondr\u00e1 a disposici\u00f3n del PROMOTOR, los recursos recaudados en desarrollo del presente contrato, una vez se acredite y verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos\u00bb, entre los que se encontraban, entre otros: \u00ab3. Carta de aprobaci\u00f3n o preaprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito constructor otorgado por una entidad financiera para el desarrollo de cada etapa del PROYECTO\u00bb, y \u00ab8. Certificado de tradici\u00f3n actualizado del lote de terreno sobre el cual se desarrollar\u00e1 el PROYECTO, en donde conste que la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso administrado por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria\u00bb. <\/p>\n
Se acord\u00f3 tambi\u00e9n la obligaci\u00f3n de reembolso de los dineros a los inversionistas en caso de que no se cumplieran los requisitos de transferencia dentro del plazo pactado para el encargo preventas (par\u00e1grafo cuarto)8. <\/p>\n
Continuando con la estructuraci\u00f3n del proyecto inmobiliario, la fiduciaria y la promotora9 celebraron el contrato de fiducia mercantil inmobiliaria Fideicomiso FA-2351 Marcas Mall Cali el d\u00eda 28 de marzo de 2014. Este convenio ten\u00eda por objeto la constituci\u00f3n del fideicomiso para mantener all\u00ed la titularidad de los bienes que se llegaran a transferir para su conformaci\u00f3n y permitir a la promotora el desarrollo del proyecto cuando se cumpliera con las condiciones de inicio; mientras eso ocurr\u00eda, la fiduciaria se obligaba a recibir, administrar y mantener invertidos para el fideicomiso los recursos provenientes de los inversionistas (cl\u00e1usula segunda). <\/p>\n
En virtud de este segundo contrato, el promotor estaba obligado a \u00abtransferir a t\u00edtulo de Fiducia Mercantil irrevocable a ACCI\u00d3N con destino al FIDEICOMISO, directamente o a trav\u00e9s del PROPIETARIO DEL LOTE10 o de otro fideicomiso, un lote de terreno identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-695292, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali\u00bb (cl\u00e1usula tercera). Las condiciones de inicio, de las cuales depend\u00eda la transferencia de los recursos al promotor, exig\u00edan que este lote de terreno donde se desarrollar\u00eda el proyecto hubiera sido transferido al fideicomiso que en virtud del contrato se constitu\u00eda (cl\u00e1usula novena). <\/p>\n
Con ese marco negocial de fondo, la demandante Inversiones Urop\u00e1n se vincul\u00f3 al proyecto a trav\u00e9s de la suscripci\u00f3n de los contratos de encargo fiduciario individual n\u00fameros 11086 y 11087, de fecha 15 de mayo de 2015. Esos negocios jur\u00eddicos ten\u00edan como objeto: <\/p>\n
\u00abCL\u00c1USULA PRIMERA: OBJETO. El objeto del presente encargo fiduciario consiste en la administraci\u00f3n de los recursos que deposite el (los) INVERSIONISTA(S), correspondientes a las sumas de dinero acordadas entre PROMOTORAS MARCAS MALL CALI S.A.S., en su calidad de PROMOTOR del proyecto inmobiliario denominado \u201cMARCAS MALL\u201d, en adelante el PROMOTOR, y el (los) INVERSIONISTA(S), con el fin de que estos recursos sean transferidos al PROMOTOR, una vez se cumplan por estos, las condiciones de transferencia de recursos que se establecen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
La FIDUCIARIA pondr\u00e1 a disposici\u00f3n del PROMOTOR, los recursos recaudados en desarrollo del presente contrato, una vez se acredite y verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos para la primera etapa del proyecto: <\/p>\n
1. Constancia de radicaci\u00f3n del Permiso de Ventas para el PROYECTO o para cada etapa del PROYECTO, si es del caso. <\/p>\n
2. Licencia de Urbanismo y Construcci\u00f3n vigentes para el PROYECTO o para cada etapa del PROYECTO, si es del caso. <\/p>\n
3. Carta de aprobaci\u00f3n o preaprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito constructor otorgado por una entidad financiera para el desarrollo de cada etapa del PROYECTO o para cada etapa del PROYECTO, si es del caso. <\/p>\n
4. Haber celebrado un total de contratos de encargos fiduciarios individuales de preventa inversionista que equivalgan al cincuenta y dos por ciento (52%) de las ventas estimadas del PROYECTO o para cada etapa del PROYECTO, si es del caso. <\/p>\n
5. Haber suministrado el presupuesto de construcci\u00f3n y el flujo de caja del PROYECTO debidamente aprobado por el interventor del PROYECTO y por el PROMOTOR. <\/p>\n
6. Certificado de tradici\u00f3n actualizado del lote de terreno sobre el cuales (sic) se desarrollar\u00e1 el PROYECTO, en donde conste que la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso administrado por ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.\u00bb <\/p>\n
Finalmente, el d\u00eda 16 de agosto de 2017 la fiduciaria y la inversionista suscribieron sendos otros\u00edes a los contratos de encargo fiduciario individual celebrados el 15 de mayo de 2015, con el \u00e1nimo de regular la vinculaci\u00f3n de Inversiones Urop\u00e1n al proyecto inmobiliario y lo relacionado con la administraci\u00f3n de los recursos transferidos por la demandante. <\/p>\n
En estos otros\u00edes se afirm\u00f3 que \u00abse acreditaron las condiciones de transferencia de los recursos el cuatro (4) de noviembre de 2014\u00bb (p\u00e1gina uno), que \u00abel PROYECTO cumpli\u00f3 las condiciones de transferencia de los recursos (\u2026) de acuerdo con las condiciones pactadas en el contrato constitutivo del FIDEICOMISO y en los respectivos contratos de vinculaci\u00f3n previamente suscritos\u00bb y que \u00abuna vez cumplidas y verificadas estas condiciones\u00bb se trasladaron los recursos al promotor (cl\u00e1usula primera). <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que, en la formulaci\u00f3n del ataque en casaci\u00f3n, el recurrente insiste en un asunto que fue planteado y resuelto \u00edntegramente en las instancias ordinarias, a saber, la integraci\u00f3n del contradictorio, toda vez que los mismos argumentos que se exponen en este embate fueron alegados por la fiduciaria en el curso del proceso a trav\u00e9s de (i) el recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda, (ii) la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y (iii) los reparos concretos a la sentencia de primer grado, todos despachados desfavorablemente por los juzgadores al considerar que en este caso no existe litisconsorcio necesario y, por ende, la vinculaci\u00f3n de la promotora al tr\u00e1mite no era imperativa. <\/p>\n
En igual sentido, encuentra la Sala que si bien es cierto que en la estructuraci\u00f3n del proyecto inmobiliario Marcas Mall de la ciudad de Cali intervino no solo la demandada Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria, sino tambi\u00e9n las sociedades Urbo Colombia S.A.S., Promotoras Marcas Mall S.A.S. y Urbanizar S.A. como promotoras del proyecto, lo cierto es que la controversia no versa sobre una relaci\u00f3n sustancial \u00fanica e indivisible que exigiera la comparecencia de aquellas al proceso, puesto que desde la demanda misma se limit\u00f3 el objeto de la litis al incumplimiento de las obligaciones de administraci\u00f3n que eran del resorte exclusivo de la fiduciaria, y que no tienen que ver con la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario por parte del promotor. <\/p>\n
Los hechos de la demanda refieren el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de encargo fiduciario individual, en los que se dio a la fiduciaria la expresa instrucci\u00f3n de poner a disposici\u00f3n del promotor los dineros entregados en administraci\u00f3n \u00fanicamente cuando se hubieren cumplido las estrictas condiciones de transferencia de recursos pactadas para tal fin; el petitum, por su parte, se limita a solicitar el reintegro de esos recursos ante el incumplimiento de los requisitos de transferencia acordados. <\/p>\n
Por fuera de los reproches de la demandante y de sus consecuentes pedimentos quedaron otras situaciones atinentes a la ejecuci\u00f3n del proyecto inmobiliario, las vicisitudes de la construcci\u00f3n y el posible incumplimiento de obligaciones por parte del promotor. <\/p>\n
Por lo anterior, la simple lectura de la demanda muestra que la actora no pretendi\u00f3 la resoluci\u00f3n, la nulidad ni la modificaci\u00f3n de ninguno de los negocios jur\u00eddicos celebrados en la estructuraci\u00f3n del proyecto inmobiliario Marcas Mall, no demand\u00f3 el cumplimiento de obligaci\u00f3n alguna en cabeza de la promotora ni exigi\u00f3 responsabilidades por la ejecuci\u00f3n del proyecto, de modo que la controversia estuvo limitada a la relaci\u00f3n entre el consumidor financiero y la fiduciaria en lo que concierne con el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los encargos fiduciarios individuales, motivo por el cual la comparecencia de la promotora no era necesaria para la definici\u00f3n del asunto, como acertadamente lo advirtieron los juzgadores de instancia. <\/p>\n
Si bien la recurrente argumenta que los distintos instrumentos negociales celebrados para viabilizar el proyecto estaban coligados y que por ende todos los participantes deb\u00edan comparecer al proceso, lo cierto es que lo que determina la existencia del litisconsorcio necesario no es una posible coligaci\u00f3n contractual -que no fue discutida por las partes-, sino la naturaleza de las relaciones jur\u00eddicas sustanciales que fundamentan las pretensiones debatidas en el proceso. <\/p>\n
En tal virtud, encuentra la Sala que las relaciones que subyacen a los contratos que estructuraron el proyecto Marcas Mall, si bien apuntan al prop\u00f3sito com\u00fan de posibilitar su desarrollo, permiten identificar unos contenidos obligacionales delimitados e independientes, con diferentes responsables y con distintas etapas y condiciones de cumplimiento. As\u00ed, en el caso concreto es posible deslindar las cargas prestacionales de las partes, puesto que lo que se reprocha es el incumplimiento de las obligaciones de diligencia y correcta administraci\u00f3n a cargo de la fiduciaria, las cuales se encuentran determinadas por los contratos de encargo fiduciario individual y los mandatos legales que rigen la figura, y que en modo alguno se pueden endilgar a la promotora del proyecto, al no ser ella la entidad autorizada por el Estado para captar y administrar dineros del p\u00fablico. <\/p>\n
Consecuentemente, mientras que la existencia del litisconsorcio necesario impone que la decisi\u00f3n judicial deba ser id\u00e9ntica para todos los litisconsortes, en este asunto las distintas facetas del proyecto pod\u00edan ser analizadas y resueltas de manera dis\u00edmil en caso de controversia, debido a la independencia de las obligaciones que vinculaban a las partes, en virtud de lo cual se concluye que no existe en este caso obligaci\u00f3n legal o contractual que exigiera la comparecencia de la constructora a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor financiero y por ende, no se est\u00e1 frente a un litisconsorcio necesario que impusiera la anulaci\u00f3n de la sentencia por falta de integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se resalta que el ataque de la convocada contiene de fondo una inconformidad con las decisiones de instancia, en la medida que su alegato se finc\u00f3 en que el da\u00f1o alegado por su contraparte era atribuible a la conducta de la promotora del proyecto inmobiliario, y no al incumplimiento de sus deberes fiduciarios, perdiendo de vista que esa postura fue desestimada por los juzgadores de instancia, en virtud de una labor de valoraci\u00f3n probatoria que, en l\u00ednea de principio, debe mantenerse ajena a un cuestionamiento encauzado por la senda quinta de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por todo lo anterior, la acusaci\u00f3n no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Finc\u00e1ndose en la causal tercera de casaci\u00f3n, la sociedad libelista recrimin\u00f3 que la providencia del Tribunal no estuviera en consonancia con los hechos, las pretensiones de la demanda y las excepciones formuladas por la pasiva, pues confirm\u00f3 una sentencia dictada \u00abexcediendo los l\u00edmites de la posibilidad legal que en este tipo de procesos tiene el juez en materia de fallos extra y ultra petita\u00bb. <\/p>\n
Para su demostraci\u00f3n, reliev\u00f3 que si bien es cierto que en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor el juzgador cuenta con facultades ultra y extra petita, \u00abeso no le permite a los delegados acceder a las pretensiones de la demanda con base en hechos que no fueron objeto de discusi\u00f3n, que no hicieron parte de la fijaci\u00f3n del objeto del litigio dentro del proceso y sobre los que no se centr\u00f3 la actividad probatoria, impidiendo as\u00ed el ejercicio del derecho de defensa y contradicci\u00f3n de la otra parte\u00bb; se\u00f1alando que los hechos que fundan la declaratoria de incumplimiento jam\u00e1s fueron alegados por la demandante \u00aby nada tienen que ver con las pretensiones\u00bb, siendo \u00abtan evidente la falta de congruencia del fallo\u00bb, que \u00abni siquiera est\u00e1 fundamentado en los alegatos de conclusi\u00f3n planteados por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, recrimin\u00f3 que, pese a que el colegiado desarroll\u00f3 la posibilidad de dictar resoluciones ultra o extra petita, no exterioriz\u00f3 ninguna motivaci\u00f3n sobre la necesidad de hacerlo en el sub examine, en desmedro de la garant\u00eda del debido proceso, en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La regla de la consonancia. <\/p>\n
La exigencia de la congruencia en las decisiones judiciales se encuentra consagrada en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso11, y tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas que correspondan a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. <\/p>\n
El rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina12, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas modalidades: ultra, extra y m\u00ednima petita. <\/p>\n
En tal virtud, la regla de la consonancia es una garant\u00eda del debido proceso que busca proteger las oportunidades de defensa y contradicci\u00f3n de los contendientes al impedir que las partes sean sorprendidas por el fallador con hechos o peticiones no alegadas, sobre las que no tuvieron posibilidad de confutaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Las facultades ultra y extra petita en las acciones de protecci\u00f3n del consumidor financiero. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 58, inciso 9, de la Ley 1480 de 2011 \u2013aplicable al sub-lite13\u2013, en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero, la autoridad tiene la facultad de resolver el caso \u00abde la forma que considere m\u00e1s justa para las partes seg\u00fan lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultrapetita, y emitir\u00e1 las \u00f3rdenes a que haya lugar con indicaci\u00f3n de la forma y t\u00e9rminos en que se deber\u00e1n cumplir\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala de Casaci\u00f3n ha explicado que <\/p>\n
\u00abno se trata de una facultad irrestricta, de la que dicha autoridad pueda hacer uso sin ning\u00fan tipo de limitaciones, pues es claro que en virtud del deber que les asiste a quienes ejercen jurisdicci\u00f3n, tiene la carga de argumentar adecuada y suficientemente las razones por las cuales es necesario decidir la controversia de un modo distinto a lo exigido por el demandante, explicando a la luz de las evidencias recaudadas y las reglas previstas en el estatuto del consumidor por qu\u00e9 la medida adoptada en reemplazo del querer del demandante es la \u201cm\u00e1s justa para las partes\u201d\u00bb (STC 5704-2021, 21 may.). <\/p>\n
En ese sentido, las facultades otorgadas al juzgador en las acciones de defensa de los derechos de los consumidores deben armonizar pautas como la del primer canon ejusdem, que refiere como uno de los principios \u00abproteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, as\u00ed como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses econ\u00f3micos\u00bb, junto con la garant\u00eda del debido proceso de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia, lo cual hace imperativo que el juzgador motive su decisi\u00f3n frente a los hechos acreditados y a las normas aplicables al caso, para que el consumidor pueda conocer las razones por las cuales se atienden o se desestiman sus solicitudes. <\/p>\n
De esta manera, en la referida sentencia STC 5704-2021 la Corte coligi\u00f3 que cuando en un juicio de protecci\u00f3n al consumidor se acuda a la facultad de \u00abadoptar la decisi\u00f3n que se \u201cconsidere m\u00e1s justa para las partes del proceso\u201d\u00bb, el juzgador est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de motivar adecuadamente las razones que lo llevan a definir el litigio de un modo distinto a lo pretendido por el demandante, con base en los hechos alegados y probados y en las normas espec\u00edficas que rigen la controversia. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Para la prosperidad del cargo por incongruencia, es necesario que en la acusaci\u00f3n se confronte efectivamente el petitum y el contenido de la providencia definitiva, para evidenciar el desafuero de la jurisdicci\u00f3n, requerimiento t\u00e9cnico que no fue atendido por la casacionista, quien limit\u00f3 su embate a anunciar que el fallo tuvo en cuenta hechos no discutidos en el proceso, pero sin se\u00f1alar en modo alguno cu\u00e1les fueron ni c\u00f3mo fundaron la decisi\u00f3n, tampoco indic\u00f3 de qu\u00e9 modo se fall\u00f3 por fuera o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido, o de una manera distinta a la planteada en la demanda. <\/p>\n
La recurrente no emprendi\u00f3 la labor de cotejo14 que le es exigida para poner de presente en donde est\u00e1 la evidente y objetiva desviaci\u00f3n de la litis que configura la causal tercera de casaci\u00f3n, pues el ataque se limit\u00f3 a se\u00f1alar que la facultad de fallar ultra y extra petita expresamente otorgada al juzgador en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor financiero no permite acceder a las pretensiones con base en hechos no discutidos en el proceso, sin contrastar la decisi\u00f3n atacada con los hechos y pretensiones iniciales, para evidenciar su falta de correspondencia. <\/p>\n
Esta ausencia de confrontaci\u00f3n impide evidenciar la inconsonancia alegada, labor que no puede acometer la Sala debido al car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario, raz\u00f3n suficiente para desestimar el cargo. <\/p>\n
Los hechos y pretensiones de la demanda estaban encaminados a evidenciar el incumplimiento de la fiduciaria de las obligaciones derivadas de los contratos de encargo fiduciario debido a una inadecuada administraci\u00f3n, lo cual exig\u00eda al juzgador analizar espec\u00edficamente la conducta de la fiduciaria y cu\u00e1les eran esas obligaciones legales y contractuales que deb\u00eda haber observado en el caso concreto, an\u00e1lisis que abord\u00f3 efectivamente en su sentencia. <\/p>\n
Tampoco existe desarmon\u00eda entre las pretensiones y lo concedido, que no est\u00e1 por fuera ni m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido, pues la sentencia se limit\u00f3 a ordenar el reembolso de los recursos entregados por la actora a la fiduciaria, debidamente indexados, lo cual corresponde estrictamente con la pretensi\u00f3n esgrimida en la demanda, lo que descarta que la controversia se haya dilucidado de modo distinto a lo pretendido por el demandante. <\/p>\n
Por lo anterior, la acusaci\u00f3n no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Apoy\u00e1ndose en la primera causal del art\u00edculo 336 ejusdem, denunci\u00f3 la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos \u00ab1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615 1616, 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil y 822 y 1243 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, por aplicaci\u00f3n indebida, porque la declaratoria de responsabilidad civil se dict\u00f3 \u00abdesatendiendo y dejando de aplicar al caso concreto las normas colombianas que regulan la responsabilidad civil contractual, prescindiendo as\u00ed de uno los requisitos establecidos en la ley sustancial para la procedencia de la responsabilidad contractual, como lo es el nexo causal, conforme al desarrollo jurisprudencial de dichas normas\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, estableci\u00f3 que, de haberse aplicado adecuadamente los citados preceptos, se habr\u00eda arribado a la conclusi\u00f3n de que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de los elementos de la responsabilidad civil contractual, pues el ad quem omiti\u00f3 el an\u00e1lisis del da\u00f1o de cara a la normativa y jurisprudencia aplicables y guard\u00f3 silencio respecto del nexo causal que vinculara el presunto da\u00f1o con un hipot\u00e9tico comportamiento culposo que se le pudiese atribuir a la fiduciaria, dejando de lado uno de los presupuestos para la atribuci\u00f3n de la mentada responsabilidad y pretermitiendo la verificaci\u00f3n de la causalidad. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Soport\u00e1ndose en el segundo motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, se\u00f1al\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los c\u00e1nones \u00ab1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil y 822 y 1243 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, por aplicaci\u00f3n indebida, por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Sostiene el recurrente que la demanda no explica por qu\u00e9 los da\u00f1os alegados se generaron como consecuencia de la conducta de la fiduciaria, ni refiere la existencia de un nexo causal que permita la declaratoria de responsabilidad, por ende, una adecuada apreciaci\u00f3n del libelo introductor habr\u00eda llevado al Tribunal a concluir que, en este caso, no concurren dos de los elementos fundantes de la responsabilidad civil. <\/p>\n
Para desarrollar el embate, insiste en que los da\u00f1os que eventualmente se hubiesen podido generar son atribuibles al promotor, que el da\u00f1o ser\u00eda incierto puesto que \u00aba\u00fan falta que se liquide el proyecto y fruto de esa liquidaci\u00f3n se entregue a la demandante lo que le corresponda\u00bb, y que no existe nexo causal porque una cosa es que la conducta de la fiduciaria merezca reproche y otra que esa conducta haya generado un da\u00f1o, lo cual no fue probado en el proceso. <\/p>\n
En ese contexto, reiter\u00f3 que la actuaci\u00f3n que se le reprocha a la fiduciaria no constituye una causa adecuada que lleve a la materializaci\u00f3n del da\u00f1o, pues se trata de un hecho causal irrelevante que no constituye un suceso imprescindible en su configuraci\u00f3n, toda vez que la lesi\u00f3n fue causada por el manejo del proyecto a cargo de la promotora. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la misma causal, acus\u00f3 al fallo del ad quem de infringir por la v\u00eda indirecta las normas \u00ab1602, 1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615 y 1616 del C\u00f3digo Civil y 822 y 1243 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, tanto por aplicaci\u00f3n indebida como por errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de las probanzas adosadas a esa causa. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, insisti\u00f3 en que el Tribunal omiti\u00f3 verificar la existencia del nexo causal que logre concatenar el da\u00f1o alegado y \u00abalg\u00fan hipot\u00e9tico comportamiento culposo que se le pudiese llegar a endilgar a mi representada durante la relaci\u00f3n contractual\u00bb, por lo que, \u00aba\u00fan si fuera cierto que la fiduciaria ten\u00eda dicha obligaci\u00f3n en su cabeza y que la incumpli\u00f3, de ello no se desprende necesariamente un nexo causal entre dicha conducta y el supuesto da\u00f1o sufrido por la demandada\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, estim\u00f3 que el colegiado dej\u00f3 de apreciar los contratos de encargo fiduciario individual celebrados con la demandante, espec\u00edficamente, el contenido de la cl\u00e1usula s\u00e9ptima, enfatizando en que all\u00ed se consign\u00f3 que: \u00abACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., act\u00faa \u00fanica y exclusivamente como administradora del encargo que mediante el presente contrato se constituye y como tal no tiene responsabilidad alguna sobre el desarrollo del proyecto que adelantar\u00e1 el PROMOTOR por su propia cuenta, riesgo y responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
