STC11506-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11506-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-10-000-2022-00260-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 3 de agosto de 2022, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda In\u00e9s Navarro Carder contra el Juzgado Tercero de Familia de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas de acceso a la justicia y debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refiri\u00f3 los siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn (rad. n.\u00ba 2013-00965) curs\u00f3 la sucesi\u00f3n de Rafael Ignacio Pedro Navarro Carder, asunto en el que se reconoci\u00f3, entre otras personas, a Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, el cual finaliz\u00f3 con sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, el pasado 28 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.2. Frente a Navarro Borja, la aqu\u00ed libelista adelant\u00f3 otro proceso a instancias del Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad \u2013restituci\u00f3n de dinero para el mortuorio de Helen Gladys Carder de Navarro (rad. n.\u00ba 2015-00970)\u20131, en el que se orden\u00f3 el pago de $450.000.000 en favor de aquella, por lo que, con base en el numeral 2 del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 el embargo de los derechos hereditarios que el deudor tuviera en la sucesi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Y, pese a que la medida se comunic\u00f3 en diciembre de 2017, \u00abhan pasado m\u00e1s de cuatro a\u00f1os\u00bb sin que se conozca la respuesta del estrado de familia, por lo que ha radicado m\u00faltiples memoriales con ese prop\u00f3sito. No obstante, el apoderado de Navarro Borja alleg\u00f3 a esa causa la escritura p\u00fablica en virtud de la cual el citado heredero cedi\u00f3 parte de sus prerrogativas. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, la aqu\u00ed gestora intent\u00f3 comparecer como \u00abinterviniente\u00bb en el tr\u00e1mite sucesoral, para defender sus garant\u00edas frente a Navarro Borja, de acuerdo con la previsi\u00f3n del canon 69 ejusdem; pero, el 20 de febrero de 2020, esa petici\u00f3n se despach\u00f3 desfavorablemente. <\/p>\n
2.5. Contra esa resoluci\u00f3n, ejerci\u00f3 varios medios de defensa, pese a lo cual el despacho se abstuvo de darles tr\u00e1mite, aun cuando insisti\u00f3 en que \u00abno pretend\u00eda que se le reconociera como acreedora hereditaria, sino [para intervenir] en un tr\u00e1mite concreto: la suerte del embargo decretado por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abque se ordene al Juzgado 3 de Familia de Oralidad de Medell\u00edn mantener el embargo decretado por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Medell\u00edn sobre todos los bienes adjudicados al se\u00f1or Ignacio Andr\u00e9s Navarro, puesto que el reconocimiento como cesionario de parte de esos derechos de [un tercero] fue posterior a la recepci\u00f3n del oficio de embargo\u00bb y \u00abque se ordene resolver de fondo (\u2026) los recursos interpuestos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El despacho censurado defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, arguyendo que \u00abcomo lo menciona la accionante tutelante, el 20 de febrero de 2020, peticiono a este despacho ser admitida en calidad de \u201cinterviniente\u201d, dentro de este tr\u00e1mite sucesorio, el cual fue despachado desfavorablemente como quiera que no se acudi\u00f3 dentro de la oportunidad procesal consagrada en el Art. 1312 de la obra adjetiva, y en las calidades all\u00ed descritas\u00bb, y precis\u00f3 que \u00abdicha decisi\u00f3n fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, a los que no se le dio tr\u00e1mite por cuanto fueron presentados por una persona ajena al proceso\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, agreg\u00f3 que la censora \u00abincansablemente busca que se tome nota de una medida cautelar decretada por el Juzgado 17 Civil del Circuito de Medell\u00edn, respecto de los bienes que pudieran corresponder al heredero Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, de la que si bien no se tom\u00f3 nota en el momento en que fuera comunicada a este despacho, si se hizo por auto del 08 de junio de los corrientes\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, arguy\u00f3 que \u00abde otro lado, pretende la actora que no se reconozca al se\u00f1or An\u00edbal Santiago P\u00e9rez Vergara, como cesionario de los derechos que pudieran corresponder al citado Ignacio Andr\u00e9s, en la medida que dicho reconocimiento se hizo con posterioridad a la comunicaci\u00f3n remitida por el Juzgado 17 Civil del Circuito (11 de diciembre de 2017). Si a este punto se