STC11761-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11761-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00922-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 24 de mayo de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Facundo Castillo Cisneros contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2017-00033. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana y libertad personal, presuntamente vulnerados por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, la Fiscal\u00eda 7\u00aa Delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta investigaci\u00f3n en su contra (radicado 2017-00033) por los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros agravado\u00bb en su calidad de gobernador del Departamento de Arauca. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, por su condici\u00f3n de aforado, la competencia en la etapa preliminar del juicio y la funci\u00f3n de control de garant\u00edas la cumple el Tribunal Superior, y fue ante el despacho de un magistrado de la Sala Penal, Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 que el ente persecutor le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por los punibles referenciados y solicit\u00f3 imposici\u00f3n de medida de aseguramiento en centro de reclusi\u00f3n. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, en audiencia del 28 de abril de 2022, se llev\u00f3 a cabo el debate jur\u00eddico en torno a la procedencia de la medida precautelar; all\u00ed, la fiscal\u00eda, para fundamentar la petici\u00f3n, trajo la argumentaci\u00f3n expuesta en otro proceso (radicado 2019-00316) que cursa en su contra e invoc\u00f3 los mismos fines constitucionales que le sirvieron de soporte para la imposici\u00f3n de la restricci\u00f3n en ese asunto, pretensi\u00f3n que acogi\u00f3 el magistrado de control de garant\u00edas. <\/p>\n
Adujo que, en el juicio penal referido, esto es, el 2019-00316, se le investiga por los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado, financiaci\u00f3n de grupos de delincuencia organizada, entre otros\u00bb por lo que no podr\u00eda hacerse una conexidad de dichos punibles con los que fueron objeto de imputaci\u00f3n en la causa 2017-0033 \u00abporque son delitos por otro tipo de contratos, desconociendo con ello [\u2026] el principio de culpabilidad por el acto, y tomando el perfil de la persona [\u2026] para imponer la medida intramural, desconociendo que la Corte Constitucional ya hab\u00eda declarado desde el a\u00f1o 2019 inexequible apartes de la norma que permit\u00eda tomar elementos probatorios de otro proceso para aplicarlos al de conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que no exist\u00eda en esta ocasi\u00f3n necesidad de imponer medida alguna y menos \u00abbajo la condici\u00f3n actual, donde me encuentro privado de la libertad siendo inocente y aplic\u00e1ndose y motiv\u00e1ndose los fines constitucionales sobre los actos de otro proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que se deje sin efecto \u00ab(\u2026) la decisi\u00f3n de privaci\u00f3n de mi libertad personal hasta tanto no se produzca si lo considera necesario el se\u00f1or Fiscal, tal decisi\u00f3n de car\u00e1cter constitucional, amparada en fines constitucionales propios del acto de imputaci\u00f3n y no de otros procesos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Fiscal 7\u00b0 delegado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n, tras indicar que el actor y su defensor contaron con el tiempo suficiente para el estudio y an\u00e1lisis de la solicitud de imposici\u00f3n de medida de aseguramiento, sin que en su intervenci\u00f3n se hiciera alusi\u00f3n a la supuesta identidad del material probatorio que sustent\u00f3 la postulaci\u00f3n de medida de aseguramiento del tanto en el radicado 2019-00316, como en el 2017-00033. <\/p>\n
Tambi\u00e9n adujo que ni el accionante ni su defensor, atacaron la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, la que se apoy\u00f3 en el inciso 2\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 313 de la Ley 906 de 2004. Por otra parte, indic\u00f3 que nada impide que mientras se encuentren vigentes medidas de detenci\u00f3n preventiva en otros tr\u00e1mites procesales, puedan imponerse o coexistir otras de la misma naturaleza. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la acci\u00f3n deviene improcedente en la medida en que contra la decisi\u00f3n cuestionada no se hizo uso de los recursos ordinarios y, adem\u00e1s, por encontrarse la actuaci\u00f3n en tr\u00e1mite. As\u00ed mismo, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que le correspondi\u00f3 proferir en sede de control de garant\u00edas, precisando que la solicitud de la fiscal\u00eda estuvo precedida de una argumentaci\u00f3n suficiente de cara a la imposici\u00f3n de la medida de aseguramiento. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda en aplicaci\u00f3n del principio de subsidiariedad por cuanto, \u00ab(\u2026) conforme lo dieron a conocer las autoridades convocadas, contra la decisi\u00f3n que por esta v\u00eda se cuestiona, ni el procesado ni su defensor interpusieron recurso de reposici\u00f3n, lo que de suyo hace improcedente la pretensi\u00f3n de amparo que se invoca\u00bb. Adicionalmente, porque el proceso penal en el que se impuso no ha concluido \u00ab(\u2026) de manera que es al interior del mismo donde deben ejercerse las acciones y recursos en orden a la salvaguarda de los derechos que se afirman vulnerados\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, observ\u00f3 razonable la decisi\u00f3n mediante la cual, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 impuso al imputado Castillo Cisneros, restricci\u00f3n de la libertad de car\u00e1cter preventivo, en este caso intramural. