STC11544-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11544-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00179-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 3 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Apia, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, as\u00ed como al Procurador delegado en Acciones Populares, todos de Risaralda, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular que, bajo el radicado n\u00b0 66045-31-89-001-2022-00026-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, le impuso conductas procesales que le competen solo a ese despacho conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998, y se neg\u00f3 sistem\u00e1ticamente a cumplir con su impulso oficioso, al punto que no \u00abha informado de la acci[\u00f3]n ni [la ha] notificado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar, (i) al Juzgado accionado a) notificar la acci\u00f3n popular al accionado y, b) cumplir los t\u00e9rminos que disponen los art\u00edculos 5\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 472 de 1998 y 42 del CGP; y, (ii) al Procurador delegado en acciones populares y al Personero Municipal, garantizar el debido proceso y demostrar si han solicitado celeridad en la acci\u00f3n constitucional objeto de amparo. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, inform\u00f3 que la referida acci\u00f3n popular fue admitida por auto de 22 de marzo de 2022, en el que se le impuso como carga procesal al actor notificar a la parte accionada en los t\u00e9rminos previstos en el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el precepto 8\u00b0 del decreto 806 de 2020 (vigente para la \u00e9poca de la admisi\u00f3n) determinaci\u00f3n contra la cual no se interpusieron recursos. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que en atenci\u00f3n a que la referida carga procesal no se hab\u00eda cumplido, en providencia de 29 de junio de 2022, lo requiri\u00f3 para lo pertinente. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, se\u00f1al\u00f3 que la situaci\u00f3n planteada es ajena a esa agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que su actuaci\u00f3n como ente de control solo est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos e intereses colectivos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Personera Municipal de Ap\u00eda, indic\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio requiri\u00f3 al accionante para que cumpla su deber procesal de notificar al demandado, sin que aqu\u00e9l lo haya hecho, motivo por el cual no se ha dado impulso al proceso. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de la subsidiariedad, puesto que, \u00abfrente al auto del 22 de marzo de 2022 que admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular y orden\u00f3 al actor notificar a la parte accionada, no se interpuso recurso de reposici\u00f3n; tampoco contra el de 29 de junio \u00faltimo que lo requiri\u00f3 en ese mismo sentido; es decir, no emple\u00f3 el medio ordinario de protecci\u00f3n con [el] que contaba en ese proceso para obtener lo que pretende sea ahora decidido por v\u00eda de tutela\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n relacionada con que se le ordenara al Procurador Delegado en acciones populares y a la Personera Municipal, garantizar el debido proceso y demostrar si hab\u00edan solicitado celeridad en la acci\u00f3n constitucional objeto de amparo, destac\u00f3 que el interesado \u00abno ha elevado similar petici\u00f3n ante dichas autoridades o por lo menos omiti\u00f3 probar que as\u00ed procedi\u00f3, aunado a que, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 consagrada para tramitar esa clase de solicitudes, las cuales [reiter\u00f3] deb[\u00edan] ser formuladas directamente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Alberto Restrepo Zapata acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, por cuanto pese a que le ha presentado peticiones al respecto, no \u00abha informado [\u2026] ni [\u2026] notificado\u00bb la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 66045-31-89-001-2022-00026-00 al all\u00ed accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, concluye la Sala en la improcedencia tanto del mecanismo en estudio, como de la impugnaci\u00f3n entablada y, por supuesto, la confirmaci\u00f3n del fallo cuestionado, en la medida en que, tal como lo inform\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, cuando admiti\u00f3 la referida acci\u00f3n popular, le orden\u00f3 a Restrepo Zapata notificar a su accionada en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998, sin que \u00e9ste hubiese presentado recurso alguno en tal sentido, como tampoco lo hizo contra el auto de 29 de junio de 2022, con el que se le requiri\u00f3 para que cumpliera con dicha carga procesal, ni con la pretensi\u00f3n que elev\u00f3 en torno a la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares y la Personera Municipal. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, lo \u00fanico cierto es que el actor no agot\u00f3 los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance para discutir la situaci\u00f3n que ahora, de manera equivocada, trajo ante esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior se traduce en la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir en la situaci\u00f3n denunciada, dada la apat\u00eda del accionante en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa, constituye una apat\u00eda procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (Ver CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco, se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pue, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de intervenir o no, en el caso ordinario de que se trate. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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