SC3159-2022 (2018-00134-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3159-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-007-2018-00134-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la promotora, frente a la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo de Trade Aliance SAS \u2013 en Liquidaci\u00f3n contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
1.-EL LITIGIO <\/p>\n
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1. En atenci\u00f3n al escrito de reforma del libelo, la accionante formul\u00f3 como pretensi\u00f3n principal declarar que su oponente incumpli\u00f3 sendos contratos de cuenta corriente y compra de divisas existentes entre ellos para el 19 de mayo de 2008, \u00abpor falta de diligencia profesional\u00bb, por lo que \u00abest\u00e1 obligada al pago integral de los perjuicios patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
En subsidio de lo anterior, que dicha entidad \u00abincurri\u00f3 en culpa in contrahendo o responsabilidad precontractual\u00bb al desatender \u00abinjustificadamente las obligaciones de buena fe precontractual, informaci\u00f3n y consejo a las que est\u00e1 obligada con ocasi\u00f3n de su actividad profesional altamente especializada\u00bb y es responsable extracontractualmente por \u00abla violaci\u00f3n de los derechos del consumidor financiero a la debida diligencia, informaci\u00f3n, confianza leg\u00edtima, buena, fe, seguridad\u00bb y los dem\u00e1s que se encontraren demostrados en su detrimento. <\/p>\n
En cualquiera de esas eventualidades, reclam\u00f3 la condena a pagarle indexado un da\u00f1o emergente de un mil ciento veinti\u00fan millones novecientos dieciocho mil pesos ($1.121\u2019918.000), as\u00ed como el lucro cesante consolidado de dos mil novecientos noventa y dos millones doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos noventa y un pesos ($2.992\u2019267.491), correspondiente a los intereses bancarios dejados de recibir desde el 19 de mayo de 2008 al 22 de noviembre de 2018, cuando se inco\u00f3 el libelo, y los intereses moratorios bancarios m\u00e1s altos desde esa data en adelante, por lucro cesante futuro. En defecto de lo anterior, el valor \u00abequivalente en moneda legal colombiana, de seiscientos treinta y un mil d\u00f3lares americanos (USD$631.000) liquidados a la tasa representativa del mercado (TRM) del d\u00eda de la expedici\u00f3n de la sentencia\u00bb, indexado desde el 19 de mayo de 2008 al d\u00eda del pago efectivo. <\/p>\n
Sustent\u00f3 su reclamaci\u00f3n en que de 2006 a 2008 existi\u00f3 entre ambas empresas una \u00abrelaci\u00f3n comercial, que implic\u00f3 flujos de dinero\u00bb por m\u00e1s de $23.000\u2019000.000 y el 19 de mayo de esa \u00faltima anualidad el Banco recibi\u00f3 orden de pagarle, \u00aba trav\u00e9s del convenio ALADI suscrito con el Banco de la Rep\u00fablica\u00bb, seiscientos treinta un mil d\u00f3lares (USD$631.000) de divisas en moneda extranjera, \u00abpor concepto de exportaci\u00f3n de filete de mojarra congelada\u00bb, y que le compr\u00f3 \u00aba trav\u00e9s de su mesa de negociaci\u00f3n\u00bb por $1.121\u2019918.000, a la tasa de cambio del d\u00eda, sobre la cual le reconoci\u00f3 la comisi\u00f3n de \u00abintermediario en el mercado cambiario\u00bb. En esa misma data le entreg\u00f3 \u00abel DEX (Declaraci\u00f3n de Exportaci\u00f3n) junto con su correspondiente declaraci\u00f3n de cambio de exportaci\u00f3n de bienes, as\u00ed como la correspondiente Factura Cambiaria No. 0506 con el fin de hacer efectiva la monetizaci\u00f3n de las divisas\u00bb, como hab\u00edan procedido en anteriores negociaciones de esa naturaleza y que eran los \u00fanicos documentos \u00aba los que obligaba la legislaci\u00f3n vigente\u00bb. <\/p>\n
Su representante legal hab\u00eda sido capturado el 14 de mayo previo, en curso de una investigaci\u00f3n \u00abpor el presunto delito de lavado de activos\u00bb que implic\u00f3 el allanamiento de las oficinas y la incautaci\u00f3n de \u00abtodos sus computadores e informaci\u00f3n contable y financiera\u00bb, lo que sirvi\u00f3 de sustento al demandado para negarse a consignar el dinero de las divisas negociadas. Le elev\u00f3 petici\u00f3n el 5 de junio siguiente para que recibiera \u00abla carta de instrucci\u00f3n para negociaci\u00f3n de divisas\u00bb, pero se les exigi\u00f3 el 10 pr\u00f3ximo allegar pruebas del origen l\u00edcito de tales recursos, \u00abque para ese momento se encontraban congelados en tesorer\u00eda\u00bb. <\/p>\n
El 23 de ese mes y a\u00f1o insistieron en sus aspiraciones, para lo cual allegaron un oficio de la Fiscal\u00eda Catorce Especializada, en el que se les informaba que \u00ablas cuentas corrientes 020230078-26 y 302223336-31 (d\u00f3nde se debi\u00f3 consignar la orden de pago) NO se encontraban afectadas por cuenta del proceso penal\u00bb -resaltado del texto-. Ante la insistente negativa reiter\u00f3 la solicitud el 26 de agosto postrero, recibiendo respuesta el 18 de septiembre en el sentido de que por las investigaciones al administrador \u00abdeb\u00eda cumplir con los procedimientos en materia de SARLAFT\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n el 7 de enero de 2009, lo que se inform\u00f3 a Bancolombia el 9, pero este se\u00f1al\u00f3 que dese el 29 de diciembre de 2008 hab\u00eda devuelto el dinero a la sede ALADI en Per\u00fa, la que a su vez lo retorn\u00f3 al Banco Central Venezolano seg\u00fan \u00abcopia SWIFT de devoluci\u00f3n No. 371COLO 08123017\u00bb. <\/p>\n
En vista de lo anterior exigi\u00f3 explicaciones el d\u00eda 29, que no fueron respondidas, y sin que pudiera recuperar luego esos recursos dada la \u00abcesaci\u00f3n de pagos de divisas internacionales\u00bb del pa\u00eds vecino, lo que implic\u00f3 \u00abincurrir en mora de sus obligaciones financieras\u00bb, entre ellas las que ten\u00eda con su oponente, que sin consideraci\u00f3n a lo anterior procedi\u00f3 a cobrarlas ejecutivamente ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, donde fue condenada a pagar capital e intereses. <\/p>\n
Ese proceder ajeno al \u00abest\u00e1ndar profesional requerido para un establecimiento inmerso en el mercado de los movimientos cambiarios y financieros\u00bb, al desatender culpablemente las \u00abobligaciones de debida diligencia, informaci\u00f3n, seguridad, buena fe, confianza, lealtad y consejo\u00bb, provoc\u00f3 que Trade Aliance S.A.S. se acogiera a proceso de insolvencia empresarial y, ante el fracaso del mismo, que entrara en liquidaci\u00f3n (fls. 375 a 389 cno. 1). <\/p>\n
2. Bancolombia S.A. se opuso, objet\u00f3 el juramento estimatorio y excepcion\u00f3 \u00abinexistencia de contrato de compraventa de divisas\u00bb, \u00abinepta demanda por indebida escogencia de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abnulidad contractual por vicio al consentimiento (dolo)\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abda\u00f1o inexistente derivado de un eventual contrato\u00bb, \u00abcumplimiento de normas imperativas en materia SARLAFT y buena fe por parte de Bancolombia S.A.\u00bb, \u00abfalta de acreditaci\u00f3n de perjuicios\u00bb, \u00abincompatibilidad de indexaci\u00f3n y pretensi\u00f3n de cobro de intereses moratorios\u00bb, \u00abtemeridad y mala fe por la demandante\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb (fls. 391 al 412 cno. 1). <\/p>\n
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3. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga, en audiencia de 29 de enero de 2020, profiri\u00f3 fallo en el que declar\u00f3 probada la defensa de \u00abcumplimiento de normas imperativas en materia SARLAFT y buena fe por parte de Bancolombia S.A.\u00bb, ya que las exigencias impuestas para la monetizaci\u00f3n del dinero proveniente de divisas no fueron excesivas, ni producto de la negligencia, el capricho o la violaci\u00f3n del deber de cuidado objetivo, menos el incumplimiento de obligaciones precontractuales o contractuales, sino que atendieron el ordenamiento legal ante un hecho cierto como era la existencia de una investigaci\u00f3n por el presunto delito de lavado de activos. En consecuencia, deneg\u00f3 todas las pretensiones (fls. 564 y 565 cno. 1). <\/p>\n
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4. Oportunamente apel\u00f3 la promotora y plante\u00f3 como reparos que el juzgador de primer grado \u00ab[n]o declar\u00f3 la existencia de un conjunto de contratos coligados (cuenta corriente, mandato y compraventa), estando acreditados sus elementos esenciales\u00bb, \u00ab[a]plic\u00f3 indebidamente la Ley 1328 de 2009 y sus decretos reglamentarios, sin ser aplicables al caso concreto, adem\u00e1s las interpret\u00f3 err\u00f3neamente\u00bb, \u00ab[n]o declar\u00f3 el incumplimiento contractual de Bancolombia S.A. en perjuicio [de] Trade Alliance S.A.S. en liquidaci\u00f3n, omitiendo que sus obligaciones eran de resultado\u00bb, \u00abno declar\u00f3 la responsabilidad civil contractual de Bancolombia S.A. estando acreditados sus elementos\u00bb, \u00ab[n]o estudi\u00f3 la responsabilidad precontractual del banco bajo los preceptos del r\u00e9gimen de responsabilidad con culpa presunta aplicable a las entidades financieras, sino que aplic\u00f3 los criterios de un r\u00e9gimen de responsabilidad por culpa probada\u00bb, \u00ab[n]o estudi\u00f3 la responsabilidad extracontractual del banco por violaci\u00f3n a los derechos del consumidor financiero de Trade, a la luz del r\u00e9gimen de responsabilidad por culpa presunta, la posici\u00f3n dominante del banco, la posici\u00f3n d\u00e9bil de Trade, y el principio de in dubio pro consumidor\u00bb, \u00ab[n]o tuvo en cuenta los elevados est\u00e1ndares de responsabilidad profesional y empresarial fijadas por la jurisprudencia en cabeza de las entidades bancarias y el incumplimiento de ellos en el presente asunto\u00bb, \u00ab[d]eclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cumplimiento de normas SARLAFT alegada por Bancolombia S.A. desconociendo que para el momento de la operaci\u00f3n cambiaria estudiada el sistema SARLAFT no se encontraba vigente\u00bb, \u00ab[o]miti\u00f3 el estudio del sistema SIPLA de prevenci\u00f3n de lavado de activos vigente para el 19 de mayo de 2008, sin considerar que la facultad del banco era meramente informativa; existiendo extralimitaci\u00f3n culposa en su actuaci\u00f3n\u00bb, \u00ab[d]eclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de buena fe aducida por Bancolombia S.A. admitiendo la demostraci\u00f3n de buena fe simple, debiendo aplicar el est\u00e1ndar de buena fe calificada o exenta de culpa\u00bb e incurri\u00f3 en \u00aberrores de hecho comunes a las pretensiones principales y subsidiarias y a todas las pretensiones de condena\u00bb (fls. 566 a 580 cno. 1). <\/p>\n
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5. El superior confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n y la vencida interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que le fue concedido (fls. 32 al 42 cno. 5). <\/p>\n
2.-FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
El punto nodal es establecer si existe \u00abresponsabilidad contractual y\/o precontractual de la demandada tras una malograda compraventa de divisas efectuada entre las partes el 19 de mayo de 2008\u00bb, por incumplimiento en el pago del precio acordado y que se perdieron al disponer su devoluci\u00f3n al remitente en Venezuela, \u00abcuyo estado se ha sustra\u00eddo al pago de divisas internacionales\u00bb. <\/p>\n
