STC11715-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11715-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02897-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos promovi\u00f3 en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00043-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la guarda del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb, para que se emitieran las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
b)- \u00abSE REMITA COPIA DE ESTA TUTELA ANTE LA COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DDHH, a fin de que conozcan de su actuar en derecho y me garanticen ellos el art 29 CN, y tratados internacionales vigentes referentes a seguridad jur\u00eddica\u00bb; y, <\/p>\n
c)- A Bancam\u00eda Urrao que \u00abcertifique y haga constar si despu\u00e9s de la construcci\u00f3n del ba\u00f1o p\u00fablico ordenado por el mismo tribunal hoy tutelado, se tuvo que cerrar dicha agencia, al verse afectada la seguridad ante la construcci\u00f3n del ba\u00f1o, ordenado en acci\u00f3n popular e igualmente aportar\u00e1 registro fotogr\u00e1fico del ba\u00f1o construido y su estado actual\u00bb <\/p>\n
Del escrito genitor y la prueba obrante en el dossier se extrae que el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Bagre, en la acci\u00f3n popular que Gerardo Herrera Hoyos inco\u00f3 en contra de Bancolombia S.A. (n\u00ba 2021-00043), desestim\u00f3 el pet\u00edtum y declar\u00f3 \u00abprobada la excepci\u00f3n denominada ausencia de vulneraci\u00f3n de derechos e intereses colectivos\u00bb (12 nov. 2021); determinaci\u00f3n que el actor apel\u00f3 y el Superior ratific\u00f3 (27 en. 2022) y corrigi\u00f3 por cambio de fechas y palabras el 10 de marzo siguiente. <\/p>\n
Sostuvo el gestor que \u00abel Tribunal desconoce lo que ordena ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario, olvidando que dura es la ley, pero es ley (\u2026) niega la acci\u00f3n popular por seguridad, sin embargo, nunca, prueba la supuesta afectaci\u00f3n a la seguridad que dice se vulnera (\u2026) desconociendo inciso 2 art 177 CPC, norma que se reprodujo en el inciso final art 167 CGP\u00bb; inaplic\u00f3 \u00abel test de proporcionalidad de la H Corte Constitucional (\u2026) C 144 de 2015 – y sin ning\u00fan tapujo acepta el planteamiento del accionado, excusando el incumplimiento no solo de la ley 361 de 1997, art 47, decreto reglamentario, ley 1349 de 2009 y de la estatutaria ley 1618 de 2013\u00bb y, desconoci\u00f3 \u00abel fallo en que amparo igual pedimento fue acci\u00f3n popular contra Bancam\u00eda en Urrao, donde orden\u00f3 ba\u00f1o para ciudadanos en silla de ruedas, rad 05 847 31 89 0012013 00116 01, se\u00f1ora Mg Claudia Berm\u00fadez Carvajal\u00bb. <\/p>\n
2.- Para cuando el proyecto se someti\u00f3 a estudio, no se allegaron respuestas de los convocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el pliego inaugural con la evidencia recaudada en el plenario, pronto se anuncia el decaimiento del ruego, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- El promotor acusa a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, porque en el veredicto de segundo grado expedido en la \u00abacci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00043\u00bb, inaplic\u00f3 el \u00abtest de proporcionalidad de la C-144 de 2015\u00bb, las leyes 32 de 1985, 16 de 1972 y 361 de 1997 y el Bloque de Constitucionalidad, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, olvidando \u00abprobar la afectaci\u00f3n a la seguridad, ya que solo se consigna y nunca prueba en que se afecta\u00bb; no obstante, esa directriz no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En ella, delimit\u00f3 la normatividad aplicable y titularidad de las \u00abacciones populares\u00bb, el concepto de \u00abinter\u00e9s colectivo\u00bb como su objeto de protecci\u00f3n y los presupuestos de procedibilidad, y destac\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) sobre el actor popular recae la carga