Por ende, de haberse interpretado adecuadamente esa estipulaci\u00f3n, \u00abel Tribunal hubiera concluido precisamente la ausencia de responsabilidad de mi representada por lo ocurrido en la etapa de desarrollo del proyecto, todo lo cual es responsabilidad del promotor\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n de ley sustancial. <\/p>\n
Cuando el cargo se construye acusando la sentencia de transgredir en forma directa una norma sustancial, el censor debe acreditar que el ordenamiento jur\u00eddico impon\u00eda una soluci\u00f3n de la controversia opuesta a la adoptada en la providencia que puso fin a la segunda instancia, sin alterar la representaci\u00f3n de los hechos que se form\u00f3 el Tribunal a partir del examen del material probatorio. <\/p>\n
En ese sentido, la fundamentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ha de dirigirse a demostrar que el ad quem dej\u00f3 de aplicar al asunto una disposici\u00f3n que era pertinente, aplic\u00f3 otra que no lo era, o que, eligiendo la pauta de derecho correcta, le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que de ella dimanan, o los restringi\u00f3 de tal manera que distorsion\u00f3 los alcances ideados por el legislador. <\/p>\n
La violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por su parte, puede ser producto de errores de hecho o de derecho cometidos por el juzgador. El yerro f\u00e1ctico, como el que aqu\u00ed se alega, se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas, de la demanda o de su contestaci\u00f3n, y es deber del recurrente se\u00f1alar en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n, y demostrar que la inferencia cuestionada es abiertamente contraria al contenido objetivo de aquellas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del desacierto \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2. La fiducia mercantil. Obligaciones y responsabilidad del fiduciario. <\/p>\n
Tomada de su versi\u00f3n anglosajona15, incorporada por primera vez al ordenamiento patrio a trav\u00e9s de la Ley 51 de 1918 y regulada posteriormente en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 45 de 192316, en la actualidad la fiducia mercantil encuentra su fundamento pr\u00f3ximo en el art\u00edculo 1226 del C\u00f3digo de Comercio, que la define como \u00abun negocio jur\u00eddico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o m\u00e1s bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de \u00e9ste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario\u00bb. <\/p>\n
Aunque algunas particularidades la asemejan a la propiedad fiduciaria que regulan los art\u00edculos 794 y siguientes del C\u00f3digo Civil (siendo quiz\u00e1 la m\u00e1s importante, la necesaria traslaci\u00f3n patrimonial que se verifica al inicio y fin de ambas tipolog\u00edas negociales), una de las notas caracter\u00edsticas del fideicomiso mercantil est\u00e1 dada por la naturaleza instrumental de esas enajenaciones17. La tradici\u00f3n, en esta segunda especie, no constituye el objeto principal ni tampoco el fin econ\u00f3mico del negocio jur\u00eddico, sino una garant\u00eda transitoria del buen manejo de unos recursos que el fiduciante (y eventualmente el fideicomisario) tienen destinados a un prop\u00f3sito o empresa ulterior y subyacente, en la que el fiduciario no tiene inter\u00e9s, pero a cuya consecuci\u00f3n s\u00ed contribuye en raz\u00f3n del encargo que le fue confiado por su imparcialidad, profesionalismo y reputaci\u00f3n. <\/p>\n
El car\u00e1cter accesorio de la actividad fiduciaria explica en buena medida que los bienes transferidos en virtud del contrato no \u00abforman parte de la garant\u00eda general de los acreedores del fiduciario\u00bb; \u00abs\u00f3lo garantizan las obligaciones contra\u00eddas en el cumplimiento de la finalidad perseguida\u00bb; \u00abdeber\u00e1n mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios\u00bb y \u00abforman un patrimonio aut\u00f3nomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo\u00bb (arts. 1227 y 1233, C\u00f3digo de Comercio). <\/p>\n
La indeterminaci\u00f3n legal y consecuente flexibilidad de su objeto, explica la creciente popularidad de la fiducia mercantil como veh\u00edculo de inversi\u00f3n18. La finalidad del negocio no es un aspecto en el que se inmiscuya mayormente el ordenamiento jur\u00eddico, respecto del cual solamente espera, como siempre, su completa licitud19. La calidad del fiduciario, por el contrario, s\u00ed es una cuesti\u00f3n que interesa al legislador, no solo por las labores de intermediaci\u00f3n financiera que el encargo usualmente supone a cargo suyo, sino tambi\u00e9n por la asimetr\u00eda de poderes que la din\u00e1mica del negocio genera en su favor, al conferirle de antemano la administraci\u00f3n y titularidad de un activo que, en realidad, no le pertenece, a cambio de la sola promesa de buen gobierno y oportuna restituci\u00f3n20. <\/p>\n
El nomen iuris del fideicomiso (proveniente etimol\u00f3gicamente del vocablo fides21) se debe precisamente a la noci\u00f3n de confianza que presupone la existencia del negocio y de la que tambi\u00e9n pende su adecuado funcionamiento. Su alcance, sin embargo, va m\u00e1s all\u00e1 de la esfera netamente contractual, puesto que el buen suceso de la gesti\u00f3n encomendada interesa no solo a las partes sino al ordenamiento jur\u00eddico en general, entre otras cosas, por estar en juego la credibilidad y estabilidad del sistema financiero. <\/p>\n
Ello explica el marcado \u00e9nfasis que pone el legislador en la calidad e idoneidad del fiduciario (quien necesariamente debe estar constituido como sociedad de servicios financieros), as\u00ed como en la indelegabilidad de sus deberes (art. 1234 del estatuto mercantil); la restringida posibilidad que le asiste de renunciar al encargo solo en los eventos taxativamente contemplados y previa autorizaci\u00f3n de la Superintendencia Financiera (art. 1232); la separaci\u00f3n de su patrimonio de los activos fideicomitidos (art. 1233); los l\u00edmites impuestos a su remuneraci\u00f3n (art. 1237); la potestad de ser removido de sus funciones ante la verificaci\u00f3n de causa legal que as\u00ed lo amerite (art. 1239); la responsabilidad hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gesti\u00f3n (art. 1243) y la absoluta imposibilidad de apropiarse definitivamente de los bienes objeto del fideicomiso (art. 1244). <\/p>\n
La buena fe, que como presupuesto trasversal del tr\u00e1fico jur\u00eddico comporta un deber inherente a todo v\u00ednculo obligacional, rige la fiducia con especial car\u00e1cter, dado el patente empe\u00f1o que ha puesto la legislatura en definir sus et\u00e9reos contornos. La trascendencia social y econ\u00f3mica de este tipo negocial es motor permanente de su concreci\u00f3n, y aunque el car\u00e1cter d\u00factil de la bona fides hace ciertamente in\u00fatil todo intento por cristalizar su alcance en un concepto p\u00e9treo22, el ordenamiento ha procurado bosquejar su figura, a trav\u00e9s de reglas espec\u00edficas que gradualmente develan su identidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s de las estipulaciones especiales que los contratantes a bien tengan incluir en ejercicio de su autonom\u00eda dispositiva y las indelegables obligaciones que la ley le impone a manera de reglas m\u00ednimas de contrataci\u00f3n (art. 1234 CCO), el fiduciario debe honrar rigurosamente un deber \u2013calificado- de informaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abcon base en el car\u00e1cter profesional de las sociedades fiduciarias, les asiste el deber de informar los riesgos, limitaciones t\u00e9cnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y de las prestaciones que se les encomienden, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato, desde la etapa precontractual, durante la ejecuci\u00f3n e incluso hasta la liquidaci\u00f3n del mismo. El alcance de esta obligaci\u00f3n debe consultar el car\u00e1cter y conocimiento de las partes intervinientes. Este deber implica la obligaci\u00f3n de poner en conocimiento del cliente las dificultades o imprevistos que ocurran en la ejecuci\u00f3n del contrato\u00bb23. <\/p>\n
Y aunque no es usual que una ecuaci\u00f3n sinalagm\u00e1tica imponga a uno de los contratantes una obligaci\u00f3n de orientaci\u00f3n o pedagog\u00eda en favor del otro con cuyo consentimiento acuerda, el estrecho entroncamiento de la actividad financiera con la din\u00e1mica social y el desbalance de poderes e informaci\u00f3n que normalmente tienen lugar en esta clase de interacciones mercantiles ha impulsado una regulaci\u00f3n tuitiva que se orienta a mermar esa asimetr\u00eda24. <\/p>\n
De ella no escapa la fiducia, menos a\u00fan, cuando su naturaleza cooperativa o colaborativa25 implica que los intereses econ\u00f3micos de sus contratantes no se contraponen, sino que, por el contrario, se nutren rec\u00edprocamente. Al fiduciario, tanto como al fideicomitente, interesa -o debe interesar- que la finalidad econ\u00f3mica subyacente al negocio jur\u00eddico salga avante, puesto que de ello no solo pende su buen nombre, sino la solvencia de las obligaciones contractuales a su cargo. <\/p>\n
Del fiduciario, como profesional en la materia, se espera el estricto cumplimiento de los deberes generales y particulares propios de su ramo de negocios y, por ello, su comportamiento durante todo el iter contractual se mide por un especial rasero que se superpone al tradicional buen padre de familia (art\u00edculo 63 del C\u00f3digo de Comercio). En virtud de su profesionalismo, se le exige una especial diligencia, que estricto sensu, debe ser la de un buen hombre de negocios (SC 5430-2021, 7 oct.), bajo el entendido de que su actividad supone obligaciones de administraci\u00f3n y prestaci\u00f3n de servicios financieros, en los que, por lo dem\u00e1s, va inmerso un profundo inter\u00e9s p\u00fablico (art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n) y la confianza del ciudadano que entrega sus recursos gracias al respaldo con que cuenta la entidad fiduciaria, dada su idoneidad, su profesionalismo, su especial habilitaci\u00f3n para captar esos recursos y la vigilancia especial a la que se encuentra sometida. <\/p>\n
En tal virtud, del art\u00edculo 1234 del estatuto mercantil y la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera26 se desprenden las que, sin lugar a duda, son obligaciones exigibles a las sociedades fiduciarias en el desarrollo de su actividad: lealtad y buena fe, informaci\u00f3n, protecci\u00f3n y defensa de los bienes fideicomitidos, diligencia, profesionalidad y especialidad, previsi\u00f3n y asesor\u00eda27. <\/p>\n
Ahora bien, sin desconocer que, en l\u00ednea de principio, las prestaciones a cargo del fiduciario son de medio y no de resultado28, su cr\u00e9dito contractual (conformado por las previsiones legales, estipulaciones negociales y deberes secundarios de conducta), debe ser atendido de manera tal que satisfaga el alto est\u00e1ndar de diligencia y previsi\u00f3n que le es propio. <\/p>\n
Ese calificado baremo se especifica, entre otras obligaciones, en \u00abtener los conocimientos t\u00e9cnicos y pr\u00e1cticos de la profesi\u00f3n\u00bb, \u00abemplearlos para adoptar las medidas tendientes a la mejor ejecuci\u00f3n del negocio y prever circunstancias que puedan afectar su ejecuci\u00f3n\u00bb, \u00ababstenerse de realizar negocios fiduciarios en los cuales no tengan la adecuada experiencia para llevarlos a cabo o no cuenten con los recursos f\u00edsicos, tecnol\u00f3gicos y humanos necesarios para su desarrollo\u00bb, \u00abprecisar claramente cu\u00e1les son sus obligaciones en los contratos para evitar situaciones de conflicto en su desarrollo\u00bb y \u00abprever los diferentes riesgos que puedan afectar al negocio y a los bienes fideicomitidos y advertirlos a sus clientes desde la etapa precontractual\u00bb (CE 029\/14, v) y vi), b, 2.2.1,). <\/p>\n
Ya se ha recabado jurisprudencialmente, a la luz de la individualizaci\u00f3n de patrimonios prevista en el art\u00edculo 1227 del C\u00f3digo de Comercio, en la necesidad de diferenciar los efectos que se derivan cuando el fiduciario act\u00faa en su \u00f3rbita propia, como persona jur\u00eddica, a cuando lo hace en virtud del encargo que surge de la constituci\u00f3n de la fiducia mercantil29. <\/p>\n
El principal llamado a responder civilmente por las repercusiones econ\u00f3micas de la gesti\u00f3n encomendada es el mismo patrimonio aut\u00f3nomo, as\u00ed como tambi\u00e9n es quien se beneficia de sus utilidades. Sin embargo, aun cuando excepcional, la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitaci\u00f3n de sus funciones o una omisi\u00f3n de sus deberes30, eventos frente a los cuales, ha dicho la Corte, \u00abel fiduciario compromet[e] su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes, frente a los afectados por su obrar il\u00edcito, responsabilidad que en el ordenamiento jur\u00eddico patrio no es extra\u00f1a, en la medida, en que el que con su dolo o culpa causa un da\u00f1o est\u00e1 llamado a indemnizarlo, siendo contractual el fundamento de esa responsabilidad, si es que esa conducta activa u omisiva se dio en desarrollo de un negocio jur\u00eddico de esa naturaleza, o extracontractual, en el caso contrario\u00bb31. <\/p>\n
Frente a tales eventualidades cobra especial relevancia la profesionalidad del fiduciante; no porque de ella se origine un r\u00e9gimen de responsabilidad civil particular, sino porque la especial diligencia y los precisos conocimientos que ese agente ten\u00eda -o deb\u00eda tener- sobre el contexto en el que se habr\u00eda ocasionado el da\u00f1o, especifican los matices del factor de imputaci\u00f3n (subjetivo) que regir\u00e1 el estudio \u2013retrospectivo- de su comportamiento y, por contera, caracterizan los linderos del patr\u00f3n de conducta que deber\u00e1 probar haber cumplido, para liberarse del reproche de culpabilidad. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha anotado que, <\/p>\n
\u00abel fiduciario es un verdadero profesional autorizado para operar y supervisado por el Estado, cuyos conocimientos, experiencia e idoneidad, infunden confianza a quienes acuden a sus servicios por su actividad t\u00e9cnica y pr\u00e1ctica, la reputaci\u00f3n y el prestigio consolidado con sus actuaciones previsivas y diligentes que propician el logro de espec\u00edficos designios y permiten precaver o solucionar de manera expedita eventuales vicisitudes e inconvenientes. <\/p>\n
Conforme a una difundida opini\u00f3n jurisprudencial, la responsabilidad profesional \u201ces extensa, desde la negligencia grave hasta el acto doloso puede derivarse del incumplimiento o violaci\u00f3n de un contrato, o consistir en un acto u omisi\u00f3n que sin emanar de ning\u00fan pacto cause perjuicio a otro\u00bb, impregn\u00e1ndose no solo de la \u201caplicaci\u00f3n de los principios t\u00e9cnicos y cient\u00edficos\u201d exigibles, sino de \u201cnormas protectoras del individuo y de la sociedad\u201d, que a m\u00e1s de conocimientos y experiencia, presuponen especial cuidado y previsi\u00f3n (cas civ. sentencia del 5 de marzo de 1940, XLIX, 177); por regla general, la responsabilidad contractual del profesional, est\u00e1 referida a las obligaciones de medios, resultado, garant\u00eda y seguridad (\u2026) y al conjunto de reglas o directrices expl\u00edcitas e impl\u00edcitas que regulan el ejercicio de las profesiones, incluidos los deberes o compromisos derivados de la lex artis, los de las cl\u00e1usulas generales o est\u00e1ndares de comportamiento, en especial, los de correcci\u00f3n, probidad, lealtad, fides, sagacidad, previsi\u00f3n, advertencia con especificidad, concreci\u00f3n e individuaci\u00f3n a los servicios t\u00e9cnicos, financieros o pr\u00e1cticos y a la concreta relaci\u00f3n o posici\u00f3n de las partes (\u2026)\u00bb (SC-2009, 1\u00ba jul., exp. 2000-00310-01). <\/p>\n
3. Particularidades del encargo fiduciario. <\/p>\n
La fiducia mercantil ha permitido el desarrollo de una variada gama de negocios que responden a las necesidades de inversi\u00f3n y respaldo en el tr\u00e1fico jur\u00eddico, a trav\u00e9s de figuras como la fiducia de inversi\u00f3n, la fiducia inmobiliaria, la fiducia de garant\u00eda, la fiducia de administraci\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
Dentro de estos negocios fiduciarios, que se caracterizan por ser actos de confianza, se encuentran los encargos fiduciarios, en los que no existe traspaso de la propiedad y en los que la labor del fiduciario es la de administrar con la diligencia de un buen hombre de negocios y la m\u00e1xima buena fe, los recursos entregados, administraci\u00f3n que deber\u00e1 observar las espec\u00edficas instrucciones impartidas por el fideicomitente. <\/p>\n
La Circular Jur\u00eddica B\u00e1sica de la Superintendencia Financiera los define as\u00ed: <\/p>\n
\u00abLos negocios fiduciarios son actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o m\u00e1s bienes determinados, transfiri\u00e9ndole o no la propiedad de los mismos, con el prop\u00f3sito de que \u00e9sta cumpla con ellos una finalidad espec\u00edfica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero. Incluye la fiducia mercantil y los encargos fiduciarios, al igual que los negocios denominados de fiducia p\u00fablica y los encargos fiduciarios p\u00fablicos de que tratan la Ley 80 de 1993 y disposiciones complementarias. <\/p>\n
Cuando hay transferencia de la propiedad de los bienes se est\u00e1 ante la denominada fiducia mercantil regulada en el art. 1226 y siguientes del C.Cio. Si no hay transferencia de la propiedad se est\u00e1 ante un encargo fiduciario y aplican a \u00e9stos las disposiciones que regulan el contrato de fiducia mercantil y, subsidiariamente, las disposiciones del C.Cio en relaci\u00f3n con el contrato de mandato en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el numeral 1 del art. 146 del EOSF.\u00bb <\/p>\n
La misma Circular define la fiducia inmobiliaria como el negocio que tiene como finalidad la administraci\u00f3n de recursos y bienes afectos a un proyecto inmobiliario o la administraci\u00f3n de los recursos asociados a su desarrollo y ejecuci\u00f3n, que presenta, entre otras, la modalidad de preventas, la cual \u00abconlleva para la sociedad fiduciaria como obligaci\u00f3n principal, efectuar el recaudo de los dineros provenientes de la promoci\u00f3n y consecuci\u00f3n de interesados en adquirir inmuebles dentro de un proyecto inmobiliario. En este caso, la fiduciaria recibe los recursos como mecanismo de vinculaci\u00f3n a un determinado proyecto inmobiliario y los administra e invierte mientras se cumplen las condiciones establecidas para ser destinados al desarrollo del proyecto inmobiliario\u00bb. <\/p>\n
La confianza del inversionista recae sobre la fiduciaria en virtud de su idoneidad, profesionalismo y especial habilitaci\u00f3n estatal, que le permiten creer, leg\u00edtimamente, que sus recursos estar\u00e1n protegidos y bien administrados mientras se cumplan las condiciones t\u00e9cnicas, econ\u00f3micas y jur\u00eddicas que autorizar\u00e1n el inicio del proyecto inmobiliario, con la tranquilidad de que, en atenci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de protecci\u00f3n y defensa de los recursos entregados, la entidad realizar\u00e1 los controles y verificaciones necesarios para comprobar el cumplimiento de tales requisitos antes de proceder con la transferencia final de sus dineros al constructor. <\/p>\n
Sobre la especial confianza depositada en estas sociedades, en sentencia SC5430-2021, la Corte destac\u00f3 que, para los inversionistas que consideran vincularse a un proyecto inmobiliario, la presencia de la fiduciaria es de suma importancia, pues los lleva al convencimiento de que el proyecto ser\u00e1 adecuadamente administrado por una entidad profesional y altamente especializada, que adem\u00e1s cuenta con vigilancia estatal, lo cual brinda la tranquilidad de que aquella \u00abvigilar\u00e1 con seriedad, diligencia y probidad su viabilidad jur\u00eddica, t\u00e9cnica, financiera y comercial, desde la fase precontractual, durante su ejecuci\u00f3n y hasta la consolidaci\u00f3n de sus expectativas frente a las unidades inmobiliarias\u00bb. En tal virtud, la fiduciaria funge como una verdadera depositaria de la confianza de los dem\u00e1s intervinientes en el proyecto, y, por ende, cuando defrauda esa confianza no solo incumple su mandato, sino tambi\u00e9n el principio de buena fe contractual por alejarse del marco de conducta que de ella se esperaba. <\/p>\n
Respecto a su regulaci\u00f3n jur\u00eddica, el art\u00edculo 146 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) dispone que al encargo fiduciario le son aplicables las disposiciones que regulan la fiducia mercantil y, subsidiariamente, las que regulan el contrato de mandato, contenidas en el C\u00f3digo de Comercio. En tal virtud, el art\u00edculo 1234 ib\u00eddem establece los llamados deberes indelegables del fiduciario, que, junto con los previstos en el acto constitutivo, rigen la relaci\u00f3n negocial32, y entre los que vale la pena resaltar el deber de realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecuci\u00f3n de la finalidad de la fiducia y el de transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez concluido el negocio fiduciario. <\/p>\n
Finalmente, es oportuno recordar que la Circular Jur\u00eddica B\u00e1sica exige que los contratos fiduciarios a trav\u00e9s de los cuales se desarrollen o ejecuten proyectos inmobiliarios, deben contener, como m\u00ednimo, \u00ablas condiciones que se deben verificar para el cumplimiento del punto de equilibrio\u00bb, \u00abla obligaci\u00f3n de la sociedad fiduciaria de verificar el cumplimiento de las condiciones financieras, t\u00e9cnicas y jur\u00eddicas contractualmente establecidas para la transferencia o desembolso de los recursos\u00bb, y \u00abel t\u00e9rmino dentro del cual el fideicomitente debe acreditar el cumplimiento de las condiciones para la transferencia o desembolso de los recursos\u00bb33. <\/p>\n
4. La protecci\u00f3n del consumidor financiero frente a la actividad fiduciaria. <\/p>\n
La actividad fiduciaria hace parte de aquellas fundadas en la autonom\u00eda privada que otrora se entend\u00edan reservadas para el \u00e1mbito exclusivo de interacci\u00f3n negocial entre los particulares, y que hoy en d\u00eda cuentan con una especial regulaci\u00f3n e incluso vigilancia, en aras del inter\u00e9s p\u00fablico que recae sobre ellas y de las especiales garant\u00edas y derechos constitucionalmente reconocidos a los consumidores34. <\/p>\n
