STC11551-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11551-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02859-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Poliservicios Ltda. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Tercero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Neiva, extensiva al Ministerio de Defensa \u2013 Ej\u00e9rcito Nacional -, a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI -, Ecopetrol S.A., Equi\u00f3n Energ\u00eda Limited, Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S., Organizaci\u00f3n Terpel S.A. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00056-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La empresa actora, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como de los principios \u00abde interpretaci\u00f3n de las normas procesales y observancia de [las mismas]\u00bb, para que se ordenara a las autoridades convocadas \u00abreemplazar la decisi\u00f3n de declarar la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de Poliservicios en las providencias de 16 de agosto de 2022, del Tribunal Superior de Neiva \u2013 Sala Civil (\u2026) y la sentencia de primera instancia calendada de 20 de septiembre de 2021 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva\u00bb y, en consecuencia, \u00abincluyan y valoren las objeciones presentadas por Poliservicios Ltda., al aval\u00fao de la ANI\u00bb. <\/p>\n
En sustento, asever\u00f3 que en el a\u00f1o 2009 celebr\u00f3 contrato de arrendamiento con Ecopetrol S.A. con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, sobre \u00abuna franja de terreno al borde de la carretera nacional entre Neiva y Aipe, en la cual se encuentra la Estaci\u00f3n de Servicio \u2018Bache\u2019\u00bb, pacto que se renov\u00f3, \u00abquedando su vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2023\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI requiri\u00f3 la adquisici\u00f3n de una porci\u00f3n de terreno de 72.628.96 m2 que \u00abse segrega del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u2018Hacienda San Vicente\u2019\u00bb, zona en la que se ubica la estaci\u00f3n de servicio aludida, la cual debe ser demolida para la construcci\u00f3n de la doble calzada entre Neiva \u2013 Aipe (24 jun. 2018). <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva admiti\u00f3 la demanda de expropiaci\u00f3n que la Agencia Nacional de Infraestructura promovi\u00f3 para adquirir la cuota parte en menci\u00f3n, la vincul\u00f3 al tr\u00e1mite (11 mar. 2021), concedi\u00f3 las pretensiones de aquella y neg\u00f3 la objeci\u00f3n que formul\u00f3 sobre el aval\u00fao, con el argumento de que \u00abcarec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, porque el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO suscrito con ECOPETROL no constaba por escritura p\u00fablica, como lo regla el art\u00edculo 399 del C.G.P.\u00bb (20 sep.), determinaci\u00f3n que el superior convalid\u00f3 el 16 de agosto de 2022, con las mismas motivaciones. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que \u00ab[s]i bien es cierto que ECOPETROL cuando desarrolla las actividades de su objeto social se rige por el derecho privado, en el caso concreto dicho contrato de arrendamiento con POLISERVICIOS LTDA no ten\u00eda dicha finalidad, por ende dicha relaci\u00f3n contractual deb\u00eda regirse por el derecho p\u00fablico, m\u00e1s exactamente a trav\u00e9s de la Ley 80 de 1993\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Neiva remiti\u00f3 el enlace contentivo del pleito denunciado. <\/p>\n
Ecopetrol S.A. y la Organizaci\u00f3n Terpel dijeron, en resumen, \u00abno oponerse a las peticiones formuladas por la parte accionante siempre y cuando a trav\u00e9s de las mismas no se pretenda establecer alg\u00fan tipo de consecuencia jur\u00eddica u obligaci\u00f3n en cabeza de ella\u00bb y, pidieron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Equion Energ\u00eda Limited se resisti\u00f3 al amparo, en la medida en que \u00abno tiene relaci\u00f3n alguna con [Poliservicios] y mucho menos ha vulnerado sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
Cenit Transporte y Log\u00edstica de Hidrocarburos S.A.S. suplic\u00f3 negar la guarda, porque \u00abel proceso en cuesti\u00f3n cumpli\u00f3 con los requisitos aplicables para el caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se anuncia que el an\u00e1lisis de esta Sala se circunscribir\u00e1 al fallo del Tribunal Superior de Neiva (16 ag. 2022), por ser la que defini\u00f3 el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se recalca que dicha directriz no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. Para el efecto, inicialmente enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
