STC11449-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11449-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01221-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Dago Ulises Lizarazo Mesa instaur\u00f3 en contra de la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de esta Corporaci\u00f3n, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Laboral – y del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb, \u00abseguridad social\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abtrabajo\u00bb y \u00abdignidad humana\u00bb, para que se ordenara a las autoridades enjuiciadas dejar sin efectos las providencias emitidas el 30 de julio de 2010, 30 de julio de 2014 y 7 de diciembre de 2021 por incurrir en \u00abdefecto sustantivo, f\u00e1ctico, (\u2026) sin motivaci\u00f3n y violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, as\u00ed como en desconocimiento de precedentes judiciales horizontales y verticales\u00bb y, en consecuencia, \u00abreemplezar[las] por nuevos fallos en los cuales se valoren las pruebas obrantes (\u2026) y se liquiden las acreencias laborales y las prestaciones sociales a las que haya lugar con el salario realmente devengado (\u2026) a fecha de 31 de diciembre de 2007 con sus elementos salariales adicionales y no con un ficticio e inferior\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 las pretensiones del juicio que inco\u00f3 contra la Compa\u00f1\u00eda de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia para obtener \u00abla liquidaci\u00f3n final de prestaciones sociales, esto es, las cesant\u00edas, los intereses sobre este auxilio, la sanci\u00f3n por el no pago de los mismos y la indemnizaci\u00f3n moratoria, as\u00ed como las cotizaciones correspondientes al sistema de salud, pensi\u00f3n y riesgos profesionales\u00bb (30 jul. 2010). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n, ya que en ella se advirti\u00f3, que, si bien existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral y que Compa\u00f1\u00eda de Inversiones Flota Mercante S.A. no demostr\u00f3 el pago, no se pudo establecer el salario que deveng\u00f3; sin embargo, seg\u00fan su expresi\u00f3n, en el paginario s\u00ed reposaban dos pruebas consistentes en una certificaci\u00f3n expedida por la Gerencia de Gesti\u00f3n Humana de la Flora Mercante Grancolombia del 15 de diciembre de 1995 y una afirmaci\u00f3n indefinida. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ese prove\u00eddo lo revoc\u00f3 el superior quien, conden\u00f3 a las demandadas a cancelarle \u00fanicamente los aportes de \u201cseguridad social\u201d en el per\u00edodo comprendido entre el 24 de septiembre de 1997 y el 31 de diciembre de 2007 con base en el \u201csalario b\u00e1sico de US$701 (\u2026) sin indagar en los dem\u00e1s elementos constitutivos y sin pronunciarse sobre los defectos probatorios acaecidos en primera instancia\u201d (30 jul. 2014, aclarada el 4 may. 2015). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que \u00e9l y la Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b0 1 no quebr\u00f3 la directriz del ad quem (7 dic. 2021, SL5554). <\/p>\n
Tild\u00f3 de irregular las resoluciones de las dependencias confutadas, en s\u00edntesis, porque en la primera no se efectu\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial que pidi\u00f3, no tuvo como indicio grave el acto de la \u00abdemandada\u00bb quien se abstuvo de exhibir el informe con el cual se acreditaba \u201cel salario\u201d que percib\u00eda y no resolvi\u00f3 de fondo la controversia; en la segunda, tampoco se practicaron las evidencias que requiri\u00f3 y realiz\u00f3 una err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de los gastos de los a\u00f1os 1997-2007 utilizando una \u201cf\u00f3rmula inexistente\u201d, yerros que se extendieron hasta la casaci\u00f3n, por cuanto la Corporaci\u00f3n \u201ccay[\u00f3] en el mismo yerro de los jueces de instancia, decidiendo sin la valoraci\u00f3n de la totalidad de [los elementos de convicci\u00f3n] que hab\u00edan sido solicitadas oportunamente (\u2026) y que llevar\u00edan al convencimiento sobre el valor real del salario devengado (superior a $2.000 USD) y las dem\u00e1s acreencias\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 defendi\u00f3 la legalidad de la postura acogida en esa sede y afirm\u00f3 que \u201clo que pretende el tutelante es reabrir el debate en relaci\u00f3n con los temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, (\u2026) lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional pues se trata de una discusi\u00f3n probatoria que fue resuelta seg\u00fan los medios de demostraci\u00f3n oportunamente allegados al proceso y denunciados\u201d. Recalc\u00f3 respecto de la \u00abcarga de la prueba\u00bb que menciona el quejoso, que adem\u00e1s de ser improcedente invocarla en esta guarda, \u201cresulta desacertada teniendo en cuenta que si la parte actora afirma que se le adeuda una suma determinada de dinero por concepto de salario o acreencias laborales o manifiesta que su remuneraci\u00f3n correspond\u00eda a una cuant\u00eda superior, debi\u00f3 allegar los medios de prueba que lo respalden\u201d. <\/p>\n
La Federaci\u00f3n Nacional de Cafeteros de Colombia apoy\u00f3 los fundamentos de la directriz criticada y dijo que el \u201cproblema jur\u00eddico planteado no tiene relevancia constitucional, ni implica vulneraci\u00f3n o amenaza de derecho fundamental (\u2026), asimismo, el fallo que ac\u00e1 se ataca fue proferido hace m\u00e1s de 6 meses\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, tras colegir que \u00ablos razonamientos planteados en la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2021 SL5554-2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia estuvo precedida del an\u00e1lisis serio y ponderado de la normativa aplicable, la jurisprudencia y hechos probados durante la actuaci\u00f3n, lo que descarta la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el actor con los mismos argumentos del escrito inaugural; adem\u00e1s, reproch\u00f3 que el a quo constitucional \u00abno expres\u00f3 las razones f\u00e1cticas y, sobre todo, aquellas jur\u00eddicas por las cuales a su juicio la intervenci\u00f3n del juez constitucional no era procedente, es bien sabido que (\u2026) a la hora de declarar la improcedencia (\u2026) debe basar su razonamiento en el incumplimiento o bien la no acreditaci\u00f3n de alguno de los requisitos generales delimitados por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El an\u00e1lisis de esta Magistratura se circunscribir\u00e1 al pronunciamiento expedido por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 1 (7 dic. 2021; SL5554), por ser la que defini\u00f3 el asunto objetado. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se recalca que dicha sentencia no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, la Colegiatura cuestionada trajo a colaci\u00f3n la censura relacionada con el sueldo de Lizarazo Mesa al momento de la suspensi\u00f3n del contrato de trabajo, en tanto que aquel afirm\u00f3 que \u00abno ascend\u00eda a US701 sino a por lo menos US904,29\u00bb; sin embargo, aclar\u00f3 que dicho estipendio fue fijado por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en primera instancia y, frente a ello, no hubo reparo alguno cuando interpuso la alzada, lo que quiere decir que \u00absi (\u2026) el monto del salario fue objeto de inconformidad, ha debido discutirlo y plantear una eventual transgresi\u00f3n al principio de consonancia previsto en el art\u00edculo 66 A del CPTSS, pero no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n no resultaba equivocada, teniendo en cuenta que en la Resoluci\u00f3n n\u00b0 8 de 2008, en la que se apoy\u00f3, \u00abse indica que el cargo desempe\u00f1ado por el actor era el de primer mec\u00e1nico ajustador y la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1993- 1995 fij\u00f3 una asignaci\u00f3n salarial de US$701 para dicho cargo (\u2026). Por ende, deriv\u00f3 de estas pruebas lo que en verdad acreditan\u00bb y, si bien el peticionario hizo referencia a cl\u00e1usulas convencionales que establecen la base para la liquidaci\u00f3n de prestaciones, tales par\u00e1metros son insuficientes, toda vez que no verificaban que lo recibido por concepto de mensualidad era mayor, en atenci\u00f3n a que \u00abla manera c\u00f3mo se pact\u00f3 la base de liquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales, nada informa sobre la manera de calcular el salario o asignaci\u00f3n b\u00e1sica; no debe perderse de vista que los conceptos de remuneraci\u00f3n y prestaciones sociales son dis\u00edmiles y \u00e9stas no hacen parte de aquella\u00bb; con todo, el impulsor omiti\u00f3 comprobar \u00abcu\u00e1les de los conceptos convencionales a los que se refiere fueron devengados, en qu\u00e9 periodos y la cuant\u00eda de cada uno de ellos, aspectos indispensables para establecer lo verdaderamente pagado al trabajador, ello se insiste, al margen de que se deba distinguir entre prestaciones sociales y salario, as\u00ed aquellas tengan car\u00e1cter extralegal\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, no observ\u00f3 <\/p>\n
error alguno del Tribunal al fijar como salario la suma de US$701, la cual se deriva de las pruebas en que fund\u00f3 su decisi\u00f3n, y conforme a \u00e9sta deben calcularse los aportes pensionales por los que se impuso condena, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993, ya que no se prob\u00f3 un monto superior percibido por concepto de remuneraci\u00f3n. Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que no todos los valores pagados al trabajador constituyen salario, sino aquellos que retribuyan directamente el servicio en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 127 del CST o respecto de los cuales se pacte tal car\u00e1cter en normas convencionales y sean efectivamente percibidos, de ah\u00ed que no le asiste raz\u00f3n al censor al asegurar que han debido incluirse todos los conceptos devengados, los cuales ni siquiera acredita. <\/p>\n
Luego, anot\u00f3 que aun cuando el tutelante intent\u00f3 en el hecho n\u00ba 25 del pliego inicial construir con cimiento en unas confesiones lo que obtuvo durante el tiempo comprendido \u00abdesde la suspensi\u00f3n del contrato a la fecha de iniciaci\u00f3n del proceso concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria -31 de julio de 2000-\u00bb; ello, por s\u00ed solo, no conduc\u00eda a imponer condenas por los valores que expuso, \u00abpues se desconocen los periodos de causaci\u00f3n y de pago de cada uno de los salarios, prestaciones y dem\u00e1s prerrogativas a los que all\u00ed se alude\u00bb, es decir que le correspond\u00eda al pretensor discriminar cada a\u00f1o y per\u00edodo lo que reclamaba, con el fin de constatar lo que eventualmente ascender\u00eda cada acreencia laboral, con la definici\u00f3n de la \u00abcausaci\u00f3n\u00bb la cual debe ser definida por el funcionario para el cumplimiento de los requisitos legales y extralegales. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, como en el proveimiento combatido se observ\u00f3 el \u00abprecedente\u00bb fijado en la materia en el litigio laboral propuesto por el precursor, es evidente que la aspiraci\u00f3n de \u00e9ste es imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pol\u00e9mica, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los \u00abargumentos\u00bb f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
4.- Por consiguiente, a pesar de hallarse satisfechos los presupuestos de procedibilidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb jurisprudencialmente establecidos, esto es, la inmediatez, la subsidiariedad y la relevancia constitucional, se refrendar\u00e1 el veredicto opugnado, en raz\u00f3n a que el mismo no es arbitrario ni caprichoso, ni conlleva trasgresi\u00f3n a los atributos esenciales suplicados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11449-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11449-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01221-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66850","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66850"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66850\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}