STC11431-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11431-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01376-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Willian Leonardo Garay instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado, ambos del Distrito Judicial Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00968. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, de manera principal \u00abse ordene, que el preacuerdo suscrito entre defensa y fiscal\u00eda, se someta a aprobaci\u00f3n, pero ante la Justicia Penal del Circuito, y No ante la justicia especializada, que perdi\u00f3 competencia, con el ajuste de tipicidad y variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb. En subsidio, \u00abse disponga que: en virtud de la audiencia de AJUSTE DE TIPICIDAD, donde la fiscal\u00eda, vari\u00f3 la calificaci\u00f3n de las conductas: a amenazas e incendio; se remitan las diligencias ante los juzgados penales del circuito de Bogot\u00e1 (Reparto) donde se contin\u00fae la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el expediente se extrae que el Juzgado Setenta Penal Municipal de esta ciudad, el 31 de enero de 2017, tras legalizar la captura, formul\u00f3 imputaci\u00f3n a Willian Leonardo Garay y otros por los delitos de terrorismo e incendio -arts. 343 y 350 del C.P-, respectivamente (rad. 2017-00968). <\/p>\n
El Juzgado Noveno Penal Especializado del Circuito de Bogot\u00e1 llev\u00f3 a cabo audiencia de \u00abformulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb en la que mantuvo las conductas \u00abimputadas\u00bb y reconoci\u00f3 como v\u00edctimas a Jonathan P\u00e9rez Am\u00f3rtegui y Walter Alexandro Garc\u00eda \u00c1vila (25 jul. 2017); luego, instal\u00f3 \u00abaudiencia preparatoria\u00bb (30 ag.) y la sigui\u00f3 el 11 de octubre siguiente, momento en que la defensa solicit\u00f3 variar el sentido de la misma en virtud del preacuerdo radicado por la Fiscal\u00eda, empero este no fue aprobado, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el superior (12 feb. 2018). <\/p>\n
En la continuaci\u00f3n de la \u00abaudiencia preparatoria\u00bb, el ente acusador present\u00f3 otro \u00abpreacuerdo\u00bb, que tambi\u00e9n \u00abimprob\u00f3\u00bb el iudex del conocimiento (10 abr.), auto que el ad quem reafirm\u00f3 (5 jul.); posteriormente, el gestor \u00absolicit\u00f3 la impugnaci\u00f3n de competencia\u00bb del juzgador de primer grado por el factor territorial (23 oct.) y la Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 que \u00abla competencia para conocer del proceso le corresponde al Juzgado 9\u00b0 Penal del Circuito Especializado de esta ciudad\u00bb (21 nov.). <\/p>\n
\u00c9ste inici\u00f3 la vista p\u00fablica de juicio oral y el apoderado del actor \u00absolicit\u00f3 la aceptaci\u00f3n de prueba sobreviniente\u00bb, negada en resoluci\u00f3n (24 feb. 2020) que el superior convalid\u00f3 (19 may.); despu\u00e9s, en la \u00abcontinuaci\u00f3n\u00bb de esa diligencia (28 jun. 2021), a petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda, se vari\u00f3 nuevamente la \u00abaudiencia a la de verificaci\u00f3n de preacuerdo\u00bb, igualmente desaprobado en determinaci\u00f3n (17 nov.) que recurrida en apelaci\u00f3n fue refrendada por Tribunal (24 may. 2022). <\/p>\n
Sostuvo el promotor que \u00abpidi\u00f3 a la JEP que analizara los hechos base del proceso, para ver si eran tan graves, tan trascendentales, y de riesgo nacional, (calific\u00e1ndolos de \u2018terroristas\u2019) como lo sosten\u00eda la anterior Fiscal. Y la respuesta de la JEP fue que no revest\u00edan aquel car\u00e1cter\u00bb; no obstante, en su opini\u00f3n, el Colegiado cuestionado, olvid\u00f3 \u00ab(\u2026) que la JEP, ya hab\u00eda conceptuado, que esos hechos no fueron ni de gravedad nacional, ni hicieron parte del conflicto, ni causaron zozobra nacional, ni fueron de ninguna connotaci\u00f3n, que pusiera en riego el sistema pol\u00edtico nacional\u00bb, por lo que, acus\u00f3 su providencia de \u00ab[carecer] de motivaci\u00f3n y raz\u00f3n suficiente, confirmando la improbaci\u00f3n del preacuerdo, porque al magistrado (nuevo magistrado) le parece que la conducta, si es muy grave\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que las autoridades criticadas incurrieron en v\u00edas de hecho por defectos \u00abf\u00e1ctico y org\u00e1nico\u00bb, en tanto \u00abHubo intromisi\u00f3n indebida, subjetiva y caprichosa, del Juez 9 penal especializado y despu\u00e9s del Tribunal (que no son los titulares de la acci\u00f3n penal) en el preacuerdo celebrado legalmente entre Fiscal\u00eda y defensa\u00bb, dado que, la Magistratura confutada \u00abno tuvo en cuenta, ni reconoci\u00f3 en su providencia que fueron dos sesiones diferentes, una de variaci\u00f3n de calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta; donde se ajust\u00f3 la tipicidad de terrorismo a amenazas e incendio, y otra posterior el preacuerdo, circunstancia que quedo muy clara cuando el fiscal \u00fanico titular de la acci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, por cuanto \u00abni la Juez 9 Penal Especializada, ni El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (Sala Penal), despu\u00e9s de audiencia de ajuste de tipicidad o variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, ten\u00edan competencia para pronunciarse, como lo hicieron; esa desbordada intromisi\u00f3n de la Judicatura (Juez y Tribunal) en el preacuerdo celebrado\u00bb; ya que, en su criterio, \u00abCuando la Fiscal\u00eda realiza audiencia de ajuste de tipicidad, y Vario la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta; a partir de \u00e9se momento, a partir de esa audiencia; la Juez 9 especializada, perdi\u00f3 competencia para seguir conociendo del caso; y debi\u00f3 de haberlo remitido a los juzgados penales del circuito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado narr\u00f3 el rito surtido en el proceso objetado y dijo que \u00abno ha vulnerado ninguna garant\u00eda fundamental (\u2026) como se podr\u00e1 apreciar en la decisi\u00f3n del 17 de noviembre de 2021, (\u2026) adem\u00e1s, del escrito presentado por el accionante se puede evidenciar que pretende tornar la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el auxilio por falta del requisito de la subsidiariedad, en tanto \u00abel proceso penal en el que se emitieron las decisiones objeto de controversia se encuentra en curso, pues se adelantaba la etapa de juicio oral cuando se present\u00f3 el preacuerdo que fue improbado por las autoridades demandadas\u00bb, por tanto, \u00abpara ejercer el derecho de defensa (\u2026) debe hacerlo dentro de la actuaci\u00f3n ordinaria, no por v\u00eda de tutela, toda vez que \u00e9sta no puede emplearse para retrotraer las actuaciones dentro del proceso penal, ni como mecanismo para cuestionar los argumentos en los que el juez natural ordinario funda su decisi\u00f3n cuando el proceso no ha culminado\u00bb. <\/p>\n
4.- El accionante impugn\u00f3, esgrimiendo las mismas razones inaugurales, a\u00f1adiendo que \u00abLos jueces no deben involucrarse en los preacuerdos; que son actos dispositivos de las partes en el proceso penal\u00bb, empero, \u00ab(\u2026) los accionados, como si estuviera en sus funciones, (\u2026) se inmiscuyen y en \u00e9ste caso, vienen impidiendo e improbando sin mayor motivaci\u00f3n los intentos de preacordar; solo escudados en su opini\u00f3n, seg\u00fan la cual, para ellos, la conducta si fue grave\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abSe dice en el fallo: \u201cimprocedente\u201d, ya que existe el proceso, pero No existen otros medios IDONEOS de defensa (\u2026) con la figura mal aplicada de la \u2018improcedencia,\u2019 se neg\u00f3 prima facie, el acceso a la justicia constitucional\u00bb, desconoci\u00e9ndose por los convocados, que \u00abConcurr\u00edan los elementos de an\u00e1lisis m\u00ednimos, para la dilucidaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, por lo que no se aplica, la decisi\u00f3n inhibitoria de plano para el conocimiento del proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se avizora el fracaso del resguardo y, por ende, la ratificaci\u00f3n de lo opugnado; empero, por las razones que aqu\u00ed se exponen. <\/p>\n
