STC11749-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11749-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00813-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Julio Rojas Ortiz instaur\u00f3 contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00783. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la autoridad convocada \u00abrevocar su decisi\u00f3n y aplicar el mecanismo de la vigilancia judicial administrativa a la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 dentro de la tutela con radicaci\u00f3n 73001220400020170060500\u00bb. <\/p>\n
De la prueba allegada al plenario se colige lo siguiente: <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal – Tolima precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n en el juicio penal adelantado por el delito de fraude procesal cuya v\u00edctima es Julio Rojas Ortiz (n\u00ba 2016-00086), en atenci\u00f3n a que \u00aboper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n\u00bb (27 jul. 2017), prove\u00eddo en el cual \u00abnada se dijo sobre el restablecimiento de derechos del denunciante\u00bb y tampoco \u00abhubo pronunciamiento sobre la cancelaci\u00f3n de unas anotaciones fraudulentas consignadas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 357-176\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo que Rojas Ortiz promovi\u00f3 con miras a \u00ablograr tales declaratorias\u00bb por estimar \u00abquebrantado el principio de subsidiariedad\u00bb (11 sep.), decisi\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia revoc\u00f3 el 26 de octubre del mismo a\u00f1o (STP17607-2017) y, en su lugar, mand\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal \u00abemitir auto adicional, a trav\u00e9s del cual reali[zara] el estudio pertinente en relaci\u00f3n con el restablecimiento del derecho a la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente\u00bb; en cumplimiento de esa directriz, este resolvi\u00f3 \u00abnegar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 de la matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb (28 nov.), interlocutorio que el ad quem refrend\u00f3 el 20 de abril de 2018. <\/p>\n
Posteriormente, el querellante impuls\u00f3 varios incidentes de desacato, ya que, en su criterio, \u00abse desconoci\u00f3 la raz\u00f3n de ser de su tutela, as\u00ed como la orden impartida por la Corte Suprema al resolver, en segunda instancia, la demanda constitucional\u00bb y, al solventarse desfavorablemente, interpuso una primera queja disciplinaria contra los integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 que conocieron \u00abla apelaci\u00f3n contra el auto adicional del 28 de noviembre de 2017\u00bb, diligencias que terminaron con resoluci\u00f3n de archivo (Rad. 2019-00470). <\/p>\n
En virtud de lo anterior, el actor elev\u00f3 otra \u00abqueja disciplinaria\u00bb contra los mencionados dignatarios (Rad. 2020-00783), en la que cuestion\u00f3 el manejo dado al \u00abincidente de desacato\u00bb y los acus\u00f3 de \u00abhaber consentido que no se diera cumplimiento a la orden constitucional dada por la Corte Suprema de Justicia, acudiendo a soluciones que no se compadec\u00edan con sus pretensiones\u00bb, actuaci\u00f3n que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial culmin\u00f3 con \u00abdecisi\u00f3n de archivo\u00bb, tras advertir que \u00ablos funcionarios investigados no hab\u00edan incurrido en ning\u00fan actuar irregular que ameritara la intervenci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria\u00bb (27 oct. 2021), lo que notific\u00f3 al petente el pasado 15 de diciembre. <\/p>\n
Julio Rojas tild\u00f3 la \u00faltima directriz de \u00abcontener una falsa motivaci\u00f3n, en la medida que se sustenta en hechos que, seg\u00fan \u00e9l, o son inexistentes o se encuentran tergiversados\u00bb, insistiendo en que, \u00abcon el auto del 28 de noviembre de 2017, no se dio cumplimiento a la orden de amparo impartida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en fallo STP17607-2017, pues en esa determinaci\u00f3n no se habr\u00eda tenido en cuenta las consideraciones consignadas en la decisi\u00f3n constitucional, en especial aquellas donde se le reprocha al juez accionado no haberse pronunciado sobre la cancelaci\u00f3n de los registros fraudulentos\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ablo legal y lo correcto es que se acceda a disponer la cancelaci\u00f3n de registros fraudulentos que \u00e9l ha venido suplicando desde hace mucho tiempo, de modo que, hasta que ello no acontezca, la orden constitucional no se puede tener por cumplida y, cualquier determinaci\u00f3n en contra, indudablemente constituye un desacato a la orden de tutela dada en su favor por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el a\u00f1o 2017\u00bb. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial se opuso a la guarda, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y refiri\u00f3 que \u00aben \u00faltimas la pretensi\u00f3n del accionante es que se ejerza una vigilancia administrativa sobre la tutela con radicaci\u00f3n 73001220400020170060500, lo cual resulta improcedente, toda vez que esa no es una funci\u00f3n asignada a esa entidad, dado que su naturaleza es fungir como autoridad disciplinaria\u00bb, y que se debe revisar \u00abla posible existencia de temeridad del accionante, Julio Rojas Ortiz, al haber interpuesto dos acciones de tutela con base en los mismos hechos\u00bb. <\/p>\n