El derecho del consumidor incorpora prerrogativas sustanciales, como la calidad de los servicios o la correcta y suficiente informaci\u00f3n; procesales, como las acciones consagradas para lograr la exigibilidad judicial de sus garant\u00edas o la indemnizaci\u00f3n de perjuicios; as\u00ed mismo, incluye facetas de participaci\u00f3n35. La protecci\u00f3n del consumidor, constitucionalmente ordenada, reconoce la asimetr\u00eda en las relaciones de consumo y delega su protecci\u00f3n integral a la ley y al contrato. <\/p>\n
Esa regulaci\u00f3n, que se encuentra contenida en normas tales como la Ley 1328 de 2009 \u2013Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor Financiero\u2013 o la Ley 1480 de 2011 \u2013Estatuto de Protecci\u00f3n al Consumidor\u2013, han permitido desarrollar principios y preceptos constitucionales sobre la materia, con vista en los postulados renovados a partir del texto de 1991 en relaci\u00f3n con los deberes estatales de promoci\u00f3n de la econom\u00eda, la inversi\u00f3n privada, la responsabilidad social, la intervenci\u00f3n en la actividad financiera, la garant\u00eda de libertad econ\u00f3mica, entre otros. <\/p>\n
En sentencia C-909 de 2012 la Corte Constitucional dilucid\u00f3 el concepto de consumidor para efectos de su protecci\u00f3n constitucional y legal, entendi\u00e9ndolo como \u00ab(i) el destinatario final, que mediante (ii) un acto de consumo, busca (iii) la satisfacci\u00f3n de una necesidad intr\u00ednseca, (iv) no en el \u00e1mbito de una actividad econ\u00f3mica propia, reubic\u00e1ndose el desequilibrio en la relaci\u00f3n productor y\/o expendedor, de una parte, y consumidor, de la otra\u00bb. Esta concepci\u00f3n fue adoptada por el Estatuto del Consumidor, que reconoce adem\u00e1s la existencia de una pluralidad de actores en los distintos sectores de la econom\u00eda, que al vincularse en la b\u00fasqueda del producto o servicio espec\u00edfico ser\u00e1n \u00abun consumidor determinado y calificado\u00bb, como ser\u00eda el consumidor financiero36. <\/p>\n
Con el \u00e1nimo de garantizar la adecuada intelecci\u00f3n de esos conceptos, la Ley 1328 de 2009, que consagra el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n al consumidor financiero, incluy\u00f3 en su cat\u00e1logo de principios el de debida diligencia, que exige a las entidades vigiladas emplearla en el ofrecimiento de productos o prestaci\u00f3n de servicios a los consumidores, quienes tienen el derecho de recibir informaci\u00f3n adecuada y suficiente a lo largo de la relaci\u00f3n con la entidad (canon 3, lit. a); el de transparencia e informaci\u00f3n cierta, suficiente y oportuna, que exige a las entidades suministrar al consumidor informaci\u00f3n que responda a tales caracter\u00edsticas, pues solo ella le permitir\u00e1 conocer adecuadamente sus derechos (canon 3, lit. c); garantiz\u00e1ndose la prerrogativa del consumidor de exigir a la entidad vigilada la rigurosa observancia de tales principios. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, los art\u00edculos 57 y 58 del Estatuto del Consumidor establecen la acci\u00f3n de protecci\u00f3n del consumidor como garant\u00eda de justiciabilidad de sus derechos, cuando aquellos han sido vulnerados o desconocidos en el marco de una relaci\u00f3n de consumo. El canon 57 dispone: <\/p>\n
\u00abEn aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 166 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los consumidores financieros de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia podr\u00e1n a su elecci\u00f3n someter a conocimiento de esa autoridad, los asuntos contenciosos que se susciten entre ellos y las entidades vigiladas sobre las materias a que se refiere el presente art\u00edculo para que sean fallados en derecho, con car\u00e1cter definitivo y con las facultades propias de un juez. <\/p>\n
En desarrollo de la facultad jurisdiccional atribuida por esta ley, la Superintendencia Financiera de Colombia podr\u00e1 conocer de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasi\u00f3n de la actividad financiera, burs\u00e1til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico.\u00bb <\/p>\n
En estos casos, como ya se hab\u00eda se\u00f1alado, el juzgador debe cumplir con el mandato del art\u00edculo 58, numeral 9, que establece: <\/p>\n
\u00abAl adoptar la decisi\u00f3n definitiva, el Juez de conocimiento o la Superintendencia de Industria y Comercio resolver\u00e1 sobre las pretensiones de la forma que considere m\u00e1s justa para las partes seg\u00fan lo probado en el proceso, con plenas facultades para fallar infra, extra y ultrapetita, y emitir\u00e1 las \u00f3rdenes a que haya lugar con indicaci\u00f3n de la forma y t\u00e9rminos en que se deber\u00e1n cumplir.\u00bb <\/p>\n
5. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
5.1. En los tres \u00faltimos cargos, Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria plantea que en el caso no se configuraron los elementos de la responsabilidad civil contractual, puesto que no existe nexo causal entre su conducta y el da\u00f1o alegado por la demandante, y tampoco se est\u00e1 ante un da\u00f1o cierto, real y directo que deba ser indemnizado. Para llegar a esas conclusiones, ataca la sentencia de segundo grado por tres v\u00edas diferentes: (i) la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, (ii) el error de hecho por la indebida interpretaci\u00f3n de la demanda, y (iii) el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Para demostrar que no existe nexo causal, la censora afirma insistentemente que su conducta, incluso si fuese reprochable, no ten\u00eda la virtualidad de causar el da\u00f1o alegado, pues aquel fue resultado del manejo del proyecto a cargo del promotor, y no de las funciones que cumpl\u00eda la fiduciaria. Para demostrar que no existe da\u00f1o cierto, sostiene que la inversi\u00f3n no se ha perdido, pues a\u00fan falta liquidar el proyecto y ser\u00e1 en un eventual proceso concursal donde la demandante podr\u00e1 recibir lo que le corresponda. <\/p>\n
5.2. Respecto al ataque por la v\u00eda directa, baste con decir que la recurrente no explicit\u00f3 c\u00f3mo se produjo la alegada trasgresi\u00f3n de las normas alegadas -a cuyo contenido no se refiri\u00f3 en modo alguno- ni la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. Por el contrario, sostuvo gen\u00e9ricamente que el ad quem aplic\u00f3 indebidamente las normas sobre responsabilidad civil contractual al dejar de lado el elemento del nexo causal, sin explicar de qu\u00e9 manera o por qu\u00e9 raz\u00f3n el juzgador dej\u00f3 de lado la relaci\u00f3n de causalidad, lo que evidencia la insuficiencia del embate, que se reduce a las meras afirmaciones de la inconforme. <\/p>\n
Aun obviando esa deficiencia, lo cierto es que el Tribunal no dej\u00f3 de lado el nexo causal en su razonamiento, pues se\u00f1al\u00f3 con claridad que el detrimento patrimonial sufrido por Inversiones Urop\u00e1n tuvo su causa directa en el incumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria, espec\u00edficamente en la disposici\u00f3n irregular de los dineros depositados, de modo que atribuy\u00f3 el da\u00f1o a la circunstancia espec\u00edfica de la transferencia de recursos sin el cumplimiento de los requisitos, conducta que para el juzgador resultaba id\u00f3nea y suficiente para materializar el menoscabo, refulgiendo as\u00ed la referencia al nexo causal en su an\u00e1lisis y decisi\u00f3n. <\/p>\n
Distinto es que la fiduciaria est\u00e9 en desacuerdo con las conclusiones probatorias del Tribunal respecto a la existencia de esos elementos, pues ello supone una inconformidad con la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador, como se evidencia en los cargos planteados por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
5.3. Respecto a los yerros f\u00e1cticos alegados por la censora, debe recordarse que el argumento central del Tribunal es que en este caso se prob\u00f3 el incumplimiento de las obligaciones por parte de la fiduciaria, quien estaba compelida a trasladar los dineros entregados por la demandante s\u00f3lo cuando se cumplieran los requisitos de transferencia pactados para tal fin. Sin embargo, se demostr\u00f3 que para la fecha en que se firm\u00f3 el acta de verificaci\u00f3n con base en la cual se dieron por acreditadas las condiciones exigidas (4 de noviembre de 2014), varios de los requisitos a\u00fan no se hab\u00edan satisfecho, pues no se contaba con carta de aprobaci\u00f3n o preaprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no se hab\u00eda llegado al 52% de las ventas ni el inmueble donde habr\u00eda de construirse el centro comercial hab\u00eda sido transferido al fideicomiso creado para tal fin. <\/p>\n
Fue argumento medular del ad quem el hecho de que la fiduciaria, a lo largo de las instancias ordinarias, sostuvo que el cumplimiento y acreditaci\u00f3n de los requisitos de transferencia eran responsabilidad exclusiva del promotor, tesis que fue desestimada debido a que las obligaciones de diligencia y las estrictas instrucciones del fideicomitente, obligaban a la entidad vigilada a verificar el cumplimiento de tales requisitos, constataci\u00f3n que era de su exclusivo resorte y de su directa incumbencia, no del promotor. <\/p>\n
Para el juzgador, ese incumplimiento de deberes legales (\u00abart. 1234 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb) y contractuales (\u00abcl\u00e1usulas primera, quinta y novena del encargo fiduciario\u00bb) caus\u00f3 a la demandante un da\u00f1o debido a que en la actualidad la fiduciaria no tiene en su haber los recursos de la actora -sin que exista raz\u00f3n que lo justifique-, quien no ha podido recuperarlos ni ha sido resarcida por el detrimento patrimonial que ello involucra, da\u00f1o que tuvo su causa directa en la disposici\u00f3n irregular de los recursos por parte de la sociedad fiduciaria. <\/p>\n
5.4. Si bien los argumentos basilares de la sentencia impugnada deb\u00edan ser plenamente atacados por la casacionista para desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que la providencia arriba a la Corte, los reproches de la fiduciaria se limitaron a defender su visi\u00f3n particular respecto a c\u00f3mo debi\u00f3 entenderse el devenir de la relaci\u00f3n negocial, sin combatir la totalidad de los raciocinios que fundamentan la decisi\u00f3n cuestionada y, por ende, sin lograr derruirlos. Tampoco demostr\u00f3 por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por la colegiatura era manifiestamente absurda, caprichosa o contraevidente, por lo que se trata de alegaciones propias de las instancias ordinarias, inadmisibles en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5.5. Si bien en el cuarto cargo se acusa al juzgador de interpretar inadecuadamente la demanda, la censora no explic\u00f3 en qu\u00e9 consiste el dislate, pues se limit\u00f3 a se\u00f1alar que como la demanda no explica la existencia del da\u00f1o ni hace referencia a la relaci\u00f3n causal, su mal entendimiento llev\u00f3 a tener por configurados los elementos de la responsabilidad contractual, cuando no lo estaban. Debe recordarse que el error de hecho por indebida interpretaci\u00f3n de la demanda se origina \u00aba consecuencia de una evidente desfiguraci\u00f3n del debate, porque el fallador se ocup\u00f3 de analizar aspectos ajenos a los que se sometieron a su escrutinio, a partir de una grave equivocaci\u00f3n en la comprensi\u00f3n del querer del promotor de la acci\u00f3n, en quien recae el deber de exponer di\u00e1fanamente la causa petendi, que involucra tanto el sustrato f\u00e1ctico como sus aspiraciones concretas en el juicio\u00bb (SC 5430-2021, 7 dic.). <\/p>\n
Vista la demanda, se encuentra que es prolija y detallada en lo que ata\u00f1e a la relaci\u00f3n negocial que un\u00eda a las partes y al incumplimiento de la fiduciaria, del cual desprende el detrimento patrimonial padecido. Asimismo, se encuentra que el \u00fanico momento en el que el a quo hizo referencia a su deber de interpretarla (art. 42.5 C.G.P) fue cuando entr\u00f3 a analizar la pretensi\u00f3n de reembolso de la suma entregada a la fiduciaria, la cual, consider\u00f3, no pod\u00eda verse como una restituci\u00f3n -propia de los procesos que tienen como consecuencia la invalidaci\u00f3n del acto jur\u00eddico-, sino que deb\u00eda entenderse como una forma de indemnizaci\u00f3n, en virtud del principio de reparaci\u00f3n integral consagrado en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y del objeto de la litis, que centrado en el incumplimiento contractual, exig\u00eda el resarcimiento del da\u00f1o. <\/p>\n
En ese sentido, la pretensi\u00f3n37 se dej\u00f3 inc\u00f3lume y simplemente se aclar\u00f3 que ella se entend\u00eda formulada a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n, que no de restituciones mutuas, lo que no supone ninguna modificaci\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o cercenamiento del texto de la demanda, ni un alejamiento o sustituci\u00f3n de la voluntad del demandante por parte del juzgador. <\/p>\n
5.6. El ataque fundado en el yerro f\u00e1ctico causado por la indebida apreciaci\u00f3n de los contratos de encargo fiduciario y especialmente de su cl\u00e1usula s\u00e9ptima, conforme a la cual \u00abACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A., act\u00faa \u00fanica y exclusivamente como administradora del encargo que mediante el presente contrato se constituye y como tal no tiene responsabilidad alguna sobre el desarrollo del proyecto que adelantar\u00e1 el PROMOTOR por su propia cuenta, riesgo y responsabilidad\u00bb; es un embate a todas luces desenfocado, pues la sentencia impugnada no se fund\u00f3 de ninguna manera en el incumplimiento de alguna obligaci\u00f3n relacionada con el desarrollo o la ejecuci\u00f3n del proyecto, sino en el incumplimiento de las obligaciones de administraci\u00f3n, sobre las que la fiduciaria ten\u00eda pleno control y responsabilidad exclusiva, al ser, seg\u00fan la misma cl\u00e1usula, la administradora del encargo constituido. <\/p>\n
En ese sentido, los contratos de encargo fiduciario que se dicen preteridos no s\u00f3lo fueron extensamente analizados por el juzgador, sino que su valoraci\u00f3n es plausible y correspondiente con las dem\u00e1s pruebas recaudadas en el proceso, por lo que ning\u00fan reproche cabe ante el ejercicio valorativo de la colegiatura. <\/p>\n
5.7. Visto lo anterior, encuentra la Sala que los reproches elevados en contra de la sentencia son infundados, pues no se dejaron de lado los elementos de la responsabilidad, no se interpret\u00f3 inadecuadamente la demanda ni se apreci\u00f3 indebidamente la prueba. <\/p>\n
El Tribunal encontr\u00f3 que la fiduciaria incumpli\u00f3 sus obligaciones de diligencia y de verificaci\u00f3n del cumplimiento de las condiciones de transferencia de recursos, y que esa desatenci\u00f3n caus\u00f3 un detrimento patrimonial a la demandante. Descart\u00f3 el argumento de la fiduciaria conforme al cual no exist\u00eda da\u00f1o porque Inversiones Urop\u00e1n pod\u00eda acudir a un eventual proceso concursal para obtener lo que le correspondiera en la liquidaci\u00f3n del proyecto, se\u00f1alando con contundencia que no pod\u00eda la entidad someter a la actora a un concurso de p\u00e9rdidas al que llegaba por su actuar negligente, pues no exist\u00eda raz\u00f3n legal ni contractual para que la fiduciaria no tuviera en su poder los recursos entregados, esto debido a que no se cumplieron las condiciones de transferencia pactadas en los encargos fiduciarios. <\/p>\n
A lo largo de las instancias, la fiduciaria defendi\u00f3 la postura seg\u00fan la cual la verificaci\u00f3n de las condiciones de transferencia de los recursos era obligaci\u00f3n de la promotora, desconociendo que en el acta de verificaci\u00f3n del 4 de noviembre de 2014 se consign\u00f3 expresamente que \u00abDando cumplimiento a lo estipulado en la CL\u00c1USULA TERCERA del Contrato de Encargo Fiduciario de Preventas Promotor MR-799 MARCAS MALL, la FIDUCIARIA procedi\u00f3 a verificar la documentaci\u00f3n aportada por el PROMOTOR (\u2026)\u00bb38. <\/p>\n
La demandada tampoco reproch\u00f3 en sede de alzada la consideraci\u00f3n del a quo conforme a la cual el acta de cumplimiento de requisitos para la transferencia de recursos suscrita el 4 de noviembre de 2014 por su representante legal conten\u00eda informaci\u00f3n falsa; ni atac\u00f3 la conclusi\u00f3n sobre la falta de informaci\u00f3n suministrada a Inversiones Urop\u00e1n, quien firm\u00f3 los encargos fiduciarios el 15 de mayo de 2015 sin ser enterada de que la fiduciaria ya hab\u00eda dado por cumplidas las condiciones de transferencia y hab\u00eda puesto los dineros a disposici\u00f3n del promotor, pues los contratos fueron redactados en t\u00e9rminos que daban a entender que esas situaciones a\u00fan no se hab\u00edan dado y que la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos podr\u00eda llevarse a cabo a futuro. <\/p>\n
Es as\u00ed como la constataci\u00f3n por parte de los juzgadores (i) del grave incumplimiento de los deberes de la fiduciaria derivados tanto de la normativa que rige su actividad como del clausulado de los contratos de encargo fiduciario, (ii) del detrimento patrimonial sufrido por la demandante y (iii) de la relaci\u00f3n causa-efecto entre esos dos sucesos, los llev\u00f3 a la declaratoria de la responsabilidad civil en contra de la fiduciaria en el marco de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n de consumidor financiero; en virtud de la cual se resolvi\u00f3 una controversia suscitada entre Inversiones Urop\u00e1n como consumidor y la fiduciaria vigilada por el Estado, relacionada exclusivamente \u00abcon la ejecuci\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones contractuales [asumidas] con ocasi\u00f3n de la actividad financiera (\u2026) relacionada con el manejo, aprovechamiento inversi\u00f3n de los recursos captados del p\u00fablico.\u00bb <\/p>\n
5.8. Finalmente, no puede la Corte pasar por alto que incluso en sede de casaci\u00f3n, la convocada ha querido eludir su responsabilidad resaltando la inocuidad de la entrega de recursos a la promotora, pretextando que: <\/p>\n
\u00ab(…) efectivamente [la fiduciaria] entreg\u00f3 la totalidad de los recursos al promotor, conforme a lo que fue indicado en el contrato; cosa distinta es que, en gracia de discusi\u00f3n, los hubiese entregado unos d\u00edas antes de la fecha en que debi\u00f3 haberlos entregado. Al final de cuentas, entreg\u00e1ndolos en la fecha en que se entregaron o sea que lo hubiese hecho quince d\u00edas despu\u00e9s, lo cierto es que el proyecto habr\u00eda corrido la misma suerte, todo lo cual es atribuible al promotor y no a la fiduciaria, quien no ten\u00eda ninguna responsabilidad en la ejecuci\u00f3n del proyecto.\u00bb <\/p>\n
La anterior es una afirmaci\u00f3n que va en contrav\u00eda del acervo probatorio y de los deberes de lealtad, buena fe y debida diligencia que deben caracterizar la actividad de la demandada. Pierde de vista la fiduciaria que, seg\u00fan se prob\u00f3, el acta de verificaci\u00f3n de las condiciones de transferencia de recursos conten\u00eda informaci\u00f3n que no correspond\u00eda a la realidad y que adem\u00e1s, los requisitos incumplidos no eran de poca importancia, pues era exigencia sine qua non que el inmueble donde se iba a desarrollar el proyecto estuviese ya en cabeza del fideicomiso antes de que se diera la transferencia de recursos, condici\u00f3n de elemental verificaci\u00f3n que no se cumpl\u00eda para ese entonces. <\/p>\n
Pierde de vista tambi\u00e9n que adem\u00e1s de la gravedad del incumplimiento se\u00f1alado, una vez firmada el acta que conten\u00eda informaci\u00f3n contraria a la realidad se transfirieron m\u00e1s de catorce mil millones de pesos al propietario precisamente para proceder con la compra del lote, cuando el dinero depositado por los inversionistas no pod\u00eda en modo alguno ser destinado a ese fin, y que adem\u00e1s, seg\u00fan la denuncia elevada por la misma entidad, se evidenci\u00f3 un faltante de m\u00e1s de diecis\u00e9is mil millones de pesos en el fideicomiso Marcas Mall por causa de los manejos inadecuados de su representante legal en la ciudad de Cali. <\/p>\n
En ese entendido, la afirmaci\u00f3n que, sin rubor, hace la fiduciaria respecto a que habiendo transferido los recursos unos d\u00edas antes o unos d\u00edas despu\u00e9s, el proyecto habr\u00eda corrido igual suerte, no s\u00f3lo es una afirmaci\u00f3n carente de respaldo probatorio, sino que adem\u00e1s contrar\u00eda las reglas de la sana l\u00f3gica seg\u00fan las cuales es plausible pensar que al destinar tal cantidad de dinero a adquirir un lote que ya tendr\u00eda que haber estado en cabeza del fideicomiso y al haberse verificado el faltante de recursos en raz\u00f3n del manejo indebido de los mismos, se pudo afectar de manera importante no solo la liquidez sino tambi\u00e9n el desarrollo posterior del proyecto inmobiliario. <\/p>\n
Por todo lo anterior, los cargos no prosperan. <\/p>\n
DEMANDA DE LA LLAMADA EN GARANT\u00cdA SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. <\/p>\n
La aseguradora llamada en garant\u00eda tambi\u00e9n concurri\u00f3 a esta sede extraordinaria, aduciendo cinco censuras, con fundamento en los motivos primero y segundo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que los cargos tercero, cuarto y quinto tienen vocaci\u00f3n de prosperidad, la Corte emprender\u00e1 su estudio, con prescindencia de los dem\u00e1s. As\u00ed mismo, como los ataques se encuentran \u00edntimamente ligados, pues cuestionan la misma consideraci\u00f3n del ad quem, comparten el mismo fundamento, se sirven de los mismos argumentos y se apoyan en los mismos medios de convicci\u00f3n, se proceder\u00e1 a su resoluci\u00f3n conjunta. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Aduciendo la causal primera de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n, por la senda directa, del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, en tanto que se declar\u00f3 la ineficacia de una exclusi\u00f3n que fue pactada de acuerdo con el ordenamiento jur\u00eddico y que, de haberse tenido en cuenta, hubiere dado lugar a la exoneraci\u00f3n de la condena proferida contra la aseguradora. <\/p>\n
Sostuvo que \u00abel art\u00edculo 184 del EOSF establece en el literal c) del numeral 2 que los amparos y exclusiones deben estar en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, sin que signifique ello que deba estar en la primera p\u00e1gina de la car\u00e1tula como lo afirma el Ad Quem de manera errada. N\u00f3tese que la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica CE 29 de 2014, es clara al indicar que por p\u00f3liza al tenor del art. 184 debe entenderse clausulado o condicionado general y que, por consiguiente, en la car\u00e1tula de la misma no deben ir amparos y exclusiones, sino \u00fanicamente las declaraciones previstas en el art. 1047 del C. de Co. y la advertencia al cliente de que la mora en el pago de la prima generar\u00e1 la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro en los t\u00e9rminos dispuestos por los art\u00edculos 1068 y 1152 del. C. de Co\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, \u00absi el juez de segunda instancia hubiese interpretado arm\u00f3nica y correctamente el art\u00edculo 184 del EOSF, hubiera declarado v\u00e1lida la exclusi\u00f3n dispuesta en el numeral 3.7 de la secci\u00f3n III de la p\u00f3liza de responsabilidad civil profesional, porque en esta se establecen amparos y exclusiones de manera continua a partir de la primera p\u00e1gina, estando la exclusi\u00f3n en comento en la p\u00e1gina seis (6) a continuaci\u00f3n, con total trasparencia y claridad, de la descripci\u00f3n y enunciaci\u00f3n de todos los amparos o coberturas otorgados por el contrato\u00bb, argumento que respald\u00f3 con lo decidido por la Corte en sentencia SC 4527-2020, 23 nov. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que si la norma se hubiera interpretado adecuadamente, no se habr\u00eda declarado la ineficacia de la exclusi\u00f3n 3.7 de la p\u00f3liza de responsabilidad profesional y se habr\u00eda mantenido la exoneraci\u00f3n de la aseguradora, \u00abpues est\u00e1 plenamente probado en el proceso que se verificaron los presupuestos para la aplicaci\u00f3n de dicha exclusi\u00f3n en especial, est\u00e1 absolutamente acreditado el supuesto del literal b) de la exclusi\u00f3n 3.7, al haber sido confesado y\/o admitido y\/o reconocido la comisi\u00f3n de conductos dolosas, deshonestas o fraudulentas por parte del propio Asegurado\u00bb. <\/p>\n
