STC11562-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11562-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01434-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de agosto de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de julio de 2022, que neg\u00f3 la tutela promovida por Lindeo Calder\u00f3n Herr\u00e1n, contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso radicado n\u00ba 2013-00145. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y \u00abprotecci\u00f3n especial como persona de la tercera edad\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, fue reconocido como v\u00edctima al interior del proceso de Justicia y Paz radicado n\u00ba 2013-00145, en el que se juzgan un total de 167 hechos, entre ellos, la denominada \u00abtoma de Mit\u00fa, ocurrida el 1\u00ba de noviembre de 1998\u00bb \u2013 atribuida a las FARC-EP \u2013 donde fallecieron tres de sus hijos. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 que, el tr\u00e1mite del incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios en dicho asunto se inici\u00f3 \u00abhace muchos a\u00f1os\u00bb ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00absin que a la fecha haya resoluci\u00f3n de fondo ordenando una justa indemnizaci\u00f3n administrativa (sic) a mi favor por el homicidio de mis tres hijos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, es una persona de la tercera edad (87 a\u00f1os), en delicado estado de salud, \u00ablo que conduce a que en cualquier momento puedo fallecer esperando la resoluci\u00f3n de un proceso que se hizo infinito en el tiempo\u00bb. Agreg\u00f3 que, como si no bastara con el sufrimiento que se le ocasion\u00f3 con la muerte de sus hijos, la mora del tribunal para resolver lo ha \u00abre-victimizado\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide, se ordene \u00aba la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resolver mi pedimento de indemnizaci\u00f3n de da\u00f1os reclamado, teniendo presente mi condici\u00f3n de ciudadano de la tercera edad, en estado grave de enfermedad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado \u00c1lvaro Fernando Moncayo Guzm\u00e1n, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien tiene a cargo la ponencia de la causa en cuesti\u00f3n, inform\u00f3 que tiene se encuentra en la elaboraci\u00f3n del proyecto de decisi\u00f3n respectivo, el que actualmente consta de 13 postulados desmovilizados de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia \u2013 FARC-EP. Detall\u00f3 que, inicialmente al juicio se postularon 164 exintegrantes de ese grupo subversivo, pero la mayor\u00eda decidieron acogerse a la ley 1820 de 2016, es decir, a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, solo 13 continuaron bajo el procedimiento establecido en la ley 975 de 2005. <\/p>\n
En cuanto al reproche por la presunta mora en la soluci\u00f3n del asunto, el funcionario explic\u00f3 que se debe tener en cuenta que por \u00abla naturaleza de los procesos de la jurisdicci\u00f3n transicional, que se caracterizan por el alto volumen de v\u00edctimas, procesados y hechos a juzgar, se requiere de unos plazos mayores a una sentencia emitida por la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que, en el caso de inter\u00e9s del actor, los hechos objeto de condena sobrepasan los 160 y las v\u00edctimas m\u00e1s de 3.200. <\/p>\n
As\u00ed mismo, adujo que ha contestado oportunamente cada una de las peticiones que sobre el proceso ha realizado el aqu\u00ed accionante y su grupo familiar, y que ha gestionado y con el ministerio de salud la asistencia m\u00e9dica del se\u00f1or Calder\u00f3n Herr\u00e1n. <\/p>\n
Finalmente, resalt\u00f3 que comprende la inconformidad de las v\u00edctimas, pero sostuvo que el despacho \u00abcontin\u00faa centrando sus esfuerzos a efectos de una pronta emisi\u00f3n de la sentencia correspondiente, sin embargo, lo anterior no puede ir en menoscabo de la prudencia requerida para la elaboraci\u00f3n de una macro sentencia como la que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 73 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, de la Direcci\u00f3n de apoyo a la Investigaci\u00f3n y An\u00e1lisis para la Criminalidad Organizada, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite, pero sin pronunciarse sobre la reclamaci\u00f3n del actor. <\/p>\n