de precisar y probar los hechos de los cuales se deriva la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en la demanda, tal y como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 30 de la Ley 472 de 1998 y, de otra, la obligaci\u00f3n para el juez de verificar que, de los hechos planteados en ella, sea posible deducir dicha amenaza o vulneraci\u00f3n (\u2026) La controversia sometida a estudio de la Sala encuentra su fundamento en lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 47 de la Carta Pol\u00edtica en el que se le impone al Estado la obligaci\u00f3n de adelantar una pol\u00edtica de prevenci\u00f3n, rehabilitaci\u00f3n e integraci\u00f3n social para los disminuidos f\u00edsicos, sensoriales y s\u00edquicos, y la de prestarles la atenci\u00f3n especializada que requieran. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, para atender el anhelo del querellante, aludi\u00f3 al marco legal general que regula lo atinente a \u00ablas personas con limitaci\u00f3n f\u00edsicas y las garant\u00edas que deben abrigarlos respecto de la prestaci\u00f3n de ciertos servicios\u00bb contenido en las Leyes 361 de 1997, art\u00edculos 43, 44, 46 y 47, 52; 361 de 1998 y; el Decreto 1538 de 2005 en su art\u00edculo 9\u00b0; en punto de lo cual, reflexion\u00f3: <\/p>\n
En este orden de ideas, debe la sala detenerse en el material probatorio recaudado, a fin de establecer si el derecho colectivo alegado se encuentra vulnerando o si por el contrario alguno de los medios exceptivos propuestos por la parte demandada esta llamada a prosperar. <\/p>\n
Tanto las reglas como los principios pueden concebirse como normas. Empero, de lo que se trata es de realizar una distinci\u00f3n dentro de la clase de las normas. Los criterios de distinci\u00f3n que se ofrecen son numerosos y de diverso tipo. El criterio de distinci\u00f3n m\u00e1s frecuentemente citado es el de la generalidad. Seg\u00fan ello, los principios son normas de un grado de generalidad relativamente alto, y las reglas, normas de un grado relativamente bajo. Quien considera la generalidad como decisiva llega a la conclusi\u00f3n de que entre las reglas y los principios existe s\u00f3lo una distinci\u00f3n de grado. <\/p>\n
Para tomar en consideraci\u00f3n estas reglas se requiere un segundo elemento fundamental y es la ley de la ponderaci\u00f3n. Los principios, en cuanto mandatos de optimizaci\u00f3n, exigen una realizaci\u00f3n lo m\u00e1s completa posible, en relaci\u00f3n con las posibilidades jur\u00eddicas y f\u00e1cticas. La referencia a las posibilidades f\u00e1cticas lleva a los bien conocidos principios de adecuaci\u00f3n y necesidad. La referencia a las posibilidades jur\u00eddicas implica una ley de ponderaci\u00f3n que puede ser formulada como as\u00ed: cuanto m\u00e1s alto sea el grado de incumplimiento o de menoscabo de un principio, tanto mayor debe ser la importancia del cumplimiento del otro. La ley de ponderaci\u00f3n no formula otra cosa que el principio de la proporcionalidad en sentido estricto. Con ello se dice, que el principio de proporcionalidad, se sigue l\u00f3gicamente del car\u00e1cter principal de las normas, y \u00e9ste de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Raciocinio que soport\u00f3 en precedente relacionado con tales reglas y principios, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) Sobre el tema la Corte Constitucional [Sentencia 1287 de 2001] dijo: \u201c2. Sobre la distinci\u00f3n entre reglas y principios, Alexy se\u00f1ala que \u201clas reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan una consecuencia jur\u00eddica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas condiciones, ordenan, proh\u00edben o permiten algo definitivamente o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto, pueden ser llamadas \u201cmandatos definitivos\u201d. Su forma de aplicaci\u00f3n caracter\u00edstica es la subsunci\u00f3n. En cambio, los principios son mandatos de optimizaci\u00f3n. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible seg\u00fan las posibilidades f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su realizaci\u00f3n depende no solo de las posibilidades f\u00e1cticas sino tambi\u00e9n jur\u00eddicas. Las posibilidades jur\u00eddicas de la realizaci\u00f3n de un principio est\u00e1n determinadas esencialmente, a m\u00e1s de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que los principios dependen de y requieren ponderaci\u00f3n. La ponderaci\u00f3n es la forma caracter\u00edstica de la aplicaci\u00f3n de principios\u2026\u201d <\/p>\n