Los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 destacaron la improcedencia del auxilio, en s\u00edntesis, porque \u00abel actor cuestiona el auto emitido el 27 de octubre de 2021 (\u2026) a partir de una apreciaci\u00f3n estrictamente personal cimentada en su particular valoraci\u00f3n probatoria e interpretaci\u00f3n de las normas aplicables\u00bb y \u00abno se ha vulnerado derecho fundamental alguno a Julio Rojas Ortiz\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, porque \u00abla decisi\u00f3n de archivo dada el 27 de octubre de 2021 al interior del proceso disciplinario 2020-00783, se fundament\u00f3 en valoraciones de orden probatorio y legal razonables que llevan a descartar la existencia de una afrenta a los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que \u00aben el presente asunto, no se ha consolidado la existencia del referido fen\u00f3meno, en la medida que no se verifica una identidad de objeto entre la presente demanda constitucional, y la acci\u00f3n de tutela distinguida con el radicado 122744, cuya resoluci\u00f3n se dio mediante prove\u00eddo STP5962 \u2013 2022\u00bb <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el precursor con las mismas alegaciones del escrito liminar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La evidencia obrante en el infolio pronto permite advertir que la \u00abtutela\u00bb no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la convalidaci\u00f3n de lo resuelto en primera instancia, porque la providencia combatida (27 oct. 2021), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, los anhelos del censor fueron \u00abdesestimados\u00bb en el escenario natural por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial que dirimi\u00f3 la \u00abqueja\u00bb que propuso contra los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, y dispuso \u00abla terminaci\u00f3n del procedimiento y el archivo de la indagaci\u00f3n preliminar que se tramit\u00f3 (\u2026) de acuerdo con la parte motiva de esa providencia\u00bb. <\/p>\n
Para ello, memor\u00f3 que \u00aba los funcionarios judiciales (\u2026) se les ha confiado la tarea especial de administrar justicia, para lo cual aplican e interpretan la ley y valoran, bajo las reglas de la sana cr\u00edtica, las pruebas practicadas dentro de la actuaci\u00f3n para dirimir las controversias en funci\u00f3n de impartir justicia\u00bb, por consiguiente, la jurisdicci\u00f3n disciplinaria, en principio, \u00abno puede realizar un reproche disciplinario a un funcionario judicial por la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de la ley o el an\u00e1lisis probatorio efectuado dentro de la actuaci\u00f3n a su cargo, por cuanto esas decisiones son adoptadas en el marco de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial al tenor del art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 270 de 1996, de modo que dicho reproche es factible \u00fanicamente cuando resulta ostensible el yerro incurrido o cuando se actu\u00f3 de forma arbitraria o contraria el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, anunci\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) al revisar lo actuado por los Magistrados Julieta Isabel Mej\u00eda Arcila e Ivanov Arteaga Guzm\u00e1n, se advierte que sus decisiones se limitaron conforme su criterio interpretativo, a emitir pronunciamiento frente a la procedencia o no del incidente de desacato, sin que se avizore incursi\u00f3n en falta disciplinaria por lo resuelto, como tampoco dilaci\u00f3n en su resoluci\u00f3n, pues lo que se determina con claridad es la simple inconformidad del quejoso y sus reiteradas pretensiones, si se permite, de querer imponer su criterio, incluso mediante excesivos memoriales y peticiones. <\/p>\n
Dijo, a continuaci\u00f3n, que <\/p>\n
(\u2026) habi\u00e9ndose pronunciado el Juez 1\u00b0 Penal del Circuito de El Espinal sobre la solicitud de preclusi\u00f3n que peticion\u00f3 la Fiscal\u00eda dentro del sumario No. 2017-00110, omiti\u00f3 el operador emitir disposici\u00f3n sobre la solicitud de restablecimiento del derecho de la v\u00edctima, lo que a la postre gener\u00f3 la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela, que conoci\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, conformada por la Dra. Julieta Isabel Mej\u00eda Arcila como ponente y los Dres. Mar\u00eda Mercedes Mej\u00eda Notero y H\u00e9ctor Hugo Torres Vanegas, quienes denegaron el amparo por improcedente, al considerar que no se agotaron los mecanismos pertinentes dentro del proceso ordinario, decisi\u00f3n que fue objeto de impugnaci\u00f3n, la que correspondi\u00f3 conocer a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Esboz\u00f3, que: <\/p>\n
