STC11527-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11527-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00717-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Mar\u00eda Elizabeth Londo\u00f1o Garc\u00eda formul\u00f3 contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al que fue vinculado del Juzgado Promiscuo de Familia de la Ceja, y citadas las partes e intervinientes en los procesos disciplinarios de radicados 0500125020002021 0047701 y 05001110200020200047601. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en dos oportunidades instaur\u00f3 queja disciplinaria contra la titular del Juzgado Promiscuo de Familia de la Ceja, y que en ambas ocasiones el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia se inhibi\u00f3 para adelantar la actuaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que contra las respectivas decisiones instaur\u00f3 recursos de apelaci\u00f3n, de los cuales el primero fue rechazado por improcedente por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en auto de 23 de marzo de 2022, y, el segundo, que hab\u00eda rechazado la Comisi\u00f3n Seccional, fue declarado bien denegado en providencia de 27 de abril de 2022, por la Comisi\u00f3n Nacional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efectos las decisiones objeto de su inconformidad, dar tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, e iniciar la respectiva investigaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, indic\u00f3 que las decisiones cuestionadas no han incurrido en los defectos espec\u00edficos que hacen procedente la tutela contra providencias judiciales, y que en todo el procedimiento se respetaron los derechos fundamentales de la parte actora. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, destac\u00f3 que las determinaciones cuestionadas no se encuentran inmersas en ninguna de las causales de procedencia referidas, y, que lo que la actora pretende es revivir un debate superado en las instancias ordinarias. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo solicitado, pues, a pesar de haber encontrado acreditados los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, no sucedi\u00f3 lo mismo con el supuesto exceso ritual manifiesto en las decisiones cuestionadas alegado por la accionante, las que calific\u00f3 de razonables, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002, as\u00ed como lo probado en los procesos disciplinarios objeto de censura. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante para solicitar que se reconociera la Sentencia Petro Urrego vs Colombia de 8 de julio de 2020, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, \u00abteniendo en cuenta que a la fecha constituye [\u2026] ratio vinculante frente a la obligaci\u00f3n del Estado colombiano de incorporar al ordenamiento jur\u00eddico en materia disciplinaria las garant\u00edas m\u00ednimas de contradicci\u00f3n y doble instancia, y que en [su] caso [\u2026] dichas garant\u00edas han sido desconocidas por parte de la Honorable Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mar\u00eda Elizabeth Londo\u00f1o Garc\u00eda acudi\u00f3 inconforme con las providencias de 23 de marzo y 27 de abril de 2022, proferidas por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en los expedientes de n\u00fameros 050012502000 20210047701 y 05001110200020200047601, ambos contentivos de las quejas presentadas contra la titular del Juzgado Promiscuo de Familia de la Ceja, y mediante las cuales -en su orden- se rechaz\u00f3 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n y, en el otro, se declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n frente a las decisiones inhibitorias proferidas en los referidos tr\u00e1mites. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Analizado la primera de las providencias, esto es la de 23 de marzo de 2022, observa la Sala que la autoridad accionada consider\u00f3, <\/p>\n
El a quo, fundamentado en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002, dispuso por decisi\u00f3n interlocutoria del 30 de abril de 2020, inhibirse de iniciar actuaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