Continu\u00f3 esbozando que, <\/p>\n
(\u2026) En este proceso, la parte demandante reprocha que las personas con limitaciones f\u00edsicas que hacen uso de los productos que presta la entidad financiera accionada, no cuentan con acceso al servicio sanitario. <\/p>\n
En el caso que ocupa la atenci\u00f3n del despacho y con base en lo argumentado, en principio, todos los establecimientos abiertos al p\u00fablico deben contar con servicio sanitario accesible a personas discapacitadas. Por lo que debe establecerse si las entidades financieras se encuentran o no obligadas a cumplir con tal exigencia de car\u00e1cter legal y reglamentaria. <\/p>\n
Sentado lo anterior tenemos que el principio de protecci\u00f3n a las personas con movilidad reducida se afecta por la ausencia de servicios sanitarios de ello, no cabe hesitaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Ahora bien, para poder llegar a resolver este asunto debe tenerse en cuenta que existe una clara colisi\u00f3n de reglas y principios. Por una parte, la regla que ordena la instalaci\u00f3n de los ba\u00f1os en establecimientos p\u00fablicos contenido en el Art. 7 de la Ley 361 de 1997 y el Art. 9 del Decreto 1538 de 2005 y el principio que consagra como derecho el acceso a servicios p\u00fablicos por parte de las personas con discapacidad \/ Integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n discapacitada en la vida en sociedad en contra posici\u00f3n con el principio a la seguridad colectiva obligaci\u00f3n de orden constitucional que le compete al Estado quien debe procurar la protecci\u00f3n de la vida, honra y bienes como ense\u00f1a el inciso 2\u00b0 del Art. 2\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior la regla y principio antes anotado de car\u00e1cter positivo se contrapone al principio a la seguridad colectiva, lo que obliga a realizar una ponderaci\u00f3n para determinar cu\u00e1l debe prevalecer en este espec\u00edfico caso. <\/p>\n
Y bajo ese contexto, en torno al \u00abtest de proporcionalidad\u00bb echado de menos por el impulsor, apostill\u00f3: <\/p>\n
Para resolver la tensi\u00f3n entre los aludidos principios, debe realizarse un test de proporcionalidad, para evidenciar si en concreto los derechos al acceso a servicios p\u00fablicos por parte de las personas con discapacidad e Integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n discapacitada en la vida en sociedad, alegados por el actor cumplen con tres requisitos identificados por la Jurisprudencia [Sentencia C-022 de 1996] para que su pretensi\u00f3n resulte prospera, en raz\u00f3n a la contraposici\u00f3n al derecho a la seguridad: (1) Que sea adecuado para el logro de un fin constitucionalmente v\u00e1lido; (2) necesario, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en t\u00e9rminos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin; y (3) proporcionado, esto es, que el trato desigual no sacrifica valores y principios (dentro de los cuales se encuentra el principio de igualdad) que tengan un mayor peso que el principio que se quiere satisfacer mediante dicho trato. <\/p>\n
