STC11535-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01633-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 12 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Yaneth Patricia Gravino Le\u00f3n contra el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera y las partes e intervinientes en el proceso de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0. 2019-73974. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de la garant\u00eda al constitucional al debido proceso que estima lesionado por la autoridad judicial querellada. <\/p>\n
2. Se\u00f1ala que, ante la Delegatura de Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, formul\u00f3 demanda de protecci\u00f3n al consumidor en contra del Banco BBVA Colombia y BBVA Seguros de Vida Colombia, buscando la indemnizaci\u00f3n por el amparo de incapacidad total y permanente establecido en la p\u00f3liza de seguro de vida 0110043. <\/p>\n
Dice que, luego de agotadas las etapas procesales de rigor, la autoridad cognoscente profiri\u00f3 fallo el 14 de octubre de 2020 a trav\u00e9s del cual acogi\u00f3 sus pretensiones \u00fanicamente frente al Banco BBVA, declar\u00e1ndolo contractualmente responsable de incumplir los deberes de informaci\u00f3n y debida diligencia en la formalizaci\u00f3n del cr\u00e9dito amparado por el seguro referido en el p\u00e1rrafo precedente. <\/p>\n
Afirma que tal determinaci\u00f3n fue apelada por la entidad financiera, por lo que la actuaci\u00f3n fue remitida al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de esta ciudad, despacho que, el pasado 23 de mayo, la revoc\u00f3 y en su lugar, deneg\u00f3 sus pretensiones. <\/p>\n
3. Asegura la accionante que la c\u00e9lula judicial \u00abrealiz[\u00f3] una interpretaci\u00f3n errada del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio por cuanto solo t[uvo] en cuenta para fallar el inciso primero del mismo, no realiz[\u00f3] una interpretaci\u00f3n exeg\u00e9tica de todo el contenido de la norma ignorando el inciso tercero [SIC]\u00bb lo que, a su vez, desemboc\u00f3 en una \u00abvaloraci\u00f3n defectuosa del material probatorio\u2026 omitiendo toda la informaci\u00f3n testimonial recaudada\u2026 solamente acomodando una parte de la versi\u00f3n del testimonio del se\u00f1or Imel P\u00e9rez cuando manifest\u00f3 que \u00e9l diligencio [sic] la declaraci\u00f3n de asegurabilidad y que est\u00e1 suscrita solo firmo el mismo [sic]\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, solicita remover los efectos jur\u00eddicos del prove\u00eddo de segundo grado y, en su lugar, ordenar al juzgado ad quem \u00abemitir una nueva sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho convocado se opuso a la prosperidad del amparo dado que \u00abde los hechos y fundamentos de la demanda\u2026 no se advierte vulneraci\u00f3n alguna atribuible\u00bb m\u00e1xime cuando en la tramitaci\u00f3n del proceso sobre el que versa la tutela \u00abse ha procurado garantizar los derechos fundamentales constitucionales a las partes\u00bb, de all\u00ed que \u00abse atenga\u00bb a lo actuado. <\/p>\n
2. Una funcionaria de la Superintendencia Financiera de Colombia solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad o \u00aben su defecto negar\u00bb la salvaguarda en tanto, de un lado, \u00aben el tr\u00e1mite judicial llevado a cabo\u2026 no [se] vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de la [accionante]\u2026 pues contrario a ello, [se] actu\u00f3 acorde a las normas sustanciales y procesales aplicables para esta clase de asunto\u00bb y, de otro, la presunta lesi\u00f3n es atribuida a la autoridad de segunda instancia, de manera que la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales \u00abno es objeto de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Un abogado que manifest\u00f3 ser \u00abapoderado del Banco BBVA Colombia\u00bb1 se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se observa una actuaci\u00f3n subjetiva, caprichosa, arbitraria o flagrantemente violatoria del debido proceso\u00bb por parte del juzgador ad quem, por el contrario, su pronunciamiento tiene asidero tanto en las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, como en las pruebas practicadas y en los precedentes judiciales aplicables. <\/p>\n
