STC11748-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11748-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00067-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 9 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por De los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S. contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito n\u00b0 2020-00094 \/ 2021-00020. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su representante legal Luis Eduardo De los R\u00edos Gonz\u00e1lez, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, buen nombre, trabajo, \u00abpropiedad, al recurso efectivo ante tribunales competentes, a la inviolabilidad de los documentos, al ejercicio del derecho y al disfrute de libertades\u00bb, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el \u00abproceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal entre Adriana Isabel Gonz\u00e1lez Aguirre y Luis Eduardo De los R\u00edos Gonz\u00e1lez\u00bb, seguido tras el divorcio decretado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco el 9 de diciembre de 2020 (rad. 2020-00094), se incluy\u00f3 \u00abel 2% de las acciones que tienen las partes en la sociedad \u201cDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u201d\u00bb, y que \u00abmediante auto de 26 de febrero de 2021 [el accionado] decreta (\u2026) el embargo y secuestro (\u2026), olvidando que no existe posibilidad de secuestrar acciones nominativas, tal como se desprende del art\u00edculo 414 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Que adicionalmente, la medida cautelar involucr\u00f3 el \u00abestablecimiento de comercio \u201cHotel La Sultana\u201d (\u2026), de propiedad de la sociedad [en menci\u00f3n]\u00bb, por lo que \u00abse equivoca la juez al establecer que [las partes] tienen el 2% del establecimiento de comercio [pues] en realidad lo que tienen es el 2% de las acciones de la sociedad \u201cDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u201d, y si bien el establecimiento de comercio le pertenece a la sociedad (\u2026), su propiedad no le pertenece, ni en todo, ni en parte, a ninguno de los socios individualmente considerados (…), en consideraci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 2 de la Ley 1258 de 2008\u00bb. <\/p>\n
Que adem\u00e1s de ser \u00abimprocedente\u00bb el \u00absecuestro\u00bb de dichas acciones as\u00ed como su comunicaci\u00f3n a la C\u00e1mara de Comercio de Tumaco, pues s\u00f3lo era aplicable el \u00abembargo\u00bb mediante su inscripci\u00f3n en \u00abel libro de registro de accionistas\u00bb, a petici\u00f3n de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Aguirre, \u00abel 15 de octubre de 2021 se adelanta diligencia de secuestro erradamente de las acciones, (\u2026) y tambi\u00e9n del establecimiento de comercio \u201cHotel La Sultana\u201d, precisando que para dicha diligencia (\u2026), el apoderado de la parte demandante dentro del proceso de liquidaci\u00f3n [act\u00fao] ileg\u00edtimamente [como] secuestre de las acciones y del establecimiento de comercio [y] se tom\u00f3 atribuciones dadas exclusivamente al representante legal de la sociedad comercial, por m\u00e9rito de la ley y de los mismos estatutos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que el apoderado de la actora en dicho liquidatorio, procedi\u00f3 a presentar informes al juzgado \u00absobre asuntos que solo le competen al representante legal y al \u00f3rgano competente, sea este la asamblea general o la autoridad administrativa en materia societaria\u00bb, tambi\u00e9n, a \u00abusurpar inexplicablemente, desde el punto de vista legal, las facultades leg\u00edtimas del representante legal y la estructura y funcionalidad leg\u00edtima de la sociedad comercial \u201cDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u201d, [y] tiene la osad\u00eda de solicitar a la jueza de familia que ordene entregar la administraci\u00f3n del establecimiento de comercio \u201cHotel La Sultana\u201d (\u2026) al secuestre (\u2026), vulneraci\u00f3n de derechos [que] se consolida con la decisi\u00f3n de la jueza de familia, mediante auto de 14 de febrero de 2022, donde, de plano, plantea una serie de consideraciones que no solo vulneran todo presupuesto legal, sino que adem\u00e1s resulta hasta irrisorio el manejo que le da al r\u00e9gimen societario colombiano\u00bb. <\/p>\n
