STC11720-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00130-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de febrero de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por David Julio Navarro L\u00f3pez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio penal radicado n\u00ba 2015-02283. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el 2 de marzo de 2018 el ac\u00e1 accionante fue sentenciado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Barrancabermeja a la pena de 340 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abacceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo (sic) con actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb, condena que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 19 de octubre de 2019. <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el actor diversos cuestionamientos respecto del tr\u00e1mite penal y los fallos condenatorios. Adujo que fue juzgado y sancionado pese a que no exist\u00edan pruebas contundentes en su contra. De otro lado, critic\u00f3 que, luego del juicio oral \u00abcambiaron a la se\u00f1ora juez titular por la se\u00f1ora [\u2026] quien llevaba 8 d\u00edas con mi caso, quien recibe mi situaci\u00f3n judicial y en la [primera] audiencia me sentencia a 28 a\u00f1os, 6 meses de prisi\u00f3n sin beneficio alguno\u00bb. Y finalmente agreg\u00f3 que, aunque las v\u00edctimas \u00abse retractaron con una carta juramentada, no le dieron validez ni credibilidad a [su] palabra (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se dejen sin efecto las sentencias que lo condenaron penalmente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 8\u00aa delegada ante los Jueces Penales Del Circuito Direcci\u00f3n Seccional Magdalena Medio, se\u00f1al\u00f3 que adelant\u00f3 investigaci\u00f3n dentro de la actuaci\u00f3n seguida contra el ac\u00e1 actor, en la cual \u00abno incurri\u00f3 en omisi\u00f3n o situaci\u00f3n alguna que afectara el debido proceso o cualquier otro derecho fundamental del procesado\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradora 213 Judicial I Penal de Barrancabermeja expuso que, \u00abno se estructuran las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, inherentes al agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial\u00bb; a\u00f1adi\u00f3 que la demanda incumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque \u00ab(\u2026) el demandante pudo controvertir el fallo de segunda instancia a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n aduciendo argumentos similares a los expuestos en la tutela [\u2026] pero opt\u00f3 por no interponer el recurso dentro del t\u00e9rmino legal permitido (\u2026)\u00bb; y, respecto del segundo requisito, porque \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n de segunda grado data del 19 de octubre de 2019 y la acci\u00f3n de tutela se impetr\u00f3 el 9 de diciembre de 2020, es decir, un tiempo muy superior al de seis meses, considerado por la doctrina constitucional como razonable\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, analiz\u00f3 las sentencias cuestionadas y las encontr\u00f3 \u00abajustadas a derecho, en raz\u00f3n a que dichas autoridades judiciales valoraron el material probatorio que daba cuenta de la autor\u00eda Navarro L\u00f3pez en las afrentas sexuales [contra] la menor\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El quejoso manifest\u00f3 impugnar la providencia de la Sala a quo, sin agregar argumentaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al condenarlo a la pena de 340 meses de prisi\u00f3n por los delitos de \u00ab acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os en concurso con actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado\u00bb (sentencia de primera instancia del 2 de marzo de 2018; confirmada con fallo del 19 de octubre de 2019), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. De la inmediatez. <\/p>\n
En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte el incumplimiento del primero de los presupuestos atr\u00e1s referenciados, concretamente el de la oportunidad respecto del ataque dirigido contra las decisiones condenatorias, y en concreto, la que profiri\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga en segunda instancia del proceso penal en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, la aludida determinaci\u00f3n data del 19 de octubre de 2019, mientras que la interposici\u00f3n de la presente salvaguarda del 9 de diciembre de 2020, lo que revela suficientemente tard\u00edo el ejercicio de la acci\u00f3n constitucional. Frente a la tempestividad, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC5268-2016, 28 ab. rad. 2016-00048-01). <\/p>\n
Adicionalmente, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que la verificaci\u00f3n de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s y examinarse con mayor rigor cuando la censura constitucional se dirige contra decisiones judiciales. <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, bajo ese contexto, no observa la Sala la concurrencia de alguno de los eximentes del presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del gestor y su defensa relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo formular contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para alegar ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n las irregularidades que se\u00f1al\u00f3 respecto de la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por los jueces de instancia. En ese sentido esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el tutelante, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional para cuestionar las decisiones dictadas en sede ordinaria, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique la tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el accionante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 su condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 23 de agosto de 2022 \u2013 Ingreso al despacho del ponente, 25 de agosto de 2022. <\/p>\n
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