2.- Se aclara que, pese a que el pliego superlativo se dirige tambi\u00e9n contra el prove\u00eddo emitido por el Juzgado acusado (17 nov. 2021), la Sala examinar\u00e1 \u00fanicamente el que lo refrend\u00f3, expedido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (24 may.), por ser el que defini\u00f3 el asunto controvertido. <\/p>\n
3.- En el sub lite se observa, con apoyo en los elementos suasorios adosados al infolio, que la queja contra el interlocutorio de 24 de mayo de 2022, carece de asidero jur\u00eddico, habida cuenta que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 expres\u00f3 los motivos por los cuales resultaba inviable validar el preacuerdo \u00abpues la misma responde a las pautas legales vigentes y, contrario a lo se\u00f1alado por el recurrente, la Fiscal\u00eda desconoce la posici\u00f3n que asumi\u00f3 al modificar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica y reemplazar el delito de terrorismo endilgado a los procesados, por el delito de amenaza\u00bb; directriz que no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
Fue as\u00ed, como luego de relatar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y el contenido del art\u00edculo 250 Superior, explic\u00f3, con base en jurisprudencia de esta Corte, que: <\/p>\n
(\u2026) La jurisprudencia de la Corte Suprema, frente a la facultad del Juez de Conocimiento para realizar control de legalidad y los ajustes realizados a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica contenidos en los preacuerdos ha precisado que, <\/p>\n
\u201cAunque los ajustes a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica en raz\u00f3n de la aplicaci\u00f3n del principio de legalidad y el preacuerdo celebrado entre la Fiscal\u00eda y la defensa est\u00e9n en el mismo documento, se trata de actuaciones perfectamente diferenciables, frente a las cuales el juez cumple funciones distintas\u201d (CSJ. SP14842, 28. oct.2015, rad.43436). <\/p>\n
Lo anterior en aras de evitar que los cambios realizados por el fiscal a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica bajo el ropaje de ajustes de legalidad, sean en realidad la concesi\u00f3n de beneficios prohibidos por el ordenamiento jur\u00eddico o desborden sus facultades. <\/p>\n
(\u2026) Aqu\u00ed no se discute que la acci\u00f3n penal est\u00e1 en cabeza de la Fiscal\u00eda y, por tanto, no pueden los Jueces imponer su propia percepci\u00f3n acerca de la estructura t\u00edpica del delito, pues tal proceder quebranta el esquema adversarial dise\u00f1ado por la Ley 906 de 2004. Tal autonom\u00eda no fue desconocida por la a quo, por el contrario, la reafirma al exigir al delegado que presenta el preacuerdo, se atenga a la posici\u00f3n fijada en el \u00e1mbito situacional base de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
El art. 336 de la Ley 906 de 2006, establece que \u201cEl fiscal presentar\u00e1 el escrito de acusaci\u00f3n ante el juez competente para adelantar el juicio, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o informaci\u00f3n legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existi\u00f3 y que el imputado es autor o participe\u201d. Esto permite se\u00f1alar que si el fiscal al formular acusaci\u00f3n afirmaba que los procesados eran coautores del delito de terrorismo e incendio era porque contaba con elementos materiales probatorios, evidencia f\u00edsica o informaci\u00f3n legalmente, eso s\u00ed, en el marco f\u00e1ctico planteado. <\/p>\n
La delimitaci\u00f3n de los hechos no la puede desconocer la Fiscal\u00eda, pues de los mismos deriva la adecuaci\u00f3n t\u00edpica y el principio de legalidad debe apreciarse en ese contexto -sentencia C-1260 de 2005 de la Corte Constitucional-. La premisa f\u00e1ctica es la que le permite al Juez establecer si la postura del acusador se adhiere a la adecuaci\u00f3n t\u00edpica que pregona en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