Consider\u00f3, \u00abque no hay ninguna raz\u00f3n para iniciar un proceso disciplinario en contra de la Dra. Claudia Cecilia Barrera Rend\u00f3n, en su condici\u00f3n de Jueza Promiscua de Familia de la Ceja-Antioquia, como quiera que no ha desconocido sus deberes, aunado a que le inform\u00f3 a la hoy quejosa las razones por la cuales no se le pod\u00eda atender la petici\u00f3n, argumentos que la Sala comparte, en la media que no es posible que dentro de un proceso que ya se encuentra archivado y que termin\u00f3 con sentencia se pueda modificar posteriormente la decisi\u00f3n en firme para entregar la custodia de la menor a la hoy quejosa, pues para ello tal Ley contempla los respectivos procedimientos que fueron puestos de presente a aquella, en la respuesta proferida por la funcionaria Judicial\u00bb <\/p>\n
DE LA APELACI\u00d3N <\/p>\n
El 5 de agosto de 20201, la quejosa interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n inhibitoria, el cual fue concedido mediante auto del 2 de octubre de 20202. <\/p>\n
Argument\u00f3 la recurrente, entre otras cosas: <\/p>\n
\u00abLa sentencia recurrida, al pronunciarse en el asunto, se Inhibe de iniciar investigaci\u00f3n disciplinaria, toda vez que la se\u00f1ora Juez Promiscuo de Familia no ha desconocido sus deberes. <\/p>\n
Por lo anterior no comparto los argumentos de las se\u00f1oras Honorables Magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia ya que desconocen an absoluto el verdadero enfoque de la queja, de esta manera pierden de vista toda la informaci\u00f3n suministrada en la queja como tambi\u00e9n toda la prueba documental con el objeto de negarse a iniciar la investigaci\u00f3n disciplinaria correspondiente\u2026. las se\u00f1oras Honorables magistradas nunca me citaron ampliar mi declaraci\u00f3n bajo la gravedad de juramento, intervenci\u00f3n dar quejoso que se encuentra establecida en el par\u00e1grafo del art 90 de la ley 734 de 2022, as\u00ed que ampliar\u00e9 la queja, teniendo en cuenta que eso fue precisamente lo que las se\u00f1oras H. Magistradas han pretendido evitar\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA COMISI\u00d3N <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Procedencia del recurso de apelaci\u00f3n contra el auto inhibitorio. Antes que nada, es menester de esta Corporaci\u00f3n establecer que, seg\u00fan el art\u00edculo 23 de la Ley 734 de 2002 \u201cconstituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acci\u00f3n e imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n correspondiente, la incursi\u00f3n en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este c\u00f3digo que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusi\u00f3n de responsabilidad contempladas en el art\u00edculo 28 del presente ordenamiento.\u00bb (subrayado fuera de texto). Esto quiere decir, que para que el aparato disciplinario se ponga en marcha, es necesario exponer de manera clara por parte del quejoso, un posible comportamiento tipificado en la ley que configure con cierto grado de certeza, una conducta que sea atribuible a un funcionario o servidor p\u00fablico pues, de lo contrario, podr\u00e1 el \u00f3rgano disciplinario competente, inhibirse de abrir una investigaci\u00f3n, suspendiendo as\u00ed a la potestad estatal de investigar los hechos puestos en conocimiento. <\/p>\n
Lo anterior se materializa en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 150 del C\u00f3digo Disciplinario \u00danico, donde se dicta que: <\/p>\n
Art. 150 Procedencia, fines y tr\u00e1mite de la indagaci\u00f3n preliminar. (\u2026) PAR\u00c1GRAFO 1o. Cuando la informaci\u00f3n o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, el funcionario de plano se inhibir\u00e1 de iniciar actuaci\u00f3n alguna.\u201d <\/p>\n
Con lo expuesto, en el art\u00edculo 150 de la Ley 734 de 2002, queda claro que la decisi\u00f3n inhibitoria dentro del proceso disciplinario, obedece a la imposibilidad de adelantar una investigaci\u00f3n, debido a circunstancias de confusi\u00f3n o inexactitud, por lo que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, teniendo en cuenta que no se adelant\u00f3 actividad judicial destinada a la toma de decisiones de fondo, lo que le otorga una calidad a esta clase de decisiones de transitoria, por lo que no se extingue la posibilidad de un sometimiento a futuras investigaciones en caso de que posteriormente, se concreten los hechos, se allegue nueva queja o documentos de rigor que establezcan con mayor claridad una posible falta disciplinaria, sin que ello signifique una vulneraci\u00f3n al principio del non bis in idem al disciplinado. <\/p>\n
