STC11513-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11513-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01037-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Felipe Jos\u00e9 Sarmiento Barrios le instaur\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-, extensiva a la Universidad del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abpetici\u00f3n\u00bb y \u00abtrabajo\u00bb para que se ordenara dar \u00abrespuesta de fondo y expida [su] tarjeta profesional de abogado\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 6 de mayo de 2022 reclam\u00f3 al correo electr\u00f3nico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.cod de la autoridad querellada la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional, quien despu\u00e9s de \u201cacusar recibida\u201d su solicitud lo inst\u00f3 para que allegara la respectiva documentaci\u00f3n, de conformidad con el art\u00edculo 3 del Acuerdo PSCSJA19-11354 de 2019. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a que inicialmente envi\u00f3 todos los legajos all\u00ed transcritos, el 18 de mayo los remiti\u00f3 de nuevo dando cumplimiento a lo mandado y, posteriormente, la entidad le inform\u00f3 que \u201cofici\u00f3\u201d a la Universidad del Atl\u00e1ntico \u201cpara que se sirva certificar la fecha de inicio de la carrera de Derecho\u201d (26 may.); sin embargo, a la fecha de interposici\u00f3n de esta guarda \u201chan transcurrido 3 meses desde la radicaci\u00f3n de la solicitud (\u2026) y no h[a] obtenido una respuesta de fondo por parte del URNA, transgredi\u00e9ndo[l]e no solo [su] derecho fundamental a la petici\u00f3n sino cercenando [su] derecho al trabajo pues no h[a] podido ejercer como profesional\u201d. <\/p>\n
2.- La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia indic\u00f3 que los d\u00edas 10 de mayo y 29 de junio hoga\u00f1o, de acuerdo con el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1905 de 2018, pidi\u00f3 a la Universidad del Atl\u00e1ntico \u00abinformaci\u00f3n\u00bb para continuar con el tr\u00e1mite de \u201cInscripci\u00f3n de Tarjeta Profesional de Abogado\u201d del quejoso, empero, a la fecha, no la ha recibido lo que impide satisfacer el pedimento de este, situaciones comunicadas a Sarmiento Barrios el 23 de agosto a trav\u00e9s del e-mail. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Ab initio, se vislumbra frente a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, el fracaso del ruego, por cuanto con independencia de que en principio dicha dependencia pudo presentar demora en noticiar al actor las diligencias adelantadas, encaminadas a la emisi\u00f3n de la \u201ctarjeta profesional\u201d, consistentes en el suministro de \u00abdocumentos y de informaci\u00f3n\u00bb que requiri\u00f3 a la Universidad del Atl\u00e1ntico (par\u00e1grafo del art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015), lo cierto es que esa tardanza en la actualidad no tiene relevancia en la \u00f3rbita constitucional, porque, en el curso de esta acci\u00f3n superlativa, esto es, el 23 de agosto de 2022, le notific\u00f3, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico pipe23@live.com, de todas las actuaciones emprendidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, la Corte Constitucional ha esbozado: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: (\u2026). <\/p>\n
Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (\u2026). C.C. T-038 de 2019; EXP. T-7.000.184. <\/p>\n
2.- Ahora, en atenci\u00f3n a que dentro del plazo concedido en el auto admisorio (22 ag. 2022) a la Universidad del Atl\u00e1ntico, no se pronunci\u00f3 sobre los supuestos f\u00e1cticos de la demanda del gestor, es preciso aplicar la presunci\u00f3n de veracidad del art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, entendiendo que la no definici\u00f3n de la controversia sometida a su escrutinio quebranta las garant\u00edas \u00abfundamentales\u00bb de Felipe Jos\u00e9. <\/p>\n
En efecto, en el paginario aparece acreditado que, tal como aludi\u00f3 la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia al contestar este auxilio, los d\u00edas 10 de mayo y 29 de junio de 2022, exhort\u00f3 a la Universidad del Atl\u00e1ntico para que \u201ca la mayor brevedad (\u2026) [brindara] informaci\u00f3n con datos completos (\u2026) en formato editable incluyendo n\u00famero de acta, folio, libro, fecha de grado y fecha de inicio de carrera\u201d de varios graduados, entre ellos, el aqu\u00ed promotor, al tenor del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1905 de 2018, sin que ning\u00fan \u00abtr\u00e1mite\u00bb hubiera surtido hasta el proferimiento de este prove\u00eddo. <\/p>\n
De ah\u00ed que, ante el silencio de la instituci\u00f3n educativa, se otorgar\u00e1 la salvaguarda ya que la demora en enviar las misivas y los datos de los egresados, paraliz\u00f3 el procedimiento y alter\u00f3 el plazo de diez (10) d\u00edas fijado en el art\u00edculo 15 del Acuerdo PSAA10-7543 de 2010, para la expedici\u00f3n del respectivo acto administrativo. <\/p>\n
Y es, que, est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad en el \u00abprocedimiento\u00bb, porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a las autoridades administrativas en procura de una soluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corte, al predicar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada en STC11505-2020 y STC9004-2021). <\/p>\n
3.- Ergo, se otorgar\u00e1 la guarda del querellante, \u00fanicamente, frente a la Universidad del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CONCEDER PARCIALMENTE la protecci\u00f3n los derechos invocados por Felipe Jos\u00e9 Sarmiento Barrios. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Universidad del Atl\u00e1ntico que en el t\u00e9rmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al enteramiento de esta providencia, atienda el requerimiento realizado por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, relacionado con el env\u00edo de la \u201cinformaci\u00f3n con datos completos (\u2026) en formato editable incluyendo n\u00famero de acta, folio, libro, fecha de grado y fecha de inicio de carrera\u201d de los graduados enlistados, que incluya el nombre de Felipe Jos\u00e9 Sarmiento Barrios. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, de no impugnarse el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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