El \u00abForex\u00bb, consiste en un \u00abmercado internacional descentralizado de las diferentes monedas que operan en el mundo, que se ha orientado en el prop\u00f3sito de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional, mercado que se caracteriza por ser en esencia especulativo y extraburs\u00e1til, dada su cotizaci\u00f3n en la bolsa de valores\u00bb, reglamentado en Colombia por la Ley 9 de 1991 \u00abMarco de Cambios Internacionales\u00bb, que en su art\u00edculo 7 prev\u00e9 que \u00abes libre la tenencia, posesi\u00f3n y negociaci\u00f3n de divisas que no deban ser transferidas o negociadas por medio del mercado cambiario, de conformidad con la regulaci\u00f3n que expida la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica en estas operaciones\u00bb. <\/p>\n
El Decreto 1735 de 1993, reformado y compendiado por el Decreto 1068 de 2015, as\u00ed como la Resoluci\u00f3n Externa 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica, \u00abse\u00f1alan las operaciones de cambio que obligatoriamente deben canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario, que se conoce con la sigla IMC o intermediarios del mercado cambiario, o cuentas de compensaci\u00f3n tambi\u00e9n\u00bb y los requisitos que deben cumplirse en cada caso, que comprenden en esencia importaciones y exportaciones de bienes, entre otras. Seg\u00fan dicho r\u00e9gimen \u00ablas divisas que reciban los residentes en el pa\u00eds por concepto de operaciones que no deban canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario, pueden utilizarse por los residentes para realizar cualquier operaci\u00f3n distinta de aquellas que deban canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario\u00bb o hacerlo voluntariamente por dicho medio, \u00abque por ende es factible de cualquier acto jur\u00eddico que promueva su tr\u00e1fico que as\u00ed se integran y hacen parte del sistema normativo, entre otras como lo es el C\u00f3digo Civil, el C\u00f3digo de Comercio, el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y la Ley 1328 de 2009\u00bb, normas que no operan de forma aut\u00f3noma porque \u00abtodas comportan un conglomerado que se armoniza a nivel normativo como sistema jur\u00eddico nacional\u00bb. <\/p>\n
Las inversiones est\u00e1n sujetas a registro en el Banco de la Rep\u00fablica \u00absi su monto acumulado es igual o superior a quinientos mil d\u00f3lares o su equivalente en otras monedas\u00bb, conforme a la Circular Reglamentaria DCIN 083 de dicha entidad. <\/p>\n
Por metodolog\u00eda, se advierte que las excepciones de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb no aparecen fundadas, toda vez que la reclamaci\u00f3n se hace por quienes fueron parte en el negocio y el libelo se present\u00f3 un d\u00eda antes de que se configurara el fen\u00f3meno extintivo, a m\u00e1s de que la notificaci\u00f3n del admisorio fue tempestiva. <\/p>\n
La compraventa de divisas es un contrato consensual y de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, puesto que \u00abpara su perfeccionamiento basta el simple acuerdo de voluntades, sin que sea \u00f3bice para ello la verificaci\u00f3n del origen de las divisas\u00bb, aunque se rigen por el principio de la buena fe y la presunci\u00f3n de inocencia de acuerdo con los art\u00edculos 29 y 83 de la Carta Pol\u00edtica, por lo que prevalece la autonom\u00eda de la voluntad privada si no es contraria al ordenamiento vigente, \u00abm\u00e1xime trat\u00e1ndose de operaciones financieras\u00bb, como se deduce del r\u00e9gimen general de los contratos, \u00abentre ellos el de compraventa, a cuyos par\u00e1metros se rigen de manera supletoria, ante la falta de acuerdo de voluntades o de normativa especial que disponga otra cosa\u00bb y que deben canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario de acuerdo al art\u00edculo 41 de la Resoluci\u00f3n 1 de 2018 de la Junta Central del Banco de la Rep\u00fablica, \u00abotrora art\u00edculo 7 de la Resoluci\u00f3n 8 de 2000, que era la norma que se encontraba o la Resoluci\u00f3n que estaba vigente\u00bb para la \u00e9poca de los hechos. <\/p>\n
Esa canalizaci\u00f3n \u00absirve solo como sistema de registro y control de tales actividades, no de existencia o validez de tales actos, entre ellos la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de bienes\u00bb. En este asunto \u00abla pasiva reconoci\u00f3 no solo haber sostenido relaciones comerciales con la actora desde el a\u00f1o 2006\u00bb, as\u00ed como la negociaci\u00f3n de la tasa de compra sobre los US$631.000, \u00abcerrando la divisa en un valor unitario de $1.778 por d\u00f3lar, es decir por un valor total de $1.121\u2019918.000\u00bb, por lo que las partes consintieron \u00aben la cosa vendida, las divisas y su precio, pues no otra cosa es fijar o cerrar el valor unitario de acuerdo a los art\u00edculos 905 y 920 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb, con lo que se da el primer presupuesto de la responsabilidad contractual. <\/p>\n
Debe analizarse lo relacionado con la culpa o incumplimiento del acuerdo por no pagar el precio convenido o haberse allanado a ello, que la opositora busca enervar por la adopci\u00f3n de medidas para prevenir el lavado de activos en observancia de \u00absus obligaciones especiales como IMC o intermediaria de mercado cambiario, conforme al art\u00edculo 60 de la Resoluci\u00f3n externa 8 de 2000, vigente para entonces y de la Circular DCIN 083 emanadas del Banco de la Rep\u00fablica y dem\u00e1s normas financieras y del mercado de divisas vigentes para esa data\u00bb. <\/p>\n
El incumplimiento endilgado invierte la carga de la prueba, ya que le compete a la contradictora demostrar que cumpli\u00f3 sus deberes o estuvo presta a hacerlo. Del dicho de las partes se extrae \u00abque en efecto no se dio el pago de las divisas negociadas, aspecto objetivo que, no obstante, se muestra justificado, a partir de la situaci\u00f3n atinente a la captura suscitada el 14 de mayo de 2008, del representante legal de la actora por el punible de lavado de activos\u00bb, lo que hizo al Banco exigir requisitos adicionales para verificar el \u00aborden de esas divisas ante el riesgo latente de su eventual origen il\u00edcito, lo que en efecto se ajusta a los par\u00e1metros de la Circular 8 de 2000, art\u00edculo 60 numeral 1; as\u00ed como del numeral 1.3, numerales 1 y 5 de la Circular Externa DCIN 083\u00bb, exigencias que \u00abno son taxativas sino descriptivas, pues a no dudarlo, de la profesionalizaci\u00f3n y experticia de las entidades financieras, podr\u00e1n exigir aspectos que a bien estimen pueden razonablemente brindarles informaci\u00f3n detallada sobre la transacci\u00f3n que van a operar\u00bb, de ah\u00ed que se justifica el proceder bajo la \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil y que es aplicable por virtud del art\u00edculo 2 del C\u00f3digo de Comercio, en armon\u00eda con el art\u00edculo 8 de la Ley 153 de 1887. <\/p>\n
De la documental aportada por la gestora se extrae que la venta se llev\u00f3 a cabo sin que se allegara la carta de instrucci\u00f3n para la negociaci\u00f3n de divisas el 19 de mayo de 2008, por lo que se le inform\u00f3 que la negociaci\u00f3n con la mesa de dinero fue anulada. Sobre eso se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en derecho de petici\u00f3n de 5 de junio de 2008, donde se solicit\u00f3 el reintegro de los US$631.000 e informar \u00abel sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico para efectuar el libre ejercicio de sus contratos financieros\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior permite deducir \u00abque m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento o pago del valor de las divisas, la demandante estaba exigiendo, cuando menos, el retorno de sus divisas, de donde puede extraerse una intenci\u00f3n de mutuo disenso o resciliaci\u00f3n, declinando bilateralmente la compraventa de divisas\u00bb, ya que el Banco en su posici\u00f3n dominante \u00abya hab\u00eda tenido unilateralmente por anulada la operaci\u00f3n\u00bb, pero dispuso de los recursos sin clarificar si \u00abexig\u00eda nuevos requisitos al usuario financiero, pues su conducta fue ambivalente al responder los derechos de petici\u00f3n, con lo que procur\u00f3 dificultar si la transacci\u00f3n (sic), lo que tambi\u00e9n gener\u00f3 ambig\u00fcedad en la parte actora\u00bb, que en una segunda solicitud deprec\u00f3 \u00abuna ampliaci\u00f3n del plazo para el pago de las divisas, procurando entonces recuperar de una forma u otra el valor de las mismas\u00bb, asumiendo ambas partes una conducta err\u00e1tica, \u00abno obstante que la demandada finalmente opt\u00f3 de manera unilateral por devolver las divisas el 29 de diciembre de 2008 (\u2026) ante la imposibilidad de la actora de acreditar el origen de las mismas\u00bb. <\/p>\n
Es medular que \u00abesta imposibilidad que leg\u00edtimamente le pod\u00eda la entidad financiera reclamar, no pudo cumplirla, quien, la parte actora\u00bb, por lo que fue ella quien primero incumpli\u00f3 \u00abcon uno de los presupuestos para la ejecuci\u00f3n del contrato de compraventa que reclama\u00bb, sin que esa situaci\u00f3n la generara la contraparte, ya que est\u00e1 prohibido beneficiarse de los actos propios. <\/p>\n
Se extrae de lo expuesto, en primer lugar que est\u00e1 acreditado el incumplimiento por el no pago de las divisas; en el segundo, que estar\u00eda justificado por el \u00abcambio de condiciones jur\u00eddicas tradicionales y operaci\u00f3n entre las mismas partes, como lo fue la captura del representante legal de la actora por lavado de activos, lo que habilitaba por ende al Banco a asumir una conducta mayormente preventiva y diligente en procura de proteger el precio que hab\u00eda pactado\u00bb, por lo que no estaba en mora la compradora; y \u00abtres, la devoluci\u00f3n de las divisas al remitente original, en condiciones normales, su eventual p\u00e9rdida ante \u00e9l mismo, es atribuible a \u00e9l mismo y no al Banco, que con dicha devoluci\u00f3n procur\u00f3 amparar la licitud de su operaci\u00f3n, dejando que se entendiera directamente entre el beneficiario y el remitente\u00bb, pues la pol\u00edtica de \u00abdesatenci\u00f3n del mercado de divisas por parte del estado no es endilgable a la demandada\u00bb. <\/p>\n
Es de destacar que \u00aben el sub lite no versa sobre un contrato de mandato, al retomar ese asunto que niega el actor por una parte pero que por otra parte a su vez sugiere que se analice el t\u00f3pico a partir de las obligaciones que convergen a partir del mismo y no de la compraventa a partir de la cual depreca la responsabilidad contractual\u00bb. <\/p>\n
Como corolario, el a quo \u00abno incurri\u00f3 en error de derecho, ni de hecho, como lo se\u00f1ala el disenso\u00bb, pues las normas que le sirvieron de sustento \u00abhacen parte del engranaje normativo financiero del mercado de divisas\u00bb y la valoraci\u00f3n de las pruebas parti\u00f3 de los hechos expuestos por las partes \u00abquienes solo se distanciaron litigiosamente en su apreciaci\u00f3n de los mismos\u00bb. <\/p>\n