3. El representante judicial de las v\u00edctimas en el referido proceso de Justicia y Paz destac\u00f3 que, en varias ocasiones ha explicado a sus prohijados sobre la complejidad del asunto, haciendo \u00e9nfasis en que en ello tiene incidencia la \u00abmultiplicidad de v\u00edctimas que concurrieron al proceso\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir injustificada la mora judicial denunciada por cuanto, \u00abla tardanza no se debe a un comportamiento omisivo de la autoridad accionada y encuentra justificaci\u00f3n en la complejidad del asunto\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab(\u2026) no existe un desborde del concepto plazo razonable de cara a la complejidad del asunto, ni es posible en las actuales condiciones emitir alguna orden de prelaci\u00f3n del asunto, pues el despacho del ponente ya se encuentra en la tarea de elaboraci\u00f3n del proyecto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso, reiterando su inconformidad con la falta de resoluci\u00f3n e insisti\u00f3 en que hace parte de las personas \u00abde la tercera edad, con derechos protegidos y prioridad de tratamiento por mi condici\u00f3n de persona vulnerable [\u2026] y en estado grave de salud, [\u2026] que me impide someterme a un largo proceso judicial, que despu\u00e9s de muchos a\u00f1os no ha resuelto en lo que al suscrito corresponde\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, est\u00e1 transgrediendo las prerrogativas invocadas por el querellante al incurrir, supuestamente, en mora judicial injustificada para proferir el fallo definitorio del incidente de reparaci\u00f3n integral de perjuicios dentro del proceso de justicia transicional radicado n\u00ba 2013-00145. <\/p>\n
2. Caso concreto \u2013 De la mora judicial. <\/p>\n
2.1. Cabe destacar que frente a este tema solo resulta procedente la injerencia del juez constitucional cuando sea manifiesta y notoria la desidia o abandono de la autoridad vinculada, m\u00e1s no cuando \u00e9sta obedezca a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
Dicha postura fue desarrollada de vieja data por la jurisprudencia constitucional, que precis\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se infiere que a fin de que proceda la acci\u00f3n de tutela, es indispensable que determinada dilaci\u00f3n o mora judicial sean injustificadas, pues el mero incumplimiento de los t\u00e9rminos dentro de un proceso, no constituye per se una violaci\u00f3n al debido proceso [Ver sentencia T-604 de 1995, M.P. Carlos Gaviria D\u00edaz], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. As\u00ed entonces, la mora judicial s\u00f3lo se justifica si la autoridad correspondiente, a pesar de actuar con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones \u2018imprevisibles e ineludibles\u2019, tal como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley\u00bb (CC T-357\/07). <\/p>\n
Entre tanto, esta Corporaci\u00f3n, al abordar el estudio de acciones de tutela que cuestionaron la dilaci\u00f3n en la definici\u00f3n de los procesos, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora bien, cuando se presenta un incumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, la prosperidad del amparo se somete a que el funcionario haya incurrido en mora judicial injustificada y que se est\u00e9 ante la posibilidad de materializar un da\u00f1o, generando un perjuicio que no pueda ser subsanado. Corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones espec\u00edficas del asunto sometido a decisi\u00f3n judicial y evaluar si existe o no una justificaci\u00f3n que explique la mora\u00bb (CSJ STP16417-2016, 9 de nov. 2015, rad. 88998). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, esta Sala precis\u00f3 que el examen de la presunta actitud omisiva, deb\u00eda evaluarse a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, considerando adem\u00e1s el sistema de turnos de resoluci\u00f3n de los casos al que se encuentra sujeto, al respecto se dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque la accionada le dio el tr\u00e1mite legal correspondiente al recurso y no es dable ordenarle a la Sala tutelada que desate el conflicto antes del turno que le corresponde, porque tal como lo precis\u00f3 el juez constitucional de primer grado, se desconocer\u00eda el deber que le imponen los art\u00edculos 37, numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 18 de la Ley 446 de 1998 y se vulnerar\u00eda derechos fundamentales de las partes e intervinientes en los otros procesos a su cargo, que por orden de ingreso al despacho deber\u00edan ser primeramente resueltos\u00bb (CSJ. STC de 5 de agosto de 2011, exp. 1359-01, reiterada en STC10755 del 12 de agosto de 2015). <\/p>\n