Se recrimin\u00f3 al veredicto de segundo grado por incurrir en violaci\u00f3n directa, por indebida aplicaci\u00f3n, del mismo art\u00edculo 184 del EOSF, puntualmente la sanci\u00f3n de ineficacia que ella establece, que s\u00f3lo procede cuando las exclusiones no est\u00e1n establecidas conforme a la norma, lo que no ocurre en este caso pues la p\u00f3liza expedida est\u00e1 acorde a las disposiciones \u00aby el clausulado est\u00e1 debidamente depositado ante la SFC sin que esta entidad haya realizado observaci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Esto, puesto que el Tribunal indica que la sanci\u00f3n de ineficacia procede cuando las exclusiones no se encuentran en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza, cuesti\u00f3n que ni siquiera exige la norma. Al efecto, recalc\u00f3 que la sanci\u00f3n de ineficacia \u00abrecae \u00fanicamente sobre las exclusiones que no se presenten de manera continua a partir de la primera p\u00e1gina de las Condiciones Generales aplicables al contrato de seguro (nunca de la car\u00e1tula como se lo invent\u00f3 el Tribunal) en caracteres destacados, por lo tanto, siendo que la p\u00f3liza analizada por el Juez de Segunda Instancia re\u00fane todas las caracter\u00edsticas exigidas, la sanci\u00f3n dispuesta por el art\u00edculo 184 del EOSF no era aplicable a la exclusi\u00f3n 3.7. consignada en su clausulado general por SBS\u00bb. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Con base en la causal segunda de casaci\u00f3n, denunci\u00f3, por la senda indirecta, el menoscabo de la plurimencionada norma del EOSF, por error de hecho manifiesto y trascendente, de cara a la apreciaci\u00f3n de la p\u00f3liza expedida por la aseguradora. <\/p>\n
Ello por cuanto la declaratoria de ineficacia de la exclusi\u00f3n 3.7 de la secci\u00f3n III de responsabilidad civil profesional desconoce \u00abel acervo probatorio consistente en la documental contentiva de la p\u00f3liza (car\u00e1tula y clausulado general); el conocimiento efectivo que del clausulado general y de las exclusiones all\u00ed consignadas ten\u00eda [la fiduciaria] como entidad vigilada por la [Superintendencia] y la existencia de un intermediario de seguros en la relaci\u00f3n entre la Fiduciaria y SBS, y en tal sentido la conclusi\u00f3n a la que arriba el Tribunal termina siendo una aplicaci\u00f3n indebida de la sanci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo 184 del EOSF motivada por un error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas arrimadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, la declaratoria de ineficacia vulnera el art\u00edculo 184 del EOSF al desconocer el alcance dado por la Superintendencia Financiera y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n respecto a las disposiciones normativas que rigen la incorporaci\u00f3n de cl\u00e1usulas de exclusi\u00f3n al contrato de seguro. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto a la omisi\u00f3n de las pruebas relacionadas con el conocimiento de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria de la p\u00f3liza, su calidad de vigilada y la participaci\u00f3n de un intermediario de seguros, adujo que \u00abal analizar la p\u00f3liza en el presente caso inobserva que en la misma se pactaron, con una persona jur\u00eddica, profesional de su actividad y vigilada por la [Superintendencia], unas condiciones particulares establecidas desde la p\u00e1gina 3, las cuales demuestran que el contrato de seguro rese\u00f1ado fue objeto de negociaci\u00f3n espec\u00edfica por parte de [la fiduciaria], de forma que claramente no estamos ante un contrato de adhesi\u00f3n, ni entre partes contratantes que se encuentren en una relaci\u00f3n de asimetr\u00eda o de desequilibrio\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, recalc\u00f3 que se \u00abevidencia la preterici\u00f3n de las pruebas que hizo el juez de segunda instancia respecto de la condici\u00f3n de la Fiduciaria como entidad profesional y vigilada por la [Superintendencia] que conoc\u00eda el contenido integral de la P\u00f3liza y de sus exclusiones, y la existencia de un intermediario de seguros que asesor\u00f3 a [la fiduciaria], pues si hubiera reconocido la calidad de la Fiduciaria como un profesional de su actividad, conocedor del texto de la p\u00f3liza a la que, adicionalmente, de com\u00fan acuerdo con la aseguradora, introdujo varias modificaciones al contenido de los amparos y exclusiones pactadas para las diferentes secciones y no consider\u00e1ndolo como un mero consumidor financiero en posici\u00f3n de indefensi\u00f3n que no tuvo la oportunidad de conocer el texto en comento cuando, habr\u00eda establecido la validez integral del contrato de seguro y no hubiese incurrido en la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 184 del EOSF por aplicaci\u00f3n indebida que conllev\u00f3 a la condena contra SBS\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aclaraci\u00f3n preliminar. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (DL 663 de 1993) es una norma que regula el r\u00e9gimen de p\u00f3lizas y tarifas en la actividad aseguradora y por esa raz\u00f3n podr\u00eda considerarse, prima facie, como un precepto que simplemente enumera o enuncia los requisitos de aquellas; lo cierto es que el literal a) de su numeral segundo establece una disposici\u00f3n que, en una situaci\u00f3n particular y concreta, tendr\u00eda la capacidad de declarar, crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas, pues consagra una sanci\u00f3n de ineficacia de las estipulaciones del contrato de seguro en caso de que el contenido de la p\u00f3liza no se ci\u00f1a a los requisitos establecidos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, su literal c) consagra una exigencia que, de no ser cumplida, afectar\u00eda la exclusi\u00f3n pactada entre las partes con la referida sanci\u00f3n de ineficacia. En tal virtud, estas disposiciones tendr\u00edan la capacidad de, en un caso concreto, sustraer del amparo contratado determinado acto o conducta, lo que a su vez tendr\u00eda la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas entre las partes contratantes. <\/p>\n
Sobre la norma sustancial, esta Corporaci\u00f3n ha considerado de tiempo atr\u00e1s que es el contenido del precepto y no su ubicaci\u00f3n en una u otra ley o c\u00f3digo, el que permite su calificaci\u00f3n como tal, de modo que ha considerado como sustanciales disposiciones que se encuentran en estatutos adjetivos, o ha negado tal calidad a otras contenidas en el C\u00f3digo Civil y en el C\u00f3digo de Comercio, entre otros. <\/p>\n
Al respecto ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00abPor sabido se tiene que las normas sustanciales, a cuyo quebranto se refiere precisa e invariablemente la causal primera de casaci\u00f3n, son aquellas que, en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n. Por consiguiente, no tienen categor\u00eda sustancial, y, por ende, no pueden fundar por s\u00ed solas un cargo en casaci\u00f3n con apoyo en la causal dicha, los preceptos legales que, sin embargo de encontrarse en los C\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos de \u00e9stos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u00bb. (SC 24 oct. 1975. G.J. t. CLI, p. 254, reiterada en SC 13630-2015, 7 oct.) <\/p>\n
En ese sentido, la disposici\u00f3n que se alega como vulnerada por el ad quem tienen la virtualidad de soportar los cargos casacionales propuestos por la llamada en garant\u00eda, al afectar situaciones jur\u00eddicas particulares y concretas entre aseguradora y asegurado. <\/p>\n
2. El contrato de seguro. Asunci\u00f3n y delimitaci\u00f3n de riesgos. <\/p>\n
2.1. El ordenamiento no define el contrato de seguro, motivo por el cual, a partir de sus elementos caracter\u00edsticos, esta Sala lo ha entendido como \u00abun contrato \u2018por virtud del cual una persona -el asegurador- se obliga a cambio de una prestaci\u00f3n pecuniaria cierta que se denomina \u2018prima\u2019, dentro de los l\u00edmites pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al \u2018asegurado\u2019 los da\u00f1os sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, seg\u00fan se trate de seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de \u2018da\u00f1os\u2019 o de \u2018indemnizaci\u00f3n efectiva\u2019, o bien de seguros sobre las personas cuya funci\u00f3n, como se sabe, es la previsi\u00f3n, la capitalizaci\u00f3n y el ahorro\u2019\u00bb39. <\/p>\n
Se trata de un negocio jur\u00eddico consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecuci\u00f3n sucesiva en virtud del cual el asegurador asume los riesgos que, en virtud del convenio, traslada el tomador con el \u00e1nimo de amparar la ocurrencia de distintos siniestros que pueden afectar su persona o su patrimonio. Adem\u00e1s del asegurador y el tomador, intervienen en el seguro el asegurado y el beneficiario, quienes son interesados en los efectos econ\u00f3micos del contrato, siendo posible que \u00ablas condiciones de tomador y asegurado confluyan en una misma persona, caso en el cual \u00e9sta ser\u00e1 quien consienta en el negocio y quien, adem\u00e1s, sea titular del inter\u00e9s asegurable\u00bb40. <\/p>\n
Dentro de los elementos de su esencia se encuentra el riesgo asegurable, entendido como el suceso futuro e incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador (art. 1054 CCo.). Ese riesgo es trasladado a la aseguradora en virtud del contrato de seguro, entidad que, al brindarle cobertura, queda obligada a soportarlo en caso de acaecer el siniestro. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la asunci\u00f3n de los riesgos por parte de la aseguradora no es ilimitada, puesto que existen ciertas circunstancias que, bien sea por mandato legal o por disposici\u00f3n contractual, quedan por fuera del amparo que otorga el contrato. Sobre la limitaci\u00f3n de los riesgos asegurados ha dicho la Corte que el mecanismo de transferencia del riesgo no es irrestricto, pues adem\u00e1s de los l\u00edmites impuestos por el legislador (como el dolo o los actos meramente potestativos del tomador), existen consideraciones cuantitativas y cualitativas que llevan a determinada exclusi\u00f3n, y que responden a justificaciones t\u00e9cnicas que imponen la delimitaci\u00f3n contractual de las coberturas41. <\/p>\n
Es as\u00ed como, dentro del ejercicio de delimitaci\u00f3n de riesgos, deben tenerse en cuenta aquellas circunstancias que, por mandato legal, no pueden ser objeto de amparo, y aquellas que las partes acuerdan dejar por fuera de la protecci\u00f3n acordada. Se trata de las llamadas exclusiones de cobertura, las cuales han sido definidas por la doctrina como aquellos \u00abhechos o circunstancias que, aun siendo origen del evento da\u00f1oso o efecto del mismo, no obligan la responsabilidad del asegurador. Afectan, en su ra\u00edz, el derecho del asegurado o beneficiario a la prestaci\u00f3n prevista en el contrato de seguro. Tienen car\u00e1cter impeditivo en la medida en que obstruyen el nacimiento de ese derecho y, por ende, el de la obligaci\u00f3n correspondiente\u00bb42. <\/p>\n
2.3. Algunas exclusiones legales admiten pacto en contrario, otras son inmodificables debido a que a trav\u00e9s de ellas se protege el orden p\u00fablico. Entre las exclusiones legales que consagra el estatuto mercantil se encuentran el dolo y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario (art. 1055), los riesgos catastr\u00f3ficos en los seguros de da\u00f1os (art. 1105), el vicio propio (art. 1104), la explosi\u00f3n, la combusti\u00f3n espont\u00e1nea o la apropiaci\u00f3n por un tercero de las cosas aseguradas, en los seguros de incendio (arts. 1114 a 1116), o el deterioro causado por el simple paso del tiempo en el seguro de transporte (art. 1120 ib\u00eddem). <\/p>\n
Las exclusiones contractuales, por su parte, encuentran fundamento en el art\u00edculo 1056 del C\u00f3digo de Comercio, conforme al cual \u00abel asegurador podr\u00e1, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que est\u00e9n expuestos el inter\u00e9s o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado\u00bb, precepto que refleja los principios de autonom\u00eda privada, libertad contractual y de empresa43. <\/p>\n
2.4. El efecto limitativo de la cobertura ha sido reconocido por la Corte, al se\u00f1alar que \u00abel asegurador puede delimitar a su talante el riesgo que asume, sea circunscribi\u00e9ndolo por circunstancias de modo, tiempo y lugar, que de no cumplirse impiden que se configure el siniestro, ora precisando ciertas circunstancias causales o ciertos efectos que, suponiendo realizado el hecho delimitado como amparo, queden sin embargo excluidas de la protecci\u00f3n que promete por el contrato. Son estas las llamadas exclusiones\u00bb (CSJ SC, 7 oct. 1985, reiterada en SC 3839-2020, 13 oct.)44. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es posible que ciertos hechos, conductas o condiciones queden exceptuadas del amparo brindado por el contrato de seguro, bien porque as\u00ed lo dispone el ordenamiento jur\u00eddico o bien porque las partes, l\u00edcitamente, han pactado que aquellos eventos se mantengan por fuera del amparo contratado, exclusiones cuya consecuencia es la precisa delimitaci\u00f3n de los riesgos que el asegurador se obliga a asumir. <\/p>\n
3.1. Elementos de hermen\u00e9utica contractual del C\u00f3digo Civil. Aplicabilidad en el r\u00e9gimen mercantil. <\/p>\n
En ocasiones, las controversias contractuales hacen necesario determinar el sentido y alcance de las estipulaciones pactadas por las partes, labor que por lo general corresponde al juzgador mediante la aplicaci\u00f3n de las reglas hermen\u00e9uticas pertinentes, orientadas a \u00abdesentra\u00f1ar el real significado de las declaraciones formuladas y armonizarlas en cuanto ello sea posible\u00bb45. <\/p>\n
En materia interpretativa negocial, el C\u00f3digo Civil en sus art\u00edculos 1618 a 1624 contiene un hist\u00f3rico cuerpo normativo, instituido para la realizaci\u00f3n de la labor de fijar la aut\u00e9ntica significaci\u00f3n de los t\u00e9rminos contractuales, con perfecta aplicabilidad a los contratos mercantiles por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Por v\u00eda general, enuncia siete elementos propios de esta tarea, tales como la intenci\u00f3n de los extremos negociales, la delimitaci\u00f3n de los efectos del contrato al asunto que constituye su objeto, la eficacia interpretativa en el sentido de preferir un entendimiento que produzca efectos a uno que tienda al vac\u00edo, la naturaleza propia del contrato, la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, la interpretaci\u00f3n por v\u00eda ejemplificativa y, finalmente, la deducci\u00f3n de consecuencias jur\u00eddicas adversas en contra de quien redact\u00f3 unilateralmente el clausulado. <\/p>\n
Al margen de la vigente discusi\u00f3n sobre la pertinencia de esas gu\u00edas para resolver las nuevas y contempor\u00e1neas realidades negociales y econ\u00f3micas, se ha sostenido, con criterio mayoritario, que tales postulados consultan tanto elementos subjetivos, esto es, la intenci\u00f3n de las partes, como objetivos concernientes con las declaraciones regulatorias del acto jur\u00eddico, los cuales han sido traducidos en los postulados que seguidamente se expresan. <\/p>\n
El primero de ellos, contenido en el art\u00edculo 1618 hace prevalecer la intenci\u00f3n de los contratantes sobre lo literal de las palabras, cuando aquella est\u00e1 claramente establecida. La justificaci\u00f3n de su preeminencia la fundan algunos en el ejercicio mismo de la autonom\u00eda de la voluntad y en la libertad, por v\u00eda general, para la configuraci\u00f3n del contrato en los segmentos en que ello es posible, es decir, en la autorizaci\u00f3n para incluir, por v\u00eda de cl\u00e1usulas esenciales y accidentales, las condiciones, modalidades, estipulaciones o pactos que resulten necesarios para el buen suceso del v\u00ednculo obligacional, siempre que no contrar\u00eden la Constituci\u00f3n, la ley, el orden p\u00fablico46, entre otros47. <\/p>\n
Las f\u00f3rmulas posteriores, consagradas a partir del art\u00edculo 1619, advierten los l\u00edmites jur\u00eddicos del contrato en el sentido de que por generales que sean sus t\u00e9rminos, solo se aplicar\u00e1n a la materia sobre la que se ha contratado, con lo que resalta la relatividad de su objeto. <\/p>\n
Adicionalmente, en claro reconocimiento de que las relaciones jur\u00eddicas contractuales suelen tener significaci\u00f3n patrimonial, es decir, se orientan a modificar realidades econ\u00f3micas, el art\u00edculo 1620 advierte al interprete que debe preferir el sentido en que una cl\u00e1usula pueda producir alg\u00fan efecto, sobre aquel que no apareja esa consecuencia. <\/p>\n
Esta \u00faltima pauta hermen\u00e9utica implica que \u00absi la interpretaci\u00f3n de una cl\u00e1usula puede aparejar dos sentidos diversos, uno de los cuales le restar\u00eda \u2013o cercenar\u00eda\u2013 efectos, o desnaturalizar\u00eda el negocio jur\u00eddico, dicha interpretaci\u00f3n debe desestimarse, por no consultar los c\u00e1nones que, de antiguo, estereotipan esta disciplina\u00bb (CSJ SC 3047-2018, 31 jul.). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 1621 adopta el criterio del objeto negocial para se\u00f1alar que en los eventos en que no apareciere voluntad contraria, deber\u00e1 estarse a la interpretaci\u00f3n que mejor cuadre con la naturaleza del contrato, previsi\u00f3n que guarda perfecta concordancia con la estructura general y especial que el propio C\u00f3digo Civil y la normativa concordante han adoptado en los art\u00edculos 1496 a 1500 para cada tipo negocial, resaltando sus elementos esenciales y naturales, caracter\u00edsticas, restricciones, etc. entre otros muchos aspectos, con hondas implicaciones en diversas instituciones jur\u00eddicas48. <\/p>\n
Adicionalmente, su art\u00edculo 1622 demanda una visi\u00f3n perif\u00e9rica o sistem\u00e1tica del clausulado, en claro entendimiento de que cada una de las estipulaciones est\u00e1n interrelacionadas e integran un todo que reclama un sentido un\u00edvoco orientado a la cabal, id\u00f3nea y oportuna ejecuci\u00f3n de las prestaciones acordadas. <\/p>\n
En este espec\u00edfico evento, faculta para apoyarse en la interpretaci\u00f3n que las mismas partes hayan hecho en otro contrato sobre la misma materia, o por la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica que hayan efectuado de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobaci\u00f3n de la otra parte, en acogimiento quiz\u00e1 de la teor\u00eda de los actos negociales propios y antecedentes. <\/p>\n
El art\u00edculo 1623 reconoce el valor pedag\u00f3gico de los ejemplos, los cuales adem\u00e1s son abundantes en el propio C\u00f3digo Civil. Sobre esa base, autoriza su inclusi\u00f3n en el contrato con fines meramente ilustrativos, y sin que, por lo mismo, ello signifique limitar el marco obligacional a ese caso, en perjuicio de los deberes contractuales, -expresos o t\u00e1citos-, consustanciales al contrato mismo. <\/p>\n
Finalmente, su art\u00edculo 1624, en una regla residual (en cuanto advierte que \u00ab[n]o pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretaci\u00f3n\u00bb), manda interpretar las cl\u00e1usulas ambiguas a favor del deudor, deduciendo de ello un criterio en pro del sujeto pasivo del d\u00e9bito conyugal. <\/p>\n
De otro lado, para contrarrestar cualquier conducta que pudiera animar la mala fe negocial o el prop\u00f3sito de derivar ventajas unilaterales inconsultas, su inciso final consagra una aut\u00e9ntica sanci\u00f3n cuando median cl\u00e1usulas ambiguas extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, al ordenar interpretarlas contra ella, siempre que la ambig\u00fcedad provenga de la falta de una explicaci\u00f3n que haya debido darse por ella. <\/p>\n
Como est\u00e1 dicho, en esta materia, el canon 1618 civil consagra el principio general que irradia toda la labor de interpretaci\u00f3n de los contratos, al afirmar la prevalencia de la voluntad real de los contratantes, bajo la f\u00f3rmula: \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb. <\/p>\n
Este elemento subjetivo resalta con car\u00e1cter prevalente la trascendencia que en la fijaci\u00f3n del aut\u00e9ntico sentido negocial tiene la voluntad de los intervinientes49 respecto de la mera literalidad de las expresiones all\u00ed consignadas. <\/p>\n
3.2. Eficacia de las exclusiones contractuales. <\/p>\n
Como se se\u00f1al\u00f3 en precedencia, la facultad que tiene el asegurador de asumir, a su arbitrio, todos o algunos de los riesgos relacionados con el amparo contratado, es una manifestaci\u00f3n de la libertad contractual y la autonom\u00eda privada expresamente reconocida por el art\u00edculo 1056 del estatuto mercantil. <\/p>\n
Sin embargo, como la actividad aseguradora se ejerce a gran escala y existen condiciones contractuales predeterminadas por la compa\u00f1\u00eda de seguros conforme a los an\u00e1lisis t\u00e9cnicos y financieros del correspondiente ramo50, por regla general el clausulado no surge de la libre discusi\u00f3n de los contratantes, sino que es preestablecido por la aseguradora, limit\u00e1ndose el tomador a aceptarlas o rechazarlas en su integridad, como se\u00f1ala el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1328 de 2009. <\/p>\n
Por ese motivo, nuestra normativa ha establecido mecanismos de protecci\u00f3n para la parte que acepta sin discusi\u00f3n el clausulado general del seguro requerido, propendiendo por una adecuada, pertinente, razonable y oportuna informaci\u00f3n que le permita una cabal comprensi\u00f3n y conocimiento de los alcances del amparo contratado51. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito se\u00f1alado, obra, entre otras disposiciones, el art\u00edculo 37 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), conforme al cual en los contratos de adhesi\u00f3n se debe informar previamente al contratante -con suficiencia y claridad- la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales, que deben ser redactadas en forma clara, completa y concreta. Respecto al contrato de seguro exige expresamente que \u00abel asegurador har\u00e1 entrega anticipada del clausulado al tomador, explic\u00e1ndole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Acorde con ello, el referido precepto establece una sanci\u00f3n de ineficacia para las condiciones negociales generales que no re\u00fanan tales requerimientos, al disponer que se tendr\u00e1n como no escritas52. <\/p>\n
