STC11746-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11746-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00282-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la tutela que Andr\u00e9s Tapiero Moreno le instaur\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y seguridad jur\u00eddica\u00bb para que, <\/p>\n
\u00abi) Se ordene revocar la providencia judicial proferida por el Juzgado accionado el 25 de mayo de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 la sentencia proferida por el a quo y en su lugar declar\u00f3 como simulados los negocios de compraventa celebrados entre la se\u00f1ora Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis y Gineth Tapiero Celis, en las escrituras p\u00fablicas N\u00famero 3516 del 17 de septiembre de 1997 y 2733 del 26 de julio de 1997. <\/p>\n
ii) Ordenar que en aras de lograr una sentencia imparcial y teniendo en cuenta el inminente conflicto de competencia que surge para el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en conocer nuevamente sobre el proceso de simulaci\u00f3n aducido, se ordene su remisi\u00f3n al Juzgado que siga en turno, para que asuma el conocimiento del mismo y proceda a proferir una nueva sentencia de segunda instancia, realizando una correcta valoraci\u00f3n probatoria, en la que se tengan en cuenta todas la pruebas, evidencias, alegatos y conjeturas allegadas por la parte demandante de manera oportuna\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 revoc\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de esa urbe en el litigio formulado en su contra por Gineth Tapiero Celis para, en su lugar, \u00abdeclarar absolutamente simulados los contratos de compraventa celebrados entre Gineth y Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis, los cuales se encuentran contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 3516 del 17 de septiembre de 1997 y 2733 del 26 de julio de 1997\u00bb (25 may. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n con tal pronunciamiento se vulneraron sus prerrogativas esenciales, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria al no existir los medios de convicci\u00f3n suficientes para acceder a las pretensiones de la demandante y dejando de lado y sin valoraci\u00f3n todas las pruebas allegadas por el demandado, adem\u00e1s de existir una evidente inducci\u00f3n al error en que de manera fraudulenta Gineth Tapiero hizo incurrir al ad quem para adoptar su decisi\u00f3n con violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, en tanto el Cuarto Civil Municipal manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela ataca puntualmente la sentencia de segunda instancia como consecuencia de la apelaci\u00f3n interpuesta al fallo emitido por esta juzgadora\u00bb. <\/p>\n
Gineth Tapiero Celis se opuso al auxilio porque \u00abel juzgador accionado contrario a lo aqu\u00ed manifestado, realiz\u00f3 y valor\u00f3 efectivamente todas y cada una de las pruebas aportadas dentro del plenario, las que no fueron precisamente valoradas en su totalidad por el juzgador de primera instancia, con lo que diera precisamente con la revocatoria de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo porque la resoluci\u00f3n criticada no se aprecia irrazonable, dado que est\u00e1 soportada en el an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas y la normativa que rige la materia. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el precursor iterando sus planteamientos inaugurales, agregando que \u00ab[es] consciente de la alta demanda laboral y del limitado recurso humano con el que cuenta la rama judicial, pero ello no debe ser \u00f3bice para proferir una sentencia \u201ca la topa tolondra\u201d sin revisar y analizar a consciencia los hechos, argumentos y pruebas allegadas (\u2026) [solicita] conceder la impugnaci\u00f3n con el fin que el superior proceda a realizar un verdadero ejercicio de an\u00e1lisis y argumentaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el presente asunto, que permita revocar la sentencia proferida en primera instancia, conceda la protecci\u00f3n constitucional y se accedan a [sus] pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Igualmente rog\u00f3 que \u00abse compulse copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que procedan a investigar si por parte de los servidores que profirieron la sentencia de primera instancia dentro de esta acci\u00f3n constitucional, existieron posibles conductas disciplinarias y\/o se cometi\u00f3 prevaricato, al carecer la providencia de motivaci\u00f3n, an\u00e1lisis, argumentaci\u00f3n y en general al ser proferida sin hacer alguna menci\u00f3n ni mucho menos estudio frente a las determinaciones adoptadas por el juez accionado que conducen al Tribunal a considerar que no existe vulneraci\u00f3n de derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub j\u00fadice se advierte el fracaso del resguardo y, por ende, la convalidaci\u00f3n del veredicto de primer grado, porque en la providencia emitida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 que \u00ab[revoc\u00f3] la sentencia proferida el 30 de abril de 2021 por el Juzgado Cuarto Civil Municipal y [declar\u00f3] absolutamente simulados los contratos de compraventa ajustados entre Gineth Tapiero Celis y Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis\u00bb, se expusieron las razones para adoptar tal determinaci\u00f3n, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser reprochada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
Fue as\u00ed como esboz\u00f3, preliminarmente, que <\/p>\n
(\u2026) Como lo que quiso la accionante fue derruir la buena fe sobre la que ven\u00edan guarnecidos los negocios jur\u00eddicos celebrados entre ella y Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis, suyo era el deber de acreditar el contraste entre el querer subjetivo y la declaraci\u00f3n p\u00fablica efectuada, carga procesal que, distinto a lo concluido por el a quo, si se logr\u00f3, por lo que deber\u00e1 revocarse la sentencia proferida estimando las pretensiones incoadas, t\u00f3picos que vale la pena sustentar punto por punto. <\/p>\n
5.4.1. Las relaciones parentales, amistosas o de dependencia. Fue di\u00e1fano desde el principio que quienes celebraron las compraventas atacadas ten\u00edan una estrecha relaci\u00f3n amparada en un v\u00ednculo de consanguinidad [madre e hija] lo que, si hac\u00eda falta, qued\u00f3 corroborado con el registro civil de nacimiento de Gineth Tapiero Celis. Y por m\u00e1s de que este v\u00ednculo solo no prueba la simulaci\u00f3n de los actos, si obliga a escudri\u00f1ar respecto de la injerencia que aquel enlace tuvo en las manifestaciones de voluntad de los contratantes. <\/p>\n
5.4.2. La persistencia del enajenante en la posesi\u00f3n. De acuerdo con los documentos visibles del folio 32 al 42 del cuaderno principal (expediente f\u00edsico), se percibe como sobre el predio rural identificado con la matr\u00edcula n\u00famero 352-6903 se suscribieron, desde el a\u00f1o 1991 hasta el 2004, sendos contratos de arrendamiento en los que obr\u00f3 como arrendadora Gineth Tapiero Celis y como arrendatarios, por citar algunos, Gonzalo Sarmiento G\u00f3mez y Lorenzo Hidalgo. <\/p>\n
El primero, quien como ya se dijo fue testigo en el proceso, adujo conocer a la familia Tapiero desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os, en raz\u00f3n a que se hizo vecino de estos en el a\u00f1o 72. En su relato dijo conocer a Tapiero Celis desde que esta era apenas una ni\u00f1a, no solo por la cercan\u00eda de sus predios, sino porque luego la tuvo como su arrendadora por m\u00e1s de 10 a\u00f1os. Sobre ese v\u00ednculo afirm\u00f3 que a ella le pag\u00f3, con ella contrat\u00f3 y la ha tenido como due\u00f1a, desde esa \u00e9poca y hasta la fecha. <\/p>\n