2.2. Revisada la actuaci\u00f3n demandada, ciertamente, podr\u00eda estimarse considerable el tiempo transcurrido desde el inicio del tr\u00e1mite sin que se haya proferido decisi\u00f3n definitoria que incluya la reparaci\u00f3n integral de perjuicios de las v\u00edctimas all\u00ed reconocidas; sin embargo, esa tardanza, como se extrae del informe rendido por el magistrado ponente, no ha sido producto de una probada apat\u00eda o arbitrariedad, sino consecuencia de razones objetivas que, en principio, justifican la dilaci\u00f3n denunciada, como pasar\u00e1 a explicarse. <\/p>\n
Al respecto, el funcionario accionado, destac\u00f3 varios aspectos determinantes a la hora de juzgar el tiempo que conlleva elaborar la providencia en los procesos de justicia y paz. <\/p>\n
2.2.1. En primer lugar, refiri\u00f3 que a la causa inicialmente se presentaron 164 desmovilizados de las FARC-EP, con la intenci\u00f3n de aceptar 165 hechos criminales perpetrados en el marco del conflicto armado colombiano, entre ellos, el que es de incumbencia del aqu\u00ed actor, la toma de Mit\u00fa, ocurrida en noviembre de 1998. <\/p>\n
2.2.2. Con la expedici\u00f3n de la ley 1820 de 2016, que reglament\u00f3 la Jurisdicci\u00f3n Especial para La Paz, la mayor\u00eda de los exguerrilleros trasladaron su postulaci\u00f3n a dicha legislaci\u00f3n a fin de acogerse a los beneficios que aqu\u00e9lla dispone. Se\u00f1al\u00f3 que en total se debieron tramitar hasta 151 libertades \u00aby sus correspondientes remisiones a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz por ese motivo\u00bb. <\/p>\n
2.2.3. Aclar\u00f3 que, pese a la reducci\u00f3n de postulados, los hechos a juzgar siguieron siendo los mismos. Con el fin de agotar todas las etapas procesales, la Sala de Conocimiento de ese tribunal debi\u00f3 trasladarse \u00aba los municipios de Villavicencio, Florencia y Neiva a efectos de realizar las audiencias de incidente de reparaci\u00f3n integral, y finalmente [\u2026] Bogot\u00e1, se recibieron las pretensiones indemnizatorias con los respectivos soportes probatorios\u00bb. <\/p>\n
2.2.4. Explic\u00f3 que, el tr\u00e1mite de la reparaci\u00f3n de perjuicios comprende un total de \u00ab3.209 v\u00edctimas entre directas e indirectas\u00bb caracterizadas e individualizadas, y seg\u00fan el \u00faltimo informe de la contadora liquidadora asignada a ese despacho, \u00aba la fecha de la acci\u00f3n constitucional [\u2026] se encuentran proyectadas 2.861 liquidaciones correspondientes a las pretensiones indemnizatorias presentadas por igual n\u00famero de v\u00edctimas entre directas e indirectas durante la celebraci\u00f3n del incidente de reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
2.2.5. Resalt\u00f3 tambi\u00e9n que, los hechos investigados y admitidos por los postulados implican necesariamente la identificaci\u00f3n de las acciones y participaciones en los mismos de hasta 7 bloques de las FARC-EP (Bloque Caribe \u201cMart\u00edn Caballero\u201d; Bloque Magdalena Medio; Comando Conjunto Central \u201cAd\u00e1n Izquierdo\u201d; Bloque \u201cEfr\u00e1in Guzm\u00e1n\u201d; Bloque Occidental; Bloque Sur; Bloque Oriental), \u00abinformaci\u00f3n que tiene que consignarse en la sentencia de fondo y que ha representado un gran reto para los sustanciadores del despacho, debido a la amplitud de la informaci\u00f3n suministrada\u00bb. <\/p>\n
