STC11716-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11716-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02894-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jimmy Alberto Fory Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n allegados se puede extractar que el gestor se encuentra recluido en el EPAMSCAS de Palmira, descontando una pena acumulada de 36 a\u00f1os de prisi\u00f3n, impuesta como autor de los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cuya vigilancia la ejerce el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira. <\/p>\n
El pasado 9 de agosto el ac\u00e1 gestor formul\u00f3 h\u00e1beas corpus contra la c\u00e9lula judicial ejecutora en tanto considera que \u00e9sta no ha reconocido la totalidad de los c\u00f3mputos que, por concepto de trabajo, certific\u00f3 la direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario, los que, sumados al tiempo f\u00edsico cumplido y a los informes de arraigo y de trabajo social, le permitir\u00edan acceder al sustituto punitivo consagrado en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
El conocimiento de tal solicitud correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Palmira, despacho que la desestim\u00f3 con auto de 10 de agosto siguiente, contra el cual el interesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La alzada fue resuelta por una magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga el 23 del mismo mes, en el sentido de confirmar lo decidido. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abse rediman mis computos\u2026 y se declare el total de mi tiempo fisico y redenciones de pena [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada querellada se opuso a la prosperidad del resguardo en tanto que \u00abla decisi\u00f3n adoptada\u2026 no es constitutiva de arbitrariedad o capricho y se enmarca en la discreta y responsable autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n de las normas correspondientes, todo de cara al restringido alcance de la acci\u00f3n constitucional y preferente de habeas corpus\u00bb <\/p>\n
2. El Juez Tercero Civil del Circuito de Palmira se limit\u00f3 a informar lo acontecido al interior de la solicitud de h\u00e1beas corpus formulada por Fory Gonz\u00e1lez, advirtiendo que la misma fue desestimada ante la evidente improcedencia de lo pretendido, como era el reconocimiento del tiempo presuntamente redimido producto de las actividades laborales por \u00e9l desarrolladas al interior del centro de reclusi\u00f3n, dado que dicho estudio ata\u00f1e \u00abal juez natural\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n constitucional \u00abse\u2026 despleg[\u00f3] conforme las previsiones de la Ley 1095 de 2006\u00bb de donde se colige \u00abla inexistencia de vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. La secretaria del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, luego de efectuar un recuento de las m\u00faltiples solicitudes formuladas por el quejoso indic\u00f3 que las mismas \u00abhan sido ingresadas a despacho para ser resueltas por el operador judicial y las decisiones tomadas han sido debidamente notificadas al penado\u00bb, de all\u00ed que no pueda atribu\u00edrsele a esa dependencia lesi\u00f3n alguna de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
4. La Fiscal 33 Seccional de Cali, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Vida, remiti\u00f3 dos memoriales a trav\u00e9s de los cuales rindi\u00f3 informe al interior de dos acciones de tutela formuladas previamente por el ac\u00e1 gestor (a\u00f1os 2018 y 2021); empero, no realiz\u00f3 pronunciamiento alguno en torno a los hechos que originaron la interposici\u00f3n del presente resguardo. <\/p>\n
5. La Juez Quinta Penal del Circuito de Cali se refiri\u00f3 exclusivamente a lo acontecido al interior del proceso que culmin\u00f3 con sentencia condenatoria proferida contra el promotor del auxilio como autor del delito de homicidio agravado, sin referirse a los motivos en los que se sustent\u00f3 esta nueva salvaguarda. <\/p>\n
6. El titular del Juzgado Veinticinco Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Cali solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa c\u00e9lula judicial ante la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva dado que \u00abno ha adelantado audiencia alguna contra el [actor]\u2026 [y]\u2026 la presunta vulneraci\u00f3n del derecho reclamado no es ocasionada por acci\u00f3n u omisi\u00f3n [suya]\u00bb. <\/p>\n
7. La Juez S\u00e9ptima de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo en lo que a esa c\u00e9lula judicial ata\u00f1e, en tanto su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a auxiliar una comisi\u00f3n conferida por su hom\u00f3logo Segundo de Palmira para realizar visita domiciliaria de trabajo social, la cual se llev\u00f3 a cabo el 9 de julio de 2021, orden\u00e1ndose la devoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
8. El asistente jur\u00eddico del Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de ese despacho por cuanto \u00aba la fecha no se vigila pena alguna impuesta al se\u00f1or Jimmy Alberto Fory Gonz\u00e1lez\u00bb. <\/p>\n
