STC11757-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11757-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01661-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de agosto de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cl\u00edmaco y Carmelo Espinosa Milan\u00e9s, contra la Direcci\u00f3n de Acuerdos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, refirieron los siguientes: <\/p>\n
2.2. Lo anterior, toda vez que, en medio de varias vicisitudes, se alleg\u00f3 oficio de la Intendencia Regional de Cartagena de la Superintendencia de Sociedades, en el cual se requiri\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente, dada la admisi\u00f3n del deudor Aldana al proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos (rad. n.\u00ba 81242), mediante auto de 29 de septiembre de 2015, con lo que se suspendi\u00f3 el compulsivo. <\/p>\n
2.3. En esta \u00faltima causa, Aldana present\u00f3 sus estados financieros, dentro de los cuales reconoci\u00f3 la acreencia de $1.352.360.400, por lo que no hubo desacuerdo entre la contabilidad de aquel y la suma reclamada por los aqu\u00ed gestores. <\/p>\n
2.4. Sin embargo, contra el enunciado cr\u00e9dito se formularon dos objeciones: la primera, por el supuesto abono de $800.000.000, alegada por el concursado, con base en unas pruebas decretadas de oficio por el Intendente a cargo; la segunda, para que se desconociera el car\u00e1cter ilimitado de la hipoteca abierta constituida en favor de los precursores. Llegada la audiencia, \u00abcontra expresas disposiciones legales\u00bb, se accedi\u00f3 a esos reparos y se orden\u00f3 la rebaja de la acreencia a la suma de $553.000.000 y la reducci\u00f3n de la hipoteca a $20.000.000. <\/p>\n
2.5. Pero, con decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en 2017, se revindic\u00f3 el derecho de los acreedores en su valor original, providencia ratificada por el superior. Por ello, el Intendente confirm\u00f3 el acuerdo de acreedores, en el que se impuso la obligaci\u00f3n de pagar cuotas de $56.375.000 a partir de octubre de 2019. <\/p>\n
2.6. En ese contexto, los presuntos il\u00edcitos cometidos por el deudor Aldana fueron puestos en conocimiento de la Fiscal\u00eda, por parte de Rafael Samudio Milan\u00e9s (coacreedor). No obstante, Aldana persisti\u00f3 en el incumplimiento y, a manera de \u00abretaliaci\u00f3n\u00bb, tambi\u00e9n acudi\u00f3 a la justicia penal por la supuesta comisi\u00f3n, por parte de aquellos, de los injustos de falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal y estafa, investigaci\u00f3n a cargo del Fiscal Cuarto Seccional de Cartagena. <\/p>\n
2.7. En la tramitaci\u00f3n penal en la que el deudor Aldana figura como v\u00edctima, este solicit\u00f3, como medida de restablecimiento del derecho, la suspensi\u00f3n del cumplimiento de la obligaci\u00f3n frente a Rafael Samudio Milan\u00e9s; y, en la diligencia respectiva, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Cartagena deneg\u00f3 esa petici\u00f3n; pero, apelada esa resoluci\u00f3n, el hom\u00f3logo Quinto Penal del Circuito de esa ciudad la revoc\u00f3, para, en su lugar, acceder a la citada cautela. <\/p>\n
2.8. Esas determinaciones fueron censuradas a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esa localidad, quien la concedi\u00f3 en primer grado. Pero, en sede de impugnaci\u00f3n, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n la revoc\u00f3, para denegar el petitum, dejando en firme la mentada suspensi\u00f3n de pagos decretada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa urbe, raz\u00f3n por la cual la Intendencia Regional de Cartagena procedi\u00f3 en tal sentido. <\/p>\n
2.9. En ese orden, los inconformes acudieron al proceso de insolvencia para oponerse a las pretensiones del concursado sobre la suspensi\u00f3n del pago del cr\u00e9dito decretada en la causa penal, pero la Direcci\u00f3n de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n, en audiencia celebrada los d\u00edas 4 de mayo y 14 de junio de 2022 \u2013convocada para resolver sobre los incumplimientos\u2013, estableci\u00f3 que el estrado Quinto Penal del Circuito de Cartagena \u00aborden\u00f3 suspender los efectos del Auto 2017-07-003195 de 29 de marzo de 2017\u00bb, por medio del cual se confirm\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n del deudor. Esto, en relaci\u00f3n con los pagos mensuales de $56.375.000, por lo que estim\u00f3 que ese mandato abarc\u00f3 la totalidad de la cuota establecida para los coacreedores de tercera clase, pese a que \u00abla orden solo se refiere al cr\u00e9dito u obligaci\u00f3n a favor de Rafael Samudio Milan\u00e9s\u00bb, pues los hermanos Espinosa Milan\u00e9s no hab\u00edan sido vinculados al proceso1. <\/p>\n