atendiera, valga rememorar que, con anterioridad a dicho oficio, se allego el documento contentivo de la venta de derechos herenciales (17 de noviembre de 2017). Tal y como se dijo en providencia del 08-06-2022, el contrato de venta de derechos herenciales es un acto que obliga a las partes mismas desde el momento de su celebraci\u00f3n, y el mismo no est\u00e1 condicionado al reconocimiento de la calidad de cesionario; y en tal virtud y conforme lo dispone la Ley, el despacho efect\u00fao los reconocimientos correspondientes\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, compendi\u00f3 diciendo que \u00abnos encontramos en presencia de un proceso liquidatorio, -y no declarativo-, el cual presupone un proceso especial, y en el que \u00fanicamente y de manera exclusiva pueden comparecer las personas de que trata el Art. 1312 CC, y hasta la fecha en que se efect\u00fae la diligencia de inventarios y aval\u00faos, no despu\u00e9s; por lo que, en este especial evento, no cabe la posibilidad que con posterioridad a esa diligencia y con una calidad diferente a la norma en cita, se acepte un \u201ctercero\u201d, y respecto del cual no es claro el objeto que tiene de hacerse parte, ya que si observamos su argumento, es para hacer efectivas las medidas cautelares decretadas por otro despacho, y que como ya se ha mencionado han sido tenido en cuenta al interior de estas diligencias\u00bb. <\/p>\n
2. El mandatario judicial de Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, Esperanza Borja y An\u00edbal Santiago P\u00e9rez, se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, aduciendo que \u00abno se le viola [a la censora] ning[\u00fa]n derecho fundamental, [pues] perdi[\u00f3] el proceso ordinario o verbal del Juzgado 17 Civil del Circuito en Segunda Instancia, no tiene t[\u00ed[tulo para comparecer al proceso de sucesi[\u00f3]n y hacer valer el cr[\u00e9]dito de su poderdante\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, porque, \u00abal margen de compartirse o no, el prove\u00eddo [confutado] no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 a decidir, valga recalcar, motivando con apoyo en el art\u00edculo 1312 del C\u00f3digo Civil, que la solicitud presentada no era procedente, lo que desdice de la transgresi\u00f3n aducida en su contra, la que por ende, no encuentra recibo en esta alzada excepcional de protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, coligi\u00f3 que \u00aben rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el fallador confutado dispuso no aceptar su intervenci\u00f3n, en relaci\u00f3n con las medidas preventivas practicadas en cuanto a los derechos del se\u00f1or Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja y de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo General del Proceso, planteamiento que dif\u00edcil es desaprobar de plano o calificarlo de absurdo o avieso\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que \u00abla queja constitucional no puede salir avante, en tanto que, en primer lugar, las solicitudes si fueron resueltas como se demostr\u00f3 en precedencia seg\u00fan el entendimiento de la autoridad judicial accionada, recalcando adem\u00e1s, que la actora no era parte ni pod\u00eda serlo, todo porque no ostentaba ninguna de las calidades de que trata el art\u00edculo 1312 del C\u00f3digo Civil y su petici\u00f3n se perfil\u00f3 a que se le reconociera como interviniente en el mortuorio aludido y no dentro de un incidente o tr\u00e1mite especial, de lo que sobresale que dicha determinaci\u00f3n, no subyace arbitraria, subjetiva o caprichosa\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la precursora recurri\u00f3 la precitada providencia, enfatizando en que \u00abel juzgado sigui\u00f3 considerando que la intervenci\u00f3n solicitada deb\u00eda reglarse con base en el art\u00edculo 1321 del C\u00f3digo Civil, ello no es una interpretaci\u00f3n razonable\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abv\u00eda de hecho es tambi\u00e9n la negativa a resolver [los] recursos\u00bb. <\/p>\n