En lo que respecta a los contratos de adhesi\u00f3n, el mismo Estatuto del Consumidor proscribe la inclusi\u00f3n de cl\u00e1usulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente las condiciones contractuales o sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones (art. 38). Regula igualmente las cl\u00e1usulas abusivas, defini\u00e9ndolas, prohibi\u00e9ndolas y sancion\u00e1ndolas con ineficacia de pleno derecho (art. 42 y ss). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la Ley 45 de 1990 (art. 44) y posteriormente el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (art. 184) establecieron disposiciones tendientes a garantizar el pleno conocimiento de los l\u00edmites del amparo por parte del asegurado, condicionando la eficacia de las exclusiones pactadas al cumplimiento de determinados requisitos al momento de ser consagradas en el contrato. <\/p>\n
Como quiera que en el presente asunto la controversia se presenta debido a la ubicaci\u00f3n espacial de la exclusi\u00f3n alegada en la p\u00f3liza contentiva del contrato de seguro, el an\u00e1lisis de la Corte girar\u00e1 en torno a ese requisito y no a los requerimientos del Estatuto del Consumidor, mismos que no fueron objeto de debate al interior del proceso. <\/p>\n
3.3. Exigencias normativas respecto a la consagraci\u00f3n de las exclusiones contractuales. <\/p>\n
El art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero -que recoge lo dispuesto en el art\u00edculo 44 de la Ley 45 de 1990-, establece los requisitos de las p\u00f3lizas de seguro, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab2. Requisitos de las p\u00f3lizas. Las p\u00f3lizas deber\u00e1n ajustarse a las siguientes exigencias: <\/p>\n
a. Su contenido debe ce\u00f1irse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las dem\u00e1s disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulaci\u00f3n respectiva; <\/p>\n
b. Deben redactarse en tal forma que sean de f\u00e1cil comprensi\u00f3n para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipogr\u00e1ficos deben ser f\u00e1cilmente legibles, y <\/p>\n
c. Los amparos b\u00e1sicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la norma establece la necesidad de que las coberturas y exclusiones figuren en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, los instrumentos normativos derivados del EOSF, a saber, las Circulares Externas expedidas por la Superintendencia Financiera en su funci\u00f3n de inspecci\u00f3n, vigilancia y control de la actividad aseguradora, han puntualizado que aquellas deben figurar a partir de la primera p\u00e1gina, de manera continua y destacada, privilegiando la interpretaci\u00f3n que mejor se ajusta a la voluntad de las partes y a las necesidades de conocimiento e informaci\u00f3n del consumidor, con lo cual se cumple la finalidad de estas disposiciones, que no es otra que propender porque los eventos amparados y los que se encuentran excluidos sean conocidos, f\u00e1cilmente identificables y comprensibles por el asegurado, impidiendo que se aleguen despu\u00e9s limitaciones consignadas de manera aislada, sorpresiva, inconexa o en la llamada letra menuda. <\/p>\n
En esa v\u00eda, la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de la Superintendencia Financiera (CE 029 de 2014), vinculante para las entidades aseguradoras, dispone en su parte II, t\u00edtulo IV, cap\u00edtulo II: <\/p>\n
Para el adecuado cumplimiento de lo se\u00f1alado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las p\u00f3lizas deben incluir, cuando menos, la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
1.2.1.1. En la car\u00e1tula <\/p>\n
1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Cio. <\/p>\n
1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresi\u00f3n, el contenido del inciso 1 del art. 1068 del C.Cio. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal. <\/p>\n
1.2.1.2. A partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza (amparos y exclusiones) <\/p>\n
Los amparos b\u00e1sicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, seg\u00fan los mismos lineamientos atr\u00e1s se\u00f1alados y, en t\u00e9rminos claros y concisos que proporcionen al tomador la informaci\u00f3n precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las p\u00e1ginas interiores o en cl\u00e1usulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse, estas disposiciones diferencian claramente la car\u00e1tula del cuerpo de la p\u00f3liza, al describir el contenido que debe tener cada una de ellas, de modo tal que, es claro, se trata de dos piezas contractuales diferentes. <\/p>\n
En la car\u00e1tula de la p\u00f3liza se debe incluir la informaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 1047 del estatuto mercantil, esto es, los nombres de la aseguradora, tomador, asegurado y beneficiarios, la calidad en la que act\u00faa el tomador, la identificaci\u00f3n precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el seguro, la vigencia del contrato, la suma asegurada, la prima y su forma de pago, los riesgos asegurados, la fecha en que se extiende, la firma del asegurador y las dem\u00e1s condiciones particulares que acuerden los contratantes. La car\u00e1tula debe incluir, adem\u00e1s, la advertencia de la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato en caso de mora en el pago de la prima o de impago dentro del mes siguiente al vencimiento, cuando se trata de seguros de vida. <\/p>\n
A partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, en cambio, se consignan los amparos y exclusiones, en forma continua y destacada. <\/p>\n
Esta comprensi\u00f3n de la normativa ha sido acogida por esta Sala de Casaci\u00f3n en varios pronunciamientos en los que, dada la particular discusi\u00f3n en ellos planteada, no ha ameritado profundizar en la distinci\u00f3n de estas dos piezas contractuales, labor que acomete la Corte en esta oportunidad por ser la ubicaci\u00f3n espacial de la exclusi\u00f3n el punto central de la controversia. <\/p>\n
3.4. La posici\u00f3n de la Corte respecto a la ubicaci\u00f3n espacial de las exclusiones. <\/p>\n
En diversos pronunciamientos, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, conforme a las normas en comento, las coberturas y exclusiones deben consagrarse en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza o a partir de aquella, aunque sin decantarse expresamente por ninguna de las dos posturas. As\u00ed mismo, ha respaldado por v\u00eda de tutela la ineficacia de exclusiones ubicadas en anexos de la p\u00f3liza53. <\/p>\n
Entre las sentencias en las que esta Sala ha reconocido que las exclusiones deben estar ubicadas en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, se encuentran la STC de 25 de julio de 2013, exp. 2013-01591, STC 514-2015, 29 ene., STC 17390-2017, 25 oct., STC 9895-2020 y STC 12213-2021, 16 sep., entre otras. <\/p>\n
Otras decisiones han reconocido que las exclusiones son v\u00e1lidas si se consagran a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, entre ellas las sentencias STC 4841-2014, SC 4527-2020 y SC 4126-2021. <\/p>\n
Ahora bien, no pierde de vista la Sala que el ad quem declar\u00f3 la ineficacia de la exclusi\u00f3n pactada apoy\u00e1ndose en la sentencia STC 514-2015, y que en pronunciamientos posteriores -en los que aquella ha sido reiterada- no se ha profundizado en el an\u00e1lisis de las distintas piezas contractuales que hacen parte de la p\u00f3liza de seguro y la correcta interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan la consagraci\u00f3n de las exclusiones, como se explic\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
Tampoco se desconoce la dificultad surgida debido a que en la referida STC 514-2015, la Corte volvi\u00f3 sobre lo decidido en sentencia de tutela de 25 de julio de 2013, exp. 2013-01591, en la que se encontr\u00f3 respetable la hermen\u00e9utica del juzgador que declar\u00f3 ineficaz una exclusi\u00f3n por no estar ubicada en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, en tanto consider\u00f3 que ella no pod\u00eda estar \u00aben las [p\u00e1ginas] internas o en la car\u00e1tula [de la p\u00f3liza] o en las condiciones generales, pues \u00e9stas \u00faltimas no se pueden identificar con la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza\u00bb; referencia que ha podido generar alguna indeterminaci\u00f3n o confusi\u00f3n sobre el contenido y finalidad respecto de dichas piezas contractuales. <\/p>\n
En tal virtud, siendo una de las finalidades del recurso de casaci\u00f3n la unificaci\u00f3n de la jurisprudencia y por ende de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, es procedente adentrarse en el an\u00e1lisis de la significaci\u00f3n de la ubicaci\u00f3n espacial de las coberturas y exclusiones dentro del contrato de seguro, con el fin de que la Sala adopte una posici\u00f3n uniforme sobre el particular. <\/p>\n
3.5. La adecuada interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan la consagraci\u00f3n de las exclusiones contractuales. <\/p>\n
Con apoyo en los elementos hermen\u00e9uticos antes se\u00f1alados, considera la Corte que una adecuada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero exige su an\u00e1lisis arm\u00f3nico con la normativa que ha proferido la Superintendencia Financiera \u00abpara el adecuado cumplimiento de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 184 numeral 2\u00b0 EOSF\u00bb y concretamente, la exigencia de la CE 029 de 2014 respecto a la ubicaci\u00f3n de los amparos y exclusiones a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, interpretaci\u00f3n que no s\u00f3lo permite cumplir con las exigencias de informaci\u00f3n y conocimiento del tomador sino tambi\u00e9n atender el principio general de prevalencia de la voluntad de las partes contratantes. <\/p>\n
A juicio de la Sala, esta intelecci\u00f3n se corresponde en mejor medida con las condiciones actuales del mercado asegurador, en el que se ha llegado a un grado de detalle en la delimitaci\u00f3n del riesgo que, por lo general, har\u00eda imposible la inclusi\u00f3n de todas las coberturas y exclusiones \u00fanicamente en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza \u2013al menos en un formato legible, como es de rigor\u2013. <\/p>\n
Sostener una interpretaci\u00f3n contraria, es decir, exigir la consignaci\u00f3n forzosa y exclusiva de las exclusiones en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, podr\u00eda cercenar o restar efectos a la facultad de delimitaci\u00f3n de riesgos legalmente otorgada al asegurador, en tanto castigar\u00eda con ineficacia las exclusiones consignadas de manera clara e ininterrumpida a partir de la primera p\u00e1gina. <\/p>\n
Considera la Sala que la intenci\u00f3n del legislador de garantizar la correcta y suficiente informaci\u00f3n del asegurado y su conocimiento de las coberturas y exclusiones del amparo contratado se cumple a cabalidad cuando \u00e9stas se consagran de forma continua, ininterrumpida y con caracteres destacados a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, lo que permite una redacci\u00f3n clara y detallada que, a su vez, redunda en la adecuada comprensi\u00f3n que busca el art\u00edculo 184 del EOSF54. <\/p>\n
La hermen\u00e9utica que hoy unifica la Corte respecto a la ubicaci\u00f3n espacial de las coberturas y exclusiones en la p\u00f3liza de seguro armoniza la necesidad de garant\u00eda de informaci\u00f3n y conocimiento de quien se adhiere al contrato de seguro, con la esencia misma del acuerdo de voluntades en el que debe prevalecer la intenci\u00f3n de los contratantes, como lo exige el art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Esta interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica del EOSF ha sido reconocida por esta Corporaci\u00f3n en diversos pronunciamientos. En la sentencia STC 4841-201455, la Corte deneg\u00f3 el amparo elevado contra una sentencia en la cual se determin\u00f3 que hab\u00eda operado una exclusi\u00f3n contenida en la p\u00e1gina cuatro de la p\u00f3liza, encontrando que, como aquellas se consignaban en caracteres resaltados a partir de la primera p\u00e1gina y en forma consecutiva, la interpretaci\u00f3n del juzgador era v\u00e1lida y respetable. <\/p>\n
En sentencia SC 4527-202056 se declar\u00f3 infundado un cargo en el que el censor reprochaba que las exclusiones acogidas por los jueces de instancia no se encontraban incluidas en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza. En esa oportunidad consider\u00f3 la Sala que la p\u00f3liza bajo examen contaba con una descripci\u00f3n destacada de las coberturas y exclusiones, que ocupaban cinco p\u00e1ginas, por lo que tuvo por fallido el ataque que se hizo consistir en que las exclusiones no se encontraban en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza. <\/p>\n
Y en el mismo sentido, la m\u00e1s reciente SC4126-202157 descart\u00f3 un embate contra la sentencia que daba por eficaces ciertas exclusiones comprendidas en el cuerpo de la p\u00f3liza, cuyo contenido fue desarrollado en hojas anexas. En ese espec\u00edfico caso, en el que se discut\u00eda una p\u00f3liza sumamente particular, en raz\u00f3n de su complejidad, costo y especialidad, se consider\u00f3 que tales estipulaciones no conten\u00edan vicios que las hicieran inaplicables o ineficaces, con apoyo en el principio seg\u00fan el cual el asegurador tiene la facultad de estipular el riesgo que est\u00e1 dispuesto a asumir. <\/p>\n
Ahora bien, con el prop\u00f3sito de aquilatar la hermen\u00e9utica de la norma en cuesti\u00f3n, debe recordarse que, conforme lo establece el art\u00edculo 1046 del C\u00f3digo de Comercio, se denomina p\u00f3liza al documento que recoge el contrato de seguro. Esta p\u00f3liza en sentido amplio contiene, como se ha visto, (i) la car\u00e1tula, en la que se consignan las condiciones particulares del art\u00edculo 1047 ib\u00eddem y las advertencias de mora establecidas en los c\u00e1nones 1068 y 1152 del mismo C\u00f3digo; (ii) el clausulado del contrato, que corresponde a las condiciones negociales generales o clausulado general; y (iii) los anexos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1048 ejusdem. <\/p>\n
En ese sentido, se insiste en que el ordenamiento mercantil diferencia con claridad la car\u00e1tula de la p\u00f3liza de la p\u00f3liza misma, y que, dada esa distinci\u00f3n, no cabe sostener que la regla del precepto 184 del ESOF debe cumplirse incluyendo los amparos b\u00e1sicos y las exclusiones, \u00aben caracteres destacados\u00bb en la referida car\u00e1tula. <\/p>\n
Cuando la norma en cita alude a \u00abla primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza\u00bb debe entenderse que se refiere a lo que esa expresi\u00f3n significa textualmente, es decir, al folio inicial del clausulado general de cada seguro contratado, pues es a partir de all\u00ed donde debe quedar registrado, con la claridad, transparencia y visibilidad del caso, uno de los insumos m\u00e1s relevantes para que el tomador se adhiera, de manera informada y reflexiva, a las condiciones negociales predispuestas por su contraparte: la delimitaci\u00f3n del riesgo asegurado. <\/p>\n
En ese entendido, procede la Corte a analizar los cargos formulados por la aseguradora llamada en garant\u00eda en contra de la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
4. An\u00e1lisis de los Cargos. <\/p>\n
4.1. Sostiene el censor que si bien el ad quem seleccion\u00f3 adecuadamente la norma que regula el asunto, esto es, el art\u00edculo 184 del EOSF, le dio una interpretaci\u00f3n inadecuada, puesto que concluy\u00f3 que las exclusiones de la p\u00f3liza de seguro deb\u00edan consignarse en su car\u00e1tula y conforme a ese entendimiento declar\u00f3 la ineficacia de una exclusi\u00f3n adecuadamente consagrada (cargos tercero y cuarto). <\/p>\n
El texto de la exclusi\u00f3n alegada es del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00ab3. EXCLUSIONES. <\/p>\n
EL ASEGURADOR NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA Y POR TANTO, NO ESTAR\u00c1 OBLIGADO A EFECTUAR PAGO ALGUNO, EN RELACI\u00d3N CON CUALQUIER RECLAMO DERIVADO DE, BASADO EN, O ATRIBUIBLE A: <\/p>\n
3.7. CUALQUIER RECLAMO BASADO U ORIGINADO POR CUALQUIER ACTO, ERROR U OMISI\u00d3N DEBIDO A UNA CONDUCTA DELICTIVA, CRIMINAL, DESHONESTA, FRAUDULENTA, MALICIOSA O INTENCIONAL DEL ASEGURADO O CUALQUIER VIOLACI\u00d3N DE UNA LEY POR PARTE DEL ASEGURADO SIEMPRE QUE: (A) LO ANTERIOR SE HAYA ESTABLECIDO MEDIANTE CUALQUIER SENTENCIA, FALLO U OTRO VEREDICTO EJECUTORIADO DICTADO POR UNA AUTORIDAD COMPETENTE, O (B) CUANDO EL ASEGURADO HAYA ADMITIDO DICHAS CONDUCTAS\u00bb. <\/p>\n
El a quo declar\u00f3 probada la defensa de la aseguradora considerando que operaba la exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 3.7 de la p\u00f3liza de responsabilidad profesional, puesto que los hechos que dieron origen a la reclamaci\u00f3n fueron reconocidos por la representante legal de la fiduciaria, motivo por el cual se configuraba la hip\u00f3tesis contenida en el literal b). <\/p>\n
En sede de apelaci\u00f3n, el Tribunal revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n y en su lugar, declar\u00f3 la ineficacia de la cl\u00e1usula y conden\u00f3 a la aseguradora a pagar la condena impuesta a la fiduciaria. Para llegar a esa determinaci\u00f3n, consider\u00f3 el colegiado: <\/p>\n
\u00abEse argumento no lo refrenda el Tribunal, por cuanto la exclusi\u00f3n no hizo parte de la car\u00e1tula de la p\u00f3liza sobre la que aqu\u00ed se discute sino, solamente, en el clausulado adicional denominado \u201cseguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras\u201d, por manera que no resulta oponible al demandado principal. <\/p>\n
No se olvide que, de conformidad con los art\u00edculos 44 (num 3\u00b0) de la Ley 45 de 1990 y 184 (num 2, lit. C) del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, y las circulares externas 007 de 1996 y 076 de 1999 de la Superintendencia Financiera, una restricci\u00f3n de cobertura como la que en su favor invoc\u00f3 la aseguradora (que concierne directamente al amparo objeto del contrato), debe ser consignada en la rese\u00f1ada pieza contractual, so pena de resultar ineficaz. As\u00ed lo precis\u00f3, en sede de tutela, la Honorable Corte Suprema de Justicia.\u00bb <\/p>\n
Ciertamente, el juzgador interpret\u00f3 erradamente el texto del art\u00edculo 184 del EOSF, puesto que de su simple lectura se evidencia que el precepto no exige que las exclusiones del contrato sean incluidas en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza, sino en forma continua e ininterrumpida a partir de su primera p\u00e1gina, como se ha explicado en esta providencia. Lo anterior conlleva la prosperidad del ataque, debido a la violaci\u00f3n del referido canon por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
4.2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ad quem no s\u00f3lo se\u00f1al\u00f3 que la limitante alegada deb\u00eda constar en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza, sino que, adem\u00e1s, sostuvo que la exclusi\u00f3n se encontraba \u00absolamente, en el clausulado adicional denominado \u201cseguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras\u201d, por manera que no resulta oponible al demandado principal\u00bb. <\/p>\n
Esta apreciaci\u00f3n es motivo de ataque por parte del casacionista (cargo quinto), al considerar que se omiti\u00f3 la adecuada valoraci\u00f3n del documento contentivo del clausulado general denominado \u00abP\u00f3liza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Instituciones Financieras\u00bb, en el que constan las coberturas y exclusiones a partir de la primera p\u00e1gina, en forma continua e ininterrumpida. <\/p>\n
Para resolver el cargo, debe se\u00f1alarse que el contrato de seguro 1000099, celebrado entre Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria y SBS Seguros Colombia (antes AIG Seguros), refleja el acuerdo de las partes para asegurar tres amparos distintos, a saber: (i) la p\u00f3liza de seguro integral bancaria, (ii) el amparo de p\u00e9rdidas a trav\u00e9s de sistemas computarizados (LSW238) y (iii) la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras, los cuales denomina secciones I, II y III del contrato. En este caso, la discusi\u00f3n versa espec\u00edficamente sobre el amparo de la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil profesional, contemplada en la \u00faltima secci\u00f3n de la p\u00f3liza en comento. <\/p>\n
El contrato de seguro aportado consta de una car\u00e1tula en la que, en atenci\u00f3n a lo exigido en el art\u00edculo 1047 del estatuto mercantil, se encuentran consignadas las condiciones particulares pactadas por los contratantes y, adem\u00e1s, al haberse contratado tres amparos diferentes, constan los clausulados generales de cada uno de ellos. <\/p>\n
En ese sentido, es importante relievar que no se trata de un \u00fanico seguro en el que todas sus coberturas y exclusiones puedan consignarse en un solo clausulado, sino que, por el contrario, conforme a las necesidades de la fiduciaria se contrataron tres amparos diferentes, contenidos en distintas secciones y que por lo tanto, tienen sus propias condiciones o clausulado general que refleja su objeto, coberturas, exclusiones, montos y regulaci\u00f3n espec\u00edfica, de acuerdo con la naturaleza de cada seguro contratado. <\/p>\n
En consecuencia, siendo tres los amparos contratados bajo el mismo contrato 1000099, deb\u00eda analizarse cada clausulado contractual en particular para determinar si las exclusiones se encontraban consignadas conforme a los requisitos legales. Asumir la existencia de una \u00fanica p\u00f3liza (que por la organizaci\u00f3n documental corresponder\u00eda a la integral bancaria constitutiva de la Secci\u00f3n I) conllevar\u00eda que todas las coberturas y exclusiones contractuales de la p\u00f3liza de responsabilidad civil y de la p\u00f3liza de p\u00e9rdidas a trav\u00e9s de sistemas computarizados (LSW238), ser\u00edan ineficaces por no aparecer a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza contentiva del seguro global para bancos y entidades financieras, vaciando de contenido el acuerdo contractual y la facultad de delimitaci\u00f3n del riesgo reconocida por las normas mercantiles. <\/p>\n
En el caso concreto, la Corte observa que la voluntad de las partes se encuentra sentada tanto en las condiciones particularmente negociadas (contenidas en la car\u00e1tula conforme lo ordena el art\u00edculo 1047 del CCo), como en las condiciones generales de los distintos amparos contratados, esto es, la p\u00f3liza de seguro integral bancaria (fl. 89 a 98 derivado 028), el amparo de p\u00e9rdidas a trav\u00e9s de sistemas computarizados LSW238 (fl. 99 a 111 derivado 028) y la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras (fl. 112 a 132 derivado 028). <\/p>\n
En ese sentido, se evidencia que el documento denominado \u00abP\u00f3liza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional para Instituciones Financieras\u00bb establece a partir de la primera p\u00e1gina el objeto de las coberturas (numeral 1), las coberturas adicionales (numeral 2) y las exclusiones (numeral 3), consagrando para el amparo particular un total de 23 exclusiones, todas ellas consignadas en forma continua y en caracteres destacados. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la p\u00f3liza consagra las definiciones, los reclamos, las disposiciones sobre defensa y liquidaci\u00f3n, el l\u00edmite de responsabilidad y deducibles y las disposiciones generales, todo ello en caracteres normales. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que las normas que regulan la materia exigen que tanto las coberturas como las exclusiones se consignen en forma continua a partir de la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, en caracteres destacados o resaltados y en t\u00e9rminos claros y concisos, encuentra la Sala que tales requerimientos se cumplen efectivamente en la p\u00f3liza bajo estudio, pues para el seguro espec\u00edfico de responsabilidad civil profesional, la consignaci\u00f3n de tales aspectos empieza en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza y contin\u00faa en caracteres destacados (may\u00fasculas) y en forma ininterrumpida a lo largo de diez hojas, encontr\u00e1ndose la exclusi\u00f3n 3.7 en la sexta hoja, sin que medie soluci\u00f3n de continuidad en la consagraci\u00f3n de los amparos y sus exclusiones. <\/p>\n
