STC11447-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11447-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00270-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 5 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Diana Marcela Salamanca Reyes instaur\u00f3 en contra del Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, la Fuerza A\u00e9rea Colombiana (FAC), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 del Ej\u00e9rcito Nacional, el Banco Agrario de Colombia S.A., Jos\u00e9 Javier Salamanca Hurtado y Elicilia Rodr\u00edguez Bueno. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abM\u00cdNIMO VITAL, A LA EDUCACI\u00d3N, A LA SALUD, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD – NO DISCRIMINACI\u00d3N A LA MUJER- Y A LA DIGNIDAD HUMANA\u00bb, para que se \u00abrevo[que] la medida de retenci\u00f3n y no pago de la cuota alimentaria y se ordene el pago o la consignaci\u00f3n en la cuenta asignada, a partir del mes de agosto de 2021 hasta el cumplimiento de mi edad, de los 25 a\u00f1os, es decir hasta el 07 de agosto de 2022, y se reestablezca todos los derechos fundamentales vulnerados (\u2026), entre ellos el de la salud y el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y las piezas arrimadas al legajo se extracta que, la progenitora de la suplicante inici\u00f3 contra su padre Jos\u00e9 Javier Salamanca Hurtado \u00abproceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb (rad. 2001-00847-00), el cual fue repartido para su conocimiento al Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9, quien aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio al que llegaron los litigantes, en el cual se estableci\u00f3 aquella en $220.000.oo, hoy de $998.000.oo, y como garant\u00eda de los \u00abalimentos futuros\u00bb el 16.66% de las cesant\u00edas del demandado (22 feb. 2002). <\/p>\n
Su ascendiente present\u00f3 \u00abdemanda de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb, asignada al mismo estrado (rad. 2021-00145-00), quien la admiti\u00f3 y decret\u00f3 \u00abmedida provisional de suspensi\u00f3n del pago de dep\u00f3sitos judiciales\u00bb (27 jul. 2021), siendo aplicada por el Banco Agrario de Colombia S.A. al mes siguiente, gravamen que se mantuvo inc\u00f3lume, ya que se declinaron los medios de defensa que se impetraron frente a dicha cautela, seg\u00fan lo se\u00f1ala la pretensora, por el \u00abasesoramiento indebido y falta de responsabilidad de la apoderada Elicilia Rodr\u00edguez Bueno\u00bb. <\/p>\n
A trav\u00e9s de nuevo mandatario contest\u00f3 el pliego genitor y alleg\u00f3 \u00ablos certificados de estudios\u00bb que le fueron pedidos; luego, su \u00abapoderado present\u00f3 renuncia al poder\u00bb, pero, dice la gestora, que el iudex confutado ha omitido pronunciarse \u00aboficiosamente\u00bb sobre dicho asunto, am\u00e9n que se le debe ordenar a dicha autoridad le conceda \u00abamparo de pobreza y [le] nombre abogado de oficio\u00bb. <\/p>\n
Dijo que se encuentra \u00abdesactivada\u00bb del sistema de salud de las Fuerza Militares (Jun. 2019), situaci\u00f3n que achaca a su pap\u00e1, porque \u00e9ste \u00abhizo caso omiso\u00bb a las \u00abexigencias de la entidad\u00bb, aunado a que la Fuerza A\u00e9rea Colombiana (FAC), la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 del Ej\u00e9rcito Nacional (Batall\u00f3n Rooke \u2013 Dispensario M\u00e9dico), \u00abamparado[s] en el incumplimiento de los requisitos de [su] padre, ha[n] negado el acceso al servicio de salud, teniendo que acudir a prescripciones independientes [de] galenos [poniendo] en riesgo [su] propia humanidad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 pidi\u00f3 negar el auxilio por \u00abhecho superado\u00bb, toda vez que la gestora \u00abdentro del t\u00e9rmino respectivo invoco reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda, posteriormente contest\u00f3 la demanda propuso excepciones previas y de m\u00e9rito, y en escrito presentado por su representante judicial desiste de los recursos\u00bb, por lo que \u00ab[m]ediante auto de fecha 3 de agosto de 2022 se acept\u00f3 el desistimiento (\u2026), se tiene por contestada la demanda (\u2026), se rechazan de plano las excepciones previas y se corre traslado de las excepciones de m\u00e9rito conforme al Art. 391 del C. G del Proceso, y se acept\u00f3 la renuncia presentada por el apoderado de la demandada en los t\u00e9rminos del inc. 4\u00b0 del Art. 78 de C. G. del Proceso\u00bb. <\/p>\n
