STC11743-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11743-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hermila Fonseca D\u00edaz contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 1 de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones-, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2014-146. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Hermila Fonseca D\u00edaz instaur\u00f3 ordinario laboral contra Colpensiones, en procura del reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez \u00aben aplicaci\u00f3n al r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb, previa declaraci\u00f3n de que \u00abno puede pagar las consecuencias negativas del no cobro por parte del ISS en liquidaci\u00f3n ni por la entidad demandada (\u2026) de los aportes pagados extempor\u00e1neamente que no aparecen imputados a su historia laboral y adeudados\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla, que concedi\u00f3 lo pretendido. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n y el grado jurisdiccional de consulta en favor de la all\u00ed convocada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, \u00abrequi[ri\u00f3] a Colpensiones para que allegue la historia laboral [de la promotora]\u00bb, tras lo cual, revoc\u00f3 lo resuelto por el a quo, en tanto consider\u00f3 que \u00ablos ciclos [de] septiembre y octubre de 1996 (Dismoda Ltda.), marzo de 1997 a septiembre de 1999 (Maquiladora Internacional Ltda.), (\u2026) no pod\u00edan computarse como mora, toda vez que en la historia laboral no hab\u00edan sido cotizados ni categorizados [de dicha manera]\u00bb. <\/p>\n
2.3. Inconforme, la aqu\u00ed gestora, recurri\u00f3 en sede extraordinaria, donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 1, cas\u00f3 lo fallado por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que, en segunda instancia se \u00abomiti\u00f3 analizar el reporte de semanas de cotizaciones de folios 17 a 27, con lo cual desconoci\u00f3 los reportes en los que se registr\u00f3 \u00abdeuda por no pago\u00bb de los diferentes empleadores y, por tanto, la posibilidad de convalidar algunas semanas que pudieran incidir en la generaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debatida, y que Colpensiones sustrajo sin motivo aparente de la historia laboral\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, dicha Corporaci\u00f3n dispuso oficiar: (i) a la entidad all\u00ed querellada, a fin de que rindiera informe sobre las inconsistencias presentadas en la referida prueba documental; (ii) a la actora y a las empresas Maquiladora Internacional Ltda., Roca Maquila E.U. y Dismoda Ltda., a fin de que acreditaran la existencia de la relaci\u00f3n laboral y los extremos temporales de la misma. <\/p>\n
Seguidamente, teniendo en cuenta las respuestas aportadas, profiri\u00f3 sentencia de instancia, sin otorgar la prestaci\u00f3n, pues concluy\u00f3 que \u00ab[las] 460,68 semanas [de la solicitante], resulta[n] insuficiente[s] para la asignaci\u00f3n del derecho pretendido, [dado que] tampoco igual\u00f3 las 1000 exigidas en toda la vida por el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
2.4. Resoluciones que, a juicio de la censora, incurrieron en defecto f\u00e1ctico, por cuanto no se tuvieron en cuenta documentos que se aportaron con la demanda \u00abaduciendo que estos no tienen la firma del empleador como si hubieran concluido que eran falsos o simplemente obviaron realizar un an\u00e1lisis probatorio muchos m\u00e1s pericial y certero de los mismos\u00bb y desconocimiento del precedente contenido en las decisiones SL6557-2016 y SL14236-2015. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab APARECE CLARO Y NO CONTROVERTIDO (\u2026) que, si bien (\u2026) recibi\u00f3 las pagos extempor\u00e1neamente, las semanas causadas – mes de Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Diciembre de 1996 y Febrero de 1997,- y descontadas al afiliado san suficientes para que (\u2026) acceda a la pensi\u00f3n de vejez, de acuerdo a los requisito de la Ley 100 de l993, y que en reiteradas (sic) jurisprudencia han confirmado que el TRABAJADOR no tiene que pagar las consecuencias de las omisiones en que incurran las administradoras del r\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se dejen sin efectos los fallos proferidos en segunda instancia y en casaci\u00f3n (SL1853-2020 y SL307-2022 rad. 78712), y en consecuencia se ratifique la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abno se observa que esta Sala hubiese vulnerado los derechos de la accionante ni incurrido en el defecto sustantivo alegado, ello en raz\u00f3n a que, la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en criterios que distan de ser subjetivos, pues luego del an\u00e1lisis detallado de las pruebas, se concluy\u00f3 que la actora no cumpl\u00eda con la densidad de semanas requeridas para acceder al derecho