9. El Procurador 12 Judicial II de Bogot\u00e1, Delegado para Asuntos Civiles impetr\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda comoquiera que \u00abel fallo dictado por las autoridades judiciales\u2026 que negaron la pretensi\u00f3n de habeas corpus [no] se encuentr[an] inmersos en una o m\u00e1s de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde dilucidar si las autoridades jurisdiccionales convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por Jimmy Alberto Fory Gonz\u00e1lez, al denegar la petici\u00f3n de h\u00e1beas corpus por \u00e9l formulada, dado que omitieron pronunciarse en torno a los c\u00f3mputos de trabajo que, presuntamente, fueron certificados por el establecimiento penitenciario en el que se encuentra purgando la pena de 36 a\u00f1os de prisi\u00f3n, los cuales, sumados al tiempo que ha descontado de manera f\u00edsica, le permitir\u00edan acceder al subrogado de la prisi\u00f3n domiciliaria consagrado en el art\u00edculo 38G del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Procedencia restringida de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones adoptadas en el tr\u00e1mite del h\u00e1beas corpus. <\/p>\n
Por regla general, esta Corte ha decantado que al juez de tutela le est\u00e1 restringido el examen de providencias emitidas en otras acciones de naturaleza constitucional, tales como el h\u00e1beas corpus, pues para establecer si efectivamente se quebrant\u00f3 el derecho invocado, el cual constituye el t\u00f3pico medular del aludido mecanismo de protecci\u00f3n, el ordenamiento jur\u00eddico tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios a los cuales puede acudir el interesado. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [A]l Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde este \u00f3ptica replantear el estudio de los asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite de h\u00e1beas corpus para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama (\u2026), [porque] (\u2026) en lo que toca con el cuestionamiento (\u2026) contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de h\u00e1beas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u2018ilegalmente\u2019 detenido, observa la Sala que, (\u2026) tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ, STC de 19 de junio de 2007, exp. 01194-01; reiterada en STC13654-2018, 22 oct. 2018, rad. 01891-01). <\/p>\n
Sin embargo, la anterior premisa no impide que a trav\u00e9s de la tutela se verifique la legalidad del tr\u00e1mite y su decisi\u00f3n definitoria, cuando \u00ab(\u2026) est\u00e9 de por medio una grave y manifiesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso o a la defensa (\u2026)\u00bb (CSJ. Civil, sentencia de 30 de mayo de 2013, exp. 2013-01116-00, citada en el fallo STC15571-2018, 28 nov. 2018, rad. 03576-00). <\/p>\n
En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]l problema jur\u00eddico a dilucidar (\u2026) estriba en resolver el interrogante de si en los prove\u00eddos emitidos por los funcionarios judiciales accionados que, en primera y segunda instancia, desataron la acci\u00f3n de h\u00e1beas corpus, (\u2026) incurrieron en alguna [v\u00eda de hecho], y de contera conduzca a la prosperidad de la acci\u00f3n constitucional\u201d. <\/p>\n
\u201cHa sido criterio reiterado de esta Sala que la acci\u00f3n de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00faa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico; esto es, cuando se configuran las aludidas v\u00edas de hecho, bajo la condici\u00f3n de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial id\u00f3neo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de car\u00e1cter irremediable (\u2026)\u00bb (CSJ, Penal, sentencia de 18 de diciembre de 2013, exp. 70934, citada en STC8044-2019, 19 jun. 2019, rad. 00564-01). <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, conceptu\u00f3 la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Mediante la acci\u00f3n de tutela no puede volver a debatirse lo que se discuti\u00f3 en el marco del proceso de h\u00e1beas corpus, es decir, definir si existi\u00f3 una privaci\u00f3n ilegal de la libertad, pero s\u00ed se puede examinar si las providencias que deciden un recurso de h\u00e1beas corpus, incurren en alg\u00fan tipo de defecto que se traduzca en la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de quien interpone la acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb (CC. T-491\/14). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
4.1. Partiendo de las anteriores premisas, advierte la Corte que los cuestionamientos dirigidos contra las consideraciones que en primer y segundo grado expusieron las autoridades accionadas para denegar el auxilio incoado por el quejoso, resultan impertinentes frente a este resguardo tutelar, por cuanto, como bien decantado lo tiene esta Sala, no procede para atacar lo decidido dentro de la acci\u00f3n p\u00fablica creada para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad personal. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que las determinaciones que se adopten en dicho tr\u00e1mite no pueden ser revisadas mediante la presente senda, toda vez que \u00abtales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental\u00bb (CSJ STC, 10 mar. 2011, rad. 00383-00; CSJ STC17508-2015, 16 dic. 2015, rad. 2015-03055-00; CSJ STC12261-2016, 1\u00ba sep. 2016, rad. 2016-01280-01; y, CSJ STC168-2017, 18 ene. 2017, rad. 2016-03542-00). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha recalcado la inviabilidad del ruego tuitivo en estos eventos, m\u00e1xime \u00abcuando el reproche del actor se dirige en contra del criterio jur\u00eddico de los falladores, controversia ajena al mecanismo excepcional, porque est\u00e1 claro que no es posible a trav\u00e9s suyo, imponer a los funcionarios judiciales una determinada hermen\u00e9utica de las normas para hacer coincidir su raciocinio con el de las partes\u00bb (se resalt\u00f3; CSJ STC597-2014, 30 ene. 2014, rad. 2013-00512-01). <\/p>\n