El Director de N\u00f3mina y Prestaciones Sociales de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana (FAC) se opuso al ruego, destacando que no atiende el requisito de la inmediatez, am\u00e9n que \u00aben virtud de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 4158 de 2010 se adelanta el proceso de reconocimiento y pago de los salarios y las prestaciones sociales que asistan al personal Militar de la Fuerza A\u00e9rea Colombiana que ostenta la calidad de activo, sin embargo, cuando este personal se retira de la Instituci\u00f3n y cuenta con los requisitos para obtener el reconocimiento de una asignaci\u00f3n de retiro, es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, la entidad que conforme al numeral 3.10 del art\u00edculo 3 de la ley 923 de 2004 reconoce y efect\u00faa el pago de estas y de sus sustituciones\u00bb. <\/p>\n
El Establecimiento de Sanidad Militar BAS06 del Ej\u00e9rcito Nacional solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, por cuanto \u00abcarece de competencia funcional para proceder a activar los servicios m\u00e9dicos a la accionante\u00bb, ya que \u00abcumple funciones exclusivamente asistenciales\u00bb. <\/p>\n
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares requiri\u00f3 declarar improcedente la ayuda frente a ella, comoquiera que \u00able reconoci\u00f3 asignaci\u00f3n de retiro al se\u00f1or T\u00e9cnico Jefe (RA) de la Fuerza A\u00e9rea JOS\u00c9 JAVIER SALAMANCA HURTADO [y] se est\u00e1 realizando el pago del citado embargo y actualmente se contin\u00faa con dicho pago, pues esta entidad no ha recibido oficio alguno que haga alusi\u00f3n al levantamiento de la medida\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 desestim\u00f3 el resguardo, porque \u00abla decisi\u00f3n de la que se duele la accionante le fue notificada en debida forma, impetr\u00f3 los recursos de ley frente a la decisi\u00f3n que hoy cataloga como transgresora de sus derechos constitucionales, realizando en forma posterior desistimiento a los mismos\u00bb, con lo cual \u00abse concluye que, desaprovech\u00f3 esta oportunidad\u00bb, sin que pueda perderse de vista que \u00abla concesi\u00f3n del amparo de pobreza [es] del resorte exclusivo del operador judicial llamado a esta actuaci\u00f3n (Art. 151 y ss. del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 la actora, insistiendo en los argumentos de la \u00abtutela\u00bb, a\u00f1adiendo que \u00abel estudio hecho por la Sala, no es un estudio de acuerdo a su jerarqu\u00eda y conocimiento, es un estudio ligero, sin responsabilidad judicial, que solo toc\u00f3 el proceso de manera material, es decir, no aplic\u00f3 la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos expresados por Diana Marcela Salamanca Reyes en la impugnaci\u00f3n, pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que lo definido en primera instancia debe ser convalidado, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
1.1.- La pretensora se duele del prove\u00eddo dictado el 27 de julio de 2021 por el Juzgado Primero de Familia de Ibagu\u00e9 en el proceso de \u00abexoneraci\u00f3n de cuota alimentaria\u00bb que Jos\u00e9 Javier Salamanca Hurtado entabl\u00f3 en su contra (rad. 2021-00145-00), en espec\u00edfico, de la resoluci\u00f3n adoptada en el ordinal cuarto, atinente a la medida provisional de \u00absuspensi\u00f3n del pago de dep\u00f3sitos judiciales que sean constituidos en raz\u00f3n del proceso de alimentos radicado 73001-31-10-001-2001-00847-00, estando supeditada la continuidad del pago a la acreditaci\u00f3n por la alimentaria de que se encuentre estudiando, y a las resultas del presente proceso\u00bb (archivo 03 RAD 2021-00145 admite demanda.pdf., expediente digital remitido), porque, en su sentir, no se ajusta a derecho. <\/p>\n
Sin embargo, del paginario digital aproximado a esta tramitaci\u00f3n, se observa que la quejosa, pese a que cuestion\u00f3 la aludida cautela a trav\u00e9s de los remedios horizontal y vertical, \u00abdesisti\u00f3\u00bb de los mismos mediante memorial que ados\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico el 25 de octubre de ese mismo a\u00f1o (archivo 10 Solicitud de Desistimiento de Recurso.pdf., ejusdem), abdicaci\u00f3n aceptada el pasado 3 de agosto por el despacho encartado (archivo 19.RAD 2021-00145- EXONERACION traslado de excepciones.pdf., Cit.). <\/p>\n