4. Una persona que dijo ser \u00abrepresentante legal judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.\u00bb2, pidi\u00f3 \u00abrechazar por improcedente la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb en tanto \u00abde la lectura de los hechos y fundamentos presentados… no se avizora ninguna clase de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, y de igual forma\u2026 no se cumplen los requisitos generales de procedencia\u00bb, al tiempo que \u00abla parte accionante\u2026 no exhibe razones o fundamentos de peso para demostrar que el juez se desvincul\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, en tanto que \u00abla decisi\u00f3n tomada por el juez accionado, se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio y de la Ley 1328 de 2009\u00bb as\u00ed como en las pruebas acopiadas, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrsele arbitrariedad por el solo hecho de no prohijar las pretensiones de la demandante, en la medida que \u00abla sola discrepancia conceptual no puede ser la base para rogar el amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora discrep\u00f3 de la anterior decisi\u00f3n, reiterando que \u00ablo pretendido\u2026 no es que el juez constitucional asuma funciones de instancia\u2026 [sino que] el juez de segunda instancia realice una valoraci\u00f3n de las pruebas\u2026 y completa del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, espec\u00edficamente la establecida en inciso tercero de la citada norma [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Yaneth Patricia Gravino Le\u00f3n, con la providencia del pasado 23 de mayo a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la sentencia parcialmente estimatoria emitida por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera dentro del proceso de protecci\u00f3n al consumidor 2019-73974 promovido por aquella contra el Banco BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida de Colombia S.A. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Caso concreto. Razonabilidad del pronunciamiento atacado <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por el despacho acusado no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, en la sentencia fustigada el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, efectu\u00f3 un breve recuento de los antecedentes f\u00e1cticos y procesales, advirtiendo que se encontraba acreditado: (i) la celebraci\u00f3n de un contrato de seguro de vida grupo entre el Banco BBVA y BBVA Seguros (tomadora y aseguradora), a trav\u00e9s del cual se ampararon los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente, o p\u00e9rdida de la capacidad laboral superior al 50%, de los deudores de aqu\u00e9l (asegurados); (ii) que la demandante ha pagado oportunamente las cuotas del cr\u00e9dito y primas del seguro (descuentos por libranza), y (iii) que la demandante fue dictaminada con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 99 %. <\/p>\n
Asimismo, al referirse al fallo de primer grado, resalt\u00f3 las conclusiones a las que arrib\u00f3 la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las s\u00faplicas formuladas en contra de la aseguradora no estaban llamadas a prosperar, en la medida en que objet\u00f3 de manera seria y fundada la reclamaci\u00f3n que se le present\u00f3, por cuanto comprob\u00f3 que la demandada [sic], se le hab\u00eda diagnosticado trastornos siqui\u00e1tricos con antelaci\u00f3n a su vinculaci\u00f3n al seguro en comento, y no declar\u00f3 sobre su patolog\u00eda a pesar de hab\u00e9rsele indagado sobre el punto en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, situaci\u00f3n que objetivamente considerada materializa reticencia, conduce a la nulidad relativa del contrato y autoriza la retenci\u00f3n de la prima ya devengada. <\/p>\n
Sobre el particular, puntualiz\u00f3 que el asesor recogi\u00f3 la firma del demandante [sic] en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad y diligencio mutu [sic] proprio el contenido del formulario, sin plantearle las preguntas all\u00ed incorporadas, ni advertirle sobre los efectos jur\u00eddicos de la reticencia y la posibilidad de contraer el seguro con otra aseguradora, priv\u00e1ndolo [sic] as\u00ed de la posibilidad de elegir y de configurar debidamente la vinculaci\u00f3n al seguro correspondiente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el comportamiento del asesor no era justificable, pues no ten\u00eda claridad sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la reticencia e inexactitud ni consciencia sobre la trascendencia de