Este tipo de asuntos, est\u00e1n regulados en el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que en el numeral 1\u00ba establece que la demanda \u2018se dirigir\u00e1 contra los titulares de derechos reales principales sobre los bienes y, si estos se encuentran en litigio, tambi\u00e9n contra todas las partes del respectivo proceso. Igualmente se dirigir\u00e1 contra los tenedores cuyos contratos consten por escritura p\u00fablica inscrita y contra los acreedores hipotecarios y prendarios que aparezcan en el certificado de registro\u2019. Es decir que son solo cuatro tipos de sujetos quienes pueden ser demandados en el proceso de expropiaci\u00f3n, a saber: 1) los titulares de derechos reales principales, 2) las partes de los procesos en que se est\u00e9 controvirtiendo alguno de esos derechos, 3) los tenedores que puedan acreditar su calidad mediante la existencia de un contrato contenido en escritura p\u00fablica inscrita y 4) los acreedores hipotecarios y prendarios debidamente inscritos. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, expuso que \u00abse duele el recurrente, que el a quo err\u00f3 en declarar su falta de legitimaci\u00f3n para integrar la parte pasiva del contradictorio, al considerar que el contrato de arrendamiento suscrito (\u2026) entre ECOPETROL S.A. y POLISERVICIOS LTDA., no constaba por escritura p\u00fablica debidamente inscrita\u00bb, desconociendo que, conforme al certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de su arrendadora, esta ostenta la calidad de \u00abEmpresa P\u00fablica por tener participaci\u00f3n del estado Colombiano\u00bb, por tanto, la norma que regula las relaciones contractuales con los particulares es la Ley 80 de 1993, \u00abla cual en ninguno de sus apartes establece que los negocios jur\u00eddicos de esta naturaleza deban cumplir con dicha solemnidad, puesto que no hace parte del objeto social de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 esbozando que Poliservicios, \u00abprecis\u00f3 que no es posible aplicar el C\u00f3digo General del Proceso al asunto, puesto que el se\u00f1alado contrato fue suscrito en el 2009, siendo prorrogado sin interrupci\u00f3n en el 2015 con vigencia hasta el a\u00f1o 2023, y dado que no se estableci\u00f3 la retroactividad de dicha ley 1564 de 2012, mal podr\u00eda analizarse el negocio jur\u00eddico bajo los par\u00e1metros all\u00ed contenidos\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, predic\u00f3 que, \u00ablos argumentos adosados por el apoderado de la empresa recurrente, son equ\u00edvocos\u00bb, en primer lugar, porque, \u00abla demanda de expropiaci\u00f3n fue presentada el 4 de marzo de 2021, estando vigente el C\u00f3digo General del Proceso, siendo la norma que por regla natural debe ser aplicada, para resolver el litigio planteado, y no otra disposici\u00f3n legal como lo pretende hacer valer el apoderado apelante\u00bb. <\/p>\n
Sigui\u00f3, aduciendo que, en segundo lugar, el contrato de arrendamiento antes citado, no es el objeto de debate de este proceso, sino <\/p>\n
Acto seguido, memor\u00f3 que esta Colegiatura en la STC12083-2021 sobre dicho t\u00f3pico, dijo: <\/p>\n
(\u2026) no existen medios suasorios que permitan colegir que los convocados realizaron sus cultivos en calidad de tenedores, lo cual implicar\u00eda la aquiescencia de los propietarios del inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, habida cuenta que para tal fin la norma en menci\u00f3n exige que esa circunstancia se pruebe a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica inscrita, documental que no obra en el expediente. <\/p>\n
En tal virtud, cavil\u00f3 entonces que asisti\u00f3 raz\u00f3n al iudex primigenio en desestimar la objeci\u00f3n al aval\u00fao presentada por Poliservicios Ltda., en atenci\u00f3n a que <\/p>\n
(\u2026) carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa pasiva, para ser parte del proceso, ya que dentro del expediente obra solo copia simple del contrato de arrendamiento suscrito el 28 de febrero de 2009 con vigencia de 7 a\u00f1os, esto es hasta el 2015, el cual fue prorrogado por un t\u00e9rmino igual hasta el 2023, entre ECOPETROL S.A. y POLISERVICIOS LTDA., sin que el mismo haya sido elevado a escritura p\u00fablica, y menos fuese registrado en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria de los predios a expropiar. <\/p>\n
Finiquit\u00f3, esgrimiendo que \u00abal hacer efectiva dicha solemnidad, abre la posibilidad a que el mismo sea oponible a terceros y que estos tengan conocimiento de la existencia de un sujeto que puede verse afectado con las acciones legales que se tengan que desplegar, como en el asunto de marras, permitiendo que sea llamado al juicio en la calidad que ostente\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular esta Magistratura en la STC7248-2021, sostuvo: <\/p>\n
\u2018(\u2026) De otra parte, no acredit\u00f3 la parte resistente encontrarse la empresa Adoquin-ar S.A.S. en cualquiera de las condiciones previstas en el numeral 1\u00ba del tantas veces mencionado art. [3]99 del estatuto procedimental, para ser considerada como litisconsorte necesario con el fin de integrar el contradictorio o haberse exigido por parte de esta oficina su vinculaci\u00f3n mediante inadmisorio, previo estudio de la demanda (\u2026)\u2019 <\/p>\n
Determinaciones que, en juicio de la Sala, presentan una soluci\u00f3n ponderada en punto de la situaci\u00f3n puesta de presente por el gestor del resguardo, pues se cimentaron en el art\u00edculo 399-1 del C\u00f3digo General del Proceso para indicar que la sociedad Inversiones Adoquin-ar S.A.S. carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por el extremo pasivo de la relaci\u00f3n procesal, al no ser titular de derecho real alguno respecto de los predios sobre los que recaen las demandas de expropiaci\u00f3n, de all\u00ed que ninguna anomal\u00eda emerja en las determinaciones criticadas, las cuales no pueden ser desaprobadas (\u2026). <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la quejosa, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC9950-2022). <\/p>\n
3.- Son estas las razones que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Poliservicios Ltda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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