Por otro lado, en el art\u00edculo 115 de la Ley 734 de 2002, establece que \u00abel recurso de apelaci\u00f3n procede \u00fanicamente contra las siguientes decisiones: la que niega la pr\u00e1ctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisi\u00f3n de archivo y el fallo de primera instancia\u00bb (subrayado fuera de texto). Por lo que de manera clara y expresa, queda estipulado que exclusivamente las decisiones ah\u00ed mencionadas podr\u00e1n ser susceptibles de recurso de alzada, lo que excluye e imposibilita de manera directa la interposici\u00f3n de estos tr\u00e1mites en las decisiones diferentes a las que taxativamente menciona la ley. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, debido a la naturaleza de la decisi\u00f3n contenida en los autos inhibitorios y a la rigurosidad con la que se determina la procedencia de la apelaci\u00f3n en el art\u00edculo 115 de la Ley 734 de 2002, no es dado a esta Corporaci\u00f3n resolver de fondo los recursos de alzada que se presenten en el marco de estas decisiones, pues frente a estos lo que procede es el rechazo y no el otorgamiento incluso desde la primera instancia. <\/p>\n
Es por lo anterior, que esta Colegiatura no se permitir\u00e1 resolver de fondo el presente asunto y en su lugar, rechazar\u00e1 por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto\u201d. [\u00c9nfasis original] <\/p>\n
Ahora bien, en la segunda decisi\u00f3n, consign\u00f3 lo siguiente, <\/p>\n
\u201cMediante providencia del 18 de junio de 2021 la primera instancia decidi\u00f3 rechazar por improcedente el recurso atendiendo a la jurisprudencia pac\u00edfica de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial respecto a que contra las decisiones inhibitorios no procede ning\u00fan recurso, advirti\u00e9ndole que la misma no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por tanto, la interesada puede volver a interponer la queja las veces que se requiera. <\/p>\n
5. RECURSO DE QUEJA <\/p>\n
Inconforme con esta decisi\u00f3n, la quejosa elev\u00f3 recurso de queja en el que solicit\u00f3 se le d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de alzada al estimar que contra ese tipo de decisiones si procede la apelaci\u00f3n, comoquiera que, a su juicio, en la parte resolutiva se incluy\u00f3 una orden de archivo que ser\u00eda apelable en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo Disciplinario. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
7.3. Caso en concreto <\/p>\n
Arguy\u00f3 la quejosa que la apelaci\u00f3n contra autos inhibitorios si es procedente cuando estos incluyen una decisi\u00f3n de archivo y, en ese sentido, solicit\u00f3 se le diera tr\u00e1mite al referido recurso. <\/p>\n
Sobre este punto, esta Corporaci\u00f3n de manera pac\u00edfica ha reiterado que los recursos contra las decisiones inhibitorias son improcedentes. Ello, toda vez que, por una parte, el legislador no lo dispuso as\u00ed, y por otra, porque, como tal decisi\u00f3n no implica la adopci\u00f3n de una decisi\u00f3n de fondo, ya que a ese punto ni siquiera se ha iniciado la actuaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
Cabe recordar que las decisiones inhibitorias son aquellas en cuya virtud el juez, de plano, se abstiene de abordar el estudio del asunto que se le plantea, dejando de adoptar una decisi\u00f3n de m\u00e9rito, por no cumplirse con los requisitos legales para ello3. <\/p>\n
El art\u00edculo 209 de la Ley 1952 de 2019 se\u00f1ala la procedencia de la decisi\u00f3n inhibitoria, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cCuando la informaci\u00f3n o queja sea manifiestamente temeraria o se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia o sean presentados de manera absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acci\u00f3n no puede iniciarse, el funcionario de plano se inhibir\u00e1 de iniciar actuaci\u00f3n alguna. Contra esta decisi\u00f3n no procede recurso\u201d. <\/p>\n
En s\u00edntesis, en la decisi\u00f3n inhibitoria la autoridad judicial resuelve no dar inicio a la actividad investigativa, pronunciamiento que difiere de la determinaci\u00f3n de archivo, la cual implica, necesariamente, la valoraci\u00f3n del asunto y la toma de la decisi\u00f3n que corresponda. En consecuencia, los an\u00e1lisis que en ese momento se despliegan, apuntan simplemente a definir la relevancia o no para el derecho disciplinario de los hechos denunciados o informados, de all\u00ed que la decisi\u00f3n inhibitoria o desestimatoria no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada4. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n contra las decisiones que en materia disciplinaria adopte la autoridad competente, el art\u00edculo 134 de la Ley 1952 de 2019 indica lo siguiente: <\/p>\n