En este caso, no existe una discriminaci\u00f3n en el acceso a las personas discapacitadas, pues el servicio no se encuentra instalado o se les niega en raz\u00f3n de su limitaci\u00f3n f\u00edsica, sino que resulta de un impedimento general, esto es, ning\u00fan usuario de la entidad bancaria tiene acceso a los mismos, pues como se demostr\u00f3 en este asunto, las unidades sanitarias implican una privacidad tal, que hace imposible su vigilancia y podr\u00eda conducir a afectaciones a la entidad y en general a toda la poblaci\u00f3n que all\u00ed se encuentra o da en custodia sus recursos y no s\u00f3lo eso, sino que podr\u00eda afectar a la poblaci\u00f3n en general, por la labor que all\u00ed se realiza de recaudar dineros; dineros estos que le pertenecen a gran parte de la poblaci\u00f3n, y que podr\u00edan verse afectados. Denotando entonces, que no existe por parte de la entidad una discriminaci\u00f3n o violaci\u00f3n de un derecho a una poblaci\u00f3n espec\u00edfica, debiendo abordar otras perspectivas de la idoneidad, en el sentido de preguntarse si \u00bfal acceder a lo solicitado por la parte accionante, se lograr\u00eda cumplir un fin constitucionalmente protegido? y la repuesto es negativa, debido a que la constituci\u00f3n busca conservar, preservar la vida y la seguridad de todos los ciudadanos del territorio y privilegiar el acceso a servicios p\u00fablicos de las personas con discapacidad, sobre la seguridad general de la comunidad podr\u00eda generar desequilibrio, frente a las garant\u00edas y prerrogativas establecidas en la Carta Pol\u00edtica, por lo que debe concluirse forzosamente que no existe una vulneraci\u00f3n como tal a la finalidad establecida, en el sentido de que nunca niegan espec\u00edficamente a la poblaci\u00f3n discapacitada su acceso al servicio p\u00fablico, por esa condici\u00f3n, sino que se trata de una prohibici\u00f3n general, para todos los ciudadanos; adem\u00e1s no va destinada o relacionada con la prestaci\u00f3n del servicio como tal, prevaleciendo el principio del derecho colectivo a la seguridad de toda la poblaci\u00f3n por la labor que realiza la entidad demandada. Cabe resaltar, que una imposici\u00f3n como la pretendida implicar\u00eda adem\u00e1s un desvalor al objeto social que desarrolla la entidad que comprende la protecci\u00f3n de los valores y recursos de la comunidad que all\u00ed reposan. <\/p>\n
Luego, sostuvo que el actor popular no comprob\u00f3 la afectaci\u00f3n a la \u00abpoblaci\u00f3n especial\u00bb a la que se refiri\u00f3 en la demanda, por lo que, <\/p>\n
(\u2026) si fuera forzada la construcci\u00f3n de ba\u00f1os en los que no podr\u00edan operar controles de seguridad que pongan en riesgo a la comunidad y sus intereses econ\u00f3micos se sacrificar\u00edan principios superiores al derecho a contar con un ba\u00f1o invocado, que debe primar frente al acceso a servicios p\u00fablicos por parte de las personas con discapacidad y el de Integraci\u00f3n de la poblaci\u00f3n discapacitada en la vida en sociedad, m\u00e1xime cuando no se logr\u00f3 demostrar por parte del actor que el mismo fuese vulnerado a poblaci\u00f3n especial; pues lo que se busca es la seguridad de los usuarios en general del sistema financiero, incluyendo a poblaci\u00f3n relacionada por el actor. <\/p>\n
Seguidamente, se pronunci\u00f3 respecto de las \u00abbater\u00edas sanitarias\u00bb y, en tal sentido, coligi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) no instalar bater\u00edas sanitarias en los establecimientos financieros, como el demandado es una medida id\u00f3nea y proporcional, en tanto que procura un fin constitucionalmente establecido, pues se garantiza la seguridad de la poblaci\u00f3n en general, adem\u00e1s de los bienes constitucionales establecidos en los At. 2, 11 y 58, pues como es sabido, los ba\u00f1os son sitios en donde no se puede controlar, mediante c\u00e1mara de vigilancia a las personas que all\u00ed ingresar\u00edan, pues en dicho espacio prevalece el derecho a la intimidad y en donde se puede verificar la comisi\u00f3n de delitos (\u2026). <\/p>\n
