STC11732-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC11732-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01466-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de agosto de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Blanca Delia Garc\u00eda le instaur\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta capital, extensiva al Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y dem\u00e1s intervinientes em el consecutivo 2014-00222. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos \u00abal debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) en atenci\u00f3n a la mora injustificada en la designaci\u00f3n del perito\u00bb, para que se ordenara dejar \u00absin efecto el prove\u00eddo del 29 de abril del 2022, en el cual se abstiene de dar tr\u00e1mite al dictamen pericial aportado\u00bb. <\/p>\n
En respaldo adujo que el 4 de abril de 2019, el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 emiti\u00f3 sentencia en el juicio de resoluci\u00f3n de contrato que adelant\u00f3 contra Gina Paola Mart\u00ednez, en la que declar\u00f3 la nulidad por objeto il\u00edcito del convenio y dispuso las restituciones mutuas, efecto para el cual, requiri\u00f3 a las partes a fin de que aportaran las correspondientes liquidaciones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, pese a la designaci\u00f3n frustrada de auxiliares de la justicia para establecer el monto de las \u00abrestituciones mutuas\u00bb y las compensaciones, a comienzos de 2021 aport\u00f3, motu propio, informe pericial no atendido por el juez de conocimiento bajo el argumento que las partes no se encontraban autorizadas para ello, decisi\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume despu\u00e9s de los recursos de ley. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, como desde aquella calenda y hasta la radiaci\u00f3n de la queja constitucional no se hab\u00eda designado perito para la finalidad mencionada, el estrado accionado est\u00e1 incurso en mora judicial. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, si bien la promotora present\u00f3 informe de un experto contador p\u00fablico (26 abr. 2021), aquel \u00abno fue tenido en cuenta, dada la falta de autorizaci\u00f3n por parte del despacho\u00bb; sin embargo, el 26 de octubre siguiente ofici\u00f3 al Consejo Superior de la Judicatura, para que remitiera la lista de \u00abauxiliares de la justicia\u00bb activos con la profesi\u00f3n referida, pedimento que reiter\u00f3 el 29 de noviembre del mismo a\u00f1o, sin que a la fecha se hubiese pronunciado, as\u00ed como tampoco, alguno de los extremos procesales, de ah\u00ed que \u00abno le ha conculcado derecho fundamental alguno al (sic) accionante, am\u00e9n que, el principio de la inmediatez, no se configura en este asunto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
El perito vinculado inform\u00f3, que mediante correo electr\u00f3nico de 30 de noviembre de 2020 solicit\u00f3 al juez de la causa su relevo en las tareas asignadas, toda vez que su residencia permanente es la ciudad de Bucaramanga, no la capital patria. <\/p>\n
El Consejo Superior de la Judicatura rog\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb, con base en que \u00abmediante Acuerdo PSAA15-10448 del 28 de diciembre de 2015, que puede ser consultado en el portal de la rama judicial (\u2026) reglament\u00f3 la actividad de los Auxiliares de la Justicia disponiendo adem\u00e1s la integraci\u00f3n de las listas de Auxiliares de la Justicia como una gesti\u00f3n propia y de competencia de cada una de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administraci\u00f3n Judicial del respectivo Distrito Judicial. Dichas listas tendr\u00e1n vigencia de dos (2) a\u00f1os a partir del 1 de abril del a\u00f1o siguiente a aquel en que se abri\u00f3 la convocatoria y podr\u00e1n ser utilizadas por los despachos judiciales ubicados dentro de la comprensi\u00f3n territorial de cada Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00aba partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, no se elaboran listas de Auxiliares de la Justicia para los cargos de perito y curador ad l\u00edtem, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1l desestim\u00f3 el ruego porque verific\u00f3 que \u00abel juez ha resuelto en un plazo razonable las solicitudes que se le han planteado y en ese orden no se verifica una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la accionante\u00bb; empero, como \u00abhan transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os para concretar la orden impartida en la sentencia que resolvi\u00f3 la instancia y que, decret\u00f3 las restituciones mutuas, entre ellas: la del precio pagado en cuant\u00eda de $70.855.644, debidamente indexado desde la fecha de desembolso y hasta su retorno, y la del inmueble objeto del contrato, junto con los frutos dejados de percibir por los accionantes desde su entrega, hasta su devoluci\u00f3n [sin que haya] adoptado las medidas apropiadas que la codificaci\u00f3n procesal le brinda para procurar una soluci\u00f3n oportuna\u00bb, previno al juzgado cuestionado para que, \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 24 del Decreto 2591 de 1991, impulse y dirima de fondo empleando los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n, lo relativo a la pr\u00e1ctica del dictamen pericial que dispuso en auto de 27 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