En tal sentido, tuvo la posibilidad de debatir ante el \u00abjuzgador natural\u00bb la irregularidad que ahora exhibe en este sendero especial\u00edsimo, y no lo hizo, ya que renunci\u00f3 al mecanismo autorizado para refutar lo dictaminado en primera fase (reposici\u00f3n). De ah\u00ed que deba soportar los efectos adversos de su dimisi\u00f3n por no haber hecho uso de esa herramienta. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala tiene dicho que <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026), STC6663-2018, citada en STC6916-2020 y en la STC3496-2022. <\/p>\n
Ello, en virtud de que, <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala. (STC7966-2018, citada en STC6916-2020 y en la STC7199-2022). <\/p>\n
1.2.- Ahora bien, as\u00ed se soslayara tal proceder, el reproche tampoco podr\u00eda salir avante, comoquiera que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia, si en cuenta se tiene que desde la data en que se emiti\u00f3 la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n hasta la radicaci\u00f3n de la \u00abdemanda de tutela\u00bb (26 jul. 2022), transcurrieron aproximadamente once (11) meses y veintinueve (29) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el resguardo. <\/p>\n
Respecto a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC3457-2021 y en la STC6140-2022, entre otras). <\/p>\n
1.3.- Con todo, nada obsta para que la impulsora \u00absolicite\u00bb al juzgador criticado el levantamiento de la prenotada \u00abmedida cautelar\u00bb, quien deber\u00e1 solventar lo que concierna de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, circunstancia que apunta a que el desconcierto igualmente desatiende el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
1.4.- De otra parte, en lo que toca con la censura de la accionante que sugiere negligencia de la abogada Elicilia Rodr\u00edguez Bueno en la causa objetada, dest\u00e1quese que tal situaci\u00f3n resulta insuficiente para abrir paso al patrocinio iusfundamental, ya que, sobre ese tipo de lamento esta Magistratura ha decantado que, <\/p>\n
(\u2026) tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente\u2026 por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026) (STC9510-2016, mencionada en STC997-2021 y STC). <\/p>\n
1.5.- As\u00ed mismo, en lo que ata\u00f1e a la tacha elevada por la tutelante por haber sido \u00abdesactivada\u00bb del r\u00e9gimen especial de salud al que estaba afiliada como beneficiaria de su \u00abprogenitor\u00bb, se tiene que en el infolio no existe elemento de convicci\u00f3n alguno que demuestre que previamente peticion\u00f3 a los \u00f3rganos competentes la activaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos anhelados, esto es, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y al Grupo de Afiliaciones y Validaci\u00f3n de Derechos de la Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, a voces de los c\u00e1nones 10\u00b0 – literal d), 20 y 22 de la Ley 352 de 1997, en concordancia con los art\u00edculos 4\u00b0 y 14 de la Resoluci\u00f3n 1651 de 2019, para provocar una manifestaci\u00f3n que responda positiva o negativamente su requerimiento, declaraci\u00f3n que no puede anticipar el \u00abjuez de tutela\u00bb, en tanto, significar\u00eda una intromisi\u00f3n de este instrumento especial en los fueros propios de los estamentos elegidos para hacerlo (STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01; citado en STC211-2022 y STC9149-2022, entre otros). <\/p>\n
Por consiguiente, es incuestionable que tal ambici\u00f3n no cumple de la \u00abel presupuesto de la subsidiariedad\u00bb, m\u00e1xime cuando la interesada no esgrimi\u00f3 ni demostr\u00f3 estar en una condici\u00f3n especial meritoria de ser atendida transitoriamente, para evitar la ocurrencia de un perjuicio de la connotaci\u00f3n de irremediable, en tanto, solamente sugiri\u00f3 que le ha tocado acudir a m\u00e9dicos de forma particular. <\/p>\n
1.6.- Por \u00faltimo, basta decir, en lo que incumbe con la rogativa encaminada a que se \u00abordene\u00bb al sentenciador refutado concederle \u00abamparo de pobreza\u00bb y, por ende, le asigne un \u00ababogado de oficio\u00bb, que corre la misma suerte de la postulaci\u00f3n anterior por no satisfacer el marcado postulado, en la medida que debe \u00abacudir\u00bb a dicho funcionario a elevar tal rogAtiva, tem\u00e1tica respecto de la cual no puede adelantar una respuesta el \u00abexaminador constitucional\u00bb, como se ilustr\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, como se anunci\u00f3, el veredicto opugnado ser\u00e1 respaldado, pero por las reflexiones enunciadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, por las razones expresadas en esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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