\u201cEl recurso de apelaci\u00f3n procede \u00fanicamente contra las siguientes decisiones: la decisi\u00f3n que niega pruebas en etapa de juicio, la decisi\u00f3n de archivo, la decisi\u00f3n que finalice el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso temerario, y el fallo de primera instancia\u201d. <\/p>\n
De lo expuesto se colige que contra la decisi\u00f3n inhibitoria no procede recurso alguno. Esta determinaci\u00f3n no implica, de ninguna manera, un impedimento al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, ya que, al no hacer tr\u00e1nsito a cosa juzgada, el quejoso podr\u00eda en cualquier momento reformular la queja y poner nuevamente de presente ante la jurisdicci\u00f3n disciplinaria los hechos que sean susceptibles de ser investigados5. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia de rechazar por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n contra una decisi\u00f3n inhibitoria se ajusta a derecho y se desestiman los argumentos de la alzada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno, si en cuenta se tirne que, ciertamente, el art\u00edculo 115 de la Ley 734 de 2002 no establece el recurso de apelaci\u00f3n echado de menos por la accionante, para controvertir la decisi\u00f3n que, al tenor de lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del canon 150 de la misma ley, puede proferir el juzgador disciplinario para inhibirse de iniciar actuaci\u00f3n alguna frente a las quejas formuladas por los usuarios, norma especial que tampoco establece el aludido medio de impugnaci\u00f3n para tales eventos; interpretaci\u00f3n que surge razonable frente a las normativa referida. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La improcedencia de recursos contra las referidas decisiones no transgrede el debido proceso, por cuanto la autoridad accionada se\u00f1al\u00f3 que la norma disciplinaria que regula su interposici\u00f3n es restrictiva, y no la consagra como una actuaci\u00f3n susceptible de los mismos, a lo anterior se suma que la ciudadana inconforme, ante la existencia de nuevas pruebas o hechos que verdaderamente fundamenten situaciones merecedoras de investigaciones de tal linaje, puede acudir nuevamente ante tal autoridad para lo pertinente. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, en relaci\u00f3n con el argumento expuesto por la impugnante en cuanto a que, sugiere necesario aplicar precedentes internacionales en casos de caracter\u00edsticas disimiles al suyo, advierte la Sala que dicho aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que por lo tanto, no pudo ser controvertida por la autoridad accionada, raz\u00f3n por la cual, un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa de dicha autoridad. <\/p>\n
En cuanto a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, ha sostenido la Corte, \u00abSi bien es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb. (Ver CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01, reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01 STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01, STC4035-2021, STC4862-2021, STC12825-2021, STC1190-2022, STC1318-2022, STC1638-2022, STC1643-2022, STC2018-2022 y CSJ STC2254-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 5 y Ss. del archivo virtual 2-TERMINACI\u00d3N COMUNICACIONES RECURSO 2020-0476. <\/p>\n
2\u0002 Folio 48 del archivo virtual 2-TERMINACI\u00d3N COMUNICACIONES RECURSO 2020-0476. <\/p>\n
3\u0002 Sentencia C-666 -1996. <\/p>\n
4\u0002 Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, M.P: Julio Andr\u00e9s Sampedro Arrubla, 21 de abril de 2021, rad. 11001110200020190166001 que reitera la decisi\u00f3n del 3 de marzo de 2021, dentro del proceso bajo radicado No. 11001110200020180753401. Magistrado Ponente: Carlos Arturo Ram\u00edrez V\u00e1squez <\/p>\n
5\u0002 Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, M.P: Julio Andr\u00e9s Sampedro Arrubla, 21 de abril de 2021, rad. 11001110200020190166001. <\/p>\n
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