Inconforme la gestora, impugn\u00f3 porque, si bien se evidenci\u00f3 una \u00abmora\u00bb injustificada en el tr\u00e1mite del proceso verbal, \u00abno se tutel\u00f3 el derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En forma insistente, se ha dicho que la \u00abtutela\u00bb no es la v\u00eda id\u00f3nea para refutar las \u00abprovidencias judiciales\u00bb, cobijadas como se encuentran por la autonom\u00eda e independencia que les confiere el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. No obstante, es innegable que esta restricci\u00f3n desaparece \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurre en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo\u00bb, donde, sin duda, se impone \u00abla intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (STC4726-2015 reiterada en STC13387-2017, STC3735-2020, STC15186-2021 y STC091-2022). <\/p>\n
2. De la prueba allegada al plenario, f\u00e1cil se advierte la presencia de uno de estos eventos excepcionales, que ameritan la irrupci\u00f3n del iudex constitucional en el escenario natural, en aras de salvaguardar las garant\u00edas fundamentales de quienes all\u00ed act\u00faan y que, en este caso, indefectiblemente conduce a la revocatoria de la determinaci\u00f3n de primer grado y, consiguiente concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, pese a que el ad quem vislumbr\u00f3 que el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de esta urbe ha retardado la materializaci\u00f3n de la orden impartida en la sentencia de 4 de abril de 2019, ata\u00f1edera a las \u00abrestituciones mutuas\u00bb, as\u00ed como que, existe controversia respecto del prove\u00eddo en el que se abstuvo de tener en cuenta el dictamen aportado por la accionante con el prop\u00f3sito aludido, neg\u00f3 la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb reclamada, con apoyo en que \u00abquien en principio debe atender los pedimentos del funcionario es la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Cundinamarca\u00bb, conclusi\u00f3n que no puede respaldarse. <\/p>\n
No, porque en contrav\u00eda de dicha postura, el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso pregona que la conformaci\u00f3n del registro de profesionales, se circunscribe al caso de los \u00absecuestres, partidores, liquidadores, s\u00edndicos, int\u00e9rpretes y traductores\u00bb; pues, \u00ab[p]ara la designaci\u00f3n de los peritos, las partes y el juez acudir\u00e1n a instituciones especializadas, p\u00fablicas o privadas, o a profesionales de reconocida trayectoria e idoneidad. El director o representante legal de la respectiva instituci\u00f3n designar\u00e1 la persona o personas que deben rendir el dictamen, quien, en caso de ser citado, deber\u00e1 acudir a la audiencia\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Ahora, lo decidido en la sentencia de 4 de abril de 2019 en materia de restituciones mutuas, luego de declarar la nulidad del contrato cuya resoluci\u00f3n anhelaba la demandante fue, que: <\/p>\n
\u00ab1. Los promitentes vendedores demandantes se\u00f1ores BLANCA DELIA GARCIA P\u00c1EZ Y V\u00cdCTOR RUSINQUE PRADA deber\u00e1n devolver a los compradores demandados se\u00f1ores GINA PAOLA MART\u00cdNEZ B. y JOS\u00c9 RAMIRO VARGAS CADENA la totalidad de los dineros recibidos por concepto del pago del precio pactado por contrato de compraventa se\u00f1alado, dineros que se concretan en la suma de $70.855.644 m\u00e1s la indexaci\u00f3n de la moneda conforme al IPC, e intereses civiles causados desde el momento en que recibieron los pagos y hasta el momento en que se verifique la devoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los promitentes compradores \u2013 demandados, se\u00f1ores GINA PAOLA MART\u00cdNEZ y JOS\u00c9 RAMIRO VARGAS CADENA deber\u00e1n restituir a los vendedores demandantes se\u00f1ores BLANCA DELIA GARC\u00cdA P\u00c1EZ y V\u00cdCTOR RUSINQUE PRADA, el bien inmueble que recibieron descrito en el contrato objeto de la demanda en las mismas condiciones en que le fue entregado a aquellos, junto con los frutos dejados de percibir por los demandantes desde el momento de la entrega y hasta el momento en que se verifique la misma, frutos que deber\u00e1n ser tasados en proporci\u00f3n del 1% mensual sobre el valor comercial del inmueble de conformidad con el art\u00edculo 18 de la ley 820 de 2003 e incrementos anuales como lo previene el art\u00edculo 20 de la misma ley, tomando como punto de partida para determinar el valor comercial del predio el aval\u00fao catastral anual vigente incrementado en un 50% desde el momento de su entrega (17 de junio de 2011) seg\u00fan reza la promesa de compraventa y hasta que se verifique la misma (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Confrontada