Arribado el expediente al superior, (\u2026) se desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n en prove\u00eddo del 26 de octubre de 2017, en la que se revoc\u00f3 el fallo referido, y en su lugar dispuso ordenar al Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito del Espinal que (\u2026) profiriera auto adicional, a trav\u00e9s del cual realizara el estudio pertinente con relaci\u00f3n al restablecimiento del derecho a la v\u00edctima y la eventual cancelaci\u00f3n de registros obtenidos fraudulentamente. <\/p>\n
En cumplimiento de lo anterior, [dicha] autoridad judicial procedi\u00f3 a estudiar la aludida solicitud, resolviendo en interlocutorio del 28 de noviembre de 2017 adicionar la decisi\u00f3n del 27 de julio de 2017, mediante la cual, se decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, en el sentido de negar la cancelaci\u00f3n de la anotaci\u00f3n 18 de la matr\u00edcula inmobiliaria. (\u2026) conociendo de la apelaci\u00f3n, la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, conformada por los Dres. Mar\u00eda Mercedes Mej\u00eda Botero como ponente, H\u00e9ctor Hugo Torres Vargas y Mar\u00eda Cristina Yepes Avivi, quienes, en providencia del 20 de abril de 2018, confirmaron el auto recurrido. <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00abcon dicho evento, comenz\u00f3 el sinn\u00famero de peticiones e incidentes de desacatos propuestos, en aras de lograr se procediera con la cancelaci\u00f3n deprecada, sin que la negativa a dichos pedimentos pueda per s\u00e9 configurar un comportamiento reprochable disciplinariamente\u00bb. <\/p>\n
Bajo las circunstancias descritas, adver\u00f3 que, las actuaciones de la Magistrada Ponente, \u00ablejos de tornarse caprichos[as] o abiertamente nugatori[as] (\u2026) se encuentra ajustad[as] a la ley\u00bb, en tanto, <\/p>\n
(\u2026) el 27 de mayo de 2019 se pronunci\u00f3 la implicada frente a las m\u00faltiples solicitudes impetradas por la parte actora, reiterando que deb\u00eda estarse a lo resuelto en auto del 23 de mayo 2019, insistiendo el doliente que la respuesta que precisaba, deb\u00eda ser coherente, a lo por \u00e9l solicitado. <\/p>\n
Igualmente, (\u2026) en el nuevo incidente de desacato (\u2026) por auto del 13 de junio de la misma calenda los magistrados \u2013 Julieta Mej\u00eda Arcila, Mar\u00eda Mercedes Mej\u00eda Botero y H\u00e9ctor Hugo Torres Vargas- se declararon impedidos para seguir conociendo el asunto, dado que se encontraban incursos en la causal descrita en el art\u00edculo 56 numeral 11 de la Ley 906 de 2004, sustentada en que mediante auto del 1\u00b0 de abril de 2019, se le hab\u00eda ordenado investigaci\u00f3n disciplinaria a ra\u00edz de la tan nombrada acci\u00f3n constitucional, impedimento que no se manifest\u00f3 con anterioridad, en ocasi\u00f3n a que el plenario se encontraba archivado. <\/p>\n
Por tanto, la aludida petici\u00f3n se acept\u00f3 el 20 de junio de 2019, ordenando, adem\u00e1s, completar la sala con los magistrados Ivanov Arteaga Guzm\u00e1n y H\u00e9ctor Hern\u00e1ndez Quintero. <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, que \u00abla f\u00f3rmula de estarse a lo resuelto tantas veces citada por la implicada, en cierta manera es una limitante cuando ante situaciones f\u00e1cticas id\u00e9nticas que ya han tenido pronunciamiento se genera la prohibici\u00f3n de volver a estudiar un determinado contenido, sin que per s\u00e9, implique infracci\u00f3n a los deberes funcionales como parece entenderlo el quejoso, por lo que se dispondr\u00e1 la terminaci\u00f3n del procedimiento a su favor\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente con el comportamiento desplegado por Ivanov Arteaga Guzm\u00e1n, rese\u00f1\u00f3 que \u00abel disciplinable admiti\u00f3 el tr\u00e1mite del incidente de desacato promovido por el quejoso en contra del Juzgado Primero Penal Del Circuito de El Espinal (Tolima), y (\u2026) orden\u00f3 integrar la sala de decisi\u00f3n con un conjuez, (\u2026) ya que los doctores Mar\u00eda Mercedes Mej\u00eda Botero, H\u00e9ctor Hugo Torres Vargas, Julieta Isabel Mej\u00eda Arcila y Mar\u00eda Cristina Yepes Avivi se encontraban impedidos para conocer del incidente\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, expres\u00f3 que, \u00abel 29 de agosto de 2019, (\u2026) resolvi\u00f3 el incidente propuesto, ordenando el archivo de la actuaci\u00f3n, resaltando, que el incidentado, en el marco de su independencia, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el peticionario no ostentaba la calidad de v\u00edctima de la conducta investigada como tampoco hab\u00eda demostrado la afectaci\u00f3n de sus derechos patrimoniales\u00bb, eventualidad que torn\u00f3 inviable su pretensi\u00f3n, sin que ello \u00abimplicara desobedecimiento a la orden de la Corte Suprema de Justicia, pues lo cierto es que la decisi\u00f3n anotada se dirigi\u00f3 a que se resolviera la solicitud de restablecimiento de derechos, no que esta fuera conforme al criterio e intereses del quejoso\u00bb. Subrayas propias. <\/p>\n