3.-LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Recurri\u00f3 en casaci\u00f3n la accionante y en sustento alleg\u00f3 escrito en el que formula dos cargos por la causal segunda del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que se conjuntaran para su despacho por estar relacionados y ameritar apreciaciones comunes. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se\u00f1ala como infringidos en forma indirecta los art\u00edculos 1546, 1604, 1609 y 1625 del C\u00f3digo Civil; 102 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero) modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la ley 1121 de 2006, por indebida aplicaci\u00f3n; as\u00ed como 943 y 947 del C\u00f3digo de Comercio al no tenerlos en cuenta; como consecuencia de errores en la apreciaci\u00f3n de varios documentos y testimonios, que llevaron al Tribunal a dar por ciertos, sin serlo, tres aspectos: <\/p>\n
4.-Que los pactantes desistieron del contrato de compraventa de divisas \u00abpor cuanto la parte demandante Trade, en misiva del 05 de junio de 2008 literal C, exigi\u00f3 el reintegro de las divisas\u00bb, pero con ello se tergiverso su contenido ya que de ella no se \u00abextracta que mi representada solicit\u00f3 el retorno de las divisas al pa\u00eds de origen\u00bb y \u00abten\u00eda un \u00fanico objetivo que puede f\u00e1cilmente extractarse del ac\u00e1pite denominado \u201cpeticiones\u201d, este es: el conocimiento de las razones que motivaban a que Bancolombia se negara al pago efectivo de las divisas\u00bb. <\/p>\n
Tampoco se tuvieron en cuenta las comunicaciones de 23 de junio y 26 de agosto postreros, ni la de 9 de enero de 2009, en las cuales se colige, en su orden, que \u00abTrade manten\u00eda su intenci\u00f3n de lograr la monetizaci\u00f3n de las divisas en raz\u00f3n a que solicit\u00f3 la ampliaci\u00f3n del t\u00e9rmino para aportar los documentos solicitados por Bancolombia\u00bb, que \u00abse manten\u00eda en la efectividad de la operaci\u00f3n, pues tal como se advierte en el documento, pese a los innumerables inconvenientes por los que atravesaba Trade no solicit\u00f3 el reintegro de las divisas al pa\u00eds\u00bb y que \u00abuna vez decretada la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal seguida en contra del se\u00f1or Pedro Jos\u00e9 Ram\u00edrez, Trade puso en conocimiento de esta situaci\u00f3n a Bancolombia, manteniendo su intenci\u00f3n de lograr el \u00e9xito de la operaci\u00f3n de monetizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo se desatendi\u00f3 el testimonio de Hans Sebasti\u00e1n Toro Gonz\u00e1lez, trasladado del proceso ejecutivo que se tramit\u00f3 en el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, quien inform\u00f3 que el representante legal de la afectada \u00absolicit\u00f3 la no devoluci\u00f3n del giro recibido a favor de la sociedad, por lo que ninguna intenci\u00f3n ten\u00eda de reintegro de las divisas al pa\u00eds de origen\u00bb y entend\u00eda a cabalidad que el \u00abreintegro de divisas\u00bb correspond\u00eda a su pago. <\/p>\n
Esos desfases llevaron al juzgador a colegir un desistimiento mutuo del contrato cuando \u00abTrade mantuvo, durante el transcurso de la operaci\u00f3n, la intenci\u00f3n exteriorizada de hacer efectivo el pago de las divisas, existiendo as\u00ed, con el supuesto desistimiento de Bancolombia, un incumplimiento injustificado al \u201canular\u201d unilateralmente la operaci\u00f3n\u00bb, materializ\u00e1ndose as\u00ed la aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil pues ante la \u00abinexistente voluntad de desistimiento del negocio por parte de Trade, no hubiese podido colegir entonces que, en conjunto e inequ\u00edvocamente, las partes del contrato de compraventa de divisas desistieron de este\u00bb. <\/p>\n
5.-Que \u00abBancolombia incumpli\u00f3 justificadamente su obligaci\u00f3n de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente\u00bb, cuando varios medios de convicci\u00f3n preteridos arrojan lo contrario. <\/p>\n
As\u00ed acontece con las confesiones del apoderado judicial de la opositora al contestar los hechos primero y sexto del libelo, seg\u00fan las cuales \u00abentre las partes se hab\u00edan realizado operaciones de compraventa de divisas durante los a\u00f1os 2006 a 2008 en cuant\u00eda superior a 23.000.000 millones de pesos\u00bb, lo que denota un \u00absuficiente conocimiento del cliente, en los t\u00e9rminos ordenados por el art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, sus normas reglamentarias y el sistema de control y prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo vigente para la \u00e9poca\u00bb; as\u00ed como el que Bancolombia no recibi\u00f3 los documentos acreditantes de la operaci\u00f3n de cambio que conforme a la regulaci\u00f3n vigente para la \u00e9poca y los usos y costumbres interpartes, eran b\u00e1sicamente tres: la Declaraci\u00f3n de Exportaci\u00f3n, la Declaraci\u00f3n de Cambio y la Factura\u00bb y, por ende, la \u00abnegativa a recibir estos documentos refleja que la demandada incurri\u00f3 en mora criditoris o accipiendi\u00bb. <\/p>\n
En la comunicaci\u00f3n de 17 de junio de 2008, Bancolombia le informa a Trade \u00abque el pago de las divisas se cruzar\u00e1 o compensar\u00e1 con los saldos pendientes de pago\u00bb, por lo que para esa fecha persist\u00edan en el contrato y ten\u00eda expectativas de \u00e9xito de la negociaci\u00f3n, a lo que se suma la nota de cobro de la comisi\u00f3n de 14 de julio siguiente en virtud de la cual \u00abTrade cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de entregar la cosa, pues las divisas se monetizaron efectivamente en el inventario del Banco y que lo que se impon\u00eda, a partir de all\u00ed era el pago del precio por parte del comprador\u00bb. <\/p>\n
El testimonio que Hans Sebasti\u00e1n Toro Gonz\u00e1lez rindi\u00f3 en el compulsivo deja entrever que se \u00abconoc\u00eda la imposibilidad de la sociedad Trade de enviar la documentaci\u00f3n exigida por Bancolombia, por lo que decidieron dar espera para la presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n de Andrea Susana Jim\u00e9nez Guevara, por su lado, se\u00f1al\u00f3 como motivos de la devoluci\u00f3n de divisas que \u00abel Banco estaba asumiendo los costos de una comisi\u00f3n a favor del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb y no pod\u00eda \u00abdejar los recursos en la partida de \u201ccuentas por pagar\u201d para el informe anual, raz\u00f3n por la cual se ordena el retorno al pa\u00eds de origen, para evitar que se reflejen en el cierre contable anual del Banco\u00bb. <\/p>\n
Esas situaciones \u00abhicieron crear en Trade una expectativa razonable sobre la efectividad de la operaci\u00f3n, por lo que surg\u00eda en cabeza de Bancolombia la obligaci\u00f3n de no defraudar esta confianza, so pena de actuar contrariando la buena fe con la que deb\u00eda ejecutarse el contrato\u00bb, como ocurri\u00f3 al \u00abdevolver las divisas\u00bb sin un motivo serio ya que \u00ab[e]stimar que por razones contables los establecimientos de cr\u00e9dito se encuentran facultados para \u201canular\u201d o \u201creversar\u201d unilateralmente contratos ya celebrados, ser\u00eda tanto como concederles un poder omn\u00edmodo para dar por terminado unilateralmente el contrato sin que derive de ello consecuencia alguna\u00bb, lo que constituir\u00eda un abuso de la posici\u00f3n dominante. El pago de comisi\u00f3n \u00abtampoco se constituye en una raz\u00f3n que justifique su incumplimiento, pues bien ha podido la entidad financiera deducir de la monetizaci\u00f3n de las divisas los conceptos pagados al Banco de la Rep\u00fablica\u00bb en procura de mantener el convenio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al no existir \u00abuna norma imperativa [que] les impusiera el deber de retornar las divisas en un determinado tiempo\u00bb, eso quiere decir que \u00abBancolombia pod\u00eda haber extendido el plazo de espera para que Trade aportara los documentos que le fueron exigidos con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato y que, como era de su conocimiento, por estar en poder de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, no hab\u00eda podido presentar sino hasta que su situaci\u00f3n jur\u00eddica se resolviera\u00bb y as\u00ed se deprende de la declaraci\u00f3n de Andrea Susana. <\/p>\n
Por ende, al no sopesar las pruebas referidas se desentendi\u00f3 el fallador de que el proceder irregular del contradictor \u00abcontrari\u00f3 los deberes secundarios de conducta emanados de la ejecuci\u00f3n de buena fe del contrato (art\u00edculo 1603 del C\u00f3digo Civil). Particularmente, transgredi\u00f3 sus deberes de protecci\u00f3n y fidelidad\u00bb, constitutiva de responsabilidad contractual a la luz del art\u00edculo 1604 ib\u00eddem, por contrariar \u00abel principio \u201cnon venire contra factum proprium\u201d y de contera, el principio de buena fe, lo que supone que su incumplimiento de manera alguna pudo tenerse como justificado\u00bb. <\/p>\n
6.-Que \u00abla demandante incumpli\u00f3 primero el contrato, estando probado lo contrario\u00bb, conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 sin apreciar la \u00abCarta de Negociaci\u00f3n o instrucciones de reintegro, de 19 de mayo de 2008\u00bb, con la que se trataron de entregar los documentos habituales para monetizar divisas; la petici\u00f3n de 5 de junio de 2008 en la que se narr\u00f3 la negativa a recibirlos; la confesi\u00f3n en la respuesta al hecho quinto del libelo, donde se acept\u00f3 lo anterior; las comunicaciones de 17 de junio de 2008, donde se inform\u00f3 que la documentaci\u00f3n requerida estaba en poder de la fiscal\u00eda por lo que se necesitaba de un ampliaci\u00f3n del plazo, y 9 de enero de 2009 por la cual se inform\u00f3 sobre la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal; el oficio 4372 de 26 de marzo siguiente de la Fiscal\u00eda 14 Especializada en Lavado de Activos de Bogot\u00e1, de la que se deduce que ten\u00eda en su poder la documentaci\u00f3n contable de Trade; y lo manifestado por Hans Sebasti\u00e1n Toro Gonz\u00e1lez en el ejecutivo que adelant\u00f3 Bancolombia en su contra, sobre la solicitud de espera para aportar lo requerido por la entidad. <\/p>\n
Esos medios acreditan \u00abque Trade, durante todo el transcurso de la relaci\u00f3n negocial se allan\u00f3 a cumplir las exigencias de Bancolombia, por lo que no puede predicarse incumplimiento alguno de su parte\u00bb y que la entidad financiera incurri\u00f3 en mora \u00aben tanto impidi\u00f3 la entrega de los documentos que normalmente se exig\u00edan para el cumplimiento de la operaci\u00f3n de cambios\u00bb, as\u00ed como \u00absu actuaci\u00f3n abusiva, irreflexiva, inflexible e irrazonable\u00bb, lo que quiere decir que fue aplicado indebidamente el art\u00edculo 102 del Decreto 663 de 1993, con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1121 de 2006, al estimar que dicho precepto \u00abfacultaba a Bancolombia para \u201creversar\u201d o \u201canular\u201d la operaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose acreditado que su decisi\u00f3n de retornar las divisas al pa\u00eds de origen constituye un claro abuso de su posici\u00f3n dominante\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denuncia la vulneraci\u00f3n en forma indirecta \u00abpor falta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 1602 a 1604, 1613, 1614, 1730, 1786 y 2343 del C\u00f3digo Civil y 905, 1262, 1263 y 1382 del C\u00f3digo de Comercio, por no apreciar la \u00abCarta de Negociaci\u00f3n o instrucciones de reintegro, de 19 de mayo de 2008\u00bb, la respuesta de Bancolombia de 17 de junio pr\u00f3ximo, el correo electr\u00f3nico interno de esa entidad de 21 de febrero de 2012 y la declaraci\u00f3n rendida por Andrea Susana Jim\u00e9nez Guevara. <\/p>\n