pensional\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abes evidente que las sentencias emitidas por esta corporaci\u00f3n fueron debidamente motivadas, se realiz\u00f3 el correspondiente an\u00e1lisis de las pruebas y se explic\u00f3 las razones que sustentaron las conclusiones probatorias all\u00ed consignadas y que respaldan las decisiones que ahora se cuestionan, raz\u00f3n por la cual se solicita, respetuosamente, no acceder a la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite alegado en la presente tutela, ya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro Juez el cual no accedi\u00f3 a las pretensiones solicitadas por el accionante, por lo que la presente acci\u00f3n de tutela debe ser declara improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S. manifest\u00f3 que el \u00abproceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al P.A.R. I.S.S. en Liquidaci\u00f3n o el extinto I.S.S.\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abno puede la parte accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso de referencia\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la apoderada de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n y resalt\u00f3 que, \u00aba fecha 25 de julio de 2015, le aparecen legalmente cotizadas 662.25 semanas que sumadas a las pagadas extempor\u00e1neamente por las empresas DISMODA LTDA (30.03) y MAQUILLADORA INTERNACIONAL LTDA (4.29) tendr\u00edamos un total de 696.57 semanas legalmente pagadas antes entrada en vigencia el Acto legislativo 01 de 2005 (sic) (\u2026) Que a las 696.57 1e sumamos las adeudadas por DISMODA LTDA (51 48 semanas dentro de los Periodos 01\/01\/1996 al 31\/12\/1996) y MAQUILLADORA INTERNACIONAL LTDA (132.99 en los periodos 03\/1997 hasta 09\/1999), obtendr\u00edamos que antes de la entrada en vigencia el Acto legislativo 01 del 2005 (sic) (\u2026) tendr\u00eda un total de 881.04 semanas, la cual la hace beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n que se mantendr\u00eda hasta el 2014\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el ordinario laboral promovido por la gestora (SL1853-2020 y SL307-2022, rad. 78712), por cuanto cas\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal, pero, en sede de instancia, no accedi\u00f3 al reconocimiento pensional pretendido, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 1 marzo de 2017, 2 de junio de 2020 y 8 de febrero de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a los dos \u00faltimos, es decir, los de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, por cuanto fueron los que definieron el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar las decisiones sometidas a escrutinio de esta Corte, mediante las cuales la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada cas\u00f3 el fallo del tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que dicha autoridad \u00abomiti\u00f3 analizar el reporte de semanas de cotizaciones de folios 17 a 27, con lo cual desconoci\u00f3 los reportes en los que se registr\u00f3 \u00abdeuda por no pago\u00bb de los diferentes empleadores y, por tanto, la posibilidad de convalidar algunas semanas\u00bb, y posteriormente en sentencia de instancia, neg\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez a la accionante, pues concluy\u00f3 que \u00ab[las] 460,68 semanas [de la solicitante],resulta[n] insuficiente[s] para la asignaci\u00f3n del derecho pretendido, pues, tampoco igual\u00f3 las 1000 exigidas en toda la vida por el Acuerdo 049 de 1990\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar conjuntamente los tres cargos formulados por: (i) la v\u00eda directa por \u00abla violaci\u00f3n de los art\u00edculos 53 del Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 13,16, 24, 36 y 288 de la Ley 100 de 1993, 1\u00b0 del Decreto 1900 de 1983, aprobatorio del Acuerdo 016 de 1983 que modific\u00f3 el literal b) del art\u00edculo 11 del Acuerdo 224 de 1966, el Acuerdo 049 de 1990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o y 16 del CST\u00bb; (ii) por infracci\u00f3n indirecta \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 1, 2, 3, 4, 5, 25, 38, 48, 53 y 58 de la CN, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 de 1966, 1\u00b0 del Decreto 1900 de 1983, aprobatorio del Acuerdo 016 de 1983, 87 del CPTSS, 13, 16, 36 y 228 de la Ley 100 de 1993\u00bb, y por (iii) \u00abviolaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida de normas y apreciaci\u00f3n con falta de apreciaci\u00f3n de determinada prueba\u00bb y en \u00abla aplicaci\u00f3n de la ley constitucional\u00bb art\u00edculos 4, 13, 46, 48, 53, 58, 86, 93, 94 \u00abde los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad sobre la protecci\u00f3n de los derechos humanos Pacto de San Jos\u00e9, OIT y los principios constitucionales, el derecho sustancial\u00bb 1\u00b0, 9, 10, 13, 193, 259 a 274, 278, 468 del CST, \u00abespecialmente la pensi\u00f3n de vejez Acuerdo 049\/1990; el Decreto 758\/1990\u00bb, 36 de la Ley 100 de 1993\u00bb, la autoridad enjuiciada expuso que: <\/p>\n