Al haber considerado el ad quem que la exclusi\u00f3n 3.7 se hallaba en un documento adicional, ciertamente desconoci\u00f3 la independencia de los amparos contratados y el clausulado general del seguro de responsabilidad civil profesional, yerro que lo llev\u00f3 a entender este documento como un clausulado adicional y, por ende, a desconocer el contenido mismo de la p\u00f3liza de responsabilidad. Este error es trascendente debido a que conllev\u00f3 la declaratoria de ineficacia de la exclusi\u00f3n alegada y la condena de la llamada en garant\u00eda, cuando la consagraci\u00f3n de la exclusi\u00f3n correspond\u00eda con los requerimientos legales y, por lo tanto, no era aplicable la sanci\u00f3n de ineficacia consagrada en el art\u00edculo 184 del EOSF58. <\/p>\n
Por lo anterior, los cargos relacionados con la violaci\u00f3n del art\u00edculo 184 del EOSF prosperan y se impone el quiebre parcial de la sentencia impugnada, siendo procedente emitir sentencia sustitutiva que desate la apelaci\u00f3n promovida por la fiduciaria demandada, solo en cuanto a su desacuerdo con la exoneraci\u00f3n de la llamada en garant\u00eda, pues en todo lo dem\u00e1s la sentencia impugnada queda inc\u00f3lume. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
<\/p>\n
1. Control de legalidad. <\/p>\n
Se encuentran reunidos los supuestos de orden procesal y no existen irregularidades que comprometan lo actuado, por lo que se decidir\u00e1 de fondo el presente asunto. <\/p>\n
2. Delimitaci\u00f3n del asunto a resolver. <\/p>\n
Aunque la Sala encontr\u00f3 procedente casar la sentencia del Tribunal, lo cierto es que los efectos de esa determinaci\u00f3n son parciales, pues solo implican el quiebre de la disposici\u00f3n conforme a la cual se revoc\u00f3 el numeral quinto de la sentencia de primera instancia y en su lugar orden\u00f3 a SBS Seguros S.A. pagar a la demandante la suma de $961\u00b4730.122. <\/p>\n
Por contraposici\u00f3n, las declaraciones relativas a la confirmaci\u00f3n de los numerales 1\u00b0, 2\u00b0, 3\u00b0, 4\u00b0, 6\u00b0 y 7\u00b0 del fallo apelado se tornaron inmodificables, pues no prosperaron las alegaciones de la demandada dirigidas a la casaci\u00f3n total de la sentencia impugnada. <\/p>\n
3. La sentencia del juez a quo. <\/p>\n
La Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n planteada por la aseguradora, conforme a la cual el riesgo no se encontraba cubierto en virtud de la exclusi\u00f3n contenida en el numeral 3.7 de la p\u00f3liza de seguro 1000099, en la medida que se hab\u00eda comprobado el actuar fraudulento de la asegurada, mismo que hab\u00eda sido admitido por su representante legal en su interrogatorio de parte. <\/p>\n
Al estudiar el contenido de la exclusi\u00f3n y constatarlo con lo acreditado en el proceso, sostuvo el a quo: <\/p>\n
\u00abatendiendo que los hechos reclamados fueron reconocidos por la entidad demandada-asegurada, por conducto de su representante legal, como fraudulento, como se desprende del interrogatorio de parte rendido ante esta Superintendencia, al punto se\u00f1al\u00f3 en la audiencia adelantada en varias oportunidades que la gesti\u00f3n desarrollada por el entonces gerente de la Oficina de la Fiduciaria en la Ciudad de Cali y tambi\u00e9n representante legal, as\u00ed como de sus dependientes en dicha sucursal, hab\u00eda sido inusual, indebida, como inform\u00f3 desde la segunda hora con 24 minutos (\u2026) y adicionalmente, que la actuaci\u00f3n que hab\u00eda dado lugar a la reclamaci\u00f3n del seguro eran las conductas an\u00f3malas y fraudulentas del gerente de esa fiduciaria en la ciudad de Cali, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar, donde se hab\u00edan sustra\u00eddo recursos de los negocios administrados en la oficina de la ciudad de Cali de esa fiduciaria. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Situaciones por las cuales se configura as\u00ed la hip\u00f3tesis contenida en el literal (b) del numeral 3.7 precedente, es decir que para el caso en concreto dicho evento se encuentra expresamente excluido de cobertura conforme lo establece la p\u00f3liza bajo estudio en tanto tal actuar fraudulento ha sido admitido por el asegurado. <\/p>\n
Y sin que nada importe que de forma posterior pretendiera se\u00f1alar que lo contenido en el acta eran imprecisiones (\u2026), el vocablo imprecisi\u00f3n radica en una \u201c(\u2026) Falta de precisi\u00f3n\u201d, o sea, el dicho de una persona o de su expresi\u00f3n que no cuenta con certeza o vaguedad (\u2026) pero ac\u00e1 lo que sucedi\u00f3 es que lo que se consign\u00f3 en el acta era contrario a la realidad, esto es, que se falt\u00f3 a la verdad o autenticidad en el contenido descrito dentro del documento (\u2026). <\/p>\n
Para este caso, lo que en verdad aconteci\u00f3 conforme incluso la denuncia presentada por la pasiva lo refiere, es que el acta de verificaci\u00f3n para el traslado de los recursos falt\u00f3 a la verdad o la simul\u00f3, en aras de que pudiera procederse al traslado de los dineros, cuya verificaci\u00f3n a cargo de la misma demandada tambi\u00e9n dej\u00f3 una actuaci\u00f3n omisiva, pues se dio visto bueno y curso al traslado de dineros con b\u00e1culo en dicho instrumento, cuando la realidad como ac\u00e1 qued\u00f3 probado era distinta. <\/p>\n
Luego, queda visto que ateni\u00e9ndose la Delegatura al tenor del contenido de las exclusiones se\u00f1aladas respecto del contrato de seguro, y revisadas a la luz de las situaciones y elementos de prueba ac\u00e1 indicados, es evidente que se acredita que el hecho que resulta ser base de reclamaci\u00f3n deviene de un evento excluido frente al amparo pedido\u00bb. <\/p>\n
4. El recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria apel\u00f3 la sentencia de primer grado, y al formular sus reparos concretos frente a la decisi\u00f3n tomada respecto al llamamiento en garant\u00eda, precis\u00f3: \u00abconsidero respetuosamente que el an\u00e1lisis de la delegatura resulta superfluo y atado a un supuesto de hecho que no ha sido probado. Sin perjuicio del d\u00e9bil an\u00e1lisis del llamamiento, la delegatura soslay\u00f3 el material probatorio aportado por este extremo procesal y solo fund\u00f3 su decisi\u00f3n en hechos que a\u00fan no gozan de certeza\u00bb, esto porque a su juicio, no pod\u00eda tomarse la declaraci\u00f3n de la representante como una confesi\u00f3n cuando lo \u00fanico que se dijo es que se tuvo conocimiento de unos hechos que ser\u00edan presuntamente fraudulentos y en tal virtud se elev\u00f3 la denuncia, sin que para este momento exista certeza de que los hechos tuvieran tal connotaci\u00f3n al no existir una decisi\u00f3n judicial que as\u00ed lo estableciera. <\/p>\n
En tal virtud, sostuvo que la Delegatura \u00abno elabor\u00f3 un estudio integrado de todos los elementos f\u00e1cticos y probatorios para juzgar las conductas procesales de mi representada, sino que, incluso, entrando en el terreno de la contradicci\u00f3n, juzga de manera distinta las mismas actuaciones de la demanda dependiendo de las consecuencias jur\u00eddicas que intenta aplicar\u00bb. <\/p>\n
S\u00f3lo al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior, la demandada aleg\u00f3 que la p\u00f3liza conten\u00eda cl\u00e1usulas abusivas, que ella misma era un consumidor financiero y que debido a la ubicaci\u00f3n de la exclusi\u00f3n en la p\u00f3liza, ella deven\u00eda ineficaz, argumentos que no pueden ser tenidos en cuenta en sede de apelaci\u00f3n en virtud de la expresa restricci\u00f3n que contempla el inciso final del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00abel apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb, que impide extender el estudio de la apelaci\u00f3n a puntos que no fueron objeto de los reparos concretos. <\/p>\n
En ese sentido, y pese a que en sede de casaci\u00f3n se estudi\u00f3 profusamente la ineficacia de la exclusi\u00f3n, los reparos que deben analizarse al desatar la apelaci\u00f3n son los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La declaratoria del a quo conforme a la cual acogi\u00f3 la exclusi\u00f3n 3.7 de la p\u00f3liza de responsabilidad civil est\u00e1 basada en hechos que a\u00fan no gozan de certeza en la medida en que no existe fallo judicial que los califique como fraudulentos. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. No pueden tenerse como admitidos unos hechos presuntamente dolosos por parte de la representante legal de la entidad, quien simplemente inform\u00f3 que hab\u00eda tenido conocimiento de tales circunstancias y hab\u00eda cumplido su deber de dar aviso a las autoridades, sin que ello constituya una confesi\u00f3n. <\/p>\n
5. An\u00e1lisis de los reparos. <\/p>\n
5.1. La prueba de los hechos deshonestos, fraudulentos o dolosos que configuran la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Respecto al argumento de la demandada seg\u00fan el cual las conductas fraudulentas del representante legal no gozan de certeza porque a\u00fan no existe una decisi\u00f3n judicial que as\u00ed lo declare, baste decir que \u00e9sta ser\u00eda exigible en caso de que se alegara la configuraci\u00f3n de la exclusi\u00f3n 3.7 en su literal A, no as\u00ed cuando se discute la configuraci\u00f3n del literal B, que simplemente exige la admisi\u00f3n por parte de la asegurada de esas conductas. <\/p>\n
En tal virtud, la existencia de las conductas deshonestas o fraudulentas del representante legal de la fiduciaria pueden acreditarse en el proceso por otros medios de convicci\u00f3n. Debe recordarse que cuando se trata de una conducta de tal naturaleza en la ejecuci\u00f3n del contrato, el llamado dolo contractual (entendido como la conciencia de quebrantar una obligaci\u00f3n o de vulnerar un inter\u00e9s jur\u00eddico ajeno), no tiene las connotaciones propias del derecho sancionatorio59 y, por ende, no es necesaria la existencia de una decisi\u00f3n penal o disciplinaria para acreditar su existencia, pues aquel puede derivarse de otras pruebas que lleven al juzgador a la certeza de su comisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abSi bien al tenor del art\u00edculo 1516 ejusdem el dolo debe ser demostrado, salvo en los casos en que lo presume la ley, ello no quiere decir que exista una tarifa legal o prueba determinada para llevar al fallador al convencimiento de su ocurrencia, raz\u00f3n por la cual, en aplicaci\u00f3n del principio de la sana critica, se puede llegar a su establecimiento como consecuencia de deducciones l\u00f3gicas fruto del m\u00e9rito dado a los medios de convicci\u00f3n debidamente aportados al proceso.\u00bb (CSJ SC, 5 jul. 2012, radicado 2005-00425-01). <\/p>\n
Respecto a la existencia de las conductas fraudulentas, malintencionadas o deshonestas del representante legal de la fiduciaria \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar, debe tenerse en cuenta que el a quo realiz\u00f3 un extenso y detallado an\u00e1lisis que permite afirmar que aquellas se encuentran probadas. El juez de primer grado concluy\u00f3 que \u00abel acta de cumplimiento de condiciones ten\u00eda informaci\u00f3n falsa, y que esa conducta obedeci\u00f3 a un actuar fraudulento como as\u00ed mismo lo confesara la representante legal de la parte demandada en su interrogatorio. Quien manifest\u00f3 no solo que el acta presentaba imprecisiones, sino que las fechas no corresponden con lo que est\u00e1 indicado en ella\u00bb. <\/p>\n
Ese entendimiento no fue objeto de reproche en apelaci\u00f3n por parte de la fiduciaria, de modo que se trata de una admisi\u00f3n que no puede ser desconocida por esta Corporaci\u00f3n convertida en tribunal de instancia. Pero adem\u00e1s, esta conclusi\u00f3n est\u00e1 soportada en las pruebas documentales que muestran que el se\u00f1or \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar firm\u00f3 como representante legal de la demandada el \u00abACTA DE VERIFICACI\u00d3N DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ENCARGO FIDUCIARIO DE PREVENTAS PROMOTOR MR-799 MARCAS MALL\u00bb60, el d\u00eda 4 de noviembre de 2014, donde se afirm\u00f3 que, para esa fecha, se contaba con certificaci\u00f3n suscrita por la revisora fiscal de la promotora donde constaba que para el desarrollo del proyecto no era necesario el cr\u00e9dito constructor; y que el certificado de tradici\u00f3n y libertad No. 370-695292, correspondiente al lote de terreno en el cual se desarrollar\u00eda el proyecto, mostraba que el predio se encontraba \u00abdebidamente registrado a favor del FIDEICOMISO FA-2351 MARCAS MALL cuya vocera y administradora es ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.\u00bb. <\/p>\n
Existe prueba de que tales afirmaciones eran contrarias a la realidad. El certificado de tradici\u00f3n No. 370-69529261 muestra que para esa fecha -4 de noviembre de 2014-, el propietario del predio era Laboratorios Baxter S.A., y que la transferencia al fideicomiso s\u00f3lo se realiz\u00f3 el d\u00eda 1\u00b0 de diciembre de 2014. As\u00ed mismo, la referida certificaci\u00f3n de la revisora fiscal tiene fecha de creaci\u00f3n el 12 de noviembre de 201462, por lo que para el d\u00eda 4 anterior no exist\u00eda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, encuentra la Sala que el a quo realiz\u00f3 un an\u00e1lisis integral del desarrollo del negocio fiduciario Marcas Mall, en virtud del cual lleg\u00f3 a las siguientes conclusiones, que tampoco fueron reprochadas en sede de alzada: <\/p>\n
(i) La fiduciaria destin\u00f3 los recursos de los inversionistas para una actividad contraria a la estipulada en los contratos, pues gir\u00f3 la suma de $14.838\u00b4833.110 al propietario del lote sobre el cual habr\u00eda de construirse el centro comercial, predio que fue pagado con dineros de los inversionistas pese a que era requisito sine qua non para la transferencia de tales recursos que ese lote se encontrara previamente en cabeza del fideicomiso. Esto pudo lograrse precisamente porque se firm\u00f3 el acta de verificaci\u00f3n de cumplimiento de recursos, que permiti\u00f3 disponer de los dineros de los inversionistas desde ese mismo 4 de noviembre de 2014, pese a no haberse cumplido los requisitos de transferencia. <\/p>\n
(ii) El incumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria est\u00e1 relacionado con la forma c\u00f3mo su representante legal \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar administr\u00f3 indebidamente el negocio fiduciario, de modo que su conducta tuvo incidencia causal en el resto de la relaci\u00f3n negocial y cre\u00f3 una tendencia en la conducta de la fiduciaria y una cadena de incumplimientos. <\/p>\n
(iii) Esa indebida administraci\u00f3n, ligada al incumplimiento contractual, se desprende de la informaci\u00f3n contenida en los informes de auditor\u00eda realizados por la demandada, del testimonio del auditor y de la denuncia elevada por la fiduciaria contra \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar por m\u00faltiples delitos relacionados con el manejo de los negocios fiduciarios a su cargo. <\/p>\n
(iv) Las conductas del representante legal relacionadas con el negocio fiduciario Marcas Mall y relievadas por el a quo, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar ten\u00eda su firma estampada en la tarjeta de firmas del fideicomiso Marcas Mall, cuando el \u00fanico que pod\u00eda tenerla y por ende ordenar el gasto de los recursos era su titular. Por lo anterior, pudo disponer y en efecto dispuso de los dineros de los inversionistas, realizando retiros y abonos no autorizados y sin ninguna relaci\u00f3n con el objeto contractual, lo que la misma fiduciaria calific\u00f3 en su denuncia como un ardid para cometer otros delitos. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dentro de los giros irregulares realizados por el representante legal, se encontr\u00f3 el traslado de m\u00e1s de dos mil millones de pesos del fideicomiso Marcas Mall al fideicomiso de la sociedad Inversiones 88 S.A.S., cuya accionista era la madre de \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar. <\/p>\n
<\/p>\n
* \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar, como representante legal de la fiduciaria, convino la modificaci\u00f3n del contrato de fiducia para incluir la posibilidad de expedir certificados de garant\u00eda con cargo a bienes fideicomitidos, con lo cual desnaturaliz\u00f3 los fines del contrato y permiti\u00f3 que el patrimonio aut\u00f3nomo de Marcas Mall garantizara obligaciones de terceros totalmente ajenos al negocio. <\/p>\n
<\/p>\n
* Los ingresos y egresos irregulares generaron como resultado que, para la fecha en que la fiduciaria denunci\u00f3 a su representante (2 de abril de 201863), el fideicomiso Marcas Mall tuviera un faltante de $16.775\u00b4662.951. <\/p>\n
<\/p>\n
* En la denuncia elevada por la fiduciaria se describe c\u00f3mo su representante legal actu\u00f3 en contra de las instrucciones del fideicomitente en el fideicomiso Marcas Mall: \u00abEste fideicomiso tiene unas funciones espec\u00edficas que se han desarrollado a trav\u00e9s de los tres documentos que se anexan a la presente denuncia, donde efectivamente se dan INSTRUCCIONES CLARAS Y PRECISAS sobre la forma como ACCION FIDUCIARIA debe administrar el encargo fiduciario (\u2026) no se advierte que exista instrucciones para realizar TRASLADOS DE DINERO a trav\u00e9s de transferencias electr\u00f3nicas a NINGUN OTRO FIDEICOMISO, m\u00e1ximo cuando se trata de un Encargo Fiduciario cuyo objetivo es la Administraci\u00f3n de Recursos para desarrollar un proyecto inmobiliario. Como se especific\u00f3 anteriormente, lo que se hace es como se ha evidenciado hace una especie de CARRUSEL de traslados de un fideicomiso a otro para darle apariencia de liquidez con ingresos INUSUALES de dinero a trav\u00e9s de transferencias, al igual que pagos a terceros que no tienen absolutamente nada que ver ni con el objeto del fideicomiso, ni fueron autorizados por el fideicomitente o los beneficiarios. Se observa el actuar il\u00edcito de estas personas\u00bb. <\/p>\n
5.2. La admisi\u00f3n de la fiduciaria de los hechos deshonestos, fraudulentos o dolosos que configuran la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, teniendo en cuenta que la exclusi\u00f3n 3.7 admitida por el a quo requiere que tales conductas hayan sido admitidas por el asegurado (literal B), encuentra la Sala que tampoco err\u00f3 el juzgador de primer grado al encontrar configurada la exclusi\u00f3n. <\/p>\n
Sea lo primero resaltar que admitir no significa tolerar, prohijar, favorecer o avalar tales conductas incorrectas, simboliza simplemente reconocer su existencia. En ese sentido, encuentra la Sala que la admisi\u00f3n de tales conductas se desprende de varios medios de prueba, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
En primer lugar, el interrogatorio de parte de la representante legal de la fiduciaria rendido en audiencia del 7 de febrero de 2020 muestra c\u00f3mo acept\u00f3, refiri\u00e9ndose al acta de verificaci\u00f3n de requisitos del 4 de noviembre de 201464, lo siguiente: <\/p>\n
\u00abP: \u00bfConoce usted este documento y el contenido del mismo? <\/p>\n
R: Si. <\/p>\n
P: En ese sentido, \u00bfpuede indicarle usted al despacho como es cierto s\u00ed o no que esta acta que se le pone de presente tiene informaci\u00f3n falsa, inexacta o alejada de la realidad? <\/p>\n
R: Si. El acta tiene unas imprecisiones. <\/p>\n
P: \u00bfPodr\u00eda por favor especificar qu\u00e9 informaci\u00f3n que est\u00e1 en esta acta es falsa, inexacta o alejada de la realidad? <\/p>\n
R: Algunas fechas de acuerdo a los soportes o anexos que tiene el acta no corresponden con lo que est\u00e1 indicado en ella. <\/p>\n
P: \u00bfPodr\u00eda especificar al despacho respecto a qu\u00e9 puntos los anexos no corresponden con el contenido del acta? <\/p>\n
R: La fecha de la carta de la revisor\u00eda fiscal de marcas mall donde se se\u00f1ala que no se requiere el cr\u00e9dito constructor, as\u00ed como la existencia de un certificado de tradici\u00f3n del inmueble denominado Lote Baxter en el que se da cuenta que fue transferido al fideicomiso marcas mall. <\/p>\n
P: De conformidad con la denuncia penal a la que usted ha hecho alusi\u00f3n en respuestas anteriores, \u00bfpuede indicarle al despacho como es cierto s\u00ed o no que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria considera que el se\u00f1or \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar Romero realiz\u00f3 maniobras fraudulentas, an\u00f3malas y\/o contrarias a la ley? <\/p>\n
R: Si. Esa es la raz\u00f3n de ser por la cual se radic\u00f3 la denuncia penal y estamos atentos a las determinaciones que tome la fiscal\u00eda. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
P: \u00bfPuede usted indicarle al despacho como es cierto s\u00ed o no que el se\u00f1or \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar era la persona encargada en nombre de Acci\u00f3n Fiduciaria de verificar el cumplimiento de los requisitos de punto de equilibrio para el proyecto marcas mall? <\/p>\n
R: Si.\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda65, Laura Yasm\u00edn L\u00f3pez Garc\u00eda fung\u00eda como representante legal con facultades judiciales y administrativas y, por ende, ten\u00eda plena capacidad para rendir el interrogatorio de parte, en el que acept\u00f3 las maniobras fraudulentas del gerente de la oficina de Cali que determinaron la administraci\u00f3n indebida del negocio fiduciario y el incumplimiento contractual declarado en este proceso. Habiendo rendido su declaraci\u00f3n de forma consciente y libre en la audiencia inicial, se encuentra que sus afirmaciones versan sobre hechos respecto de los que, por su calidad, ten\u00eda o deb\u00eda tener conocimiento y que evidentemente producen consecuencias jur\u00eddicas adversas a la fiduciaria. Adem\u00e1s, se trata de hechos que no requieren ser probados por otro medio de convicci\u00f3n y que fueron expresamente admitidos, por lo que se cumple sin lugar a dudas con los requisitos de la confesi\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 191 del estatuto procesal. <\/p>\n
Del interrogatorio de parte de la representante legal de la fiduciaria se desprende que la entidad no s\u00f3lo elev\u00f3 la reclamaci\u00f3n por infidelidad a causa de la conducta de \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar relacionada con varios fideicomisos a cargo de la oficina de Cali, entre ellos el de Marcas Mall, sino que en virtud de dicha reclamaci\u00f3n recibi\u00f3 m\u00e1s de catorce mil millones de pesos como pago por parte de la aseguradora66: <\/p>\n
\u00abP: \u00bfPuede indicarle al despacho como es cierto s\u00ed o no que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria present\u00f3 frente a SBS una reclamaci\u00f3n por $14.820\u00b4197.850 bajo el amparo de infidelidad que es la secci\u00f3n uno de la p\u00f3liza 1000099? <\/p>\n
R: Si. <\/p>\n
P: \u00bfPuede indicar al despacho si su representada tuvo alg\u00fan pago por esa reclamaci\u00f3n? <\/p>\n
R: Si. <\/p>\n
P: \u00bfPuede indicarnos la suma del pago? <\/p>\n
R: Catorce mil millones aproximadamente. <\/p>\n
P: \u00bfPuede indicar al despacho como es cierto si o no que el fundamento de la reclamaci\u00f3n a la que usted hace referencia tiene fundamento en el actuar fraudulento del se\u00f1or \u00c1lvaro Jos\u00e9 Salazar como representante legal de la oficina de Cali de Acci\u00f3n Fiduciaria? <\/p>\n