El control que le corresponde realizar al Juez, en materia de preacuerdos, est\u00e1 orientado por el respeto a la legalidad y eso es, precisamente, lo que se advierte en la decisi\u00f3n del Juzgado tras observar que la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica que sustituy\u00f3 el delito de terrorismo por amenazas, no obedec\u00eda a la realidad f\u00e1ctica. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Raciocinio que soport\u00f3 en precedente de esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia insiste en que, <\/p>\n
\u201cEn los eventos en los que el juez advierta que la delimitaci\u00f3n del cargo obedece al inequ\u00edvoco prop\u00f3sito de conceder beneficios adicionales, o que se ha optado por una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponde a los hechos con la clara finalidad de eludir una prohibici\u00f3n legal en materia de acuerdos \u00abel juez debe ejercer sus funciones de director del proceso, en orden a aclarar la situaci\u00f3n, y, a partir de ello, tomar las decisiones que considere procedentes. En todo caso, como bien lo resalta el delegado de la Fiscal\u00eda, esas labores de direcci\u00f3n deben realizarse en el momento procesal adecuado (la respectiva audiencia de control de legalidad)\u00bb\u201d -CSJ SP, 14. abr.2021, rad. 54691-. <\/p>\n
Con base en tales elucubraciones, predic\u00f3, que: <\/p>\n
(\u2026) Es necesario precisar que esta Sala de Decisi\u00f3n no se opone a la facultad que tiene la Fiscal\u00eda para ajustar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica del delito endilgado a los procesados lo que sucede es que, en ejercicio de sus funciones como director del proceso, el Juez debe verificar que en el preacuerdo no se concedan beneficios adicionales, o a la adopci\u00f3n de una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que no corresponda a los hechos y por esa v\u00eda se eluda una prohibici\u00f3n legal. <\/p>\n
Si bien la Fiscal\u00eda, dado el car\u00e1cter progresivo de la actuaci\u00f3n, puede variar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, ello solo es posible en t\u00e9rminos racionales y \u201cde ninguna manera, a esa potestad se puede acudir de manera caprichosa o arbitraria, depende exclusivamente de la obtenci\u00f3n de nuevos elementos que surjan de la actividad investigativa y, de todas formas, con el condicionamiento se\u00f1alado de adelantar adici\u00f3n a la imputaci\u00f3n, si la situaci\u00f3n as\u00ed lo amerita y permite. Adem\u00e1s, si de ello resultare una modificaci\u00f3n en la calificaci\u00f3n jur\u00eddica, debe responder al principio de estricta tipicidad, pues no de otra forma se garantiza al procesado y dem\u00e1s intervinientes las garant\u00edas constitucionales y de derecho convencional de las que son titulares\u201d [CSJ. SP. 14 de abril de 2021. Rad. 54691] (subraya propia). <\/p>\n
(\u2026) Son acciones propias del delito de amenazas \u2013art. 347 C\u00f3digo Penal-, el atemorizar como sin\u00f3nimo de causar temor y amenazar como sin\u00f3nimo de dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer alg\u00fan mal a alguien, pero en este caso, los hechos destacados en la acusaci\u00f3n anuncian que tres sujetos abordan un veh\u00edculo UBER y luego amedrantar al chofer para que abandone el mismo, procede una persona con una botella con gasolina a prenderle fuego al rodante, es decir, pasaron de la simple amenaza a los actos, calificados por la misma Fiscal\u00eda como terrorista. <\/p>\n
En tal virtud, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, la variaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de terrorismo a la de amenazas, no responde a la descripci\u00f3n f\u00e1ctica de la acusaci\u00f3n y busca el acomodamiento de los mismos con miras a una terminaci\u00f3n anticipada inviable para el caso como en anteriores oportunidades se indic\u00f3. Las repercusiones de la nueva postura de la Fiscal\u00eda trascienden al campo de la prescripci\u00f3n y la viabilidad de proseguir con el tr\u00e1mite dada la dilaci\u00f3n que el mismo acusador ha propiciado con sus insistentes cambios de criterio. <\/p>\n