Siguiendo en la misma l\u00ednea argumentativa estuvo lo expresado por Lorenzo Hidalgo, quien afirm\u00f3 conocer a Tapiero Celis hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os debido a su oficio, pues aquel cultiva arroz y tiene tierras que colindan con la parcela n\u00famero 7 de la vereda El Play\u00f3n, inclusive, asever\u00f3 tambi\u00e9n haber sido arrendatario de aquella, menci\u00f3n que encuentra soporte a folio 42 del cartulario (f\u00edsico). <\/p>\n
Frente al otro inmueble est\u00e1 lo atestado por Diana Urue\u00f1a, quien afirm\u00f3 ser vecina de la demandante en el barrio entre r\u00edos de esta municipalidad y dijo haber conocido a la difunta B\u00e1rbara Celis (q.e.p.d.), pues viv\u00eda junto a su hija en el mismo bien ra\u00edz, informaci\u00f3n que concuerda con lo dicho por las partes al momento de absolver el interrogatorio. <\/p>\n
De esta manera queda claro c\u00f3mo, aun habi\u00e9ndose desprendido del dominio de los inmuebles en el a\u00f1o 1997, la demandante nunca dej\u00f3 de poseerlos. <\/p>\n
5.4.3. El tiempo sospechoso de los negocios. De la lectura simple y desprevenida de los instrumentos p\u00fablicos a trav\u00e9s de los cuales se protocolizaron las compraventas atacadas, se atisba como estos fueron realizados en poco m\u00e1s de 1 mes, es decir, la hoy accionante vendi\u00f3 a su madre los predios en un tiempo sumamente reducido, lo que hace pensar que esta decisi\u00f3n surgi\u00f3 a consecuencia de alg\u00fan evento particular que apresur\u00f3 su desprendimiento. <\/p>\n
Y es que, a pesar de que el motivo parece difuso, pues hay ostensibles incongruencias por parte de la demandante, no es habitual que una persona venda en bloque sus pertenencias, menos a quien como se ver\u00e1, no pod\u00eda ni ten\u00eda c\u00f3mo pagarle el precio por esos bienes. <\/p>\n
5.4.4. El precio bajo. Este t\u00f3pico, apreciado de forma conjunta, permite elaborar varias conjeturas en torno al proceder de las partes, hiriendo los actos jur\u00eddicos realizados por Gineth Tapiero y B\u00e1rbara Celis. <\/p>\n
Centrada la atenci\u00f3n en la escritura n\u00famero 3516 del 17\/09\/1997, se advierte que all\u00ed se consign\u00f3 como precio de venta la suma de cuatro millones quinientos mil pesos ($4\u2019500.000.00), precio que visto de pasada no parece \u00ednfimo. Empero, si volvemos sobre los contratos de arrendamiento que se ven\u00edan desarrollando sobre aquel predio desde el a\u00f1o 1991, los cuales para el a\u00f1o 1995 le reportaban a su due\u00f1a un aproximado de dos millones quinientos veinte mil pesos ($2\u2019520.000.00) anuales, pierde sentido que Tapiero Celis se hubiera desprendido del terreno por poco menos de lo que este le reportar\u00eda al cabo de 2 a\u00f1os. <\/p>\n
M\u00e1s fuerza toma lo dicho si se relieva que a folio 35 del expediente (f\u00edsico), reposa un nuevo contrato de arrendamiento en el cual el arrendatario se comprometi\u00f3 a cancelar como canon la suma de tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil pesos ($3.495.000.oo), por un interregno comprendido entre el 01\/01\/1999 y el 30\/06\/1999, acto jur\u00eddico donde nuevamente la otrora enajenante fungi\u00f3 como arrendadora. <\/p>\n
Acto seguido estudi\u00f3 la falta de medios de la adquirente y esgrimi\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) A folio 5 del cuaderno principal (f\u00edsico) se aprecia un escrito firmado por la se\u00f1ora Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis (q.e.p.d.) y su hija, documento fechado el 7\/7\/1988, del cual se lee en su inciso final: \u201cruego doctor RIVERA atender mi solicitud, mi hija Gineth y su esposo son de pocos recursos y \u00e9l quiere tener donde trabajar y ellos son mi apoyo en esta orfandad que el destino me ha deparado\u201d (subrayas propias), texto del cual se extrae sin mayor dificultad que tanto Tapiero Celis como su madre no ten\u00edan, para la \u00e9poca, una buena condici\u00f3n econ\u00f3mica a ra\u00edz de la tragedia ocurrida en el municipio de Armero. <\/p>\n