El mandatario judicial de Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, Esperanza Borja y An\u00edbal Santiago P\u00e9rez descorri\u00f3 traslado del escrito y reafirm\u00f3 los argumentos expuestos en su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la sucesi\u00f3n de la referencia (rad. n.\u00ba 2013-00965), por denegar la intervenci\u00f3n de la libelista en procura de materializar la medida de embargo de los bienes adjudicados al heredero Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, decretada por el hom\u00f3logo Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad en otra causa (rad. n.\u00ba 2015-00970), supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de ratificarse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por la memorialista, no se puede colegir actualmente vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que, grosso modo, el prop\u00f3sito de este mecanismo se ci\u00f1\u00f3 a cuestionar las actuaciones surtidas en la sucesi\u00f3n (rad. n.\u00ba 2013-00965), las cuales, en criterio de la solicitante, habr\u00edan impedido ejercer adecuadamente sus prerrogativas \u2013en especial, hacer valer el cr\u00e9dito que habr\u00eda sido reconocido en la restituci\u00f3n de dineros para el mortuorio de Helen Gladys Carder de Navarro, frente a Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja2\u2013, no obstante, verificado el legajo respectivo, se desprende que, ciertamente, pese a las inconformidades expuestas, con prove\u00eddo de 3 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero de Familia de Medell\u00edn sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto del oficio emitido por el Juzgado Diecisiete (17) Civil del Circuito de Medell\u00edn, hasta la fecha, como acertadamente lo dice el abogado, no se ha pronunciado el despacho; como quiera que en este proceso no se ha procedido con la entrega de los bienes adjudicados a los interesados, habr\u00e1 de darse cumplimiento a la disposici\u00f3n emitida por este despacho judicial, para lo cual se tomar\u00e1 atenta nota de dicha orden. No obstante, lo anterior, el embargo comunicado solo proceder\u00e1 respecto del porcentaje adjudicado al se\u00f1or Ignacio Andr\u00e9s Navarro Borja, como quiera que este mediante escritura p\u00fablica del 26 de octubre de 2015, allegada al despacho el 17 de noviembre de 2017, hizo venta de un porcentaje de sus derechos herenciales y el oficio librado por el Juzgado 17 Civil, tan solo fue allegado al despacho el 11 de diciembre de 2017. <\/p>\n
Conforme a lo anotado, se concluye que las medidas cautelares decretadas sobre los bienes adjudicados al citado Navarro Borja continuar\u00e1n por cuenta del muy mencionado Juzgado 17; los dineros que reposan a \u00f3rdenes del despacho, y que fueron adjudicados al mismo, se remitir\u00e1n a esa dependencia judicial\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en las premisas que anteceden, deviene di\u00e1fano que, en primer lugar, se dio respuesta a los requerimientos de la aqu\u00ed pretensora \u2013con independencia de su sentido\u2013, algunos aun antes de que interpusiera el auxilio. Sumado a ello, se constat\u00f3 que, con auto de 8 de junio siguiente, el estrado de familia reiter\u00f3 que \u00ab(\u2026) no hay lugar a dubitaci\u00f3n alguna cuando se toma nota del embargo que comunica el Juzgado 17 Civil del Circuito de Medell\u00edn, que el mismo recae sobre todos los bienes adjudicados al heredero Andr\u00e9s Ignacio Carder, ya sea dinero l\u00edquido, bienes muebles o inmuebles; y en su debida oportunidad procesal, este despacho lo dejar\u00e1 conocer a las diferentes entidades de registro y secretar\u00edas de tr\u00e1nsito\u00bb. <\/p>\n
3.2. Bajo esa perspectiva, se itera, como los reparos atinentes a la materializaci\u00f3n de la citada cautela fueron absueltos \u2013aunque de forma tard\u00eda\u2013, no puede desprenderse, en esas condiciones, la trasgresi\u00f3n iusfundamental endilgada. <\/p>\n
3.3. Por la misma raz\u00f3n, carece de relevancia actual dictar pronunciamiento sobre las dem\u00e1s tem\u00e1ticas referidas por la gestora \u2013v. gr., la relacionada con las irregularidades frente a la tramitaci\u00f3n de sus defensas\u2013, en tanto que, como qued\u00f3 visto, al margen de que se proh\u00edjen o no esas actuaciones, ese asunto ya finaliz\u00f3 (28 de marzo de 2022), se tom\u00f3 nota de las medidas (3 de mayo y 8 de junio siguientes) y se comunic\u00f3 lo pertinente, por lo que se le recuerda a la interesada que, cualquier eventualidad que se suscite en punto de la mencionada garant\u00eda, podr\u00e1 ventilarla ante la autoridad competente, para que se adopten los correctivos de rigor. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del ruego constitucional, ya que, actualmente, no se precisa la existencia de la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Informaci\u00f3n verificada en el cd. 02.2 del expediente 2013-00965, f. 136, toda vez que, en el escrito inicial, no se especific\u00f3 nada sobre el particular. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, se precisa que, de acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, ese proceso est\u00e1 cursando actualmente ante la Sala de Casaci\u00f3n Civil (rad. n.\u00ba 2015-00970-01), con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria propuesta por la parte demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
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