Luego, acot\u00f3 que, el mencionado funcionario requiri\u00f3 al Juez Primero Penal del Circuito de El Espinal, para que se pronunciara sobre lo aducido por el incidentante, en atenci\u00f3n del \u00abfallo de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia del 6 de diciembre de 2019, que dej\u00f3 sin efecto el tr\u00e1mite incidental de desacato promovido por el doliente e iniciado el 25 de agosto de esa misma calenda, con el fin de rehacer la actuaci\u00f3n a la luz de lo previsto en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y 129 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (18 dic. 2019) y, agotado el procedimiento, \u00abcon ponencia del ac\u00e1 indagado, declar\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela proferido el 27 de octubre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues, ciertamente ello se cumpli\u00f3 a trav\u00e9s de auto de fecha 28 de noviembre de 2017, disposici\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del de Ibagu\u00e9, en prove\u00eddo del 20 de abril de 2018; decisi\u00f3n que, puntualiz\u00f3, se soport\u00f3 en un serio an\u00e1lisis jur\u00eddico realizado en el marco de su independencia judicial\u00bb (27 ene. 2020). <\/p>\n
En tal virtud, evalu\u00f3 que <\/p>\n
No se evidencia la aludida mora, y si bien, hubo una correcci\u00f3n en el tr\u00e1mite, ello, no implica forzosamente irregularidad que merezca reproche, pues de manera c\u00e9lere enderez\u00f3 el tr\u00e1mite procesal. En definitiva, contrario sensu, se verifica como todas las peticiones elevadas por el quejoso fueron debidamente sustentadas a trav\u00e9s de los diferentes pronunciamientos emitidos al interior del tr\u00e1mite tutelar, resaltando al respecto, que indubitablemente el memorialista dio una interpretaci\u00f3n diferente, que incluso lo llev\u00f3 a promover un sinf\u00edn de acciones de tutela, vigilancia judicial, quejas disciplinarias, luego no puede pasar por alto esta Comisi\u00f3n que nada m\u00e1s alejado de la funci\u00f3n disciplinaria pretender mediar en un debate propio de las instancias ordinarias, como lo reclama el quejoso, asunto que adem\u00e1s se encuentra zanjado. <\/p>\n
Con apoyo en esas reflexiones, finiquit\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) las decisiones que por esta v\u00eda se cuestionan, se encuentran amparadas, como se mencion\u00f3, por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, por cuanto los Magistrados investigados se limitaron a aplicar, lo que en su criterio correspond\u00eda frente a un tr\u00e1mite incidental, donde si bien fueron divergentes los criterios, en tanto el Dr. Ivanov Arteaga dio tr\u00e1mite al incidente de desacato propuesto, que finalmente tuvo por cumplido el fallo, contrario sensu, la Dra. Mej\u00eda Arcila consideraba, deven\u00eda abiertamente improcedente, en tanto ya exist\u00eda pronunciamiento de fondo por parte del incidentado, ello no implica que su actuar est\u00e9 inmerso en una responsabilidad disciplinaria; en todo caso, se resalta que ambos coincid\u00edan en que la sentencia de tutela fue cumplida por el Juez encargado de ello. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, con \u00abindependencia\u00bb que la Sala las comparta o no, ning\u00fan desatino puede atribuirse a la reprochada determinaci\u00f3n, como quiera que es el producto de un pormenorizado examen de los lineamientos aplicables a la materia y la situaci\u00f3n f\u00e1ctica puntual; y al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden calificarse de sesgadas o \u00abcaprichosas\u00bb, ya que son fruto de una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
3.- Ergo, se ratificar\u00e1 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11749-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC11749-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00813-02 (Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66933","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66933","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66933"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66933\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66933"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66933"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66933"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}