Del folio 14 al 18 del cartulario (f\u00edsico), se halla la resoluci\u00f3n 0370 del 30\/03\/1990, a trav\u00e9s de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u2013INCORA, le adjudic\u00f3 a la demandante el predio identificado con la matr\u00edcula n\u00famero 352-6903, junto a ella yace la escritura n\u00famero 916 del 19\/06\/1990, con la cual se protocoliz\u00f3 dicha adjudicaci\u00f3n, es decir, un a\u00f1o y dos meses despu\u00e9s de la misiva escrita por madre e hija, la aqu\u00ed accionante recibi\u00f3 un predio rural, mismo del que hoy se discute su venta. <\/p>\n
De folio 12 a 13 del cuaderno principal (f\u00edsico), reposa un certificado de tradici\u00f3n y libertad de un inmueble identificado con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 362-7561 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Honda, el cual en su anotaci\u00f3n n\u00famero 9 consigna que Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis adquiri\u00f3 por compraventa dicho bien ra\u00edz, acto que realiz\u00f3 junto a la se\u00f1ora Mar\u00eda Ruth Vallejo de Granados a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00famero 1068 del 23 de agosto de 1991. <\/p>\n
De esa breve rese\u00f1a documental, no entiende el juzgado c\u00f3mo Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis, quien sign\u00f3 la carta dirigida al gerente del INCORA en 1988 manifestando no tener solvencia econ\u00f3mica por haberlo perdido todo en raz\u00f3n a la avalancha, resulta haci\u00e9ndose con un bien en el municipio de Mariquita \u2013Tolima por novecientos cincuenta mil pesos ($950.000.00). Adicional a esa falta de correspondencia entre sus manifestaciones, surge para el despacho un nuevo interrogante, c\u00f3mo una persona de 62 a\u00f1os (para la \u00e9poca), que lo perdi\u00f3 todo en 1985 a ra\u00edz de la tragedia por todos conocida, que no ten\u00eda forma de hacerse con bienes en 1988, que no pudo ser beneficiada con la herencia que dej\u00f3 su esposo, y que seg\u00fan el debate probatorio no percib\u00eda ingreso alguno, en 3 a\u00f1os result\u00f3 haci\u00e9ndose con un predio por esa suma de dinero. <\/p>\n
Lo anterior resulta extra\u00f1o aun pasando por alto que, seg\u00fan el relato de la demandante en su interrogatorio, acompasado con el documento denominado \u201cpromesa de compraventa\u201d, visible a folio 30 y 31 del cuaderno principal (f\u00edsico), suscrito por Mar\u00eda Ruth Vallejo De G. como promitente vendedora y Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis como promitente compradora, en el que firm\u00f3 como testigo su hija Gineth Tapiero Celis hoy demandante, dicho valor no fue el realmente entregado como precio, ya que en ese acuerdo previo, adiado el 30\/05\/1991, se convino una suma bien distinta a la rese\u00f1ada, cifra que ascend\u00eda a los cuatro millones ochocientos mil pesos ($4.800.000.00), acordada por las partes tres meses antes de la suscripci\u00f3n de la mentada escritura. <\/p>\n
As\u00ed mismo resalt\u00f3, <\/p>\n
Y es que m\u00e1s all\u00e1 de que aquel bien no est\u00e9 siendo discutido en el presente proceso, su aparici\u00f3n en el sumario resulta importante para hacer una trazabilidad de las actividades que realizaban las contratantes y la forma en la que ajustaban sus negocios. Tambi\u00e9n se hace hincapi\u00e9 en ese v\u00ednculo, por cuanto esta compra se tuvo como una prueba fehaciente de la solvencia de la se\u00f1ora Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis, negocio al que err\u00f3neamente el fallador de primera instancia sum\u00f3, a la hora de desatar la controversia, el de un bien ubicado en la ciudad de Bogot\u00e1, del cual, como bien expres\u00f3 el recurrente, no obra prueba alguna de su existencia y ning\u00fan deponente dio raz\u00f3n de \u00e9l. <\/p>\n