Si bien el sentenciador dedujo que existi\u00f3 un contrato de compraventa de divisas \u00abno se pronunci\u00f3 frente a la existencia de un conjunto de contratos coligados a ese contrato de compraventa, particularmente de un contrato de cuenta corriente y de un contrato de mandato, estando probados sus elementos\u00bb, como se desprende de la misiva de 19 de mayo de 2008 y la contestaci\u00f3n a la misma, donde consta que \u00abTrade: i) celebr\u00f3 un contrato de compraventa de divisas con Bancolombia; ii) para efectuar la operaci\u00f3n de compraventa de divisas Bancolombia se prest\u00f3 como canal cambiario y; iii) para el 19 de mayo de 2008 Trade era titular de una cuenta corriente a la cual Bancolombia deb\u00eda consignar el valor de la monetizaci\u00f3n de las divisas\u00bb, lo que implica que en \u00abla introducci\u00f3n de divisas del exterior al mercado cambiario colombiano concurre un conjunto de contratos coligados entre s\u00ed, de cuya celebraci\u00f3n y cumplimiento depende el logro del fin econ\u00f3mico com\u00fan o supracontractual perseguido\u00bb. <\/p>\n
Se requiere para el efecto que coexistan un \u00abcontrato financiero de dep\u00f3sito, para el caso concreto, un contrato de cuenta corriente\u00bb; un \u00abcontrato de mandato denominado comisi\u00f3n, existente entre el ordenante de la operaci\u00f3n y el Intermediario del Mercado Cambiario -IMC- para este caso el Bancolombia\u00bb que \u00abse celebra entre el Money Remitter u ordenante del dinero ubicado en el exterior y el IMC ubicado en Colombia, para que este \u00faltimo entregue \u2013seg\u00fan la modalidad pactada\u2013 a un tercero denominado beneficiario las divisas objeto de transferencia, por lo cual gana un porcentaje del valor transferido\u00bb y un \u00abcontrato de compraventa de divisas, que celebra el banco receptor de las divisas – conforme al mandato previamente celebrado – y el beneficiario del giro, cuyos elementos esenciales se definen en la negociaci\u00f3n que se desarrolla en la mesa de dinero o de negociaci\u00f3n de divisas de la entidad financiera intermediaria\u00bb, en virtud del cual \u00abel banco obtiene un lucro a partir de la tasa de intermediaci\u00f3n que consigue por la diferencia en cambio\u00bb y que est\u00e1 permitido por la \u00abLey 9 de 1991 y en el art\u00edculo 59 No. 1 literal a) de la resoluci\u00f3n externa No. 008 de 2000 del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
A pesar de que son nexos debidamente individualizados \u00abse encuentran coligados debido a que persiguen el cumplimiento de una \u00fanica operaci\u00f3n econ\u00f3mica o est\u00e1n sustentados en una misma causa negocial\u00bb, por lo que conllevan \u00abunos deberes de conducta especiales para las partes, con miras a mantener el adecuado funcionamiento del sistema contractual y al cumplimiento de los fines econ\u00f3micos perseguidos por las partes, conocidos como deberes secundarios de conducta\u00bb y derivados del \u00abprincipio de buena fe contractual\u00bb, por lo que las partes se obligan no solo a lo pactado \u00absino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad\u00bb como deberes de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Por otro lado, se dio por establecido \u00abque la p\u00e9rdida de las divisas fue atribuible a la demandante\u00bb, sin mencionar pruebas que lo sustenten y en contrav\u00eda de lo que exponen el correo electr\u00f3nico de 21 de febrero de 2012 donde se \u00abindica que los recursos se encontraban en custodia y disposici\u00f3n del Banco en una cuenta denominada \u201ccuentas por pagar\u201d\u00bb y el testimonio de Andrea Susana que lo confirma, de ah\u00ed que \u00ablas divisas se perdieron estando en poder de Bancolombia, como consecuencia de su incumplimiento contractual derivado de las actuaciones injustificadas que sustentaron el retorno al pa\u00eds de origen\u00bb, cuando estaba comprometida a pagar las divisas, obligaci\u00f3n que es de resultado y cuyo \u00abcumplimiento no se excusa ni siquiera ante la prueba de una causa extra\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Si se hubieran \u00abapreciado correctamente las pruebas referidas, hubiere concluido que las divisas se encontraban en poder y custodia de Bancolombia, por lo que, al no hacerlo, desconoci\u00f3 los preceptos normativos contenidos en los art\u00edculos 1876 y 1730 del c\u00f3digo civil\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El intercambio de productos, que en los inicios de la humanidad se hac\u00eda por medio de trueque, evolucion\u00f3 en virtud a las transformaciones de los intervinientes en el mercado, el desarrollo de los medios de transporte y comunicaci\u00f3n, los avances tecnol\u00f3gicos y la din\u00e1mica en materia financiera. <\/p>\n
En la modernidad el tr\u00e1fico internacional de bienes y servicios, en el que participan las econom\u00edas abiertas como producto de la liberalizaci\u00f3n comercial, implica la realizaci\u00f3n de transacciones en diferentes divisas y, aunque son indiscutibles los beneficios que reporta tanto para el oferente como para el adquirente facilitar el acceso a mercader\u00eda que no se consigue en el lugar de destino o cuya fabricaci\u00f3n en el origen brinda mejores condiciones de calidad y precio al usuario final, las operaciones se encuentran sometidas a variables regulatorias de los pa\u00edses involucrados, con el \u00e1nimo de hacer frente a los riesgos inmanentes al cambio monetario y las repercusiones econ\u00f3micas internas. <\/p>\n
Precisamente con el \u00e1nimo de conjurar la grave crisis mundial derivada de la Gran Depresi\u00f3n de los a\u00f1os treinta y las secuelas de las dos guerras de comienzos del siglo veinte, en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods en 19441 se plante\u00f3 la creaci\u00f3n del Fondo Monetario Internacional, organismo que inici\u00f3 sus actividades en marzo de 1947, con el prop\u00f3sito de facilitar el comercio internacional, la estabilizaci\u00f3n de los tipos de cambio, propender por el crecimiento econ\u00f3mico de las naciones y evitar las devaluaciones cambiarias. <\/p>\n
En el acuerdo de constituci\u00f3n de dicha entidad se contempl\u00f3 en el literal a. de la secci\u00f3n primera del art\u00edculo IV, que \u00ab[e]l valor a la par de la moneda de cada participante se expresar\u00e1 en t\u00e9rminos de oro como denominador com\u00fan, o en t\u00e9rminos de d\u00f3lar de los Estados Unidos de Am\u00e9rica del peso y ley vigentes el 1\u00ba de julio de 1944\u00bb -se resalta- y en la secci\u00f3n 3 del art\u00edculo VI se facult\u00f3 a los participantes a adoptar las medidas de control necesarias para regular los movimientos de capital internacionales, pero sin que con ello se \u00ablimite los pagos por transacciones normales o que indebidamente retrase transferencias de fondos como liquidaci\u00f3n de obligaciones\u00bb salvo casos excepcionales y previa consulta con el Fondo. <\/p>\n
En Colombia se procedi\u00f3 a hacer uso de esa potestad y las \u00abmedidas monetarias, cambiarias y de cr\u00e9dito\u00bb en un comienzo fueron asignadas a la Junta Directiva del Banco de La Rep\u00fablica2, pero con la creaci\u00f3n de la Junta Monetaria por medio de la Ley 21 de 19633 pasaron a dicha entidad. Complementariamente, por medio de la Ley 6 de 19674, se dictaron disposiciones \u00absobre el r\u00e9gimen de cambios internacionales y comercio exterior\u00bb, donde se confirieron al gobierno facultades para \u00abdictar un estatuto normativo del r\u00e9gimen cambiario y de comercio exterior, para regular \u00edntegramente la materia\u00bb y con ello poder controlar las transferencias de capital a fin de evitar \u00abbruscas alteraciones en el valor externo de la divisa nacional\u00bb. <\/p>\n
Fue as\u00ed como vio la luz el Decreto 444 de 1967 \u00ab[s]obre r\u00e9gimen de cambios internacionales y de comercio exterior\u00bb5, que en su cap\u00edtulo II se\u00f1al\u00f3 lo relativo a la negociaci\u00f3n y posesi\u00f3n de divisas a ser negociadas en los mercados de Certificados de Cambio y Capitales bajo el control de la Junta Monetaria, encargada de fijar la tasa de cambio que regir\u00eda la adquisici\u00f3n de \u00abdivisas que constituyen ingresos del mercado de capitales\u00bb por parte del Banco de la Rep\u00fablica o los establecimientos que \u00e9l autorizara, con la precisi\u00f3n de que solamente aquel \u00abpodr\u00e1 recibir dep\u00f3sitos en moneda extranjera\u00bb, a menos que la Junta concediera autorizaci\u00f3n a personas naturales o jur\u00eddicas para mantener y utilizar \u00abdep\u00f3sitos u otros fondos en moneda extranjera\u00bb. Ya en materia de exportaciones, en las normas generales de la secci\u00f3n primera del cap\u00edtulo V se estableci\u00f3 una obligaci\u00f3n de registro \u00abante la Superintendencia de Comercio Exterior\u00bb (art. 51) y la precisi\u00f3n de que \u00ab[l]a totalidad de las divisas provenientes de exportaciones deber\u00e1 reintegrarse al Banco de la Rep\u00fablica\u00bb, a no ser que la Junta permita \u00aben caso de reg\u00edmenes especiales de exportaci\u00f3n que parte del reintegro se destine a cubrir obligaciones en moneda extranjera del propio exportador\u00bb (art. 54). As\u00ed mismo, asign\u00f3 a la Junta Monetaria el establecimiento de \u00ablas garant\u00edas y el plazo de reintegro de las divisas originadas en exportaciones\u00bb. <\/p>\n
Con posterioridad se promulgaron las Leyes 76 y 97 de 1991, con el fin de otorgar mayor libertad al comercio exterior y delimitar las \u00abnormas generales a las que deber\u00e1 sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales\u00bb, respectivamente, la \u00faltima con el objeto de \u00abpromover el desarrollo econ\u00f3mico y social y el equilibrio cambiario\u00bb en pos de propiciar la internacionalizaci\u00f3n de la econom\u00eda, \u00ab[p]romover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios, en particular las exportaciones, y la mayor libertad en la actuaci\u00f3n de los agentes econ\u00f3micos en esas transacciones\u00bb, facilitar las operaciones corrientes con el exterior y \u00ab[a]plicar controles adecuados a los movimientos de capital\u00bb, entre otros objetivos. <\/p>\n
Ya con la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 se consagr\u00f3 en el art\u00edculo 371 que el Banco de la Rep\u00fablica \u00abejercer\u00e1 las funciones de banca central\u00bb, una de cuyas atribuciones b\u00e1sicas es \u00abregular la moneda, los cambios internacionales y el cr\u00e9dito\u00bb a ejercer en coordinaci\u00f3n con la pol\u00edtica econ\u00f3mica general, a\u00f1adiendo en el 372 que la \u00abJunta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica ser\u00e1 la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley\u00bb a ser expedida por el Congreso en cumplimiento de lo se\u00f1alado en el numeral 22 del art\u00edculo 150, con el consecuente desaparecimiento de la Junta Monetaria. <\/p>\n