R: Si, con ocasi\u00f3n de la sustracci\u00f3n de recursos de fideicomisos administrados en dicha oficina.\u00bb. <\/p>\n
Como es sabido, el amparo de infidelidad protege a la instituci\u00f3n financiera de los da\u00f1os causados por los actos fraudulentos o deshonestos de sus empleados, con la intenci\u00f3n de causarle a la sociedad una p\u00e9rdida o de obtener ellos mismos una ganancia indebida. Sobre ese amparo ha dicho la Sala: \u00abla cobertura se otorga a p\u00e9rdidas causadas y descubiertas por la entidad asegurada, ocasionadas por conductas de sus empleados, las cuales no son de mera negligencia, sino actos voluntarios encaminados espec\u00edficamente a causar un menoscabo patrimonial a la primera, de modo que en ellos es posible detectar el evidente o notorio prop\u00f3sito de producir ese da\u00f1o\u00bb. (CSJ, SC 18594-2016, 19 dic.) <\/p>\n
Acorde con ello, las conclusiones probatorias del a quo que llegaron indiscutidas a segunda instancia y los medios de convicci\u00f3n aqu\u00ed rese\u00f1ados son contundentes y permiten concluir que la conducta que llev\u00f3 al incumplimiento contractual estuvo determinada por un actuar por lo menos deshonesto del representante legal de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se encuentra acreditado que el incumplimiento contractual fue causado por la administraci\u00f3n inadecuada que el representante legal de la oficina de Cali dio al negocio inmobiliario Marcas Mall, cuyas maniobras deshonestas o fraudulentas fueron reconocidas por la demandada, a trav\u00e9s del interrogatorio de parte, la denuncia elevada y la reclamaci\u00f3n por el amparo de infidelidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n de la Superintendencia Financiera se encuentra ajustada a derecho y, por ende, ser\u00e1 \u00edntegramente confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CASAR PARCIALMENTE la sentencia proferida de 3 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal de protecci\u00f3n al consumidor financiero promovido por Inversiones Urop\u00e1n y C\u00eda. S. en C. contra Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., en el que fue llamada en garant\u00eda SBS Seguros Colombia S.A. Lo anterior \u00fanicamente en cuanto dispuso: (i) revocar el ordinal quinto de la sentencia apelada; (ii) desestimar las excepciones de la aseguradora llamada en garant\u00eda, y (iii) condenarla al pago de $961.730.122. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. al pago de las costas de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n respectiva, incl\u00fayanse diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. ABSTENERSE de imponer condena en costas contra SBS Seguros Colombia S.A., dada la prosperidad de su impugnaci\u00f3n extraordinaria (art\u00edculo 365, numeral 1, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
CUARTO. Rem\u00edtase oportunamente la foliatura a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Y situada la Corte en sede de instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad el fallo de 28 de enero de 2021, proferido en esta causa por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS de segunda instancia a cargo de la recurrente. Liqu\u00eddense en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000), que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. REM\u00cdTASE el expediente a la autoridad judicial competente. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
(Salva parcialmente voto) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
MAGISTRADA <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-99-003-2018-72845-01 <\/p>\n
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO <\/p>\n
Con el debido respeto, me permito expresar las razones por las cuales disiento parcialmente de la decisi\u00f3n que se adopt\u00f3 en la sentencia de casaci\u00f3n de la referencia, en cuanto abri\u00f3 paso a la s\u00faplica invocada por la aseguradora SBS Seguros Colombia S.A. <\/p>\n
1.- La calificaci\u00f3n de norma sustancial del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero <\/p>\n
Se dice en el proyecto que \u00abSi bien el art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (DL 663 de 1993) es una norma que regula el r\u00e9gimen de p\u00f3lizas y tarifas en la actividad aseguradora y por esa raz\u00f3n podr\u00eda considerarse, prima facie, como un precepto que simplemente enumera o enuncia los requisitos de aquellas; lo cierto es que el literal a) de su numeral segundo establece una disposici\u00f3n que, en una situaci\u00f3n particular y concreta, tendr\u00eda la capacidad de declarar, crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas, pues consagra una sanci\u00f3n de ineficacia de las estipulaciones del contrato de seguro en caso de que el contenido de la p\u00f3liza no se ci\u00f1a a los requisitos establecidos. <\/p>\n
As\u00ed mismo, su literal c) consagra una exigencia que, de no ser cumplida, afectar\u00eda la exclusi\u00f3n pactada entre las partes con la referida sanci\u00f3n de ineficacia. En tal virtud, estas disposiciones tendr\u00edan la capacidad de, en un caso concreto, sustraer del amparo contratado determinado acto o conducta, lo que a su vez tendr\u00eda la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas entre las partes contratantes\u00bb. <\/p>\n
Me aparto respetuosamente de tal argumento, por cuanto son muchas las disposiciones existentes en el ordenamiento interno que al margen de su naturaleza tienen la virtualidad de que aplicadas en una situaci\u00f3n concreta puedan \u00abdeclarar, crear, modificar o extinguir situaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas\u00bb, como ser\u00eda por ejemplo el art\u00edculo 113 del C\u00f3digo Civil que define el contrato de matrimonio, que aplicado en un caso concreto podr\u00eda cumplir tal cometido. <\/p>\n
Por tal motivo, esa potencialidad que pudiera tener una determinada disposici\u00f3n, en modo alguno, puede servir de par\u00e1metro para que, en los eventos en que las cr\u00edticas contra las sentencias se formulen al amparo de las causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por violaci\u00f3n directa o indirecta de una norma sustancial, se tenga por satisfecha la carga del recurrente de citar los preceptos que tengan dicho car\u00e1cter, que siendo o debido ser pilares de la determinaci\u00f3n resultaron quebrantadas. <\/p>\n
Ha sido reiterativa esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que, no pueden considerarse normas sustanciales aquellas disposiciones que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos estructurales de \u00e9stos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones; como tampoco la tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo, como son los de disciplina probatoria. <\/p>\n
El art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero -que recoge lo dispuesto en el art\u00edculo 44 de la Ley 45 de 1990-, consagra cu\u00e1les son los requisitos formales que deben satisfacer las p\u00f3lizas de seguro, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab2. Requisitos de las p\u00f3lizas. Las p\u00f3lizas deber\u00e1n ajustarse a las siguientes exigencias: <\/p>\n
a. Su contenido debe ce\u00f1irse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las dem\u00e1s disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulaci\u00f3n respectiva; <\/p>\n
b. Deben redactarse en tal forma que sean de f\u00e1cil comprensi\u00f3n para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipogr\u00e1ficos deben ser f\u00e1cilmente legibles, y <\/p>\n
c. Los amparos b\u00e1sicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza\u00bb. <\/p>\n
Como se ve la disposici\u00f3n enlista aquellas formalidades que el documento en que se instrumenta el contrato de seguro debe contener para su eficacia, planteando el deber de cumplir con otras normas que el mismo estatuto contiene y aquellas que por la materia resulten aplicables; la manera como debe redactarse el clausulado y el lugar donde deben quedar registrados aspectos fundamentales del negocio. <\/p>\n
En el sub examine Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. llam\u00f3 en garant\u00eda a AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. (ahora SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.), con el prop\u00f3sito de que se declarara su derecho a obtener de esta \u00faltima \u00abel reembolso del pago que tuviere que hacer por indemnizaci\u00f3n de perjuicios con fundamento en la p\u00f3liza de seguro 1000099, si resultare condenada en el proceso promovido en su contra por UROPAN Y CIA\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicha reclamaci\u00f3n la aseguradora se opuso formulando la exceptiva que titul\u00f3 \u00abausencia de cobertura de la p\u00f3liza Secci\u00f3n III de responsabilidad profesional de la p\u00f3liza No. 1000099 expedida por SBS Seguros Colombia S.A. en cuanto sea aplicable cualquier de las exclusiones dispuestas en las condiciones del seguro, en especial las exclusiones consignadas en los numerales 3.7. y 3.14 de las condiciones generales del seguro\u00bb. Defensa que no hall\u00f3 eco en el sentenciador de segunda instancia, quien al amparo de lo indicado en la sentencia STC514-2015 de 29 de enero de esta Colegiatura arguy\u00f3, que \u00abla exclusi\u00f3n no hizo parte de la car\u00e1tula de la p\u00f3liza sobre la que aqu\u00ed se discute sino, solamente, en el clausulado adicional denominado \u00abseguro de responsabilidad civil profesional para instituciones financieras\u00bb, por manera que no resulta oponible al demandado principal. No se olvide que, de conformidad con los art\u00edculos 44 (n\u00fam. 3\u00b0) de la Ley 45 de 19906 y 184 (n\u00fam. 2, lit. c) del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero\u00bb, y las circulares externas 007 de 1996\u00aa y 076 de 19999 de la Superintendencia Financiera, una restricci\u00f3n de cobertura como la que en su favor invoc\u00f3 la aseguradora (que concierne directamente al amparo objeto del contrato), debe ser consignada en la rese\u00f1ada pieza contractual, so pena de resultar ineficaz. <\/p>\n
Acorde con esto le impuso \u00abpagar a Inversiones Uropan y C\u00eda. S. en C. (o el reembolso a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. si ya efectu\u00f3 el pago total de la condena) la suma capital de $961’730.122, dentro del t\u00e9rmino fijado en el numeral 3\u00ba de la sentencia de primera instancia. Si no se cumple oportunamente lo anterior, se causar\u00e1n intereses moratorios comerciales sobre ese monto\u00bb. <\/p>\n
De esta forma expuso el sentenciador el alcance de dicho precepto y conforme a ese entendimiento hall\u00f3 ineficaz la exclusi\u00f3n blandida por la Aseguradora y, consecuentemente, accedi\u00f3 al decreto de la obligaci\u00f3n de garant\u00eda que inst\u00f3 la fiduciaria. <\/p>\n
Deviene de lo indicado, que ser\u00eda esta particular circunstancia la que justificar\u00eda, en \u00faltimas, que en el caso sub lite se admita en gracia de discusi\u00f3n la sustancialidad del precepto examinado, habida cuenta de ser el que blandi\u00f3 el tribunal para acoger las pretensiones del llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
2.- Reconocimiento de la inexistencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la aseguradora, al dar eficacia a la exclusi\u00f3n invocada. <\/p>\n
Es punto medular del fallo de casaci\u00f3n el requisito formal atinente al lugar donde deben quedar consignadas las exclusiones en la p\u00f3liza de seguros para su eficacia. <\/p>\n
2.1. El tema del contenido de las p\u00f3lizas de seguros ha sido motivo de amplias disertaciones, tanto por esta Corte como en la Superintendencia Financiera (antes Bancaria), en donde el elemento com\u00fan a resaltar es la necesidad de que los amparos que son asumidos por la aseguradora y las exclusiones que podr\u00edan eximir a \u00e9sta del deber de cubrir el siniestro est\u00e9n plenamente identificados. <\/p>\n
En todo caso, han sido uniformes los pronunciamientos que exigen que estos t\u00f3picos est\u00e9n redactados con absoluta claridad y en caracteres destacados o resaltados que no exista duda o posibilidad de una interpretaci\u00f3n diferente a la misma naturaleza de la delimitaci\u00f3n del riesgo, facilitando al tomador comprender e identificar los riesgos amparados, las exclusiones y las obligaciones que correlativamente asume con ocasi\u00f3n del contrato; quedando las divergencias limitadas a la ubicaci\u00f3n espacial de las exclusiones en la p\u00f3liza. <\/p>\n
La sentencia de la cual me aparto parcialmente, luego de hacer una amplia disertaci\u00f3n en cuanto a la naturaleza y caracter\u00edsticas del contrato de seguro, la asunci\u00f3n y delimitaci\u00f3n de los riesgos, dando cuenta del reconocimiento que legal67 y jurisprudencialmente se ha dado al derecho de la aseguradora de limitar los riesgos que asume, como una manifestaci\u00f3n de la autonom\u00eda privada y la libertad contractual, se adentra al an\u00e1lisis particular de las exclusiones, evocando el contenido del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y la Circular B\u00e1sica 079 de 2014 de la Superintendencia Financiera, para hacer precisi\u00f3n en los componentes de las p\u00f3lizas distinguiendo entre la car\u00e1tula y el cuerpo de \u00e9sta. <\/p>\n
A partir de esta distinci\u00f3n, y haciendo remembranza de las contrapuestas posturas que frente al tema se han alzado al interior de esta Corte68, colige que es a partir de la primera p\u00e1gina del \u201ccuerpo de la p\u00f3liza\u201d en donde se deben registrar las exclusiones, puesto que con ello \u00abno s\u00f3lo permite cumplir con las exigencias de informaci\u00f3n y conocimiento del tomador sino tambi\u00e9n atender el principio general de prevalencia de la voluntad de las partes contratantes\u00bb. <\/p>\n
No se confuta que la interpretaci\u00f3n que pretenda ubicar las exclusiones en la caratula de la p\u00f3liza podr\u00eda ser calificada de intransigente, dados los innumerables avances que desde la expedici\u00f3n de la norma se han presentado, en todos los \u00f3rdenes, industriales, cient\u00edficos, econ\u00f3micos, etc., habida cuenta que tal aparte, escasamente, permite registrar algunas condiciones de la p\u00f3liza para su individualizaci\u00f3n y diferenciaci\u00f3n del tipo de seguro otorgado, siendo por tanto plausible que el registro se haga en el \u201ccuerpo\u201d de dicho convenio, al existir la obligaci\u00f3n de precisar cu\u00e1les son las condiciones generales y particulares, pero siempre que ello se d\u00e9 \u201ca partir\u201d de la primera p\u00e1gina. <\/p>\n
Ciertamente, sin pasar por alto que, indiscutiblemente, debido a la estructura misma de las p\u00f3lizas de seguros, que usualmente se componen de varios documentos, como son la caratula, las condiciones generales y las condiciones particulares, a la solicitud del tomador y en algunos eventos anexos vinculados a unas especial\u00edsimas circunstancias69, no se puede, sin transgredir la voluntad del legislador y, sobre todo, sin afectar el derecho de los consumidores, dejar el concepto de \u201cprimera p\u00e1gina\u201d en una amplitud absoluta. <\/p>\n
En efecto, existen algunos casos en los que, por la materia contratada, el n\u00famero de amparos y de exclusiones que se conciertan, cuya descripci\u00f3n debe ser legible, clara y comprensible, no es posible condensar todas las exclusiones en una sola p\u00e1gina, lo cual habilita para que puedan consignarse en las siguientes, pero de forma continua. <\/p>\n
Tampoco se olvida que el art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio, al establecer el contenido de la p\u00f3liza, indica que \u00e9sta debe contener, entre otras, las condiciones generales, los riesgos que toma la aseguradora y las condiciones particulares que acuerden los contratantes, se\u00f1alando en su par\u00e1grafo que: \u00ab[E]n los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendr\u00e1n como condiciones del contrato aquellas de la p\u00f3liza o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Financiera para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo\u00bb, lo cual permitir\u00eda entender que, incluso, podr\u00edan resultar admisibles exclusiones que consten en alg\u00fan anexo, pero para ello este deber\u00e1 estar por lo menos enunciado en esa primera p\u00e1gina, para que pueda tenerse por satisfecho el deber de informaci\u00f3n \u00ednsito en la exigencia en estudio. <\/p>\n
Lo anotado en raz\u00f3n a que, conforme se indic\u00f3 en precedencia, al tenor del art\u00edculo 1048 hacen parte de la p\u00f3liza \u00ab[L]os anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la p\u00f3liza\u00bb y para que dichos anexos se puedan considerar como tales, deben identificar con contundencia la p\u00f3liza que integran, amen que seg\u00fan el maestro Efr\u00e9n Ossa70 estos son \u00aben todo caso accesorios a la p\u00f3liza, sujetos a sus estipulaciones, como el contrato mismo, en todo aquello que escape a su propia \u00f3rbita. Porque no hay duda de que recogen una nueva manifestaci\u00f3n de voluntad, as\u00ed sea circunscrita en su finalidad espec\u00edfica, posterior a la que aparece consignada en el documento principal, por lo cual prevalecen sobre este en caso de conflicto\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ocurre, sin embargo, que en el presente juicio se adujo la inexistencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la aseguradora al haber operado las exclusiones referidas en los apartes 3.7. y 3.14, reconoci\u00e9ndoles eficacia, pese a no estar contenidas en la primera p\u00e1gina. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que al pleito se anex\u00f3 la documental denominada \u201cAnexo 22\u201d correspondiente al \u201ccertificado de renovaci\u00f3n p\u00f3lizas de pago anual\u201d, que seg\u00fan se identific\u00f3 accede a la p\u00f3liza 1000099. <\/p>\n
En dicho instrumento, en su segunda p\u00e1gina del aparte \u201cTEXTOS DE LA P\u00d3LIZA\u201d, aparece el t\u00edtulo \u201cT\u00e9rminos y condiciones aplicables a todas las secciones\u201d que en doce (12) numerales refiere a asuntos diversos y en el 9 y 10 se registra \u00ab9.Exclusi\u00f3n OAC. Anexo 3.10. Exclusi\u00f3n Lavado de activos\u00bb. Posteriormente aparece la titulada \u201cSecci\u00f3n III RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS de SBS (VERSI\u00d3N nma2273 ADAPTADO POR sbs) LIMITE HACIENDO PARTE DEL AGREGADO ANUAL DE LA P\u00d3LIZA -Registro Superintendencia 18\/10\/2012-1322-P-06-FIPCG001\u00bb, relacionando informaci\u00f3n sobre <\/p>\n
\u00ab1, Fecha de Continuidad: 26 de Mayo del 2010. <\/p>\n
3. Periodo de Descubrimiento a. Autom\u00e1tico por 30 d\u00edas sin cobro de prima adicional. b. Periodo de descubrimiento 12 meses adicionales al 75% de prima anual. <\/p>\n
4. Costos de Fianza, seg\u00fan texto de condiciones generales. <\/p>\n
5. Difamaci\u00f3n, seg\u00fan texto de condiciones generales\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente vuelve y relacionar seis (6) anexos \u00abEXCLUSI\u00d3N DE GUERRA\/ ACTO DE GUERRA\/TERRORISMO\u00bb \u00abANEXO DE NO RENOVACI\u00d3N TACITA O AUTOM\u00c1TICA\u00bb, \u00abENDOSO DE EXCLUSI\u00d3N OFAC\u00bb, \u00abEXCLUSI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVO\u00bb, \u00abAMPARO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA\u00bb, \u00abENDOSO DE TRANSACCIONES INCOMPLETAS\u00bb, otra \u00abEXCLUSI\u00d3N ESPECIAL\u00bb y \u00abEXCLUSIONES APLICABLES AL PRESENTE ENDOSO\u00bb. <\/p>\n
Continua el documento ocup\u00e1ndose de definiciones, cl\u00e1usulas de limitaci\u00f3n de descubrimiento, otras exclusiones, extensiones y otros anexos, sin que aqu\u00ed est\u00e9n reflejadas las exclusiones esgrimidas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se incorpora el que parece ser el formato 30122012-1322-P-9-BBB02992 contentivo de las condiciones generales del seguro \u00abP\u00d3LIZA INTEGRAL PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS\u00bb, en el que ciertamente despu\u00e9s de una amplia relaci\u00f3n de amparos aparecen exclusiones, definiciones, garant\u00edas y otros aspectos connaturales. <\/p>\n
Adicionalmente est\u00e1 documental que refiere al \u00abAMPARO DE P\u00c9RDIDAS A TRAV\u00c9S DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS (LSW238)\u00bb, junto a otro adicional titulado \u00abP\u00d3LIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS\u00bb con similar estructura, siendo en este \u00faltimo en donde aparecen registradas las exclusiones que fueron aducidas por la aseguradora para soportar sus excepciones. <\/p>\n
Es del caso resaltar que, en estos \u00faltimos apartes mencionados, en parte alguna aparece relacionado el n\u00famero de la p\u00f3liza a la que presuntamente accede, lo que impide vincularlos de forma inequ\u00edvoca al negocio ajustado con la fiduciaria y que se materializ\u00f3 en la p\u00f3liza 1000099, puesto que, al margen que sean condiciones uniformes que han merecido el respaldo de la entidad de vigilancia y control, quien impone su registro, no puede olvidarse que tal como se detalla en el anexo 22, algunos de estos aspectos pueden ser modificados a voluntad por los contratantes, bien para incluir amparos o para precisar algunas exclusiones. <\/p>\n
En ese orden, es preciso se\u00f1alar que, en este particular caso, ante la pluralidad de seguros contratados por la fiduciaria, los cuales al parecer quedaron compendiados en una p\u00f3liza \u00fanica, no se tiene certeza de la ubicaci\u00f3n de las exclusiones, m\u00e1xime ante la falta de claridad que se presenta en el citado certificado de renovaci\u00f3n p\u00f3lizas de pago anual, que consta en el mentado anexo No 22. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, deviene cuestionable que amparados en la postura que admite como interpretaci\u00f3n satisfactoria del art\u00edculo 184 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero que las exclusiones no necesariamente tienen que constar en la primera p\u00e1gina, se est\u00e1 reconociendo eficacia a exclusiones que la aseguradora, a su criterio, plasma de manera indiscriminada y dispersa en p\u00f3liza, con lo cual se afecta el derecho del consumidor a una informaci\u00f3n clara y contundente del alcance de los siniestros inequ\u00edvocamente amparados, pero sobre todo los que se deben tener por excluidos de la cobertura. <\/p>\n
En ese orden, era de cargo del excepcionante acreditar debidamente los supuestos de hechos que soportan sus defensas y dado que la p\u00f3liza que en precedencia se examina adolece de las falencias indicadas, era plausible la determinaci\u00f3n del tribunal de no acogerlas y, consecuentemente, imponer la condena reclamada. <\/p>\n
Debido a esto, estimo que la decisi\u00f3n debi\u00f3 ser en absoluto negativa y no casar parcialmente. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos precedentes, dejo plasmado el alcance parcial de mi disenso. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC 24 oct. 2006, rad. 2002-00058-01; CSJ SC, 5 jul. 2007, rad. 1989-09134-01, CSJ SC820-2020, CSJ SC845-2022, entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 376 C.G.P. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 406 C.G.P. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 400 C.G.P. <\/p>\n
5\u0002 En el litisconsorcio facultativo el demandante puede vincular o no a la totalidad de sujetos que hicieron parte en una relaci\u00f3n sustancial, en la medida en que al no ser aquella \u00fanica e inescindible, la sentencia puede producir consecuencias jur\u00eddicas diferentes entre los litisconsortes. Cuando un litisconsorte facultativo no es vinculado al proceso, este no queda viciado de nulidad, pudi\u00e9ndose emitir fallo de fondo respecto de las relaciones jur\u00eddicas puestas a consideraci\u00f3n del juzgador. <\/p>\n