Omitiendo dicho yerro y ateni\u00e9ndose esta c\u00e9lula jurisdiccional a la veracidad de los documentos p\u00fablicos, en este caso, la escritura con la que se protocoliz\u00f3 la compra del predio de Mariquita, podr\u00eda tomarse aquella como un sustento del parn\u00e9 con el que contaba Mar\u00eda B\u00e1rbara Celis, tal como en su momento lo hizo el despacho de la instancia que antecede. A pesar de ello, una nueva sombra se posa sobre esa afirmaci\u00f3n, dado que, incluso teniendo esa negociaci\u00f3n como la muestra di\u00e1fana de la capacidad econ\u00f3mica de Mar\u00eda B\u00e1rbara, milita a folio 29 del principal, una declaraci\u00f3n juramentada firmada por la difunta Mar\u00eda B\u00e1rbara, que data del 16\/09\/1998, en la que aquella expone: <\/p>\n
\u201cManifiesto que dependo econ\u00f3micamente del se\u00f1or Andr\u00e9s Tapiero Moreno, ya que no me encuentro laborando en ninguna parte, adem\u00e1s manifiesto que en la actualidad no me encuentro afiliada a ninguna entidad promotora de salud\u201d. <\/p>\n
Aquella declaraci\u00f3n se hizo un a\u00f1o despu\u00e9s de que Celis comprara el predio rural identificado con la matr\u00edcula n\u00famero 352-6903 por cuatro millones quinientos mil pesos ($4\u2019500.000.00), y un a\u00f1o y dos meses despu\u00e9s de que se hiciera con la casa identificada con el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria 350-27386 por diez millones de pesos ($10.000.000.00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, notoria es la falta de coherencia en que se hayan realizado erogaciones por parte de la compradora por un total de catorce millones quinientos mil pesos ($14.500.000.oo) y un a\u00f1o despu\u00e9s esta afirme depender econ\u00f3micamente de su nieto, no teniendo alcance a un servicio de salud, m\u00e1s cuando se itera, hab\u00eda comprado hace 7 a\u00f1os una casa de habitaci\u00f3n en el municipio de Mariquita \u2013Tolima, y su nieto llevaba poco m\u00e1s de 11 meses fuera del programa de aldeas infantiles SOS Colombia (Fl.63). <\/p>\n
Precisado lo anterior, puntualiz\u00f3, <\/p>\n
Al prosperar la acci\u00f3n, viable se hace el an\u00e1lisis de las defensas con las que la parte demandada intent\u00f3 enervarla, actividad que emprendi\u00f3 err\u00f3neamente el juzgado de origen, quien si bien no encontr\u00f3 pr\u00f3speras las solicitudes esgrimidas, auscult\u00f3 y declar\u00f3 probadas varias de las excepciones de m\u00e9rito propuestas, ejercicio que evidencia el yerro de ese despacho, pues olvid\u00f3 que: \u201cantes de estudiar un medio exceptivo contra lo pretendido por el demandante, primero debe preguntarse si a \u00e9ste le asiste la raz\u00f3n. Cuando esa cuesti\u00f3n es respondida negativamente, dice la corte, la \u201cabsoluci\u00f3n del demandado se impone; pero cuando se halle que la acci\u00f3n existe y que le asiste al actor, entonces si es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen\u201d. <\/p>\n
7.1. En ese orden de ideas, habilitada queda esta instancia para estudiar todas las excepciones formuladas por el demandado Andr\u00e9s Tapiero Moreno, pues m\u00e1s all\u00e1 de que la mayor\u00eda fueron acogidas y una fue desechada, dicho an\u00e1lisis se dio en un estadio inid\u00f3neo, pues la juzgadora de la instancia anterior no estaba autorizada para realizarlo. <\/p>\n
7.2. Prescripci\u00f3n. Revisada la acci\u00f3n en su totalidad, espec\u00edficamente lo atinente a la declaraci\u00f3n de nulidad que impact\u00f3 en el avance del proceso y oblig\u00f3 a la citaci\u00f3n de los herederos inciertos e indeterminados de la se\u00f1ora Mar\u00eda B\u00e1rbara Tapiero Celis (q.e.p.d), no se avizora que el tiempo haya repercutido negativamente en los intereses de la demandante, puesto que esta declaraci\u00f3n se dio \u201cdesde el mismo auto mediante el cual se decret\u00f3 precluido el proceso en su etapa de instrucci\u00f3n y se cit\u00f3 (sic) abri\u00f3 en su etapa de alegatos y fallo, inclusive.