Que la empresa solicit\u00f3 \u00abel levantamiento inmediato de la medida cautelar de embargo y secuestro del establecimiento de comercio [en menci\u00f3n]\u00bb, empero, el juzgado \u00abno se ha pronunciado al respecto [por lo que] se da tr\u00e1mite a la presente acci\u00f3n de tutela al evidenciar otras conductas judiciales adicionales que claramente desbordan toda regla legal, el control y la misma propiedad de la sociedad comercial, principalmente derivadas de la orden ilegal de tomar la administraci\u00f3n y el control total de la sociedad comercial, por parte de una juez de familia, sin competencia y sin justificaci\u00f3n legal para ello\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00abse ordene el tr\u00e1mite inmediato de la solicitud de levantamiento del embargo y secuestro del establecimiento de comercio denominado \u201cHotel La Sultana\u201d; se deje sin efectos la orden ilegal de secuestrar las acciones pertenecientes a los [c\u00f3nyuges] de la sociedad \u201cDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u201d; se dejen sin efectos todas las \u00f3rdenes y actuaciones derivadas de dichas medidas [entre ellas las impartidas al secuestre]; dejar sin efectos la designaci\u00f3n de administrador para el establecimiento de comercio (\u2026); se comunique al Consejo Seccional de la Judicatura para que adelante investigaci\u00f3n por la actuaci\u00f3n procesal irregular de la juez [y] se restituya la administraci\u00f3n y el control total de la sociedad al representante legal leg\u00edtimo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, inform\u00f3 que dentro del liquidatorio criticado, \u00aben auto del 26 de febrero de 2021 se decretaron una serie de medidas [que incluyen] \u201cel embargo y secuestro de las acciones que [las partes] poseen en la sociedad por acciones simplificada denominada De los R\u00edos Gonz\u00e1lez SAS, la que se encuentra registrada con el n\u00famero de matr\u00edcula mercantil 25956 de la C\u00e1mara de Comercio de Tumaco, de la cual hace parte el establecimiento de comercio denominado Hotel La Sultana, identificado con matr\u00edcula mercantil 11036, que equivale al 2% del total de os activos y del establecimiento de comercio\u201d (\u2026). Auto sobre el que no se presentaron recursos\u00bb, como no los hubo frente al auto del \u00ab22 de septiembre de 2021\u00bb, donde \u00abse ordena comisionar ante los juzgados civiles municipales, para la pr\u00e1ctica del secuestro\u00bb, diligencia que se verific\u00f3 \u00abel d\u00eda 15 de octubre de 2021 (\u2026), sin que tampoco haya constancia de r\u00e9plicas respecto de [su realizaci\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abla petici\u00f3n presentada por el abogado Jes\u00fas Alfredo Jaramillo Pel\u00e1ez, el 21 de julio del a\u00f1o en curso, en la que solicita la \u201csustituci\u00f3n de la medida cautelar\u201d, y la petici\u00f3n de levantamiento de la medida cautelar del 22 del mismo mes y a\u00f1o, elevada por el profesional del derecho Cristian Andr\u00e9s G\u00f3mez Del Castillo, se resolver\u00e1n dentro de t\u00e9rmino en el proceso, y sobre las cuales no es procedente la tutela, en atenci\u00f3n a que el Juzgado est\u00e1 dentro del t\u00e9rmino para su resoluci\u00f3n\u00bb, y que hay \u00abdos apelaciones pendientes por ser resueltas, la primera, del auto proferido por este Juzgado el 14 de febrero de 2022, por medio del cual se orden\u00f3 la entrega de la administraci\u00f3n del establecimiento de comercio Hotel La Sultana, al secuestre Juan David Aguirre Portilla (\u2026); y la segunda dentro de la audiencia realizada el d\u00eda 27 de mayo de 2022 sobre los inventarios y aval\u00faos de los bienes activos y pasivos de la sociedad conyugal\u00bb. Pidi\u00f3 declarar \u00abimprocedente\u00bb el amparo, por ausencia de vulneraci\u00f3n, pues el juzgado \u00abha garantizado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n, defensa, debido proceso y dem\u00e1s derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
2. Adriana Isabel Gonz\u00e1lez Aguirre, a trav\u00e9s de su apoderado judicial, se opuso a lo pretendido, aseverando que \u00abes cierto que los citados exesposos son accionistas del 2% de las acciones de la sociedad \u201cDe Los R\u00edos Gonz\u00e1lez SAS\u201d, pero omite el actor informar (\u2026) que el 98% de las dem\u00e1s acciones pertenecen a los [dos] hijos matrimoniales de la expareja y h\u00e1bilmente, tambi\u00e9n se omite informar que en dicha sociedad comercial, ese 2% que ostentan los ex c\u00f3nyuges, es \u00e9l qu[ien] recibe el 100% de las utilidades de la sociedad y del establecimiento de comercio que le pertenece, es decir, si bien la cantidad de acciones parece m\u00ednima y as\u00ed se la quiere hacer ver, lo cierto que es solo ese porcentaje accionario es el \u00fanico beneficiario del 100% de los ingresos, rendimientos y beneficios que genera la sociedad comercial y el establecimiento de comercio que est\u00e1 a su nombre\u00bb. <\/p>\n