Le asiste raz\u00f3n a la a quo, cuando afirma que \u201cla situaci\u00f3n f\u00e1ctica no es acorde con la adecuaci\u00f3n jur\u00eddica que se la ha dado por parte del representante del ente acusador en el preacuerdo, siendo evidente que el retiro del cargo de terrorismo y la inclusi\u00f3n del punible de amenazas, no obedece a un ajuste a la legalidad\u201d, pues en realidad se ejecut\u00f3 un acto de grave alteraci\u00f3n de la seguridad como lo afirm\u00f3 la misma Fiscal\u00eda al presentar la imputaci\u00f3n. <\/p>\n
A partir del texto del art\u00edculo 327 procesal penal se puede afirmar que el est\u00e1ndar para la celebraci\u00f3n de preacuerdos apunta a la existencia de un m\u00ednimo de prueba acerca de los elementos estructurales del delito y la autor\u00eda o participaci\u00f3n del procesado. <\/p>\n
En este caso, la Fiscal\u00eda destac\u00f3 los hechos relevantes y los adecu\u00f3 al delito de terrorismo, pues, se entiende, ten\u00eda elementos probatorios que respaldaban esas afirmaciones. No puede, con la misma realidad procesal, variar la calificaci\u00f3n jur\u00eddica por el mero cambio de criterio del delegado que ahora tiene a cargo el caso, para lograr un preacuerdo. <\/p>\n
Coligi\u00f3, en punto de las pruebas y las diferencias entre los tipos penales, que ello conllevaba a la \u00abimprobaci\u00f3n del acuerdo\u00bb, en tanto: <\/p>\n
No pueden las partes, antes del juicio oral, impulsar al Juez a que analice anticipadamente evidencias o elementos probatorios tras aducir una nueva posici\u00f3n jur\u00eddica con el pretexto de realizar ajustes a la acusaci\u00f3n con miras a la aprobaci\u00f3n de un preacuerdo. La Fiscal\u00eda debe tener en claro las diferencias entre los distintos tipos penales y, en particular, entre terrorismo y amenazas de tal forma que cuando asume una posici\u00f3n es porque realiz\u00f3 un an\u00e1lisis concienzudo de los hechos y su calificaci\u00f3n jur\u00eddica, as\u00ed como de su respaldo probatorio. El ejercicio de la acci\u00f3n penal no puede realizarse de cualquier forma y mucho menos forzando la adecuaci\u00f3n t\u00edpica de los hechos. <\/p>\n
Finalmente, admitir el preacuerdo como lo propone el ente acusador afecta el principio de legalidad y la estricta tipicidad y por eso no puede ser admitido, en consecuencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de la Juez de Conocimiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y mal podr\u00eda tildarse de sesgada, caprichosa o mucho menos infundada la decisi\u00f3n refutada, como lo anhela el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia; empero, ese prop\u00f3sito no se acompasa con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad\u00bb judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC9155-2022). <\/p>\n
4.- De otra parte, frente a la pretensi\u00f3n del precursor, tendiente a que \u00ab(\u2026) el preacuerdo suscrito entre defensa y fiscal\u00eda, se someta a aprobaci\u00f3n, pero ante la Justicia Penal Del Circuito\u00bb, para que \u00abse remitan las diligencias ante los juzgados penales del circuito de Bogot\u00e1 (Reparto) donde se contin\u00fae la actuaci\u00f3n\u00bb, no se advierte que tal pedimento lo haya elevado ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Significa entonces, que, sin justificaci\u00f3n alguna, ha \u00abomitido\u00bb desplegar las herramientas a su alcance para discutir las actuaciones que estima quebrantan sus garant\u00edas en ese aspecto, ante el funcionario cognoscente. <\/p>\n
Al respecto esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC4727-2021). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, se avalar\u00e1 el veredicto refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11431-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11431-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01376-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 26 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66842","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66842","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66842"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66842\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66842"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66842"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66842"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}