Esta nueva situaci\u00f3n conllev\u00f3 a la expedici\u00f3n de una norma marco, esto es la Ley 31 de 19928 \u00abpor la cual se dictan las normas a las que deber\u00e1 sujetarse el Banco de la Rep\u00fablica para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para se\u00f1alar el r\u00e9gimen de cambio internacional\u00bb y dem\u00e1s temas relacionados con esa instituci\u00f3n, que en su art\u00edculo 16 asign\u00f3 a la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica \u00ab[e]jercer las funciones de regulaci\u00f3n cambiaria previstas en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba y en los art\u00edculos 5\u00ba a 13, 16, 22, 27, 28 y 31 de la Ley 9\u00aa de 1991\u00bb (literal h) y \u00ab[d]isponer la intervenci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica en el mercado cambiario como comprador o vendedor de divisas, o la emisi\u00f3n y colocaci\u00f3n de t\u00edtulos representativos de las mismas\u00bb, as\u00ed como \u00abdeterminar la pol\u00edtica de manejo de la tasa de cambio, de com\u00fan acuerdo con el Ministro de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico\u00bb (literal i) 9. Ya en lo que respecta a los intervinientes en el mercado de divisas el art\u00edculo 17 estableci\u00f3 que \u00ablas instituciones financieras, los intermediarios para las operaciones de mercado abierto y los intermediarios del mercado cambiario, deber\u00e1n actuar con sujeci\u00f3n a los actos de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia\u00bb y que la vigilancia de su cumplimiento quedaba a cargo de la \u00abSuperintendencia Bancaria o de la Superintendencia de Cambios en lo de su competencia\u00bb. <\/p>\n
En concordancia con lo anterior se expidi\u00f3 la Ley 35 de 199310, que en su art\u00edculo 36 concedi\u00f3 al Gobierno Nacional la facultad de reestructurar el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, a lo que procedi\u00f3 con el Decreto 663 de 199311, que en el art\u00edculo 2 incluy\u00f3 a los \u00abestablecimientos bancarios\u00bb como \u00abestablecimientos de cr\u00e9dito\u00bb que hacen parte de las \u00abinstituciones financieras\u00bb y pueden ser autorizadas para operar como intermediarios del mercado cambiario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 111. <\/p>\n
De forma complementaria se expidi\u00f3 el Decreto 1735 de 199312, en el que se especificaron las exportaciones de bienes y servicios como una de las operaciones de cambio (art. 1), quedando las primeras comprometidas a canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario (art. 4). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para la \u00e9poca en que ocurrieron los hechos, esto es el 19 de mayo de 2008, los cambios internacionales estaban regidos por la Resoluci\u00f3n Externa 8 de 5 de mayo de 200013, expedida por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica \u00aben ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los art\u00edculos 371 y 372 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el art\u00edculo 16 literales h. e i. de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1735 de 1993\u00bb, donde se precisaba que el mercado cambiario \u00abest\u00e1 constituido por la totalidad de las divisas que deben canalizarse obligatoriamente por conducto de los intermediarios autorizados para el efecto o a trav\u00e9s del mecanismo de compensaci\u00f3n\u00bb (art. 6), entre las cuales se encuentran las provenientes de operaciones de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de bienes (art. 7.1) y con la advertencia de que, \u00absalvo lo dispuesto en normas especiales\u00bb, el plazo general de reintegro no pod\u00eda exceder de seis (6) meses desde la fecha en que fueran recibidas (art. 8). <\/p>\n
Lo atinente a la exportaci\u00f3n de bienes se desarrollaba en el cap\u00edtulo III del t\u00edtulo I, que en el art\u00edculo 15 reiteraba el deber de los residentes en el pa\u00eds de canalizar las divisas recibidas por dicho concepto a trav\u00e9s del \u00abmercado cambiario\u00bb, con el deber de presentar una declaraci\u00f3n de cambio al intermediario con quien se lleva a cabo la operaci\u00f3n como exig\u00eda el art\u00edculo 1. <\/p>\n
En cuanto a los \u00abintermediarios del mercado cambiario\u00bb, seg\u00fan el cap\u00edtulo XII, enunciaba entre los \u00abintermediarios autorizados\u00bb a los \u00abbancos comerciales\u00bb, como es el caso de Bancolombia S.A.14, con posibilidad de desarrollar entre otras actividades las de \u00ab[a]dquirir y vender divisas y t\u00edtulos representativos de las mismas que deban canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario, as\u00ed como aquellas que no obstante estar exentas de esa obligaci\u00f3n, se canalicen voluntariamente a trav\u00e9s del mismo\u00bb y \u00ab[c]elebrar operaciones de compra y venta de divisas y de t\u00edtulos representativos de las mismas con el Banco de la Rep\u00fablica y los intermediarios del mercado cambiario\u00bb. Ya en el art\u00edculo 60 se establecen como obligaciones de estos las siguientes: <\/p>\n
1. Exigir la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de cambio por cada operaci\u00f3n que efect\u00faen y verificar que la identificaci\u00f3n del declarante corresponda con la consignada en la declaraci\u00f3n de cambio. Cuando haya lugar a ello, deber\u00e1n exigir los documentos que se\u00f1ale el r\u00e9gimen cambiario. Para aquellas operaciones que requieran el dep\u00f3sito deber\u00e1n verificar que se haya acreditado el cumplimiento de dicha obligaci\u00f3n como condici\u00f3n previa para la canalizaci\u00f3n de las divisas a trav\u00e9s del mercado cambiario. <\/p>\n
2. Suministrar informaci\u00f3n al Banco de la Rep\u00fablica sobre las operaciones de cambio que hayan realizado, en la forma y t\u00e9rminos que determine dicha entidad. <\/p>\n
En el caso de operaciones con divisas hechas a trav\u00e9s de sistemas electr\u00f3nicos de negociaci\u00f3n o informaci\u00f3n, el Banco reglamentar\u00e1 la forma, periodicidad y contenido de los reportes que deber\u00e1n enviarle los intermediarios del mercado cambiario. Modificado R.E. 3\/2002, Art. 1\u00ba. Bolet\u00edn Junta Directiva. N\u00fam. 21 (jun. 7\/2002) <\/p>\n
3. Informar diariamente a la Superintendencia Bancaria y a la Superintendencia de Valores, seg\u00fan corresponda, en los t\u00e9rminos que \u00e9stas entidades se\u00f1alen, sobre las tasas de cambio a las cuales efect\u00faen sus operaciones de compra y venta de divisas o de t\u00edtulos representativos de las mismas. <\/p>\n
6. Suministrar la informaci\u00f3n y la colaboraci\u00f3n que requieran las autoridades competentes, entre ellas la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales, para sus prop\u00f3sitos de prevenci\u00f3n de actividades delictivas, control cambiario o cualquier otro de su competencia. Modificado R.E. 3\/2002, Art. 1\u00ba. Bolet\u00edn Junta Directiva. N\u00fam. 21 (jun. 7\/2002) <\/p>\n
Par\u00e1grafo. De conformidad con lo previsto en la Ley 9a de 1991, el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero y la Ley 27 de 1990, as\u00ed como las dem\u00e1s disposiciones concordantes, el incumplimiento total o parcial de estas obligaciones y, en general, de las disposiciones previstas para los intermediarios del mercado cambiario en la presente resoluci\u00f3n, dar\u00e1 lugar a la imposici\u00f3n de sanciones por parte de las autoridades de supervisi\u00f3n y control competentes, tanto a la entidad como a los funcionarios responsables que desacaten estas disposiciones.\u201d Modificado R.E. 3\/2002, Art. 1\u00ba. Bolet\u00edn Junta Directiva. N\u00fam. 21 (jun. 7\/2002) <\/p>\n
En las disposiciones finales precisaba el art\u00edculo 70 que las \u00abtasas de cambio de compra y venta de divisas ser\u00e1n aquellas que libremente acuerden las partes intervinientes en la operaci\u00f3n y no podr\u00e1 cobrarse comisi\u00f3n alguna, salvo el caso de las operaciones realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa en desarrollo de contratos de comisi\u00f3n\u00bb, con el a\u00f1adido de que los \u00abintermediarios podr\u00e1n convenir operaciones de compra y venta de divisas de contado para su ejecuci\u00f3n dentro de los dos d\u00edas h\u00e1biles inmediatamente siguientes y anunciar\u00e1n diariamente las tasas de compra y de venta que ofrezcan al p\u00fablico para sus operaciones a trav\u00e9s de ventanilla\u00bb, mientras que en el 75 se prohib\u00eda expresamente \u00abla realizaci\u00f3n de dep\u00f3sitos o de cualquier otra operaci\u00f3n financiera en moneda extranjera o, en general, de cualquier contrato o convenio entre residentes en el pa\u00eds en moneda extranjera mediante la utilizaci\u00f3n de las divisas de que trata este t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
Los procedimientos aplicables a las operaciones de cambios para entonces eran los contemplados en la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 16 de diciembre de 200415, donde se desarrolla lo relativo a la declaraci\u00f3n de cambio a diligenciar por quien las realiza y el cumplimiento del deber de reporte semanal del \u00abvalor neto de la monetizaci\u00f3n o compra de divisas\u00bb por los intermediarios, quienes a su vez figuraban entre otras responsabilidades con las de <\/p>\n
[c]onocer adecuadamente al cliente en ejercicio de los deberes de control y prevenci\u00f3n a las actividades delictivas, para poder informar, en caso de ser requerido, a las autoridades de control y vigilancia del r\u00e9gimen cambiario sobre las caracter\u00edsticas b\u00e1sicas de la operaci\u00f3n cambiaria de la que son intermediarios, conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 102 a 107 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero sobre prevenci\u00f3n de actividades delictivas, en los art\u00edculos 39 a 44 de la Ley 190 de 1995 y en los art\u00edculos 9 y 11 de la Ley 526 de 1999 y dem\u00e1s normas que las modifiquen o adicionen. <\/p>\n
En cuanto a las exportaciones, que es el tema que interesa en esta oportunidad, las divisas provenientes de las mismas deb\u00edan canalizarse a trav\u00e9s del mercado cambiario \u00abincluidas las que reciba en efectivo directamente del comprador del exterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su recibo, correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas en calidad de pago anticipado por futuras exportaciones de bienes\u00bb. <\/p>\n
El diligenciamiento de la declaraci\u00f3n de cambio deb\u00eda hacerse por el exportador \u00aben el momento de reintegrar las divisas, bien sea mediante su venta a los intermediarios del mercado cambiario o su consignaci\u00f3n en las cuentas corrientes de compensaci\u00f3n\u00bb, con la \u00abconstancia de los datos relativos a la(s) declaraci\u00f3n(es) de exportaci\u00f3n definitiva(s), cuando est\u00e9n disponibles en la fecha del reintegro de las divisas, as\u00ed como de los valores efectivamente reintegrados, de los gastos en que se haya incurrido y de las deducciones acordadas, si las hubiera\u00bb, datos que de no tenerse en dicha fecha quedaba compelido a informarlos al intermediario \u00abdentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha en que obtengan la declaraci\u00f3n de exportaci\u00f3n definitiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Como qued\u00f3 rese\u00f1ado, la trascendencia de la labor de las instituciones financieras como intermediarias del mercado cambiario exige un conocimiento cabal de sus clientes, necesario para cumplir con la carga de colaborarles a las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero y evitar que por ese medio se busquen cometer actos il\u00edcitos que pongan en peligro un sano comercio internacional de bienes y servicios. <\/p>\n