Rechaz\u00f3 la existencia de irregularidades en la pr\u00e1ctica de las cautelas y afirm\u00f3 que lo perseguido con esta acci\u00f3n, \u00abes que se le permita continuar manejando a su arbitrio los recursos y rendimientos que genera la sociedad comercial, que es lo \u00fanico que le duele al accionante, quien de conformidad con los estatutos de constituci\u00f3n, no es el \u00fanico administrador, pues tambi\u00e9n lo es la se\u00f1ora Adriana Isabel Gonz\u00e1lez Aguirre, quien adem\u00e1s de ello, es la socia que deber\u00eda haber recibido durante 5 a\u00f1os el 50% de los rendimientos de la sociedad comercial, los cuales ni siquiera se han reportado por parte del accionante\u00bb; que \u00abdesde que se apart\u00f3 al accionante del manejo de los recursos y de la administraci\u00f3n del establecimiento de comercio, ninguno de los empleados ha puesto queja alguna por el no pago de sus salarios, ni los proveedores por el incumplimiento en las obligaciones y es m\u00e1s, el dependiente nombrado por el Secuestre ha consignado a \u00f3rdenes del Juzgado la totalidad de los recursos correspondientes a los rendimientos financieros, cosa que curiosamente el accionante jam\u00e1s hizo en los 18 meses que llevan vigentes las medidas cautelares\u00bb, y acot\u00f3 que quien \u00abrealiza el escrito de tutela\u00bb, est\u00e1 \u00abhaciendo burla de las decisiones adoptadas por la se\u00f1ora Jueza (\u2026), dejando en entredicho su idoneidad para llevar los asuntos que son de su competencia legal, faltando con ello al respeto, tanto a [ella] como a la judicatura\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al encontrar que la pretensi\u00f3n para que se resuelva \u00abel levantamiento de embargo y secuestro del establecimiento de comercio Hotel La Sultana (\u2026), durante el tr\u00e1mite de [esta tutela] el juzgado profiri\u00f3 auto el 01 de agosto de 2022 resolvi\u00e9ndola [por lo que] se estructura la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto que la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n denunciado por el actor, ha cesado\u00bb. En lo atinente a que \u00abse deje sin efectos el decreto de las medidas cautelares dictadas en auto de 26 de febrero de 2021 y los autos sucesivos tendientes a establecer las reglas para ejecutar dichas medidas\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que la acci\u00f3n no cumpl\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, ya que contra esa decisi\u00f3n \u00abno se present\u00f3 ning\u00fan recurso\u00bb, y frente al \u00abauto de 14 de febrero de 2022 y el inventario y aval\u00fao de bienes activos y pasivos de la sociedad conyugal dictado en audiencia del 27 de mayo de 2022 (\u2026), se evidencia que sobre los mismos se encuentran pendientes resolver los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por el accionante\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el pretensor del resguardo para insistir, en extenso, sobre los argumentos de la demanda tutelar y tras ello refutar su desestimaci\u00f3n por parte del tribunal a-quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer, preliminarmente, si este asunto satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la sociedad comercial \u00abDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u00bb, en raz\u00f3n al decreto y pr\u00e1ctica de medidas cautelares dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal n\u00b0 2020-00094. <\/p>\n
Lo anterior, porque, independientemente de que uno de los c\u00f3nyuges -y por ende parte dentro del pleito liquidatorio en menci\u00f3n-, sea el representante legal de la sociedad accionante, la actual reclamaci\u00f3n se limita a la eventual afectaci\u00f3n de esta \u00faltima, por consiguiente, no se abordar\u00e1n reparos a actuaciones procesales que debieron, est\u00e1n siendo o a\u00fan pueden ser objeto de controversia por quienes fungen como partes en dicho litigio. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosados al expediente, la Sala establece que la sentencia desestimatoria del auxilio ser\u00e1 confirmada, precisando que lo ser\u00e1 en virtud a su improcedencia por no superar el requisito gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de prematura. <\/p>\n
Esto, porque a tono con el planteamiento del problema jur\u00eddico, el reclamo de la empresa \u00abDe los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u00bb, se circunscribe al decreto y pr\u00e1ctica de la medida cautelar de \u00absecuestro de las acciones\u00bb de la compa\u00f1\u00eda que figuran en cabeza de los c\u00f3nyuges, cuando frente a ellas s\u00f3lo proced\u00eda su \u00abembargo mediante registro en los libros pertinentes\u00bb, que su diligenciamiento -mediante comisionado-, se extendiera de manera \u00ababiertamente desproporcionada\u00bb al \u00abestablecimiento de comercio denominado \u201cHotel La Sultana\u201d\u00bb, y que el juzgado hubiese \u00abasignado la administraci\u00f3n\u00bb de los bienes a un secuestre, \u00abrestringiendo al representante legal la posibilidad de actuar de forma leg\u00edtima