Inicialmente record\u00f3 que \u00abel Tribunal, de los dos registros de cotizaciones de semanas que obran en el plenario, desech\u00f3 la historia laboral que la se\u00f1ora Hermila Fonseca D\u00edaz aport\u00f3 con la demanda, para en su lugar tomar la segunda de ellas, por estar actualizada al 18 de enero de 2017, ser la m\u00e1s reciente y provenir directamente de Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, expres\u00f3 que \u00ab[s]i bien no hizo expl\u00edcitas las razones por las cuales no acogi\u00f3 el allegado por la demandante, impl\u00edcitamente se entiende que fue porque no era el m\u00e1s reciente, no estaba actualizado y no hab\u00eda certeza de su procedencia, pues, fueron precisamente las razones contrarias a esas circunstancias las que lo motivaron a considerar el reporte de folios 113 a 120\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se apoy\u00f3 en la sentencia SL5170-2019, de similares contornos, y precis\u00f3 que \u00abla historia laboral aportada por la demandante con el texto del libelo introductorio se presum\u00eda aut\u00e9ntica, pues, no solo no fue tachada por la entidad contra quien se opuso, sino, adem\u00e1s, Colpensiones reconoci\u00f3 t\u00e1citamente lo que ella reportaba, e incluso no se opuso a que se tuviese como prueba, actitud procesal semejante a la desplegada por la misma entidad en el caso analizado pret\u00e9ritamente por la Sala y que se ha tomado como referente. De tal manera que no se comprende por qu\u00e9 el Tribunal, en este caso, le hubiera restado eficacia probatoria\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, coligi\u00f3 que en la \u00abprimera historia laboral muestra que, respecto de la demandante, se relacion\u00f3 a las sociedades Maquiladora Internacional Ltda., Roca Maquila E.U. y Dismoda Ltda., como empleadoras, quienes presuntamente habr\u00edan omitido la consignaci\u00f3n; tambi\u00e9n se aprecia que durante los ciclos objeto de debate, aparecen indistintamente las observaciones: \u00abSu empleador presenta deuda por no pago\u00bb y \u00abPago aplicado al periodo declarado\u00bb, lo que sugerir\u00eda que en algunos per\u00edodos se efectuaron pagos extempor\u00e1neos pero que por esa raz\u00f3n, precisamente, fueron aplicados al periodo declarado o en mora. Sin embargo, tales anotaciones, como se dijo, no aparecen en la segunda historia laboral ni tampoco la raz\u00f3n para no haberse considerado\u00bb. <\/p>\n
Sobre ello, arguy\u00f3 que \u00abel Tribunal, pese a que era su obligaci\u00f3n, omiti\u00f3 analizar el reporte de semanas de cotizaciones de folios 17 a 27, con lo cual desconoci\u00f3 los reportes en los que se registr\u00f3 \u00abdeuda por no pago\u00bb de los diferentes empleadores y, por tanto, la posibilidad de convalidar algunas semanas que pudieran incidir en la generaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debatida, y que Colpensiones sustrajo sin motivo aparente de la historia laboral de la actora. Corolario que se acompasa con lo concluido en la sentencia que se cit\u00f3 en precedencia, sin que acudan circunstancias especiales para que, en esta oportunidad, la Sala se aparte de suministrar una soluci\u00f3n similar en torno al aspecto jur\u00eddico debatido\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al estudiar el reproche respecto de la \u00abaplicaci\u00f3n indebida de las Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb, la Corporaci\u00f3n encartada se\u00f1al\u00f3 que \u00absi la demandante aspiraba a que su derecho pensional se definiera bajo el Acuerdo 049 de 1990, necesariamente el Tribunal deb\u00eda constatar si la demandante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, y verificar si dicho r\u00e9gimen lo conserv\u00f3 hasta diciembre de 2014, o en su defecto, si reuni\u00f3 los requisitos hasta el 31 de julio de 2010, fecha hasta la cual tuvo vigencia el r\u00e9gimen de transici\u00f3n alegado\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, el estrado convocado, cas\u00f3 la providencia confutada y dispuso: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) oficiar a: i) Colpensiones para que explicara las razones por las cuales, en la historia laboral expedida el 18 de enero de 2017, no se relacionaron los ciclos que, en cambio, s\u00ed aparecen registrados en la primera historia laboral aportada con la demanda, de fecha 28 de febrero de 2014; ii) a las empresas Maquiladora Internacional Ltda., Roca Maquila E.U. y Dismoda Ltda., a fin de que enviaran los respectivos soportes documentales que acrediten la existencia de una relaci\u00f3n laboral con la actora, los extremos temporales, la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social en pensiones; la copia de las n\u00f3minas o volantes de pago en los que aparecieran los descuentos a pensi\u00f3n y pago de aportes realizados a nombre de la trabajadora. Posteriormente, y a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 21 de mayo de 2022, se ampli\u00f3 el decreto de pruebas. En consecuencia, se orden\u00f3 oficiar: a Colpensiones a efectos de complementar la respuesta al primer oficio decretado; y a la demandante, para que se sirviera allegar contratos de trabajo, liquidaciones, comprobantes de n\u00f3mina o cualquier otro documento en su poder, correspondiente a los a\u00f1os 1996, 1997, 1998 y 1999, y que permitan esclarecer la existencia de una relaci\u00f3n laboral durante ese periodo\u00bb. <\/p>\n