En asuntos de similares perfiles, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab[A]l Juez constitucional le est\u00e1 vedada la posibilidad de aprehender las atribuciones que el constituyente y el legislador le han deferido a otros estrados, y desde esta \u00f3ptica replantear el estudio de asuntos que se surtieron por los senderos normales, con seguimiento del debido proceso y en aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las normas que rigen la materia; la que resulta a\u00fan m\u00e1s evidente en el tr\u00e1mite del habeas corpus, para el cual el ordenamiento jur\u00eddico ha llenado de garant\u00edas a quien lo reclama\u2026 En ese sentido la Corte en casos an\u00e1logos al que se analiza, ha reiterado que: \u00abexaminados los fundamentos de la queja y las pruebas aportadas, advierte la Corte que el amparo constitucional resulta improcedente, pues en lo que toca con el cuestionamiento que enfila el peticionario contra los funcionarios judiciales que negaron tanto en primera como en segunda instancia, la acci\u00f3n p\u00fablica de habeas corpus que promovi\u00f3 con miras a obtener le fuese concedida la libertad por encontrarse \u00abilegalmente\u00bb detenido, observa la Sala que [\u2026] tales decisiones escapan, en principio, de examen por parte del juez constitucional mediante la acci\u00f3n de tutela, pues ellas en s\u00ed mismas consideradas encarnan una excepcional acci\u00f3n constitucional para la defensa de un particular derecho fundamental [\u2026]\u00bb. (CSJ STC, 19 jun. 2007, rad. 01194\u201301; CSJ STC, reiterada en CSJ STC19498-2017 Nov. 22 de 2017, rad. 2017-03104-00). <\/p>\n
Del mismo modo, la Sala ha pregonado acerca del t\u00f3pico en comento que: <\/p>\n
Lo anterior se fundamenta en que al juez de tutela le est\u00e1 restringido el examen de providencias emitidas en otras acciones de naturaleza constitucional, pues, para establecer si efectivamente se quebrant\u00f3 el derecho invocado, el cual constituye el t\u00f3pico medular del aludido mecanismo de protecci\u00f3n, el sistema jur\u00eddico nacional tiene previstos otros instrumentos de defensa judicial, esto es, los recursos ordinarios y extraordinarios a los cuales puede acudir el interesado\u00bb (CSJ STC15888-2016, 3 nov. 2016, rad. 2016-01312-01). <\/p>\n
Entonces, en lo que concierne con el reparo enfocado a recriminar lo dispuesto por los falladores para desestimar la salvaguarda liberatoria por disentir del criterio adoptado, se resalta, deviene en franca improcedencia, en virtud de que ese tipo de alegaciones no son de recibo en un tr\u00e1mite de igual raigambre. <\/p>\n
4.2. Lo anterior cobra mayor relevancia por cuanto la demanda \u00fanicamente se enfoca en traer a conocimiento del juez de tutela los mismos planteamientos esgrimidos en la solicitud de habeas corpus, matizando los motivos de inconformidad en supuestas v\u00edas de hecho inexistentes, con el objetivo de imponer una particular visi\u00f3n e intelecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico por encima del de los falladores de instancia que, dicho sea de paso, sustentaron sus determinaciones tanto en precedentes de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n como en las disposiciones legales que gobiernan la materia, de all\u00ed que el reclamo resulte improcedente. <\/p>\n
La Corte ha sido enf\u00e1tica en resaltar que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando un fallo jurisdiccional, debe detallar las razones por las cuales aqu\u00e9l desconoci\u00f3 derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los defectos que, sin perjuicio de la autonom\u00eda e independencia que caracterizan la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha indicado en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Por lo tanto, las precisiones sobre la improcedencia del amparo contra las providencias emitidas en sede de h\u00e1beas corpus es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, motivo por el cual, en igual sentido, no resulta necesario el an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, tales como la razonabilidad y juridicidad de los prove\u00eddos discutidos en dicho escenario. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
No se acceder\u00e1 al amparo, dada su evidente improcedencia, pues cuando se acude al juez de h\u00e1beas corpus y \u00e9ste decide el asunto, no es posible luego, por esos mismos motivos, formular acci\u00f3n de tutela, en tanto sobre tal debate ya se ha emitido una decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional que en esos precisos aspectos resulta inmodificable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11716-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11716-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02894-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jimmy Alberto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66902"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66902\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}