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el querellante reiterando los argumentos del escrito introductor. Insisti\u00f3 en que, no resultaba procedente arrimar pruebas de otro proceso para sustentar la medida de aseguramiento, as\u00ed mismo, que la norma aplicada para fundamentar jur\u00eddicamente la cautela fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada \u2013 en sede de control de garant\u00edas \u2013 vulner\u00f3 las prerrogativas denunciadas por el quejoso con la decisi\u00f3n del 28 de abril de 2022 mediante la cual le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro carcelario (a partir de la imputaci\u00f3n de los delitos de \u00abcontrato sin cumplimiento de requisitos legales\u00bb y \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n en favor de terceros agravado\u00bb) incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, al tener en cuenta elementos de conocimiento pertenecientes a otro proceso para sustentar los fines constitucionales de la medida detencionaria. <\/p>\n
2. La subsidiariedad. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado presupuesto y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
2.1. La incuria. <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
En este particular, advierte la Corte que la solicitud de amparo no supera el an\u00e1lisis de procedibilidad antedicho pues, como lo informaron las autoridades convocadas en estas diligencias, respecto de la providencia dictada el 28 de abril de 2022 por el magistrado accionado, mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en centro carcelario al aqu\u00ed actor, Castillo Cisneros, ni aqu\u00e9l ni su abogado defensor la impugnaron a trav\u00e9s del recurso ordinario que se erig\u00eda viable frente a la misma. <\/p>\n
Y es que, esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que en casos como el que ahora se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario y residual es criterio jur\u00eddico generalmente insuperable por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
De manera que, la no utilizaci\u00f3n de los medios de refutaci\u00f3n pertinentes lleva a la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que, se reitera, es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de ejercerla. <\/p>\n
2.2. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
Adicionalmente, y al margen del problema jur\u00eddico planteado por el quejoso, y ligado al criterio de la subsidiariedad, tal como lo precis\u00f3 la Sala a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde el promotor del amparo le corresponde hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
Al respecto, al resolver tutelas similares, esta Corte ha dicho que, \u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala (\u2026)\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
Y es que, la medida detencionaria tiene como escenario de debate la misma sede de control de garant\u00edas, puesto que, el art\u00edculo 318 del estatuto adjetivo penal \u2013 ley 906 de 2004 \u2013 habilita la posibilidad de solicitar su revocatoria, presentando elementos y argumentos a partir de los cuales, con suficiencia, se indique que, no solo la pertinencia del fin o los fines constitucionales que la justificaron o la inferencia razonable de autor\u00eda que la fundament\u00f3 (art\u00edculo 308 ejusdem) desaparecieron. <\/p>\n
En ese sentido, cuando por v\u00eda de acci\u00f3n de tutela se busca desvirtuar una medida de aseguramiento impuesta en un asunto penal, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que esa pretensi\u00f3n puede exponerse ante el juez de control de garant\u00edas, seg\u00fan lo previsto en el precepto normativo referido (canon 318) y, \u00ab(\u2026) En esa audiencia preliminar [\u2026] controvertir lo relacionado con la inferencia razonable de autor\u00eda con la finalidad de lograr la revocatoria de la detenci\u00f3n preventiva impuesta a su representado (\u2026) [e]n otras palabras, existe un escenario natural de discusi\u00f3n sobre el asunto sometido al conocimiento del juez constitucional y, por tanto, la tutela presentada se torna improcedente, por incumplirse el presupuesto de la subsidiariedad en los t\u00e9rminos previstos en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual, la acci\u00f3n de tutela es inadmisible cuando existen mecanismos de defensa judicial ordinarios\u00bb (STP5160-2022). <\/p>\n
En suma, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de la determinaci\u00f3n aqu\u00ed atacada ser\u00eda no solo una injerencia impertinente en la competencia del juez ordinario, sino anticipar un debate que tiene su propio contexto de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, y no a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito y sumario como la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3.1. El accionante actu\u00f3 con incuria al no impugnar a trav\u00e9s del remedio ordinario pertinente la decisi\u00f3n que le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva intramural, desperdiciando la posibilidad de replantear ante el juez de la causa las alegaciones que por este mecanismo excepcional propone. <\/p>\n
3.2. El proceso penal se encuentra en curso y el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 26 de agosto de 2022. \u2013 Ingreso al despacho del Magistrado Ponente, 30 de agosto de 2022. <\/p>\n
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