la norma antes citada con la realidad que ense\u00f1a el expediente cuestionado, deviene desacertado sostener que la \u00abmora\u00bb en el cumplimiento del fallo no es atribuible al juez cognoscente del proceso verbal, ya que, f\u00e1cil se observa que, durante algo m\u00e1s de tres a\u00f1os pas\u00f3 por alto las facultades concedidas en el numeral 2\u00ba del precepto rese\u00f1ado, as\u00ed como las de los art\u00edculos 42 a 44 de la misma codificaci\u00f3n, ya que, no obstante la claridad de su propio mandato, perdi\u00f3 el norte y se deslig\u00f3 del mismo, en la medida que i) no hay prueba sobre el tr\u00e1mite que est\u00e1 adelantando a efectos de aplicar directamente las pautas que all\u00ed estableci\u00f3 para la tasaci\u00f3n de los montos, esclarecimiento que ha dilatado la finalizaci\u00f3n del asunto y, ii) supedita la realizaci\u00f3n de dicha carga, al actuar de un tercero que, como qued\u00f3 decantado l\u00edneas atr\u00e1s, no tiene a su cargo la obligaci\u00f3n que aquel le imputa. <\/p>\n
Sobre el punto ha predicado la Sala, que: <\/p>\n
[l]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada -subraya fuera de texto- (CSJ STC, 19 sep. 2008, Rad. 01138-00, citada en STC2000-2018, reiterada en STC195-2021, STC10205-2021 y STC10792-2022). <\/p>\n
De ese modo, no existe raz\u00f3n valedera que explique la tardanza del despacho censurado en concretar la orden que expidi\u00f3 desde abril de 2019 y, m\u00e1s bien, su comportamiento frente a las gestiones desplegadas con tal prop\u00f3sito por la quejosa luce caprichoso, en tanto, injustificadamente se rehus\u00f3 a analizar la aptitud del \u00abDICTAMEN PERICIAL DE LIQUIDACI\u00d3N & COMPENSACI\u00d3N DE FRUTOS CIVILES ELABORADO POR PERITO DE DA\u00d1OS & PERJUICIOS Y CONTADOR P\u00daBLICO INDEPENDIENTE\u00bb que esta aporto (folios 192 a 206, expediente 2014-00222). <\/p>\n
N\u00f3tese que tal \u00abdeterminaci\u00f3n no fue motivada, como quiera que se ci\u00f1\u00f3 a afirmar que la actora \u00abno estaba autorizada para realizar dicha tarea\u00bb (29 jul. 2021), lo mismo ocurri\u00f3 con la que resolvi\u00f3 el recurso horizontal, en la que reiter\u00f3 su aserci\u00f3n principal y apenas a\u00f1adi\u00f3 que el peritaje se incorpor\u00f3 inoportunamente (16 sep. 2021), lo que de suyo reafirma la trasgresi\u00f3n alegada, en la medida que, al dejar de exponer los \u00abmotivos jur\u00eddicos\u00bb de su negativa, confin\u00f3 a la precursora en su oposici\u00f3n frente a lo as\u00ed solventado, quedando limitada al eventual impulso que pudiera dar el despacho a la tarea de designar el profesional encargado de llevar a cabo la requerida liquidaci\u00f3n de frutos y compensaciones. <\/p>\n
Y, es que, <\/p>\n
(\u2026) s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales (\u2026). CC T-214\/12 citada en CSJ STC9665-2022. <\/p>\n
3. Lo anterior impone, entonces, la revocatoria del veredicto confutado, para que el juzgador acusado deje sin efecto el auto de 29 de julio de 2021 (folio 209, expediente 2014-00222) y, el de 16 de septiembre que lo refrend\u00f3 para que, en su lugar, dicte uno en el que, previo an\u00e1lisis de la pericia arrimada por la all\u00e1 demandante, explique las razones por las cuales puede o no ser acogida para la finalidad perseguida, \u00faltimo evento que lo obliga a hacer uso de las potestades prenotadas, para cristalizar el mandato del ordinal primero del fallo de 3 de abril de 2019 tantas veces mencionado (folios 105 y 106, ib.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, CONCEDE la tutela invocada. Como consecuencia de ello, se dispone: <\/p>\n
PRIMERO: DEJAR sin valor ni efecto los autos de 29 de julio y 16 de septiembre de 2021 dictados dentro del consecutivo 2014-00222. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino m\u00e1ximo e improrrogable de diez (10) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n, profiera una nueva resoluci\u00f3n que atienda las reflexiones que se acaban de exponer, esto es, se pronuncie con la motivaci\u00f3n que amerita el asunto, sobre la idoneidad de la experticia allegada por la proponente y, de encontrarla inapropiada para efecto de determinar las restituciones y compensaciones a que hay lugar en ese diligenciamiento, haga uso de las facultades que el nuevo estatuto procedimental civil le otorga, para que tenga lugar en un t\u00e9rmino prudencial. <\/p>\n
TERCERO. Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11732-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente STC11732-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01466-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de agosto de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66916","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66916"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66916\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66916"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66916"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66916"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}