2.10. Por ello, se\u00f1alaron que, al acatar la orden emanada del pleito penal, la Superintendencia de Sociedades infringi\u00f3 el art\u00edculo 7 de la Ley 1116 de 2006, que precisa que los asuntos de insolvencia no estar\u00e1n supeditados o condicionados a la decisi\u00f3n que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza (\u00abprejudicialidad\u00bb). En ese sentido, esgrimieron que la orden penal constituye una v\u00eda de hecho, la cual debi\u00f3 ser objeto de control en la causa de reorganizaci\u00f3n, pero esto no sucedi\u00f3; y, en contrav\u00eda, pese a que se insisti\u00f3 en esos argumentos, se rechaz\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
2.11. Con todo, adujeron que con esos prove\u00eddos se incurri\u00f3, adem\u00e1s, en varios defectos: (i) f\u00e1ctico, porque la entidad convocada se separ\u00f3 de los hechos debidamente probados y resolvi\u00f3 \u00aba su arbitrio\u00bb el problema jur\u00eddico referido; y (ii) material o sustantivo, en tanto se desconocieron las normas del C\u00f3digo Civil sobre las obligaciones divisibles, pues, iteraron, la medida reca\u00eda solo sobre Samudio Milan\u00e9s. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron, en compendio, \u00abrevocar los autos atacados, emitidos en la audiencia de incumplimiento celebrada el pasado 4 de mayo de 2022, suspendida y luego continuada el 14 de junio siguiente, para que a mis representados se les d\u00e9 igual tratamiento que a los dem\u00e1s acreedores porque su pago no est\u00e1 comprendido dentro de la orden impartida por el Juez 5 Penal del Circuito de Cartagena\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ceret\u00e9, quien conoci\u00f3 del ejecutivo con garant\u00eda real, adujo que el proceso fue remitido a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
2. La Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la entidad querellada relat\u00f3 las actuaciones de la causa a su cargo, enfatizando en que, \u00aben relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n tomada por este despacho en la audiencia celebrada el pasado 14 de junio de 2022, la cual consta en Acta N\u00b0 2022-01-545441 de 21 de junio de 2022, es cierto que este despacho se pronunci\u00f3 frente a la solicitud presentada por la Dra. Maria Mercedes Samudio [apoderada], y se refiri\u00f3 que no se accedi\u00f3 a dicha solicitud de conformidad con el an\u00e1lisis realizado en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00abpara el proceso de reorganizaci\u00f3n que nos ocupa, no se puede entender como prejudicialidad el fallo de un Juez de la Republica que ordena la suspensi\u00f3n de un pago a unos acreedores, toda vez que no afecta la calificaci\u00f3n, ni la graduaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos, ni la continuidad del proceso de reorganizaci\u00f3n, no obstante ello, a efectos de asegurar el pago de los acreedores de tercer clase, el concursado solicit[\u00f3] autorizaci\u00f3n al Juzgado penal, al igual que a este despacho, para que una vez sea resuelto el conflicto suscitado en la jurisdicci\u00f3n penal, el operador judicial respectivo orden\u00e9 (sic) el pago de conformidad con el desarrollo de dicho proceso, por lo que no se est\u00e1 desconociendo, la calificaci\u00f3n de la acreencia, la prelaci\u00f3n de la acreencia, ni el pago de la misma, sin embargo el pago est\u00e1 supeditado a una orden judicial, que como se mencion\u00f3 est\u00e1 debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena reliev\u00f3 que el objeto de este amparo es que \u00abse ordene por parte de su se\u00f1or\u00eda a la Superintendencia de Sociedades que cometa el delito de fraude a resoluci\u00f3n judicial o administrativa al solicitarle que declare que no se puede acatar la orden de suspensi\u00f3n del pago de la acreencia de Tercera Clase a favor de los se\u00f1ores Rafael Samudio Milan\u00e9s y Cl\u00edmaco y Carmelo Espinosa Milan\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, refiri\u00f3 que \u00abno es dable desapercibir que la Fiscal\u00eda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito no. 4 realiz\u00f3 formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n por los delitos de fraude procesal, estafa, falsa denuncia contra persona determinada, falso testimonio contra los tres hermanos, Rafael Samudio Milan\u00e9s, Carmelo Espinosa Milan\u00e9s y Cl\u00edmaco Espinosa Milan\u00e9s, el d\u00eda 18 de abril de 2022 ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garant\u00edas, donde la v\u00edctima es el se\u00f1or \u00c1lvaro Rainero Aldana Aldana\u00bb. <\/p>\n
5. \u00c1lvaro Rainero Aldana Aldana, deudor en el proceso de insolvencia y denunciante en el asunto penal que origin\u00f3 la medida, se opuso a la prosperidad del resguardo, aduciendo, en s\u00edntesis, que existe temeridad, toda vez que se han promovido otros amparos similares (rads. n.\u00ba 2021-01696 y 2022-01549), en los que se ha discutido lo relacionado con el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y la orden del estrado penal. <\/p>\n
