STC11530-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11530-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01327-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Jhon Alexander Guzm\u00e1n Amaya formul\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Penal Especializado de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicadas bajo el n\u00b0 110016000000202100347. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el litigio relacionado. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que el 17 de febrero de 2021 se formul\u00f3 en su contra imputaci\u00f3n por el delito de concierto para delinquir agravado y en desarrollo de la respectiva investigaci\u00f3n, el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogot\u00e1, en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 21 de enero de 2022, decret\u00f3 distintas pruebas solicitadas por la Fiscal\u00eda, entre ellas, la incorporaci\u00f3n de \u00ab3 DVD\u00b4s que contienen las grabaciones de las interceptaciones telef\u00f3nicas efectuadas entre los d\u00edas 18 de agosto y 25 de noviembre de 2020\u00bb, as\u00ed como distintos testimonios, decisi\u00f3n que su apoderado judicial apel\u00f3, como quiera que seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 344 y siguientes de la Ley 906 de 2004, el descubrimiento de esos medios probatorios fue extempor\u00e1neo, motivo por el cual no pudo ejercer la debida contradicci\u00f3n y an\u00e1lisis, no obstante, el Tribunal Superior mantuvo inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n en auto de 6 de junio de 2022. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la presente acci\u00f3n recae \u00fanica y exclusivamente frente a la negativa del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abde excluir los testimonios de las se\u00f1oras Johana Paola Tapiero Bayona, Brenda Tatiana Buitrago Ceballos y Karen Daniela Cabezas Caicedo por falta de descubrimiento\u00bb, porque \u00abel numeral 5 del art\u00edculo 337 de la ley 906 de 2004 regula lo relacionado con el descubrimiento probatorio que debe realizar la fiscal\u00eda y exige la presentaci\u00f3n de un documentos que deber\u00e1 contener, entre otros, en su literal c) El nombre, direcci\u00f3n y datos personales de los testigos o peritos cuya declaraci\u00f3n se solicite en el juicio\u00bb, y lo cierto es que en el escrito de acusaci\u00f3n presentado, no figuran los nombres, ni las direcciones, ni datos personales de las personas nombradas, circunstancia que, seg\u00fan afirma, vulnera los derechos que invoc\u00f3. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 que \u00abse revoquen parcialmente las decisiones de primera y segunda instancia donde se resolvieron las solicitudes probatorias y en su lugar se excluyan los testimonios de las se\u00f1oras JOHANA PAOLA TAPIERO BAYONA, BRENDA TATIANA BUITRAGO CEBALLOS Y KAREN DANIELA CABEZAS CAICEDO, conforme lo establece el art\u00edculo 346 de la Ley 906 de 2004, por no haber sido descubiertos conforme a las previsiones legales. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, luego de realizar una s\u00edntesis del tr\u00e1mite adelantado en el proceso penal en contra del se\u00f1or Guzm\u00e1n Amaya, hizo \u00e9nfasis en que aquel cont\u00f3 con la oportunidad de referirse frente a cada uno de los medios probatorios decretados en la audiencia preparatoria, los cuales fueron dispuestos conforme al ordenamiento procesal vigente. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 declarara la improcedencia del amparo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 26 Especializada de esta ciudad, se limit\u00f3 a exteriorizar que en lo que refiere a las actuaciones a su cargo, ninguna infracci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor se ha generado. <\/p>\n
4. Finalmente, el apoderado del coprocesado Carlos Arturo Arena Rosas, dijo coadyuvar los argumentos y pretensiones de la parte accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela por ausencia del requisito de la subsidiariedad, puesto que, mientras el proceso penal cuestionado se encuentre en curso, es este el mecanismo judicial id\u00f3neo dentro del cual se puede ejercer la defensa de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados, ya que a\u00fan se puede argumentar la inconformidad planteada en las oportunidades que ofrece la etapa de juicio, bien sea, en su alegato de cierre, o a trav\u00e9s de los recursos ordinarios o el extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia que ponga fin al proceso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones y enfatizar en que el requisito de la subsidiariedad si se agot\u00f3, en tanto que propuso recurso de apelaci\u00f3n contra de la determinaci\u00f3n de primer grado, adem\u00e1s que el amparo debe conceder de manera transitoria para evitar que se cause un perjuicio irremediable, pues lo cierto es que, \u00ablas providencias atacadas incurrieron en defecto procedimental absoluto puesto que niega el derecho sustancial contenido en los art\u00edculos 337, 339 de la ley 906 de 2004, respecto de los requisitos del descubrimiento probatorio de las pruebas testimoniales y los efectos de la adici\u00f3n al escrito de acusaci\u00f3n. Y la no aplicaci\u00f3n de la regla de exclusi\u00f3n de los medios probatorios cuando no se realiza en legal forma su descubrimiento conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 346 de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, en especial, que el interesado hubiese agotado la totalidad de los recursos ordinarios o los medios de defensa judicial que tuviese a su alcance, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver, CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022). <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, Jhon Alexander Guzm\u00e1n Amaya acudi\u00f3 inconforme con lo decidido por el Juzgado Quinto Penal Especializado de Bogot\u00e1, en la audiencia preparatoria que tuvo lugar el 21 de enero de 2022, en la que se tuvieron en cuenta distintos medios de prueba solicitados por el ente acusador, en el proceso penal que se adelanta en su contra, as\u00ed como con el auto de 6 de junio de 2022, mediante el cual, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
Con la apelaci\u00f3n, la defensa del accionante pretend\u00eda cuestionar, que en lo que refiere al decreto de los testimonios de Johana Paola Tapiero Bayona, Brenda Tatiana Buitrago Ceballos y Karen Daniela Cabezas Caicedo, no se cumpli\u00f3 con las \u00abreglas de descubrimiento\u00bb contempladas en la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, como as\u00ed lo afirmaron los accionados en sus respuestas y el a quo constitucional, la reiteraci\u00f3n de tales inconformidades es viable tanto en los alegatos de conclusi\u00f3n, como en la interposici\u00f3n de los recursos que proceden contra de la decisi\u00f3n de fondo que, eventualmente, llegare a proferirse, m\u00e1xime si se toma en cuenta que, en cualquier caso, el juez de conocimiento est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de estudiar, de manera integral, todos los elementos que conformaron la imputaci\u00f3n realizada, y si esta cumple a cabalidad los requisitos debidos, antes de pronunciarse sobre el particular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, debe recordarse, que no es la primera vez que esta Corte ha tenido que reiterar, que mientras el proceso penal se encuentre en curso, el reclamante puede concurrir al mismo para ejercer su derecho de contradicci\u00f3n, en desarrollo de sus diferentes etapas. (Ver entre otras, las sentencias STC6365-2022 y STC9985-2022), raz\u00f3n por la cual, debe se\u00f1alarse, que este mecanismo excepcional no fue creado por el Legislador para ser utilizado en forma alternativa o sustitutiva de los medios ordinarios de defensa dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones. (Ver entre otras, CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, STC820-2020, STC6580-2021, STC12011-2021, STC784-2022 y, STC2296-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
4. De otra parte, y en aras de ahondar en razones desestimatorias del amparo, debe decirse que el reclamo del accionante no tiene vocaci\u00f3n de prosperar, no solo porque no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, como requisito general de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, sino porque tampoco procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable -argumento de la impugnaci\u00f3n- pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o denunciado revistiera cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pudiera evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela, lo que tampoco se logr\u00f3 concluir del expediente. (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en 9985-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En consecuencia, de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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