La regulaci\u00f3n sobre el tema remite de manera complementaria al Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, que en su parte tercera desarrolla lo concerniente al funcionamiento de las \u00abinstituciones financieras\u00bb y dedica el cap\u00edtulo XVI a su incidencia en la \u00abprevenci\u00f3n de actividades il\u00edcitas\u00bb en los art\u00edculos 102 a 107, que si bien han sufrido modificaciones desde su expedici\u00f3n el 2 de abril de 1993 la \u00faltima de ellas oper\u00f3 en 2006, esto es, con anterioridad a los acontecimientos del presente pleito. <\/p>\n
Es as\u00ed como el art\u00edculo 102, con la reforma que le introdujo la Ley 1121 de 2006, establece en el r\u00e9gimen general al respecto la obligaci\u00f3n de adoptar medidas de control con el fin de evitar que las operaciones en las entidades financieras sirvan \u00abcomo instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas\u00bb, permiti\u00e9ndoles adoptar mecanismos y reglas de conducta en aras de: <\/p>\n
a. Conocer adecuadamente la actividad econ\u00f3mica que desarrollan sus clientes, su magnitud, las caracter\u00edsticas b\u00e1sicas de las transacciones en que se involucran corrientemente y, en particular, la de quienes efect\u00faan cualquier tipo de dep\u00f3sitos a la vista, a t\u00e9rmino o de ahorro, o entregan bienes en fiducia o encargo fiduciario; o los depositan en cajillas de seguridad; <\/p>\n
b. Establecer la frecuencia, volumen y caracter\u00edsticas de las transacciones financieras de sus usuarios; <\/p>\n
c. Establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarde relaci\u00f3n con la actividad econ\u00f3mica de los mismos; <\/p>\n
d. Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero cualquier informaci\u00f3n relevante sobre sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuant\u00eda o caracter\u00edsticas no guarden relaci\u00f3n con la actividad econ\u00f3mica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su n\u00famero, por las cantidades transadas o por las caracter\u00edsticas particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos est\u00e1n usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n. <\/p>\n
e. Estar en consonancia con los est\u00e1ndares internacionales en la materia; <\/p>\n
f. Los dem\u00e1s que se\u00f1ale el Gobierno Nacional. <\/p>\n
En el mismo precepto se les posibilit\u00f3 \u00abdise\u00f1ar y poner en pr\u00e1ctica procedimientos espec\u00edficos, y designar funcionarios responsables de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos\u00bb, los cuales son susceptibles de revisi\u00f3n por la Superintendencia Bancaria (hoy en d\u00eda Superintendencia Financiera16). <\/p>\n
Finalmente, los art\u00edculos 106 y 107, que conservan su redacci\u00f3n original, prev\u00e9n la posibilidad de modificaci\u00f3n gubernamental de las normas sobre control y sancionar el incumplimiento del compromiso de informaci\u00f3n aludido. <\/p>\n
Las repercusiones de la imposici\u00f3n inquisitiva a dichas instituciones tambi\u00e9n se contemplan en la Ley 190 de 1995, por la cual se dictaron \u00abnormas tendientes a preservar la moralidad en la administraci\u00f3n p\u00fablica y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupci\u00f3n administrativa\u00bb, conforme a los art\u00edculos 39 a 44 que remiten insistentemente a los c\u00e1nones antes enunciados, haci\u00e9ndolos extensivos a \u00ablas personas sometidas a inspecci\u00f3n, vigilancia o control de la Superintendencia de Valores\u00bb, que se recuerda hoy en d\u00eda corresponde a la Superintendencia Financiera17\u00bb, siendo importante resaltar como el art\u00edculo 42 exime de cualquier responsabilidad a las entidades que brinden informaci\u00f3n a las autoridades en cumplimiento del deber consagrado en el literal d) art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, mientras que el 44 permite a las autoridades judiciales \u00ablevantar el velo corporativo de las personas jur\u00eddicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
Menci\u00f3n aparte merece la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 7 de 1996, expedida por la Superintendencia Bancaria18, que en su Cap\u00edtulo D\u00e9cimo Primero impart\u00eda las \u00abinstrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo\u00bb a ser seguidas por las entidades sometidas a su inspecci\u00f3n y vigilancia, entre ellas las intermediarias del mercado de valores, aunque dicho aparte fue reemplazado por la Circular Externa 22 de 19 de abril de 2007 de la Superintendencia Financiera, que estableci\u00f3 los par\u00e1metros m\u00ednimos a tomar en consideraci\u00f3n \u00aben el desarrollo e implementaci\u00f3n del Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo \u201cSARLAFT\u201d\u00bb, a ser cumplidas a partir del 1\u00b0 de enero de 2008 y posteriormente fue modificado por la Circular Externa 61 de 200719. <\/p>\n
Es de resaltar que dichas medidas buscaban la protecci\u00f3n de los intermediarios financieros si se tiene en cuenta que de conformidad con la definici\u00f3n del \u00abRiesgo de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u00bb contemplada en el numeral 3 de dicho Cap\u00edtulo D\u00e9cimo Primero se entiende por tal \u00abla posibilidad de p\u00e9rdida o da\u00f1o que puede sufrir una entidad vigilada por su propensi\u00f3n a ser utilizada directamente o a trav\u00e9s de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y\/o canalizaci\u00f3n de recursas hacia la realizaci\u00f3n de actividades terroristas, o cuando se presenta el ocultamiento de actividades provenientes de dichas actividades\u00bb, lo que se materializa a trav\u00e9s de riesgos asociados a los que se exponen, entendidos como tales \u00abel legal, reputacional, operativo y de contagio\u00bb y pueden generar repercusiones econ\u00f3micas negativas que afecten la estabilidad financiera. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Visto el anterior recuento normativo, necesario para establecer si en efecto incurri\u00f3 el Tribunal en los desafueros que le endilga la opugnadora, se advierte que las deficiencias atribuibles en la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n no tienen la trascendencia para modificar la decisi\u00f3n confutada. <\/p>\n
Independientemente de lo atinado de las conclusiones a las que lleg\u00f3 el ad quem, la \u00fanica que cuestiona abiertamente la censora, pero de manera infructuosa, es que \u00abla devoluci\u00f3n de las divisas al remitente original, en condiciones normales, su eventual p\u00e9rdida ante \u00e9l mismo, es atribuible a \u00e9l mismo y no al Banco, que con dicha devoluci\u00f3n procur\u00f3 amparar la licitud de su operaci\u00f3n, dejando que se entendiera directamente entre el beneficiario y el remitente\u00bb. <\/p>\n
Eso si se tiene en cuenta que todas las objeciones las dirigen frente a la decisi\u00f3n de retornar al lugar de origen los recursos obtenidos de la exportaci\u00f3n de bienes, m\u00e1s no a las situaciones que dilataron en el tiempo su monetizaci\u00f3n, pero pasando por alto que desde el instante en que se trat\u00f3 de llevar a cabo la negociaci\u00f3n, 19 de mayo de 2008, a la data de \u00abdevoluci\u00f3n de las divisas\u00bb el 29 de diciembre siguiente ya hab\u00edan transcurrido las seis meses establecidos por la normativa vigente como l\u00edmite para materializar la operaci\u00f3n de reintegro, que se habr\u00eda cumplido el 19 de noviembre previo. <\/p>\n
Desde esa perspectiva se qued\u00f3 corta la disquisici\u00f3n de la impugnante ya que asistiendo fundamento legal para no dilatar en el tiempo la tenencia de unas divisas cuyo reintegro result\u00f3 infructuoso, siendo de obligatoria observaci\u00f3n tanto por la exportadora como por la intermediaria del mercado de valores, era menester demostrar que aquella tom\u00f3 medidas tendientes a direccionar los recursos hac\u00eda otros conductos diferentes a los que acudi\u00f3 por defecto el Banco y que no fue m\u00e1s que la aplicaci\u00f3n del conocido brocardo seg\u00fan el cual en derecho \u00ablas cosas se deshacen como se hacen\u00bb20. <\/p>\n
Para mejor ilustraci\u00f3n basta con escenificar la forma como se entabl\u00f3 la negociaci\u00f3n de las divisas entre las partes en disputa, conforme a los medios de convicci\u00f3n valorados por el juzgador y que a su vez aduce indebidamente apreciados la inconforme: <\/p>\n
– Bancolombia al pronunciarse sobre los hechos segundo y tercero de la demanda admiti\u00f3 como cierto que el 19 de mayo de 2008 \u00abfue recibida orden de pago a trav\u00e9s del convenio ALADI del Banco de la Rep\u00fablica a favor de la sociedad Trade Alliance (sic) C.I. S.A. (\u2026) y por concepto de unas divisas representadas en seiscientos treinta y un mil d\u00f3lares (USD $631.000)\u00bb, lo que report\u00f3 a la destinataria y en virtud de lo cual \u00e9sta procedi\u00f3 a comunicarse v\u00eda telef\u00f3nica con la mesa de dinero de Bancolombia, donde se convino la compra de las mismas a $1.778, con el c\u00f3digo IW-03 (fls. 391 y 392 cno. 1). <\/p>\n
– Por medio de comunicaci\u00f3n de 19 de mayo de 2008, Trade Aliance CI S.A. solicit\u00f3 a Bancolombia \u00abmonetizar la transferencia recibida por el valor de USD 631.000 a una tasa del $1.778,00 (Total $$1.121.918.000,00)\u00bb, anexando para el efecto el \u00abDEX definitivo y su correspondiente declaraci\u00f3n de cambio de exportaci\u00f3n de bienes (formulario N.2) en original y copia\u00bb, con la advertencia de que los recursos deb\u00edan ser trasladados a la \u00abcuenta corriente 020-230078-26\u00bb y que la transacci\u00f3n se efectu\u00f3 en la \u00abMesa de Dinero de Bancolombia con N\u00famero de Control IW03\u00bb (fls. 92 a 96 cno. 1). <\/p>\n
– Por escrito separado de esa misma fecha, Trade Aliance solicit\u00f3 \u00abel cambio de representante legal\u00bb, cuyo \u00abmotivo ya es bien conocido por usted\u00bb (fl. 307 cno. 1). <\/p>\n
– Seg\u00fan derecho de petici\u00f3n de 5 de junio siguiente, el subgerente de la accionante requiri\u00f3 a la entidad demandada que se informaran \u00ablas razones de hecho y de derecho que tiene para afectar el libre ejercicio que tiene Trade Aliance en sus contratos financieros de cuenta corriente\u00bb, porque no se procedi\u00f3 a entregarle \u00ablos dineros que existen a su favor\u00bb y que se precisara \u00aben forma definitiva las condiciones actuales y futuras de los productos financieros\u00bb a su nombre (fls. 97 a 101 y 308 a 312 cno. 1). <\/p>\n