6. El despacho Noveno Penal Municipal de Cartagena sostuvo que \u00abel d\u00eda 10 de agosto de 2020 fue asignada por parte del Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad, solicitud de audiencia de restablecimiento del derecho elevada por el apoderado de la v\u00edctima dentro del radicado identificado con c\u00f3digo \u00fanico de investigaci\u00f3n 13001-60- 01128-2018-08871. En esa data se escucharon a las partes e intervinientes, pero solo hasta el d\u00eda 14 de septiembre de 2020 se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que en derecho correspondi\u00f3 debido a que se estaba a la espera de otros elementos materiales probatorios que deb\u00eda aportar el togado solicitante. La Jueza regente del despacho en ese momento decidi\u00f3 no acceder a la solicitud de restablecimiento del derecho invocada. Lo cual conllev\u00f3 a que el peticionario interpusiera recurso de apelaci\u00f3n. Por tal motivo, se devolvi\u00f3 la carpeta al Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad, para que se desatara el recurso de alzada. La Apelaci\u00f3n fue conocida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta urbe\u00bb. <\/p>\n
7. Mar\u00eda Mercedes Samudio Vergara, apoderada de los convocantes en este tr\u00e1mite, descorri\u00f3 traslado del informe allegado por la Superintendencia de Sociedades y replic\u00f3 que la aseveraci\u00f3n de que no sustent\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado en la diligencia revisada es falsa. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el resguardo, porque, \u00abse da la ausencia del requisito de subsidiariedad, comoquiera que sobre la prejudicialidad el juez natural ya se pronunci\u00f3, verbi gratia, la Sala Segunda Civil de Decisi\u00f3n de este Tribunal, en providencia de 18 de agosto de 2021 \u201cse refiri\u00f3 a la queja constitucional propuesta por el [all\u00ed] actor [RAFAEL SAMUDIO MILAN\u00c9S] contra la determinaci\u00f3n adoptada por esa misma autoridad jurisdiccional en la audiencia de 14 de julio de 2021, mediante el cual le neg\u00f3 su solicitud de declarar el incumplimiento del acuerdo, con soporte en que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del mismo en relaci\u00f3n con los acreedores de tercera clase, a saber: Rafael Samudio Milan\u00e9s y Cl\u00edmaco y Carmelo Espinosa Milan\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, expuso que \u00abaun cuando se indic\u00f3 que, en el recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n dictada en audiencia de 14 de junio del a\u00f1o en curso, no se expusieron argumentos adicionales, se advierte que el pronunciamiento sobre el radicado N\u00b0 2022-01-510243 del 07 de junio de 2022 no resulta caprichoso, ni arbitrario, pues no se considera que el mismo sea producto del arbitrio del juzgador. Si as\u00ed son las cosas, no es posible intervenir en dichos actos con fundamento en la discrepancia de criterio que expone la parte actora frente a lo concluido por el Juez natural del asunto, m\u00e1xime s\u00ed el funcionario en efecto se pronunci\u00f3 de manera s\u00f3lida sobre los motivos que hoy por hoy sustentan sus inconformidades\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estableci\u00f3 que \u00ab[esa] tem\u00e1tica, por lo dem\u00e1s, se acompasa a lo expuesto por los intervinientes al afirmar que: i). La orden penal no puede entenderse como la configuraci\u00f3n de una prejudicialidad; ii). La decisi\u00f3n a prop\u00f3sito de una solicitud de restablecimiento de derechos se encuentra en firme y es de obligatorio cumplimiento; iii). Se encuentra consignado un t\u00edtulo en el Juzgado 5\u00b0 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento a favor de los acreedores de tercera categor\u00eda \u201ca la espera de las resultas del proceso penal\u201d; y, finalmente, iv). No puede pasarse por alto que se formul\u00f3 imputaci\u00f3n por varios delitos \u2013estafa, falsa denuncia, falso testimonio, fraude procesal- contra Rafael Samudio Milan\u00e9s, Carmelo Espinosa Milan\u00e9s y Cl\u00edmaco Espinosa Milan\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada de los censores recurri\u00f3 la precitada providencia, resaltando que \u00abno se puede, sin falsear la realidad, pretender incluir en esa orden a los se\u00f1ores Cl\u00edmaco y Carmelo Espinosa Milan\u00e9s. Y es que no podr\u00eda ser de otra manera: los se\u00f1ores Espinosa Milanes, al momento en que se produjo la decisi\u00f3n del Juez Penal del Circuito de Cartagena no ten\u00edan nada que ver con el proceso penal en que se investiga al doctor Rafael Samudio Milan\u00e9s. Los Espinosa Milan\u00e9s no fueron denunciados dentro de esa investigaci\u00f3n y ni siquiera se les ha recibido una declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ende, arguy\u00f3 que \u00abyo no he fundado mi acci\u00f3n en ninguna prejudicialidad. La mencion\u00e9 accidentalmente pero no como fundamento de mi acci\u00f3n. Por el contrario, la fund\u00e9 en una v\u00eda de hecho por desconocimiento de la realidad procesal, en