STC11517-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC11517-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 68001-22-13-000-2022-00390-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 10 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sanandes S.A.S. contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00214. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal, la sociedad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, con ocasi\u00f3n de la tutela instaurada por Gherald\u00edn Mantilla Cacua, el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bucaramanga mediante fallo de 10 de mayo de 2022: (i) le orden\u00f3 el pago de \u00abla licencia de maternidad por 166 d\u00edas\u00bb a favor de esta \u00faltima y (ii) la exhort\u00f3 a llevar a cabo el recobro correspondiente ante Salud Total E.P.S.-S S.A. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, en cumplimiento de la citada determinaci\u00f3n, cancel\u00f3 la referida prestaci\u00f3n econ\u00f3mica, sin embargo, la Entidad Promotora de Salud, adem\u00e1s de que \u00abnunca realiz[\u00f3] el reintegro\u00bb de dichas sumas dinerarias, impugn\u00f3 la aludida providencia \u00abalegando que se presentaron inconsistencias respecto del monto del IBC (\u2026) y por ende se encontraban (sic) realizando un proceso de auditor[\u00ed]a\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, en segunda instancia, el estrado encartado mediante sentencia de 26 de mayo hoga\u00f1o decidi\u00f3, entre otras que: (i) el reconocimiento \u00abde la licencia de maternidad [deb\u00eda ser] por 145 d\u00edas\u00bb y (ii) \u00aben el evento [en] que la EPS concluya de su actuaci\u00f3n administrativa que existi\u00f3 fraude en el caso de la [trabajadora en comento], deber\u00e1 (\u2026) abstenerse\u00bb del desembolso del mentado beneficio. <\/p>\n
Adujo que, no comprende \u00ablos motivos por los cuales (\u2026) [el despacho confutado] entra a determinar que SALUD TOTAL EPS, est[\u00e1] facultad[a] para decidir si paga o no (\u2026) una licencia de maternidad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo se ordene: (i) al fallador enjuiciado confirmar la determinaci\u00f3n proferida inicialmente en primer grado y (ii) a la Entidad Promotora de Salud \u00abel reembolso [del] valor (\u2026) que (\u2026) cancel[\u00f3] a [su subordinada]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga puntualiz\u00f3 que: (i) \u00ab[p]or encontrarse pendiente el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la sentencia de tutela, [no] procede excepcionalmente el amparo pedido, por ser el medio de defensa que actualmente tiene para el resguardo de sus derechos\u00bb y (ii) \u00abcon ocasi\u00f3n del proceso administrativo que la EPS est\u00e1 adelantando no resulta procedente ordenar el pago de la licencia sin que previamente se concluya la respectiva investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El hom\u00f3logo Veinticinco Civil Municipal de esa poblaci\u00f3n remiti\u00f3 el enlace del expediente con las actuaciones surtidas en su instancia y dijo que no ha trasgredido prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. Salud Total E.P.S.-S S.A. aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que se le desvinculara del asunto. <\/p>\n
4. La Cl\u00ednica Materno Infantil San Luis S.A \u2013 instituci\u00f3n hospitalaria que emiti\u00f3 las \u00abincapacidades\u00bb de Gherald\u00edn Mantilla Cacua\u2013, manifest\u00f3 que su \u00abobjetivo principal es la prestaci\u00f3n de servicios de salud ofertados y habilitados conforme al sistema obligatorio de garant\u00eda de calidad en salud\u00bb y que por lo tanto \u00abno es [su] competencia (\u2026) reconocer el pago de la [licencia]\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, tras considerar que no se dan los presupuestos que habilitar\u00edan, por v\u00eda de excepci\u00f3n, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela para cuestionar una sentencia de la misma naturaleza. Asimismo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00ablejos de encontrarnos con una sentencia (\u2026) producto de una situaci\u00f3n de fraude, lo que en realidad se observa es una providencia que con fundamento en nuevos elementos f\u00e1cticos y probatorios (\u2026) deriv\u00f3 en una modificaci\u00f3n de las \u00f3rdenes inicialmente dadas; sin que por esta senda puedan tildarse de antojadizas o caprichosas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la compa\u00f1\u00eda libelista, insistiendo en sus alegaciones primigenias. Igualmente, recalc\u00f3 que el despacho fustigado \u00abdict[\u00f3] sentencia del veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022), aceptando los argumentos y pruebas presentadas de manera extempor\u00e1nea con el recurso de apelaci\u00f3n y revoc[\u00f3] la sentencia de primera instancia, aun cuando la EPS SALUD TOTAL guard[\u00f3] silencio durante el tr\u00e1mite de [esa salvaguarda]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad y, de superarse lo anterior, si la c\u00e9lula judicial convocada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al proferir el fallo de segunda instancia en el curso de la salvaguarda promovida por Gherald\u00edn Mantilla Cacua, supuestamente, en desmedro de las prerrogativas fundamentales de la sociedad gestora. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto que el actual ataque lo dirige la compa\u00f1\u00eda actora contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga el 26 de mayo de 2022, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gherald\u00edn Mantilla Cacua. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado en que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, la entidad convocante aun cuenta con la posibilidad de solicitar a la Corte Constitucional que seleccione el asunto para revisi\u00f3n, ya que, consultada la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, se evidencia solo el registro de la radicaci\u00f3n del expediente y su env\u00edo a Sala de Selecci\u00f3n. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Entonces, por cuanto se est\u00e1 tramitando el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que la persona natural o jur\u00eddica carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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