– En adici\u00f3n la entidad financiera expidi\u00f3 comunicaci\u00f3n de 17 junio abordando cada uno de los puntos cuestionados, reiterando que obraba en cumplimiento de las preceptivas vigentes y que en relaci\u00f3n con el \u00abgiro pendiente de monetizar por valor de USD 631.000\u00bb se har\u00eda efectiva \u00abprevia validaci\u00f3n del origen de los mismos\u00bb, lo que agotado dar\u00eda lugar a compensaci\u00f3n con obligaciones pendientes por sobregiros que ascend\u00edan a $914\u2019327.975, para lo cual reiter\u00f3 la documental a allegar en un plazo de cinco (5) d\u00edas con el fin de lograr un id\u00f3neo conocimiento del cliente (fls. 106 a 110 y 313 a 317 cno.1). <\/p>\n
– Trade Aliance expres\u00f3 el 23 de junio inconformidad porque las \u00abentidades financieras no pueden, disponer o congelar los fondos que reposan en su tesorer\u00eda en favor de sus clientes\u00bb, ya que su obligaci\u00f3n se restring\u00eda a \u00abreportar a la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero UAIF, las transacciones que considere sospechosas\u00bb, adem\u00e1s de poner de presente la dificultad de allegar la documentaci\u00f3n solicitada por estar en poder de la Fiscal\u00eda 14 Especializada y \u00abm\u00e1xime cuando el revisor fiscal est\u00e1 vinculado a la investigaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual hizo tres peticiones concretas: \u00abI) extender el plazo para aportar la documentaci\u00f3n, II) respetar los plazos y condiciones de cr\u00e9ditos adquiridos (\u2026) y III) reactivar la relaci\u00f3n comercial (\u2026) para lo cual pedimos que se convalide la monetizaci\u00f3n de los $US 631.000\u00bb (fls. 112 a 115 y 319 a 322 cno. 1). <\/p>\n
– De nuevo la gestora expres\u00f3 molestia en misiva de 26 de agosto, se\u00f1alando que durante \u00abtres meses y 12 d\u00edas (\u2026) su entidad tiene bloqueada econ\u00f3micamente a esta sociedad\u00bb, asumiendo labores investigativas que no le competen, por lo que \u00abno se entiende como el banco anula ol\u00edmpicamente (tal y como respondi\u00f3 el funcionario en forma verbal) una operaci\u00f3n en firme concertada y cerrada con la mesa de divisas de Bancolombia \u201cregistrada bajo el sistema de grabaci\u00f3n de la misma\u201d, le cargan las comisiones a la sociedad se env\u00eda la carta de instrucci\u00f3n y no abonan el dinero\u00bb (fls. 125 a 127 y 331 a 333 cno. 1). <\/p>\n
– Contest\u00f3 Bancolombia de forma concreta el 18 de septiembre en el sentido de que era su deber \u00abactuar con la debida diligencia de conformidad con las normas legales vigentes en materia de lavado de activos y financiaci\u00f3n de terrorismo y con sus pol\u00edticas internas\u00bb, m\u00e1xime frente a los hechos en que estaba involucrado el cliente y \u00abalgunos de sus administradores\u00bb, para culminar con que \u00abBancolombia es totalmente respetuoso de los procesos y decisiones judiciales y administrativas, lo cual es concurrente con su decisivo cumplimiento de los procedimientos que le impiden participar o coadyuvar en operaciones que le est\u00e1n prohibidas\u00bb -se resalta- (fls. 128 cno. 1). <\/p>\n
– Con fecha 30 de diciembre se llev\u00f3 a cabo operaci\u00f3n \u00abSwift devoluci\u00f3n\u00bb (fl. 147 cno. 1). <\/p>\n
– Si bien el 9 de enero de 2009 se puso en conocimiento de Bancolombia la \u00abpreclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, a favor de Pedro Jos\u00e9 Ram\u00edrez Chavez\u00bb, el 26 siguiente Trade Aliance le solicit\u00f3 certificar por escrito los motivos de la \u00abdevoluci\u00f3n de las divisas\u00bb, ya que \u00abtodos los documentos pertenecientes a esta exportaci\u00f3n se encuentran vencidos y estamos adelantando los tr\u00e1mites pertinentes en Venezuela para el reintegro de las mismas\u00bb (fls. 149, 151 y 339 cno. 1). <\/p>\n
El desarrollo consecutivo de la transacci\u00f3n da lugar a concordar con que el d\u00eda 19 de mayo de 2008 se convino entre los intervinientes la negociaci\u00f3n de las divisas por el conducto de la ley sobre la materia, fijando la tasa de cambio a aplicar a la operaci\u00f3n y quedando a cargo de la gestora allegar la documentaci\u00f3n exigida para monetizarlas, lo que trat\u00f3 de hacer al aportar las correspondientes declaraciones de exportaci\u00f3n y de cambio. Sin embargo, existieron circunstancias extraordinarias que condujeron a la contradictora a blindarse para el cumplimiento de la operaci\u00f3n con el respectivo desembolso, sin que le generara alguna clase de responsabilidad. <\/p>\n
Eso es as\u00ed ya que, a pesar de que como admiti\u00f3 Bancolombia al pronunciarse sobre el hecho primero del libelo \u00abentre la entidad financiera y la sociedad Trade Alliance (sic) se efectuaron operaciones de financiaci\u00f3n y transacciones bancarias entre el a\u00f1o 2.006 y 2.008\u00bb21, lo que implica un conocimiento previo del cliente, la gravedad de las nuevas circunstancias acaecidas en la \u00faltima anualidad exig\u00eda mayores cautelas antes de culminar la transacci\u00f3n en ciernes, m\u00e1xime cuando es aceptado por ambos litigantes que el detonante que entrab\u00f3 la negociaci\u00f3n fue la existencia de una investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda por el delito de lavado de activos en la que estaban involucrados el representante legal de la demandante y su revisor fiscal, el primero de los cuales hab\u00eda sido capturado cinco (5) d\u00edas antes por esos hechos. <\/p>\n
Lo anterior conlleva a revaluar la deducci\u00f3n del ad quem en el sentido de que para el 5 de junio de 2008 se configur\u00f3 un \u00abmutuo disenso o resciliaci\u00f3n\u00bb porque la entidad financiera hab\u00eda anulado la operaci\u00f3n y en petici\u00f3n de esa fecha Trade Aliance manifest\u00f3 que exist\u00eda en su favor \u00abuna transferencia por concepto de exportaciones, por valor de USD$ 631.000,00, dinero que no ha sido objeto de reintegro\u00bb, como si lo pretendido con dicha manifestaci\u00f3n fuera la devoluci\u00f3n de una suma que nunca estuvo en su poder. <\/p>\n
A pesar de que en el hecho octavo de la reforma del escrito introductor se expres\u00f3 que \u00abBancolombia S.A. al conocer la detenci\u00f3n del se\u00f1or Pedro Jos\u00e9 Ram\u00edrez Chavez, por informaci\u00f3n period\u00edstica, se neg\u00f3 unilateralmente a consignar el dinero producto del contrato de compraventa de divisas\u00bb22 y que al descorrer el traslado la contraparte dijo al respecto que era \u00abcierto que la entidad anul\u00f3 la operaci\u00f3n de monetizaci\u00f3n de divisas como consecuencia de un factor de riesgo identificado a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n y en el que relacionaba la existencia de investigaci\u00f3n por delitos de lavado de activos y financiaci\u00f3n al terrorismo\u00bb23, eso quiere decir que no se \u00abanul\u00f3\u00bb la negociaci\u00f3n de las divisas sino su \u00abmonetizaci\u00f3n\u00bb, por lo que difiri\u00f3 lo anterior a la debida acreditaci\u00f3n del origen de los recursos. <\/p>\n
Menos podr\u00eda decirse que exist\u00eda en la exportadora \u00e1nimo de declinar la negociaci\u00f3n, puesto que al emplear el t\u00e9rmino \u00abreintegro\u00bb en su escrito no quer\u00eda indicar cosa distinta a que fuera perfeccionada dicha operaci\u00f3n en el argot propio de las operaciones de mercado cambiario, esto es, que fuera consignada en su cuenta la suma convenida en la mesa de dinero. <\/p>\n
Incluso toda la comunicaci\u00f3n cruzada entre el momento en que se llev\u00f3 a cabo la negociaci\u00f3n y el 18 de septiembre de 2008, estuvo encaminada a esclarecer los diferentes puntos de vista de los contratantes en el sentido de si se requer\u00eda o no la informaci\u00f3n complementaria exigida para poder proceder al abono correspondiente o la compensaci\u00f3n con las obligaciones pendientes de la exportadora con el Banco. <\/p>\n
No obstante, esa pifia del Tribunal se torna en irrelevante ya que las razones para confirmar la determinaci\u00f3n del a quo consistieron en que, si bien la opositora incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n contractual de pagar las divisas, tal insatisfacci\u00f3n deriv\u00f3 del \u00abcambio de condiciones jur\u00eddicas tradicionales y operaci\u00f3n entre las mismas partes, como lo fue la captura del representante legal de la actora por lavado de activos, lo que habilitaba por ende al Banco a asumir una conducta mayormente preventiva y diligente en procura de proteger el precio que hab\u00eda pactado\u00bb, adem\u00e1s de que \u00abla devoluci\u00f3n de las divisas al remitente original, en condiciones normales, su eventual p\u00e9rdida ante \u00e9l mismo, es atribuible a \u00e9l mismo y no al Banco, que con dicha devoluci\u00f3n procur\u00f3 amparar la licitud de su operaci\u00f3n, dejando que se entendiera directamente entre el beneficiario y el remitente\u00bb. <\/p>\n
En \u00faltimas, para el juzgador result\u00f3 irrelevante el presunto \u00abmutuo disenso\u00bb, para reconocer que los pactantes siguieron interesados en la transacci\u00f3n, pero con la advertencia de que la entidad financiera estaba legitimada para solicitar documentaci\u00f3n adicional antes de materializar el desembolso de la suma convenida y que la obligada a satisfacer ese compromiso lo desatendi\u00f3. <\/p>\n
Dicho razonamiento se encuentra plenamente justificado por el ordenamiento jur\u00eddico en materia de operaciones de cambio, que exige de los intermediarios en el mercado de divisas un profundo conocimiento del cliente al tenor de lo establecido en la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 16 de diciembre de 2004, \u00aben ejercicio de los deberes de control y prevenci\u00f3n a las actividades delictivas\u00bb y m\u00e1s concretamente \u00absobre las caracter\u00edsticas b\u00e1sicas de la operaci\u00f3n cambiaria de la que son intermediarios\u00bb, acorde con lo previsto en el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, la Ley 190 de 1995 y la Ley 526 de 1999 que cre\u00f3 la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero. <\/p>\n
Pretender que el alcance de la exigencia de conocimiento al cliente se limita al momento de la apertura de cuentas o cuando se inicia la relaci\u00f3n comercial, ser\u00eda restringir un deber legal que puede verse activado por el cambio de las circunstancias o el surgimiento de alarmas que autorizan a tomar medidas complementarias y as\u00ed evitar que los intermediarios se vean involucrados en actos il\u00edcitos, con las consecuencias adversas que ello les acarrear\u00eda. <\/p>\n
Para este asunto, a pesar de que la gestora reconoce que estaba envuelta en investigaciones penales de lavado de activos y que su representante legal hab\u00eda sido detenido en virtud de la misma con cinco d\u00edas de antelaci\u00f3n a que se le reportara por el Banco la \u00aborden de pago a trav\u00e9s del convenio ALADI del Banco de la Rep\u00fablica\u00bb, fue renuente a aportar la documentaci\u00f3n complementaria que la entidad financiera pidi\u00f3 a fin de \u00abdar cumplimiento a las normas de conocimiento del cliente\u00bb y que no resulta exorbitante o ajena a la transacci\u00f3n en curso si se tiene en cuenta que se concret\u00f3 a24: <\/p>\n
1. Estados financieros actualizados a corte Abril de 2008 firmados por representante legal y contador. <\/p>\n
2. C\u00e1mara de Comercio actualizada con fecha de expedici\u00f3n no superior a 30 d\u00edas. <\/p>\n
3. Declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o 2007 y composici\u00f3n accionaria a la fecha con documentos de identificaci\u00f3n de los propietarios. <\/p>\n
4, Notas a los estados financieros de corte Abril de 2008. <\/p>\n
