STC11726-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01188-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C, siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 23 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Olga Janneth Parra Pinilla contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Noveno Penal del Circuito de esa ciudad y los intervinientes reconocidos en el juicio penal 2009-12144. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en su propio nombre, la solicitante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abde defensa [y] debido proceso\u00bb, que considera vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. De los medios de convicci\u00f3n allegados se extracta que el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia de 26 de junio de 2019, conden\u00f3 a Olga Janneth Parra Pinilla a purgar de 86 meses de internamiento penitenciario como autora del delito de fraude procesal1, concedi\u00e9ndosele el sustituto punitivo de la prisi\u00f3n domiciliaria, previo pago de cauci\u00f3n prendaria2 y suscripci\u00f3n de acta de compromiso. <\/p>\n
Ante la firmeza de la condena, la actuaci\u00f3n fue remitida a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad y asignada al despacho cuarto de dicha especialidad que se encuentra a la espera de que la procesada efect\u00fae el pago de la cauci\u00f3n impuesta y diligencie la respectiva acta de compromiso para acceder al mecanismo sustitutivo otorgado en el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. Olga Janeth Parra Pinilla reprocha, esencialmente, que la audiencia de lectura de la sentencia de segunda instancia se hubiera \u00abrealiz[ado] sin [su] presencia, ni la de [su] defensor\u00bb dado que \u00abnunca se [le] notifico (sic) dicha audiencia, no existe citaci\u00f3n o notificaci\u00f3n personal en la cual se [le] comunicara la realizaci\u00f3n de esta audiencia (sic)\u00bb, pese a que el colegiado ad quem \u00abconociendo [su] domicilio no [le] notifico (sic) la realizaci\u00f3n de esta audiencia a trav\u00e9s de los medios id\u00f3neos, por lo que al desconocer la programaci\u00f3n\u2026 no asisti[\u00f3] a la realizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Refiere que la anterior circunstancia, le impidi\u00f3 \u00abconocer la decisi\u00f3n\u00bb adoptada por el tribunal, de la cual \u00absolo se vino a enterar\u2026 cuando ordenaron [su] captura\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, en consecuencia, \u00abdecretar la nulidad de esta audiencia y\u2026 reprogramar nuevamente de la lectura de fallo de segunda instancia (sic)\u00bb a efecto de que pueda \u00abejercer la defensa t\u00e9cnica apropiada de [sus] intereses (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DEM\u00c1S VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de segundo grado indic\u00f3 que la gestora \u00abfue debidamente notificada del fallo\u00bb y que \u00abaunque no pudo enter\u00e1rsele de su lectura, a pesar que se intent\u00f3 entablar comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de la l\u00ednea telef\u00f3nica registrada en el expediente\u00bb4, tal circunstancia no desencadena la lesi\u00f3n atribuida pues \u00abel t\u00e9rmino para interponer el recurso de casaci\u00f3n se habilit\u00f3 luego de que todos los sujetos procesales fueron debidamente notificados\u00bb, tanto as\u00ed que su defensor formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, destac\u00f3 que el resguardo no satisface el presupuesto de la tempestividad habida cuenta que fue formulado \u00abcasi 3 a\u00f1os despu\u00e9s\u00bb de emitida la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la responsabilidad penal de Parra Pinilla, sin que exista justificaci\u00f3n alguna para tal pasividad; adem\u00e1s, advirti\u00f3, la enjuiciada siempre estuvo al tanto de la existencia de la actuaci\u00f3n, incluso, encontr\u00e1ndose el expediente en fase de ejecuci\u00f3n de penas, por conducto se su apoderado, solicit\u00f3 al juzgado ejecutor, el 5 de marzo de 2021, \u00able informaran el monto de la cauci\u00f3n\u2026 y el 29 de junio [siguiente]\u2026 alleg\u00f3 la respectiva consignaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo invocado. <\/p>\n
2. El Juez Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo, en lo referente a ese despacho, comoquiera que \u00ablos hechos relacionados\u2026 corresponden a una situaci\u00f3n ajena\u00bb de all\u00ed que no pueda endilg\u00e1rsele vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3. La Fiscal 43 Seccional de aquella ciudad dijo que \u00abel derecho de defensa y debido proceso de la procesada\u2026 no fue vulnerado, ya que contaba con la defensa t\u00e9cnica ejercida por [un profesional del derecho]\u2026 quien fuera notificado debidamente de la audiencia de lectura de fallo y a quien se le remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n de segunda instancia, al correo aportado para este fin\u00bb, al tiempo que el enteramiento de Parra Pinilla de la aludida providencia se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de edicto. <\/p>\n
4. Para el Procurador Quinto Judicial II Penal lo pretendido por la gestora es \u00abrevivir t\u00e9rminos procesales ya fenecidos utilizando para ello un mecanismo constitucional que resulta improcedente de cara a los requisitos establecidos\u00bb, por lo que solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado. <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda por no acreditarse el presupuesto de la inmediatez dado que \u00abla sentencia de segunda instancia fue emitida el 27 de agosto de 2019 y la acci\u00f3n de tutela se present\u00f3 el 8 de junio de 2022. Esto es, pasados m\u00e1s de 2 a\u00f1os y 9 meses desde la fecha de emisi\u00f3n del acto que presuntamente lesion\u00f3 los derechos de la actora\u00bb, cuando el plazo prudencial para invocar el amparo no puede exceder de seis meses, de acuerdo con el precedente constitucional. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, de igual forma se configura la desatenci\u00f3n del referido requisito de procedibilidad, a\u00fan si dicho lapso se contabilizara desde el momento en que la gestora tuvo conocimiento del fallo de segundo grado, pues ello ocurri\u00f3 \u00abel 14 de enero de 2021, fecha en la que el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas de Bucaramanga requiri\u00f3 a Olga Janeth Parra Pinilla para la suscripci\u00f3n de la diligencia de compromiso. Lo cual indica que la acci\u00f3n se interpuso una vez transcurrido 1 a\u00f1o y 4 meses desde el d\u00eda en que la accionante habr\u00eda tenido pleno conocimiento de la existencia del fallo\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, advirti\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo que \u00abno se evidencia irregularidad que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb en tanto que la actividad desplegada por el tribunal querellado no constituye defecto de ninguna \u00edndole, pues la notificaci\u00f3n a la gestora del fallo de segundo grado se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de edicto fijado el 20 de noviembre de 2019, comenzando a contarse el t\u00e9rmino para interponer el recurso de casaci\u00f3n a partir de su desfijaci\u00f3n, el 6 de noviembre siguiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abla actora se encontraba enterada del decurso de la actuaci\u00f3n seguida en su contra\u00bb pues su apoderado \u00able inform\u00f3 que la audiencia de lectura\u2026 ya se hab\u00eda realizado y en ella se confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia\u00bb, de manera que para conocer el contenido de la decisi\u00f3n \u00abbien pudo acceder a la misma por intermedio de su apoderado o solicitarla de forma directa ante el despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
En la misma senda dijo que el reproche formulado en torno a la supuesta ineficiencia del defensor contractual que la represent\u00f3 carec\u00eda de asidero, comoquiera que dicho profesional formul\u00f3 los recursos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico contra los fallos de primera y segunda instancia, observ\u00e1ndose que \u00abla actuaci\u00f3n de la procesada puede catalogarse como una renuncia voluntaria al ejercicio de su derecho a interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La quejosa discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los argumentos presentados en el libelo introductor, relativos a la omisi\u00f3n por parte del Tribunal Superior de Bucaramanga de citarla a la audiencia de lectura de la sentencia de segundo grado, a los que agreg\u00f3 que la Sala a quo \u00abno estudio a fondo la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas y normas violadas\u2026 pues\u2026 solo hizo apreciaciones con base en el expediente, pero no estudio de fondo la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales violadas en todas las etapas procesales (SIC)\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, consider\u00f3 que \u00abel tiempo nunca es objeto de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y m\u00e1xime que es una sentencia que [se] encuentr[a] purgando, por lo que la presentaci\u00f3n de la tutela en un tiempo antes nos precedentes para que no se le de tr\u00e1mite a una situaci\u00f3n que se establece en el expediente (SIC)\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si se vulneraron las garant\u00edas fundamentales referidas por Olga Janeth Parra Pinilla dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, por cuanto, seg\u00fan dice, no fue citada correctamente para comparecer a la audiencia donde se dio lectura al fallo de segunda instancia proferido en su contra, lo que le impidi\u00f3 conocer su contenido. <\/p>\n
2. La tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde con los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que la presente salvaguarda desatiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la sentencia de segundo grado, emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, data del 27 de agosto de 20195, en tanto que la presente tutela fue radicada el pasado 7 de junio, de acuerdo con el reporte de recepci\u00f3n por correo electr\u00f3nico anexo en formato digital, es decir superado el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
Razonamiento que tambi\u00e9n tiene cabida aun contabilizando dicho t\u00e9rmino desde la fecha en que presuntamente la actora tuvo conocimiento de la providencia, esto es el 5 de marzo de 2021 cuando a trav\u00e9s de su defensor solicit\u00f3 informaci\u00f3n al juzgado ejecutor sobre el monto de la cauci\u00f3n que deb\u00eda cancelar para materializar el sustituto de la reclusi\u00f3n domiciliaria que le fuera otorgado en la sentencia de primer grado, dado que desde ese momento transcurrieron alrededor de quince meses hasta la formulaci\u00f3n de la salvaguarda. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con las actuaciones y decisiones que considera vulneradoras de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a lo atacado, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no. <\/p>\n
Sin embargo, las alegaciones de la actora, dirigidas a justificar su inactividad por tan prolongado tiempo, no tienen la entidad suficiente para permitir al juez constitucional atemperar la rigurosidad con la que debe valorarse el requisito en comento, en tanto resulta inadmisible que aquella pretenda sacar provecho de su desconexi\u00f3n con el proceso, pues siendo conocedora de la existencia del mismo, le correspond\u00eda permanecer vigilante para as\u00ed evitar, precisamente, el resultado que hoy considera lesivo de sus intereses y no acudir a este remedio excepcional despu\u00e9s de m\u00e1s de dos a\u00f1os de haberse proferido el fallo de segundo grado cuestionado, con el \u00fanico fin de tratar de reabrir un debate legalmente concluido. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda torna improcedente el resguardo, siendo esta raz\u00f3n suficiente para ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como consecuencia de lo discurrido se ratificar\u00e1 el fallo confutado, dada la evidente desatenci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez, en la medida que la actora se demor\u00f3 m\u00e1s de seis meses en acudir a esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y a la Sala a quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Adicionalmente se le impuso una multa de 270 s.m.l.m.v. y 72 meses de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
2\u0002 Por valor de 5 s.m.l.m.v. <\/p>\n
3\u0002 Se modific\u00f3 el valor de la cauci\u00f3n prendaria reduci\u00e9ndola a 2 s.m.l.m.v. <\/p>\n
4\u0002 La cual se encontraba inactiva. <\/p>\n
5\u0002 Fecha en la que, adem\u00e1s, fue le\u00edda en audiencia. <\/p>\n
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