Luego, en sede de instancia, analiz\u00f3 la documentaci\u00f3n respectiva y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a demandante efectu\u00f3 cotizaciones al sistema durante 765 semanas correspondientes al periodo que transcurri\u00f3 desde mayo de 1988 hasta junio de 2008; que Colpensiones omiti\u00f3 contabilizar 1,58 semanas de junio de 1996, 4,29 semanas de julio y 4,29 de agosto de 1996, las que fueron pagadas extempor\u00e1neamente por el empleador Dismoda Ltda.; tampoco incluy\u00f3 8,58 adicionales (relativas a los meses de septiembre y octubre de 1996) respecto de las cuales no ejerci\u00f3 acciones de cobro, pese a que fueron laboradas. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) As\u00ed mismo, del total de semanas que comprenden los a\u00f1os 1997 y 1999 Colpensiones no contabiliz\u00f3 las 81,43 semanas comprendidas entre enero de 1998 y julio de 1999, ni las 12,57 que van de octubre a diciembre de 1999 (folio 100 y 152 cuaderno Corte), pese a que, dentro del expediente, se acredit\u00f3 la prestaci\u00f3n de servicios por parte de la actora a la empresa Roca Maquila EU durante ese periodo. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) En s\u00edntesis, se tiene que la demandada omiti\u00f3 contabilizar 113,04 semanas, correspondientes a los empleadores Dismoda Ltda. y Roca Maquila EU\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la autoridad enjuiciada, procedi\u00f3 a definir la situaci\u00f3n pensional de la recurrente y, en tal sentido, destac\u00f3 que \u00aba la entrada en vigencia de dicha Acto Legislativo la afiliada contaba con 789,89 semanas, lo cual le garantizaba la extensi\u00f3n de dicho r\u00e9gimen [de transici\u00f3n] hasta 2014\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 explicando que \u00abel periodo de 20 a\u00f1os anteriores se debe computar desde el 27 de agosto de 1991 (\u2026) Durante dicho interregno complet\u00f3 347,64 semanas, las que, al adicionar 113,04 que correspond\u00eda al ISS, (\u2026) arroja un total de 460,68 semanas, el cual resulta insuficiente para la asignaci\u00f3n del derecho pretendido, pues, tampoco igual\u00f3 las 1000 exigidas en toda la vida por el Acuerdo 049 de 1990\u00bb. Negrilla fuera de texto <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que \u00abno es posible acceder a la interpretaci\u00f3n que plantea la demandante en el libelo introductorio (\u2026) toda vez que ello implicar\u00eda efectuar el c\u00f3mputo doble de tiempos de servicios con diferentes empleadores, posibilidad que se encuentra proscrita por las reglas que regulan el sistema pues se trata de tiempos simult\u00e1neos, que, a lo sumo, solo tendr\u00edan efecto para incrementar el IBL pero no el tiempo cotizado, m\u00e1xime que tampoco se arrim\u00f3 prueba que diera cuenta clara sobre la existencia de las relaciones laborales y de la extensi\u00f3n de las mismas\u00bb, y de esta manera decidi\u00f3 revocar el fallo de primera instancia y absolver a Colpensiones. <\/p>\n
Conforme con ello, las resoluciones adoptadas, como se anticip\u00f3, no son infundadas o arbitrarias, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia del criterio de aquella frente a la autoridad querellada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que los fallos cuestionados realizaron un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de la discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Las determinaciones cuestionadas se advierten razonables puesto que no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tengan aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11743-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11743-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01223-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66927","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66927","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66927"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66927\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66927"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66927"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66927"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}