la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, a pesar de trabajar en la comercializaci\u00f3n de seguros desde hace m\u00e1s de doce a\u00f1os, de haber recibido capacitaciones y de contar con instrucciones en las pol\u00edticas generales de la compa\u00f1\u00eda (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Lo que le permiti\u00f3 declarar que la entidad financiera desconoci\u00f3 su deber de brindar informaci\u00f3n clara y precisa sobre las consecuencias de la reticencia al momento de diligenciar la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, circunstancia \u00abdeterminante para que se dejara de declarar el estado del riesgo, y m\u00e1s adelante saliera avante la objeci\u00f3n planteada por la aseguradora para no pagar la respectiva indemnizaci\u00f3n\u00bb; de all\u00ed que la condenara a asumir \u00abel 60 % del saldo del cr\u00e9dito a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, sin desconocer que \u00abla demandante tambi\u00e9n contribuy\u00f3 a la causaci\u00f3n del perjuicio [al] no agotar una medida de autoprotecci\u00f3n, como es el revisar el contenido del contrato\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, identific\u00f3 los motivos de disenso planteados por la entidad financiera apelante, los cuales compendi\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) – El siniestro no se estructur\u00f3, por cuanto la demandante tiene la obligaci\u00f3n legal de revisar su estado de invalidez cada tres a\u00f1os. <\/p>\n
– Los da\u00f1os reconocidos en la sentencia no sin imputables al banco, por cuanto el asesor comercial no era empleado suyo sino de un tercero cuya actuaci\u00f3n no compromete su \u00f3rbita jur\u00eddica. <\/p>\n
– No se acreditaron los hechos constitutivos de responsabilidad, por cuanto la demandante tuvo la posibilidad de leer la declaraci\u00f3n de asegurabilidad y conocer los efectos jur\u00eddicos de la reticencia, sumado a que el asesor comercial le formul\u00f3 el cuestionario plasmado en ese documento, dando lugar a que los espacios fueras [sic] completados directamente por la asegurada o con informaci\u00f3n directamente proporcionada por aquella [sic] (\u2026)\u00bb (Subrayado fuera del texto original) <\/p>\n
A partir de all\u00ed, anticip\u00f3 la revocatoria del prove\u00eddo de primer grado, ante la prosperidad del tercer reparo, en tanto \u00abel juzgador\u2026 dio por probado sin estarlo que el testigo Imel P\u00e9rez tergivers\u00f3 la identificaci\u00f3n del estado del riesgo al diligenciar arbitrariamente la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, y tampoco repar\u00f3 en la obligaci\u00f3n de declarar sinceramente sobre el estado del riesgo que recae sobre el tomador de la p\u00f3liza de seguro de vida grupo \u2013 deudores, ni en el predicado de ub\u00e9rrima buena fe que rodea el negocio aseguraticio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, al abordar el estudio y soluci\u00f3n del caso concreto, de cara a la normativa llamada a gobernar el asunto y con apoyo en la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, resalt\u00f3 que la denegaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda encontraba soporte \u00ab(\u2026) en el imperativo contenido en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio (\u2026)\u00bb, dado que dicha disposici\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contempla la obligaci\u00f3n del asegurado de declarar sinceramente sobre el estado del riesgo, que no es una exigencia caprichosa sino un imperativo de buena fe sobre el cual descansan los cimientos de la instituci\u00f3n del aseguramiento, en la medida en que la traslaci\u00f3n de riesgos que implica la celebraci\u00f3n de este contrato, se justifica en raz\u00f3n de la credibilidad que le otorga la aseguradora a la declaraci\u00f3n del tomador, ya que la contemplaci\u00f3n de la misma le permite tomar la decisi\u00f3n de asumir el riesgo involucrado en el contrato, hacerlo en condiciones m\u00e1s onerosas a las inicialmente ofrecidas, o dejar de celebrar el negocio aseguraticio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De igual manera, rememor\u00f3 el contenido y alcance de los art\u00edculos 6\u00ba y 9\u00ba de la Ley 1328 de 2009, referentes a la carga de informaci\u00f3n m\u00ednima que debe brindar el consumidor al adquirir productos de naturaleza financiera, para, al amparo del material probatorio recaudado, colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el testigo\u2026 en condici\u00f3n de intermediario de las entidades financieras demandas en la comercializaci\u00f3n de la compra de cartera y la vinculaci\u00f3n al seguro de vida grupo de deudores, de ninguna manera atest\u00f3 que hubiese llenado la declaraci\u00f3n de asegurabilidad de manera arbitraria, ni mucho menos que con su comportamiento se hubiere tergiversado la presentaci\u00f3n del estado del riesgo. <\/p>\n