donde aparece con toda claridad que la orden de suspensi\u00f3n del pago proferida por el Juez 5\u00ba Penal del Circuito de Cartagena se refiere exclusivamente al se\u00f1or Rafael Samudio Milan\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el deudor Aldana se pronunci\u00f3 frente al mentado escrito, indicando que \u00abno puede -en sede de tutela- dirimirse una controversia sobre cu\u00e1l es la interpretaci\u00f3n m\u00e1s adecuada de las normas que regulan la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u00bb, por lo que pidi\u00f3 que se confirmara el fallo del a quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Superintendencia de Sociedades incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos que inici\u00f3 \u00c1lvaro Raneiro Aldana Aldana, en el que los aqu\u00ed censores figuran como coacreedores reconocidos (rad. n.\u00ba 81242), por desestimar la solicitud de declarar el incumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n en lo que a los pagos debidos a ellos ata\u00f1e, en acatamiento de la medida de restablecimiento del derecho dictada en la causa penal que promovi\u00f3 el deudor. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, a trav\u00e9s de la cual la Directora de Acuerdos de Insolvencia en Ejecuci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades despach\u00f3 desfavorablemente la solicitud que formul\u00f3 la apoderada de los aqu\u00ed peticionarios en la reorganizaci\u00f3n de pasivos, relacionada con la declaraci\u00f3n de incumplimiento por parte del deudor concursado \u2013dados los efectos del acatamiento de la medida de restablecimiento del derecho impuesta en el proceso penal, consistente en la suspensi\u00f3n de los enunciados pagos en lo que ata\u00f1e a la obligaci\u00f3n de los coacreedores de tercera clase\u2013, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas iusfundamentales reclamadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Seguidamente, afirm\u00f3 que \u00abrevisado el expediente del concursado se encontr\u00f3 que el objeto de la obligaci\u00f3n de tercera clase, es una obligaci\u00f3n proindiviso, en la cual no se establecieron porcentajes de participaci\u00f3n de la acreencia, sino que se estableci\u00f3 como una \u00fanica obligaci\u00f3n universal, motivo por el cual, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el art\u00edculo 2433 del c\u00f3digo civil\u00bb, aunado a que la obligaci\u00f3n sujeta al pago est\u00e1 siendo controvertida ante la justicia penal, en tanto que, \u00abconforme a lo informado por el concursado, se adelant\u00f3 el pago de la acreencia de tercera clase por un porcentaje aproximado del 70% a favor del Se\u00f1or Rafael Samudio Milan\u00e9s, [por lo que] mal [har\u00eda] este despacho en ordenar el pago proindiviso de dicha obligaci\u00f3n\u00bb, razones por las cuales deneg\u00f3 el requerimiento presentado por la mandataria judicial de los interesados y rechaz\u00f3 la defensa interpuesta a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los censores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad accionada, en tanto lo resuelto fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. En consecuencia, se itera, las discrepancias planteadas en esta oportunidad por los accionantes son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues lo que pretenden es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y hermen\u00e9utica sobre la desplegada por la autoridad jurisdiccional, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela, habida cuenta que no puede ser utilizada como una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Sobre ese aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada, entre muchas otras, en STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 lo pertinente frente a la solicitud de los precursores en el proceso de insolvencia luce razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular, en respuesta allegada a este tr\u00e1mite de tutela, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena reliev\u00f3 que, el 18 de abril de 2022, la Fiscal\u00eda realiz\u00f3 formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n contra los aqu\u00ed libelistas. Ver archivo \u00ab36RESPUESTATUTELACLIMACOESPINOSAMILANES\u00bb, cd. tribunal. <\/p>\n
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STC11757-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC11757-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01661-01 (Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66941","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66941","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66941"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66941\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66941"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66941"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66941"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}