6\u0002 Art. 60 C.G.P. <\/p>\n
7\u0002 \u201cCL\u00c1USULA TERCERA. – CONDICI\u00d3N PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS: La FIDUCIARIA pondr\u00e1 a disposici\u00f3n del PROMOTOR, los recursos recaudados en desarrollo del presente contrato, una vez se acredite y verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Constancia de radicaci\u00f3n del Permiso de Ventas, para cada etapa del PROYECTO si es del caso; 2. Licencia de Urbanismo y Construcci\u00f3n vigentes para cada etapa del PROYECTO; 3. Carta de aprobaci\u00f3n o preaprobaci\u00f3n de cr\u00e9dito constructor otorgado por una entidad financiera para el desarrollo de cada etapa del PROYECTO; 4. Haber celebrado un total de contratos de promesas de compraventa con los INVERSIONISTAS del proyecto que equivalgan al cincuenta y dos por ciento (52%) de las ventas estimadas del PROYECTO; 5. Haber celebrado un total de contratos de encargos fiduciarios individuales de preventas inversionistas que equivalgan al cincuenta y dos por ciento (52%) de las ventas estimadas del PROYECTO; 6. Haber suministrado el presupuesto de construcci\u00f3n y el flujo de caja del PROYECTO debidamente aprobado por el interventor del PROYECTO y por el PROMOTOR. 7. Que los encargos fiduciarios de los INVERSIONISTAS, cuenten en suma con saldos equivalentes al quince por ciento (15%) del valor de las unidades comprometidas en compraventa por los INVERSIONISTAS; 8. Certificado de tradici\u00f3n actualizado del lote de terreno sobre el cual se desarrollar\u00e1 el PROYECTO, en donde conste que la propiedad del mismo est\u00e1 en cabeza de un fideicomiso administrado por Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria\u201d. <\/p>\n
8\u0002 El contrato de encargo fiduciario preventas MR-799 Marcas Mall fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de otros\u00ed de fecha 15 de octubre de 2014, por medio del cual se flexibilizaron las condiciones de transferencia de los recursos. En virtud de la aludida modificaci\u00f3n, se eliminaron los requisitos 4 y 7, y se agreg\u00f3 la frase \u201csi es del caso\u201d en los numerales 2, 3, 5 y 6 originales. Se mantuvo inc\u00f3lume el requisito de acreditaci\u00f3n de la transferencia del inmueble en el que se desarrollar\u00eda el proyecto al fideicomiso administrado por la fiduciaria demandada, <\/p>\n
9\u0002 Ahora Promotora Marcas Mall S.A.S., en virtud de la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual realizada por Urbo Colombia S.A.S. <\/p>\n
10\u0002 Para ese entonces era Laboratorios Baxter. <\/p>\n
11\u0002 \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Lo anterior en virtud de la previsi\u00f3n del inciso 2 del art\u00edculo 2 ejusdem, que establece: \u00abLas normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la econom\u00eda respecto de los cuales no exista regulaci\u00f3n especial, evento en el cual aplicar\u00e1 la regulaci\u00f3n especial y suplementariamente las normas establecidas en esta Ley\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Sobre esta vital labor de confrontaci\u00f3n a cargo del casacionista, ha dicho la Corte que \u00abpara establecer la presencia de esta irregularidad se hace necesario el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario.\u00bb (SC, 16 dic 2005, exp 1993-0232. Resaltado propio). <\/p>\n
15\u0002 As\u00ed se reconoce en la exposici\u00f3n de motivos del C\u00f3digo de Comercio, donde sus impulsores resaltaron que \u00abEntre nosotros cuando se habla de fideicomiso, es frecuente y l\u00f3gico entender por tal aquella limitaci\u00f3n al derecho de propiedad de que habla en el libro 2\u00ba, t\u00edtulo 8\u00ba de nuestro C\u00f3digo Civil, de clara inspiraci\u00f3n latina\u201d. \u201cNo obstante, la Ley 45 de 1923, org\u00e1nica de los establecimientos bancarios en Colombia, de inspiraci\u00f3n angloamericana, nos habla de un fideicomiso bien diferente y dice en su art\u00edculo 7\u00ba ser tal todo encargo de confianza de los expresados en dicha ley\u00bb. <\/p>\n
16\u0002 \u00ab(\u2026) las palabras secci\u00f3n fiduciaria significan una secci\u00f3n de un establecimiento bancario que hace el negocio de tomar, aceptar y desempe\u00f1ar encargos de confianza que le sean legalmente encomendados\u00bb <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC 14 feb. 2006, exp. 1999-01000-01. <\/p>\n
18\u0002 \u201cLa fiducia mercantil [es] un negocio jur\u00eddico din\u00e1mico, am\u00e9n que \u2018el\u00e1stico\u2019, en la medida en que puede servir para m\u00faltiples prop\u00f3sitos, como se evidencia en algunas de sus modalidades: fiducias de inversi\u00f3n, inmobiliaria, de administraci\u00f3n, en garant\u00eda, etc., todas ellas manifestaciones de un negocio jur\u00eddico due\u00f1o de una propia y singular fisonom\u00eda, a la vez que arquitectura, que no puede ser confundido con otras instituciones, como el mandato, la estipulaci\u00f3n para otro, o incluso el encargo fiduciario, como recientemente lo se\u00f1al\u00f3 esta Sala\u201d. CSJ SC 21 nov. 2005, exp. 03132-01. <\/p>\n
19\u0002 \u201cLa ley precis\u00f3 el contenido de la obligaci\u00f3n del fiduciario: administrar o enajenar los bienes fideicomitidos (art. 1234 ib.), pero no impuso limitaci\u00f3n alguna en lo tocante con el prop\u00f3sito de la fiducia, de suerte que este puede ser delineado con libertad por el fideicomitente, desde luego que no en t\u00e9rminos absolutos, como quiera que siempre deber\u00e1n respetarse los l\u00edmites impuestos por la Constituci\u00f3n, la ley, el orden p\u00fablico y las buenas costumbres (arts. 16 y 1524 inc. 2 C.C.)\u201d. CSJ SC 14 feb. 2006, exp. 1000. <\/p>\n
20\u0002 Sobre el particular, anota la doctrina que del \u00abnegocio fiduciario nace el efecto jur\u00eddico correspondiente a su tipo, sin disminuci\u00f3n: el fiduciario se hace propietario, acreedor crediticio o cambiario, como si la transmisi\u00f3n lo fuera para otro fin material, pues no existe un derecho de cr\u00e9dito, de propiedad o cambiario limitado a un solo fin. El fiduciario recibe un poder jur\u00eddico del que no ha de abusar para fines distintos del presupuesto. Quien transmite le hace confianza de que no lo har\u00e1. El aseguramiento jur\u00eddico contra el abuso no va m\u00e1s all\u00e1 de una obligaci\u00f3n exigible\u00bb. Friedrich Regelsberger, en \u00abObligatorische Verpflichtung\u00bb, editorial \u00abPandekten, Duncker & Humblot\u00bb, traducido por Federico de Castro y Bravo, El Negocio Jur\u00eddico, Editorial Civitas S.A, Madrid, 1985, p\u00e1gs. 405 ss. <\/p>\n
21\u0002 Cfr, entre otras, CSJ SC 30 jul. 2008, exp. 01458 y SC 24 jun. 1953, M.P. Gerardo Arias Mej\u00eda, G.J.T. LXXV, No. 2130, p\u00e1gs. 366-368. <\/p>\n
22\u0002 Anota la doctrina que \u00abla riqueza de la \u2018fides bona\u2019, ese manare latissime al que hac\u00eda referencia Quinto Mucio Esc\u00e9vola, se hace realidad en funci\u00f3n de problemas jur\u00eddicos concretos, mediante su traducci\u00f3n en reglas espec\u00edficas, las cuales se erigen en verdaderos instrumentos de concreci\u00f3n del principio que explican, su significado sin agotarlo. La \u2018fides bona\u2019 contiene, en s\u00ed misma, una idea \u00e9tico-jur\u00eddica que no puede ser plasmada en una definici\u00f3n conceptual, pues \u201ccualquier tentativa por racionalizar a priori esos conceptos-valores har\u00eda vana la esencia de los mismos\u201d, en cuanto por su car\u00e1cter d\u00factil se reconstruye permanentemente, como lo demuestra el hecho de que ni siquiera las propias reglas que de ella emanan puedan ser consideradas como inmutables, pues su aplicaci\u00f3n deber\u00e1 evaluarse a la luz de las particulares circunstancias del caso y de la naturaleza del negocio\u00bb. NEME VILLARREAL, Martha Luc\u00eda: La Buena Fe en el Derecho Romano, Extensi\u00f3n del Deber de Actuar Conforme a Buena Fe en Materia Comercial. Universidad Externado de Colombia, 2020, p\u00e1g. 155. <\/p>\n
23\u0002 CE.029\/14: Parte II, T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo I, art. 2.2.1.2.1. En el mismo sentido, la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades financieras est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de procurar \u00abuna adecuada educaci\u00f3n de los consumidores financieros respecto de los productos y servicios financieros que ofrecen las entidades vigiladas, de la naturaleza de los mercados en los que act\u00faan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, as\u00ed como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos\u00bb (lit. f, art. 3\u00ba, y con similar orientaci\u00f3n, lit. c ib., y art. 9). <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC 30 jun. 2001, rad. 1999-00019-01. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC 30 jul. 2008, exp. 01458. <\/p>\n
26\u0002 CE.029\/14: PARTE II, T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo I: Disposiciones especiales aplicables a los negocios fiduciarios. <\/p>\n
27\u0002 CE.029\/14: \u00ab2.2.1.2. En la celebraci\u00f3n de todo negocio fiduciario, la sociedad fiduciaria deber\u00e1 tener en cuenta y observar los deberes que le asisten de acuerdo con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 1234 del C\u00f3digo de Comercio, en el art. 2.5.2.1.1.del Decreto 2555 de 2010, los principios generales del negocio fiduciario y la jurisprudencia, entre otros, los siguientes: 2.2.1.2.1. Deber de informaci\u00f3n. Con base en el car\u00e1cter profesional de las sociedades fiduciarias, les asiste el deber de informar los riesgos, limitaciones t\u00e9cnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y de las prestaciones que se les encomienden, de manera tal que el cliente debe ser advertido de las implicaciones del contrato, desde la etapa precontractual, durante la ejecuci\u00f3n e incluso hasta la liquidaci\u00f3n del mismo. El alcance de esta obligaci\u00f3n debe consultar el car\u00e1cter y conocimiento de las partes intervinientes. Este deber implica la obligaci\u00f3n de poner en conocimiento del cliente las dificultades o imprevistos que ocurran en la ejecuci\u00f3n del contrato. (\u2026) 2.2.1.2.3. Deber de protecci\u00f3n de los bienes fideicomitidos. El fiduciario debe proteger y defender los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y a\u00fan del mismo constituyente para conseguir la finalidad prevista en el contrato. En tal sentido, cuando dichos bienes sean sustra\u00eddos o distra\u00eddos con o sin intervenci\u00f3n de la sociedad fiduciaria, \u00e9sta debe, como vocera del fideicomiso, interponer las acciones legales que correspondan para su recuperaci\u00f3n de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del art. 1234 del C.Cio. 2.2.1.2.4. Deber de lealtad y buena fe. La realizaci\u00f3n de los negocios fiduciarios y la ejecuci\u00f3n de los contratos a que estos den lugar, suponen el deber de respetar y salvaguardar el inter\u00e9s o utilidad del fideicomitente y\/o beneficiario, absteni\u00e9ndose de desarrollar actos que le ocasionen da\u00f1o o lesionen sus intereses, por incurrir en situaciones de conflicto de inter\u00e9s. 2.2.1.2.5. Deber de diligencia, profesionalidad y especialidad. En su actuar, las sociedades fiduciarias deben tener los conocimientos t\u00e9cnicos y pr\u00e1cticos de la profesi\u00f3n, emplearlos para adoptar las medidas tendientes a la mejor ejecuci\u00f3n del negocio y prever circunstancias que puedan afectar su ejecuci\u00f3n. En este sentido, deben abstenerse de realizar negocios fiduciarios en los cuales no tengan la adecuada experiencia para llevarlos a cabo o no cuenten con los recursos f\u00edsicos, tecnol\u00f3gicos y humanos necesarios para su desarrollo. 2.2.1.2.6. Deber de previsi\u00f3n. La sociedad fiduciaria debe precisar claramente cu\u00e1les son sus obligaciones en los contratos para evitar situaciones de conflicto en su desarrollo. Igualmente, deben prever los diferentes riesgos que puedan afectar al negocio y a los bienes fideicomitidos y advertirlos a sus clientes desde la etapa precontractual\u00bb. <\/p>\n
28\u0002 Conforme al numeral 3\u00ba del art\u00edculo 29 del EOSF (Decreto 663 de 1993), \u00abLos encargos y contratos fiduciarios que celebren las sociedades fiduciarias no podr\u00e1n tener por objeto la asunci\u00f3n por \u00e9stas de obligaciones de resultado, salvo en aquellos casos en que as\u00ed lo prevea la ley\u00bb. <\/p>\n
29\u0002 CSJ SC 3 ago. 2005, exp. 1909. <\/p>\n
30\u0002 CSJ SC 1 jul. 2009, exp. 2000-00310-01. <\/p>\n
31\u0002 CSJ SC 31 may. 2006, exp. 0293. <\/p>\n
32\u0002 Art. 1234: Deberes indelegables del fiduciario. Son deberes indelegables del fiduciario, adem\u00e1s de los contenidos en el acto constitutivo, los siguientes: 1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecuci\u00f3n de la finalidad de la fiducia; 2) Mantener los bienes objeto de la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios; 3) Invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que m\u00e1s conveniente le parezca; 4) llevar la personer\u00eda para la protecci\u00f3n y defensa de los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y a\u00fan del mismo constituyente; 5) Pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando as\u00ed lo exijan las circunstancias. En estos casos el Superintendente citar\u00e1 previamente al fiduciante y al beneficiario; 6) Procurar el mayor rendimiento de los bienes objeto del negocio fiduciario, para lo cual todo acto de disposici\u00f3n que realice ser\u00e1 siempre oneroso y con fines lucrativos, salvo determinaci\u00f3n contraria del acto constitutivo; 7) Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al acto constitutivo o a la ley, una vez concluido el negocio fiduciario, y 8) Rendir cuentas comprobadas de su gesti\u00f3n al beneficiario cada seis meses. <\/p>\n
33\u0002 CE.029\/14: PARTE II, T\u00edtulo II, Cap\u00edtulo I: Disposiciones especiales aplicables a los negocios fiduciarios., 5.2.3.1 y siguientes. <\/p>\n
34\u0002 La protecci\u00f3n al consumidor es una prerrogativa esencial, consagrada en el art\u00edculo 78 constitucional: \u00abLa ley regular\u00e1 el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, as\u00ed como la informaci\u00f3n que debe suministrarse al p\u00fablico en su comercializaci\u00f3n. Ser\u00e1n responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizar\u00e1 la participaci\u00f3n de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democr\u00e1ticos internos\u00bb. <\/p>\n
35\u0002 Cfr C-1141\/00. <\/p>\n
36\u0002 En la misma sentencia C-909 de 2012, se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional que la Ley 1328 de 2009, al consagrar la definici\u00f3n de ese consumidor financiero, \u00abno hizo cosa diferente que enfocar la noci\u00f3n cardinal de consumidor, a los sujetos eventuales o potenciales de bienes y servicios que ofrecen las entidades de los sectores bancario, financiero, asegurador y de valores, vigiladas por la Superintendencia Financiera, conforme al mercado en el que participan, en calidad de productor\/proveedor (entidades vigiladas) y consumidor (cliente o usuario), propio de la actividad econ\u00f3mica que protege la Constituci\u00f3n\u00bb, consumidor financiero que puede ser nato o calificado, pues \u00ablo que importa y trasciende no es exactamente esa condici\u00f3n o caracter\u00edstica, sino el reconocimiento que ha dado el derecho constitucional de las hondas desigualdades o desequilibrios inmanentes al mercado y al consumo en las diversas actividades econ\u00f3micas, a partir de la mencionada relaci\u00f3n productor\/proveedor – consumidor o usuario\u00bb. <\/p>\n
37\u0002 La pretensi\u00f3n de la demandante fue redactada en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cQue se OBLIGUE a ACCI\u00d3N SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. a la devoluci\u00f3n TOTAL de los recursos depositados por la sociedad INVERSIONES UROP\u00c1N Y C\u00cdA S. EN C., esto es la sima de NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS M\/L ($918.699.082,oo), por INCUMPLIMIENTO en su obligaci\u00f3n legal y contractual derivada de los siguientes contratos de Encargos Fiduciarios Individuales\u2026\u201d. <\/p>\n
38\u0002 Folio 109 digital del derivado 000. <\/p>\n
39\u0002 CSJ SC 19 dic. 2008, rad. 2000-00075-01. <\/p>\n
40\u0002 CSJ SC 5327-2018, 13 dic. <\/p>\n
41\u0002 Al respecto ver CSJ SC4527-2021, 23 nov.: \u00abEn efecto, esos acontecimientos que, por azar pueden acaecer y generar una necesidad econ\u00f3mica en el titular del inter\u00e9s asegurable y que asume la empresa aseguradora necesitan ser precisados. Nadie imagina que no haya l\u00edmites temporales, que el asegurador asuma cualquier evento azaroso o sin l\u00edmites cuantitativos. Por lo general, como lo indica la jurisprudencia precedente, la delimitaci\u00f3n del riesgo obedece a criterios causales, temporales y espaciales. No obstante, en lo que respecta a las exclusiones, ellas pueden atender a otros razonamientos, v\u00e1lidos siempre que el acotamiento del riesgo tenga una justificaci\u00f3n t\u00e9cnica y no obedezcan al capricho del asegurador\u00bb <\/p>\n
42\u0002 OSSA, Efr\u00e9n. Teor\u00eda General del Seguro \u2013 El contrato. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1991, p. 469. <\/p>\n
43\u0002 Cfr. CSJ SC 4527-2020, 23 nov. <\/p>\n
44\u0002 En el mismo sentido, la doctrina extranjera ha se\u00f1alado: \u00abotro modo de individualizaci\u00f3n del riesgo se halla constituido por un elenco de indicaciones negativas denominadas exclusiones de cobertura, no seguro o no garant\u00eda, que deber\u00e1n resultar de condiciones de p\u00f3liza, generales o particulares, que, redactadas en t\u00e9rminos inequ\u00edvocos, expresamente enuncien de modo descriptivo los supuestos que carecen de cobertura asegurativa (…). Tal como el tema est\u00e1 siendo referido, podr\u00eda extraerse un principio general consistente en que, una vez debidamente determinado el riesgo, se hallan cubiertas todas aquellas hip\u00f3tesis que no hayan sido excluidas indirecta o directamente a trav\u00e9s de un elenco o enunciado de supuestos de \u00abno seguro\u201d\u00bb. STIGLITZ, Ruben. Derecho de seguros, t. I. Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires. 2001, pp. 193\u2013196. Citado en CSJ SC 3839-2020, 13 oct. <\/p>\n
45\u0002 OSPINA FERN\u00c1NDEZ, Guillermo, Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 2021, p\u00e1g 395. <\/p>\n
46\u0002 La doctrina extranjera ha dicho que \u201cel orden p\u00fablico podr\u00eda ser definido como un conjunto de normas jur\u00eddicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos m\u00e1rgenes no puede escapar ni la conducta de los \u00f3rganos del Estado, ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas\u201d. RUBIO CORREA, Marcial, T\u00edtulo preliminar, en: Para Leer el C\u00f3digo Civil III. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica del Per\u00fa, Lima, 1996, p\u00e1g. 105. <\/p>\n
47\u0002 No se olvide que conforme a la sentencia No. T-597\/95: \u201cEn las leyes debe distinguirse con claridad entre aquellas de sus normas que son imperativas para sus destinatarios, es decir las que se imponen sin posibilidad de pacto o decisi\u00f3n en contra pues sus efectos deben producirse con independencia del querer de las personas, de las que tienen un car\u00e1cter apenas supletorio de la voluntad de los sujetos a quienes se refieren, las cuales operan solamente a falta de decisi\u00f3n particular contraria, y tambi\u00e9n de las opcionales, esto es, las que permiten a los individuos escoger, seg\u00fan su deseo y conveniencias, entre dos o m\u00e1s posibilidades reguladas por la misma ley en cuanto a los efectos de las opciones consagradas\u201d. <\/p>\n
48\u0002 En efecto, el car\u00e1cter gratuito u oneroso, conmutativo, sinalagm\u00e1tico, principal o accesorio, etc. exige un tratamiento diferenciado en atenci\u00f3n a esa especial naturaleza en figuras tales como la lesi\u00f3n enorme, vicios redhibitorios, viabilidad de acciones para su defensa, etc. <\/p>\n
49\u0002 En t\u00e9rminos de Recasens Siches, Luis \u201cel Derecho pertenece a la zona del Universo (\u2026) caracterizado como vida humana objetivada; y que, a fuer de tal, est\u00e1 constituido por un complejo de significaciones de estructura finalista, con un sentido e intencionalmente dirigidas a unos valores\u201d. Vida Humana, sociedad y derecho, fundamentaci\u00f3n de la filosof\u00eda del derecho, 2 ed. Imp \/ Ed.: M\u00e9xico, M\u00e9xico: Fondo de Cultura Econ\u00f3mica, 1945, P\u00e1g. 42. <\/p>\n
50\u0002 Cfr CSJ SC 4527-2020, 23 nov. <\/p>\n
51\u0002 Cfr CSJ SC 1301-2022, 12 may. <\/p>\n
52\u0002 Sobre la ineficacia derivada de esta disposici\u00f3n, cfr CSJ SC 1301-2022, 12 may. <\/p>\n
53\u0002 Cfr sentencia STC 9895-2020, 11 nov., exp. 11001-02-03-000-2020-03003-00 y STC 12213-2021, 16 sep. <\/p>\n
54\u0002 Sumado a ello, la finalidad de la norma se garantiza cuando la aseguradora cumple con su carga de informaci\u00f3n y entrega anticipada del clausulado, contenida en el art\u00edculo 37 del Estatuto del Consumidor, antes explicado. <\/p>\n
55\u0002 Sentencia STC 4841-2014, 24 abr., exp. 11001-02-03-000-2014-00726-00 <\/p>\n
56\u0002 Sentencia SC 4527-2020, 23 nov., exp. 11001-31-03-019-2011-00361-01 <\/p>\n
57\u0002 Sentencia SC 4126-2021, 30 sep., exp. 11001-31-03-040-2014-00072-01 <\/p>\n
58\u0002 En este punto es importante mencionar que en sentencia STC 4851 \u2013 2021, 5 may., la Sala deneg\u00f3 el amparo solicitado por SBS Seguros en un caso similar, por no advertir un actuar caprichoso o desprovisto de fundamento del Tribunal que consider\u00f3 ineficaz la exclusi\u00f3n por considerar que no se encontraba en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, entendimiento que, como se explic\u00f3 en esta providencia, tuvo la Sala en diferentes pronunciamientos y que precisamente en esta providencia se analiza y se unifica. <\/p>\n
60\u0002 Folio 109 digital, derivado 000. <\/p>\n
61\u0002 Folio 114 digital, derivado 000. <\/p>\n
62\u0002 Folio 135 digital, derivado 000. <\/p>\n
63\u0002 Folio 35 digital, derivado 018. <\/p>\n
64\u0002 Minuto 2:49:34, derivado 060. <\/p>\n
65\u0002 Folio 33 digital, derivado 013. <\/p>\n
66\u0002 Minuto 2:55:14, derivado 060. <\/p>\n
67\u0002 Art. 1056 C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
68\u0002 STC de 25 de julio de 2013, exp. 2013-01591, STC 514-2015, 29 ene., STC 17390-2017, 25 oct., STC 9895-2020 y STC 12213-2021, 16 sep.; STC 4841-2014, SC 4527-2020 y SC 4126-2021 <\/p>\n
69\u0002 Art\u00edculo 1048 C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
70\u0002 Ossa G. J. Efr\u00e9n. Teor\u00eda General del Seguro \u2013 El Contrato. Editorial Temis, Bogot\u00e1 1984 p\u00e1g. 239. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC2879-2022 (2018-72845-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC2879-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-99-003-2018-72845-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se deciden los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n interpuestos por la demandada, Acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66830","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66830","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66830"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66830\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66830"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66830"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66830"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}