\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que el inter\u00e9s de la actora naci\u00f3 con el fallecimiento de quien concurri\u00f3 en la creaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos atacados, evento que ocurri\u00f3 el pasado 17 de octubre de 2008, fecha desde la cual comenz\u00f3 a contarse el t\u00e9rmino prescriptivo (10 a\u00f1os), esta ten\u00eda hasta el 17 de octubre del 2018 para formular el reclamo judicial. Entonces, como quiera que la demandante radic\u00f3 el escrito genitivo el pasado16 de mayo de 2018, aquel fue admitido el 5 de junio de 2018 y notificado personalmente al demandado en el mes de agosto del mismo a\u00f1o, es dable colegir que oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de aquella, lo que deviene impr\u00f3spera la defensa blandida. <\/p>\n
7.3. Similar destino tendr\u00e1 la excepci\u00f3n denominada \u201cinexistencia de simulaci\u00f3n en los negocios jur\u00eddicos objeto de la demanda\u201d, pues el an\u00e1lisis realizado en los numerales precedentes se entiende suficiente para derrumbarla, ya que all\u00ed se expusieron ampliamente los motivos por los cuales esta sede de justicia encuentra demostrada la ficci\u00f3n, desenmascarando las ventas efectuadas entre Gineth Tapiero y su progenitora, las cuales no ten\u00edan intenci\u00f3n alguna de transferir las propiedades. <\/p>\n
7.4. Igual ocurre con las dem\u00e1s defensas esgrimidas, pues no se hall\u00f3 ning\u00fan hecho que constituya una excepci\u00f3n que deba declararse de forma oficiosa, y la mala fe de la demandante o la intenci\u00f3n de esta de \u201cdesconocer los derechos herenciales que le corresponden al se\u00f1or Andr\u00e9s Tapiero \u201dno tiene potencia alguna para embotar las pretensiones contenidas en el escrito introductorio, m\u00e1xime cuando los negocios atacados fueron realizados con una antelaci\u00f3n superior a los 10 a\u00f1os respecto del momento en que ese derecho pudo florecer para el enjuiciado. <\/p>\n
Ahora, si en gracia a la discusi\u00f3n esta excepci\u00f3n se tuviera por probada, esa declaraci\u00f3n ning\u00fan efecto tendr\u00eda en las resultas del asunto de marras, pues la buena o la mala fe no generan ninguna consecuencia en quien pretende deshacer un negocio que denuncia como ficticio. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela el tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad convocada en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
Ahora, que el querellante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su criterio, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- Finalmente, en torno a la solicitud tendiente a que \u00abse compulse copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que procedan a investigar si por parte de los servidores que profirieron la sentencia de primera instancia dentro de esta acci\u00f3n constitucional, existieron posibles conductas disciplinarias y\/o se cometi\u00f3 prevaricato\u00bb, es al accionante a quien corresponde noticiarlas directamente a los organismos correspondientes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada ha sostenido esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo discernido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11746-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11746-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00282-01 (Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de agosto de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66930","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66930","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66930"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66930\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66930"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66930"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66930"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}