frente a las operaciones de la sociedad\u00bb, el objeto del amparo es que \u00abse dejen sin efectos todas las \u00f3rdenes y actuaciones derivadas de dichas medidas y se restituya la administraci\u00f3n y el control total de la sociedad al representante legal\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior, se observa que tales inconformidades sobre el manejo de las referidas cautelas, tambi\u00e9n fueron expresadas por la hoy tutelante al despacho querellado el 21 de julio de 2022, siendo similares las pretensiones, pues en dicha oportunidad solicit\u00f3: \u00abse levante el embargo y secuestro del establecimiento de comercio denominado \u201cHotel La Sultana\u201d (\u2026) que es de propiedad de la sociedad comercial \u201cDe Los R\u00edos Gonz\u00e1lez S.A.S.\u201d (\u2026); se deje sin efectos el auto que ordena el secuestro de dicho establecimiento de comercio, as\u00ed como la designaci\u00f3n del secuestre y lo que se haya derivado de dicha medida; se declare ilegal la orden de designar administrador del establecimiento de comercio \u201cHotel La Sultana\u201d, sin las previsiones legales que facultan para ello al representante legal de la sociedad (\u2026), en consecuencia, se deje sin efectos dicha medida; que las ordenes se limiten al embargo de las acciones autorizado por la ley, en los t\u00e9rminos de ley y con los l\u00edmites que la ley ha previsto para su ejercicio, liberando de ello al establecimiento de comercio y las operaciones societarias que no tienen parte dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que lleva su despacho, y se ordene a quienes tomaron posesi\u00f3n del establecimiento de comercio, de manera contraria a la ley, que de inmediato restituyan el establecimiento de comercio, su administraci\u00f3n y recursos al representante legal de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, encuentra la Sala que los reproches realizados a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica, son similares a los que fueron formulados ante el despacho accionado, sin que estos, hasta ahora, hayan sido definidos, porque si bien con auto del 1\u00b0 de agosto de 2022, ratificado el 11 del mismo mes y a\u00f1o, el juzgado \u00abse abstiene de resolver la solicitud de levantamiento de medida cautelar\u00bb, ello obedeci\u00f3 a que evidenci\u00f3 \u00abfalencias procedimentales\u00bb relacionadas con el derecho de postulaci\u00f3n, empero, tras insistir y\/o ajustar tales reparos, la interesada cuenta con la posibilidad de obtener soluci\u00f3n por parte de la funcionaria competente, o en su defecto, que emita pronunciamiento cuestionable por los medios legalmente establecidos y que deben agotarse antes de acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este orden, se hace necesario reiterar que, para la viabilidad del ruego tuitivo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales es esencial la subsidiariedad, esto es, que previo a la querella se hayan empleado oportuna y adecuadamente los instrumentos de defensa legalmente previstos. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC3137-2022, 16 mar. 2022, rad. 00043-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, la decantada jurisprudencia de esta Sala ha enfatizado que mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez cognoscente a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en la medida en que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada entre otras en STC7637-2022, 15 jun. 2022, rad. 00139-01). Se subraya. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional del amparo se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se denegar\u00e1 la compulsa de copias para que se investigue disciplinariamente a la funcionaria accionada, pues sobre el punto la Corte ha dicho que quien estime \u00abque alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias [ya que] en relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01, citada, entre otras, en STC6088-2022, 18 may. 2022, rad. 00002-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo precisado en precedencia, se avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del resguardo, pero en raz\u00f3n a su improcedencia por desatender el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada actualmente est\u00e1 pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del respectivo juicio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por la puntual raz\u00f3n explicada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC11748-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11748-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00067-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66932","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66932\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}