5. Relaci\u00f3n de proveedores con Nit, antig\u00fcedad comercial, cupos y condiciones manejadas con ellos. <\/p>\n
6. Relaci\u00f3n de clientes en el exterior y a nivel local con su respectivo nit, antig\u00fcedad de operaci\u00f3n y las condiciones de negociaci\u00f3n manejadas con ellos. <\/p>\n
7. Facturas de venta a clientes locales e Internacionales de las operaciones canalizadas por Bancolombia durante los primeros 4 meses del a\u00f1o 2008. <\/p>\n
8. Certificados del Invima para todas las exportaciones realizadas hacia Venezuela durante 2008 y cuyo pago se haya canalizado a trav\u00e9s de Bancolombia. <\/p>\n
9. Certificados de sacrificio de los respectivos frigor\u00edficos para todas las operaciones que se hayan canalizado a trav\u00e9s de Bancolombia durante 2008. <\/p>\n
10. Documentos de Exportaci\u00f3n que soporten las operaciones de venta hacia Venezuela durante 2008. <\/p>\n
11. Relaci\u00f3n de las cuentas pendientes de recaudo que se tengan con Venezuela discriminando el deudor y el plazo de las mismas. <\/p>\n
12. Flujo de caja proyectado a 1 a\u00f1o de la compa\u00f1\u00eda discriminando todas las partidas que lo conforman de manera mensual. <\/p>\n
13. Cualquier otro documento que soporte el origen de los recursos que se est\u00e1n recibiendo (Mensajes Swift, \u00f3rdenes de pago, certificados del Sassa, documentos de aduana, etc.). <\/p>\n
Como se observa, todos estaban dirigidos a dilucidar el origen de las divisas a que se contra\u00eda la operaci\u00f3n del 19 de mayo de 2008, como consecuencia de las actuaciones penales existentes y que hab\u00edan trascendido a los medios de comunicaci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n no constitu\u00eda una arbitrariedad o el desv\u00edo del deber profesional de la instituci\u00f3n financiera esclarecer adecuadamente que con su participaci\u00f3n no se estuviera patrocinando la comisi\u00f3n de un il\u00edcito. <\/p>\n
A pesar de que en sus comunicaciones de 17 de junio y 18 de septiembre de 2008 se explic\u00f3 por Bancolombia la raz\u00f3n de ser de tales exigencias, la exportadora expres\u00f3 una oposici\u00f3n cerrada a la misma, aunque en la carta dirigida a la entidad el 23 de junio de 2008 solicit\u00f3 \u00abextender el plazo de la documentaci\u00f3n\u00bb, a lo que al parecer se accedi\u00f3 si se tiene en cuenta que la devoluci\u00f3n de las divisas se hizo el 30 de diciembre de dicha anualidad. Sin embargo, no obran elementos demostrativos de que entre el 23 de junio y el 30 de diciembre Trade Aliance cumpliera con el requerimiento complementario a lo que por el contrario se manifest\u00f3 renuente en escrito del 26 de agosto de 2008. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva quedan sin sustento las censuras frente a las deducciones de que \u00abBancolombia incumpli\u00f3 justificadamente su obligaci\u00f3n de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente\u00bb y \u00abla demandante incumpli\u00f3 primero el contrato\u00bb, puesto que las probanzas que se dicen desatendidas o desfiguradas no logran desvirtuarlas. <\/p>\n
Contrario a lo expresado por la opugnadora, toda la documental vista cronol\u00f3gicamente, como antes se expuso, est\u00e1 acorde con lo que el Tribunal sustrajo de ella en lo que se refiere a esos dos puntos de discordia, lo que tambi\u00e9n expres\u00f3 Hans Sebasti\u00e1n Toro Gonz\u00e1lez en el compulsivo. <\/p>\n
En cuanto a la declaraci\u00f3n de Andrea Susana Jim\u00e9nez Guevara, independientemente de la raz\u00f3n esgrimida para justificar la devoluci\u00f3n de las divisas, tal hecho acaeci\u00f3 cuando ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses desde el 19 de mayo de 2008, plazo m\u00e1ximo establecido para el reintegro al tenor de lo establecido en el numeral 4 de la Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 de 16 de diciembre de 2004 y el art\u00edculo 8 de la Resoluci\u00f3n Externa 8 de 5 de mayo de 2000, ambas de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n desvirt\u00faa lo que expresa la opugnadora en el sentido de que no exist\u00eda alg\u00fan precepto que as\u00ed lo impusiera y \u00abBancolombia pod\u00eda haber extendido el plazo de espera para que Trade aportara los documentos que le fueron exigidos con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato (\u2026) hasta que su situaci\u00f3n jur\u00eddica se resolviera\u00bb, ya que si bien la ampliaci\u00f3n era viable y as\u00ed fue concedido para la transacci\u00f3n en discusi\u00f3n, no pod\u00eda extenderse indefinidamente sino por el lapso reglamentario. <\/p>\n
Toda vez que Trade Aliance no satisfizo el deber de demostrar oportunamente a Bancolombia que el origen de las divisas era regular y no comprometer\u00eda la responsabilidad de la intermediaria del mercado cambiario, era inviable materializar tales ingresos y ninguna trascendencia tra\u00eda con las dem\u00e1s relaciones negociales existentes entre las partes, por lo que no ameritaba al ad quem analizar la existencia de \u00abcontratos coligados\u00bb y las repercusiones de un posible incumplimiento de la entidad financiera que fue descartado. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En vista de que las deficiencias en que pudiera incurrir el Tribunal no tienen la trascendencia necesaria para socavar los pilares de la determinaci\u00f3n confutada, decaen los ataques. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Conforme al inciso final del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 19 de la Ley 1395 de 2010, habr\u00e1 de imponerse a la impugnante el pago de las costas procesales en el tr\u00e1mite de esta extraordinaria v\u00eda de contradicci\u00f3n, y para la tasaci\u00f3n de las agencias en derecho, se tomar\u00e1 en cuenta la r\u00e9plica de la opositora. <\/p>\n
7.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso declarativo de Trade Aliance SAS \u2013 en Liquidaci\u00f3n contra Bancolombia S.A. <\/p>\n
Costas a cargo de la accionante y a favor de la contradictora. Incl\u00fayase el equivalente a diez salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LU\u00cdS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Participaron representantes de 44 pa\u00edses, entre ellos Colombia que se adhiri\u00f3 al acuerdo celebrado por medio de la Ley 96 de 1945, la cual se puede consultar en https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1634376. <\/A><\/p>\n 2\u0002. El Banco de la Rep\u00fablica fue creado por la Ley 25 de 1923 (https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1787213), en respuesta a las recomendaciones de la Comisi\u00f3n Kemmerer y por medio del Decreto 756 de 1951 art\u00edculo primero, se le encomend\u00f3 realizar \u00abuna pol\u00edtica monetaria de cr\u00e9dito y de cambios encaminada a estimular condiciones propicias al desarrollo ordenado de la econom\u00eda colombiana\u00bb (https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1825825), lo que fue ratificado en el Decreto 2057 de 1951 al prorrogar la duraci\u00f3n de dicha entidad (https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1392311). <\/p>\n 3\u0002. Puede consultarse en la p\u00e1gina web oficial https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1809691#:~:text=por%20la%20cual%20se%20dictan,76%20de%20la%20Constituci%C3%B3n%20Nacional. <\/A><\/p>\n 4\u0002. https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=77395. <\/A><\/p>\n 5\u0002. https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1098286. <\/A><\/p>\n 6\u0002. https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1563050#ver_1563087. <\/A><\/p>\n 8\u0002. https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1588041#ver_1588128. <\/A><\/p>\n 9\u0002. Funciones que aparecen reiteradas en el Decreto 2520 de 1993, por el cual se expidieron los estatutos del Banco de la Rep\u00fablica, art\u00edculo 5 y se desarrollan en el cap\u00edtulo V del T\u00edtulo II. P\u00e1gina web https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1459372#:~:text=El%20Banco%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20podr%C3%A1%20disponer%20la%20acu%C3%B1aci%C3%B3n%20en,%C2%B0%20Caracter%C3%ADsticas%20de%20la%20moneda. <\/A><\/p>\n 10\u0002. https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=66945. <\/A><\/p>\n 11\u0002. https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1142040. <\/A><\/p>\n 12\u0002. Decreto por el cual se dictan normas en materia de cambios internacionales y que puede consultarse en la p\u00e1gina web https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1341283#:~:text=Se%20consideran%20como%20no%20residentes,domicilio%20dentro%20del%20territorio%20nacional. <\/A><\/p>\n 13\u0002. Vigente hasta que se expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n Externa 1 de 2018, de 25 de mayo, de la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. El texto original de la Resoluci\u00f3n Externa 8 de 2000 puede consultarse en la p\u00e1gina web https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/imagenes\/resol%20008_2000.pdf, <\/A> con sus modificaciones posteriores hasta el 16 de junio de 2005. <\/p>\n 14\u0002. As\u00ed figura reportado en la lista de intermediarios del mercado cambiario seg\u00fan la p\u00e1gina web https:\/\/www.banrep.gov.co\/es\/node\/28753#. <\/A><\/p>\n 15\u0002 Dicha Circular puede ser consultada en el link del Banco de la Rep\u00fablica https:\/\/www.banrep.gov.co\/sites\/default\/files\/paginas\/circular832004.pdf <\/A> . <\/p>\n 16\u0002 Por medio del Decreto 4327 de 2005 se fusionaron las Superintendencias Bancaria y de Valores, para pasar a conformar la Superintendencia Financiera https:\/\/www.suin-juriscol.gov.co\/viewDocument.asp?id=1544752. <\/A><\/p>\n 17\u0002 Ib\u00eddem 16. <\/p>\n 18\u0002 Id. <\/p>\n 19\u0002 La Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 7 de 1996 de la Superintendencia Bancaria, con sus modificaciones hasta la Circular 43 de 2007 puede ser consultada en https:\/\/normativa.colpensiones.gov.co\/colpens\/docs\/pdf\/circular_superbancaria_csb00796.pdf, <\/A> mientras que las Circulares Externas 22 y 61 de 2007 de la Superfinanciera pueden consultarse, respectivamente, en los siguientes links https:\/\/normativa.colpensiones.gov.co\/colpens\/docs\/circular_superfinanciera_0022_2007.htm <\/A> y https:\/\/www.redjurista.com\/Documents\/circular_61_de_2007_superfinanciera_-_superintendencia_financiera.aspx#\/. <\/A><\/p>\n 20\u0002 Aforismo jur\u00eddico al que se ha aludido en diversas materias en las CSJ SC9680-2015; CSJ SC de 13 julio de 2005, rad. 00126; CSJ SC de 23 de junio de 2000, rad. 5459; CSJ SC de 2 de agosto de 1999, rad. 4937; CSJ SC de 17 de mayo de 1995 rad. 4512 y CSJ SC-061 y SC-062 de 26 de noviembre de 1935. <\/p>\n 21\u0002 Fl. 391 cno. 1. <\/p>\n 22\u0002 Fl. 379 cno. 1. <\/p>\n 23\u0002 Fl. 392 cno. 1. <\/p>\n 24\u0002 Seg\u00fan figura en oficio de 17 de junio de 2008, fls. 106 a 110 cno. 1. <\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" SC3159-2022 (2018-00134-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente SC3159-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-007-2018-00134-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de primero de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). 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