2.3. De manera que, esta Sala, luego de ponderar el escenario acreditado por el convocado y prohijando lo dilucidado por la Sala a quo, ratificar\u00e1 la negativa del amparo deprecado, en tanto que, la mora endilgada no luce puntualmente injustificada. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de definici\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues, como se plasm\u00f3 en los precedentes jurisprudenciales rese\u00f1ados, el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige como raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conviene destacar que la complejidad de los tr\u00e1mites regidos por la Leyes 975 de 2005 y 1592 de 2012, apareja la evaluaci\u00f3n de requisitos de elegibilidad de miles de excombatientes del conflicto armado para ser postulados a los beneficios de tales legislaciones, adem\u00e1s, se investiga y juzga un gran n\u00famero de eventos delictivos por bloques con sofisticadas estructuras delincuenciales, alto poder de intimidaci\u00f3n y suficiente capacidad para causar da\u00f1o a un buen sector de la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Por ello, el suceso frente a cada v\u00edctima, entra\u00f1a un enorme esfuerzo de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, abogados defensores y de los Tribunales de Justicia y Paz para determinar los motivos de la escena criminal y, asegurar a quienes padecieren profundos dolores por el conflicto armado reparaci\u00f3n integral, derecho a la verdad y garant\u00edas de no repetici\u00f3n, de ah\u00ed que las etapas de estos procesos aparejan m\u00faltiples aspectos de estudio. <\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, la duraci\u00f3n de tales procedimientos no suele ser cortos y, en este asunto, por el n\u00famero de afectados y elementos f\u00e1cticos a ponderar, se requiere fuerte trabajo para su resoluci\u00f3n\u00bb (CSJ STC367-2020, 27 enero, rad. 2019-02127-01). <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, esta Sala ha precisado que solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
Por lo tanto, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales, m\u00e1xime si hasta aqu\u00ed, como se dijo, aquello no ocurri\u00f3 por dejadez del operador jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay lugar a otorgar la s\u00faplica, bajo el supuesto de una tardanza injustificada de la colegiatura accionada, teniendo en cuenta que no se demostraron los componentes previamente indicados en la jurisprudencia en cita que, en forma excepcional, permitir\u00edan al fallador constitucional interferir en la \u00f3rbita de competencia de los ordinarios cuando la soluci\u00f3n de los juicios se dilata sin raz\u00f3n v\u00e1lida. <\/p>\n
3. Del perjuicio irremediable. <\/p>\n
En este punto debe agregarse que, pese a que el accionante no aludi\u00f3 de forma expresa a un perjuicio irremediable derivado de la mora judicial que denunci\u00f3, m\u00e1s all\u00e1 de mencionar que la dilaci\u00f3n del proceso ha significado para \u00e9l una \u00abrevictimizaci\u00f3n\u00bb y que fue insistente en poner de presente su avanzada edad y un delicado estado de salud a fin de resaltar la afectaci\u00f3n, n\u00f3tese que, el funcionario accionado al rendir el informe requerido en estas diligencias fue concreto en indicar que, directamente se ha encargado de gestionar, en el caso espec\u00edfico del actor, la prestaci\u00f3n del servicio de salud ante las autoridades competentes; fue as\u00ed como, seg\u00fan refiri\u00f3, mediante auto del 9 de febrero de 2022 exhort\u00f3 al Ministerio de Salud a fin de que incluya al actor en el Programa de Atenci\u00f3n Psicosocial de Salud Integral a V\u00edctimas \u2013 PAPSIVI \u2013 \u00abmedidas que el despacho contin\u00faa vigilando a efectos que se materialicen los cuidados requeridos por el hoy tutelante\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, al contar el actor con la garant\u00eda de dicho servicio a trav\u00e9s del programa gubernamental mencionado, se descarta la posibilidad de brindar la protecci\u00f3n transitoria con fundamento en las circunstancias particulares por aqu\u00e9l expuestas. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, ser\u00e1 la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional confutada. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis del retraso judicial recriminado, as\u00ed como de las exculpaciones ofrecidas por el magistrado tutelado, no puede atribu\u00edrsele a una actitud ap\u00e1tica o negligente dado que, como lo demostr\u00f3 en estas diligencias, aqu\u00e9l se explica a partir de circunstancias objetivas y primordialmente en la complejidad del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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