Deviene de lo anterior, que en este caso y dada la ponderaci\u00f3n de derechos realizad (sic), la demandada no est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de contar con una bater\u00eda sanitaria en sus instalaciones para el p\u00fablico, sin que pueda por ello atribu\u00edrsele la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Es palmario que lo pretendido por el accionante, que en este caso es el acceso adecuado de la poblaci\u00f3n discapacitada, no a las instalaciones de la entidad financiera demandada, lo que no se discute, sino a una unidad o servicio sanitario (ba\u00f1o) especial, distinta a la que podr\u00e1 utilizar en caso de emergencia, es decir, por razones de seguridad y salubridad, incluyendo a sujetos con disminuciones f\u00edsica por cualquier raz\u00f3n, no puede entenderse como un trato discriminatorio o desigual. <\/p>\n
Finalmente, despu\u00e9s de citar jurisprudencia de esa Colegiatura (Sen. 064 de 2006 y 039 de 2008) y del Tribunal Superior de Pereira (exp. 2013-00051-01), concluy\u00f3: <\/p>\n
En ese orden de ideas, en el caso en estudio es procedente confirmar la decisi\u00f3n apelada que neg\u00f3 el amparo rogado, pues no se advierte norma de rango superior o legal que imponga la obligaci\u00f3n de una unidad sanitaria para discapacitados dentro de las instalaciones de una entidad como la convocada, m\u00e1xime que de construirse atentar\u00eda con la seguridad por la que deben velar las instituciones financieras al interior de sus establecimientos, adem\u00e1s de ello, no podemos hablar de vulneraci\u00f3n al derecho de igualdad cuando ning\u00fan usuario no trabajador de la entidad tiene acceso a este servicio. <\/p>\n
1.2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el quejoso, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021 y STC9950-2022). <\/p>\n
1.3.- Si bien, Herrera Hoyos pidi\u00f3 se mandara aplicar en el proceso n.\u00b0 2021-00043-00m la sentencia dictada en la \u00abacci\u00f3n popular contra Bancam\u00eda en Urrao, donde orden\u00f3 ba\u00f1o para ciudadanos en silla de ruedas, rad 05 847 31 89 0012013 00116 01\u00bb; se precisa que dicha providencia no constituye un \u00abprecedente\u00bb horizontal de los \u00f3rganos de cierre de la jurisdicci\u00f3n, que sea vinculante y obligatorio; espec\u00edficamente porque, en \u00e9l debe existir una l\u00ednea \u00abjurisprudencial \u00bbque instituya un derrotero a seguir, adem\u00e1s, que el tutelante acredite que esa decisi\u00f3n plantee con suficiencia y no de forma aislada la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida; lo cual no acaeci\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
1.3.- Las rogativas tendientes a que se ordene enviar \u00abCOPIA DE ESTA TUTELA ANTE LA COMISI\u00d3N INTERAMERICANA DDHH, a fin de que conozcan de su actuar en derecho y [le] garanticen ellos el art 29 CN (\u2026)\u00bb y se conmine a Bancam\u00eda Urrao que \u00abcertifique y haga constar si despu\u00e9s de la construcci\u00f3n del ba\u00f1o p\u00fablico ordenado por el mismo tribunal hoy tutelado [en otra acci\u00f3n popular], se tuvo que cerrar dicha agencia, al verse afectada la seguridad ante la construcci\u00f3n del ba\u00f1o, (\u2026) e igualmente [aporte] registro fotogr\u00e1fico del ba\u00f1o construido y su estado actual\u00bb, resultan extra\u00f1as a los fines de este instrumento, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos, de manera que cualquier otra aspiraci\u00f3n le es ajena y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad (STC7810-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb que el precursor busca obtener de tales entidades puede y debe ser clamada directamente ante ellas, lo que denota la infracci\u00f3n del \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n, surge infructuoso el apoyo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11715-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11715-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02897-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos promovi\u00f3 en contra de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66901","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66901\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}