(\u2026) el testigo acept\u00f3 que\u2026 su labor no fue arbitraria o divorciada de la voluntad de la consumidora financiera, pues se limitaba a consignar las respuestas que aquella le proporcionaba a las preguntas alusivas a su estado de salud, las cuales le formulaba verbalmente mientras se diligenciaba la documentaci\u00f3n del cr\u00e9dito <\/p>\n
(\u2026) no es de recibo poner en tela de juicio la declaraci\u00f3n del testigo\u2026 toda vez que la obligaci\u00f3n de declarar sinceramente sobre el estado del riesgo est\u00e1 radicada en cabeza de la asegurada por imperativo legal y por la naturaleza misma del contrato de seguro, y la falta de versaci\u00f3n del asesor sobre unos efectos jur\u00eddicos\u2026 es insuficiente para justificar que la mendacidad o tergiversaci\u00f3n de las condiciones reales de salud atribuibles a la propia asegurada. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Aunado a lo anterior, la demandante reconoci\u00f3 que imparti\u00f3 su firma en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad, pero que no ley\u00f3 las advertencias plasmadas en el documento, omitiendo as\u00ed la adopci\u00f3n de medidas de autoprotecci\u00f3n del consumidor financiero, por dejar de informarse sobre las condiciones de los productos que iba a adquirir, y no revisar los t\u00e9rminos del respectivo contrato o sus anexos. <\/p>\n
Falencia que se articula con el quebranto de los deberes de declarar sinceramente sobre el estado del riesgo, y de proporcionar la informaci\u00f3n que las entidades financieras requer\u00edan para el cumplimiento de sus deberes, respectivamente contempladas en la codificaci\u00f3n comercial y en la legislaci\u00f3n especial del consumidor financiero, cuyo acatamiento no puede ser dispensado con la peregrina excusa de no tener consciencia sobre la suscripci\u00f3n de una p\u00f3liza de seguros, pues la misma se descarta con el simple hecho de haber presentado una reclamaci\u00f3n posterior de los amparos y coberturas de la misma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n cuestionada no se evidencia caprichosa o desfasada, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que los reclamos de la peticionaria no hallan recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio frente a la hermen\u00e9utica y sind\u00e9resis de la autoridad cognoscente, la cual fundament\u00f3 la revocatoria del prove\u00eddo parcialmente estimatorio, tanto en las disposiciones legales y jurisprudencia aplicables al caso concreto, como en el acervo probatorio recaudado, situaci\u00f3n que torna improcedente el resguardo, dado que no puede ser utilizado a modo de instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procesal. <\/p>\n
De forma que lo establecido en dicho proferimiento no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha recalcado la Corte que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Con todo, se tiene que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria atribuible al funcionario demandado, pues los motivos que con suficiencia expusieron en la instancia en que les correspondi\u00f3 pronunciarse, constituyen una interpretaci\u00f3n razonable del contexto analizado, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de la demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s de que no es posible, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, censurar la hermen\u00e9utica del funcionario cognoscente, comoquiera que no se trata de una instancia adicional o paralela a las establecidas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes, intervinientes y a la colegiatura a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 No adjunt\u00f3 el poder especial para esta acci\u00f3n constitucional, conferido por la persona jur\u00eddica que dice representar. <\/p>\n
2\u0002 No existe, dentro del expediente digital remitido, documento que acredite la condici\u00f3n en la que dice intervenir. <\/p>\n
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