STC11765-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11765-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, \u00abigualdad, cosa juzgada y justicia material\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00ab\u2026 dejar sin efectos la acci\u00f3n de tutela \u2013 incidente de desacato de fecha 14 de febrero del 2022\u00bb; adicionalmente, se ordene la emisi\u00f3n de \u00abnuevo oficio\u00bb, \u00abpara que se le d\u00e9 tr\u00e1mite legal al levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el bien inmueble\u2026 con matr\u00edcula inmobiliaria No. 190-42784\u00bb, decretadas dentro del proceso ejecutivo identificado con radicaci\u00f3n \u00ab2009-00654\u00bb, conocido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar. <\/p>\n
De otro lado, deprec\u00f3 que \u00abse ordene al\u2026 alcalde \u2026 de la Paz \u2013 Cesar\u2026 no dilatar m\u00e1s la entrega del bien rematado al rematante\u00bb; y, finalmente, se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar \u00abcompuls[ar] copias\u00bb para la investigaci\u00f3n de delitos de \u00abfraude procesal y falsedad en docu[m]ento privado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o promovi\u00f3 una anterior acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, que se desestim\u00f3 con sentencia del 10 de marzo de 2020, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el actor, siendo revocada con providencia del 27 de enero de 2021, para en su lugar, conceder el resguardo que se reclam\u00f3, por lo que se orden\u00f3 a la sede judicial acusada \u00abque si a\u00fan no lo ha hecho proceda a enviar la comisi\u00f3n ordenada a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar\u2026 y si ya env\u00edo el despacho comisorio proceda a adelantar las gestiones necesarias a fin de que la Inspecci\u00f3n comisionada materialice la orden emitida, haciendo entrega del inmueble a Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 15 d\u00edas\u00bb; de otro lado, se orden\u00f3 a la referida Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u00abque una vez recibida la comisi\u00f3n\u2026 proceda a ejecutarla en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 15 d\u00edas contados a partir de su recepci\u00f3n, y en el evento en que dicha comisi\u00f3n ya le hubiera sido allegada proceda a adelantar la diligencia en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 8 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Al considerar que dichas autoridades incumplieron el rese\u00f1ado mandato, el promotor inici\u00f3 incidente de desacato, que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n sancionatoria del 17 de septiembre de 2021, que fue revocada, en sede de consulta, por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de providencia del 14 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el ad quem convocado \u00abde manera caprichosa y arbitraria, actu\u00f3 como juez y parte en el incidente de desacato, al resolver la consulta incidente contra las pruebas\u2026\u00bb, pues no se demostr\u00f3 que se hubiese adelantado la entrega que orden\u00f3 realizar el juez constitucional; y que el juzgador de primer grado vulner\u00f3 sus garant\u00edas esenciales \u00abpor una indebida notificaci\u00f3n\u2026 en el primer fallo de tutela de primer nivel a d\u00eda 13 diciembre del 2019\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 06 Judicial Civil II de la Procuradur\u00eda Delegada Mixta para Asuntos Civiles, destac\u00f3 que \u00abno se encuentra presente el requisito de inmediatez exigido por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica para la procedencia de esta acci\u00f3n\u00bb, comoquiera que \u00abla decisi\u00f3n motivo de queja, esto es la que resolvi\u00f3 la consulta de la sanci\u00f3n por desacato, data del 14 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar inform\u00f3 que \u00abcon anterioridad se respondi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela con numero de radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2022- 01541-00, adelantada por\u2026 Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, basada en los mismos hechos y pretensiones\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n precis\u00f3 que \u00ablas determinaciones tomadas\u2026 han sido ajustadas a derecho, por lo que\u2026 no se configura alguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que fue negada por esta Sala Especializada con sentencia del primero de junio de 2022 (STC6814-2022), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar se surti\u00f3 el incidente de desacato en comento, por solicitud del aqu\u00ed precursor Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o contra el estrado Tercero Civil Municipal de la misma urbe, a fin de procurar el cumplimiento del fallo proferido el 27 de enero de 2021 desde el Tribunal Superior ahora acusado, el cual, en impugnaci\u00f3n, hubo de otorgar el auxilio de tutela all\u00e1 pedido por aquel y, por ende, orden\u00f3 al prenotado despacho judicial, en forma perentoria, \u00abadelantar las gestiones necesarias a fin de (\u2026) hac[er] entrega de[ un] inmueble\u00bb, con ocasi\u00f3n del juicio de ejecuci\u00f3n arriba aludido, a su turno promovido por el extremo solicitante respecto a Orlando D\u00edaz. <\/p>\n
2.2. De la controversia provino, previo requerimiento a Rosario Elena Sierra Sierra, inspectora de Polic\u00eda de La Paz, Cesar (comisionada para la diligencia de \u00abentrega\u00bb) y a su \u00absuperior jer\u00e1rquico\u00bb, alcalde Mart\u00edn Guillermo Zuleta Mieles, providencia iniciadora y, posteriormente, interlocutorio de 17 de septiembre de 2021, por cuyo cauce el juez del circuito impuso arresto y multa a dichas personas. <\/p>\n
2.3. Tales sanciones fueron revocadas por la corporaci\u00f3n ac\u00e1 fustigada en grado de consulta, mediante auto de 14 de febrero de la anualidad que transcurre. <\/p>\n
2.4. El accionante Mart\u00ednez Cata\u00f1o critic\u00f3 que el Tribunal perseguido encontrara acatada la sentencia constitucional materia del desacato, pues, en estricto compendio, no fue cumplida la \u00abentrega\u00bb ordenada en su favor (como \u00abrematante\u00bb en el pleito ejecutivo) por cuenta de la inspectora de polic\u00eda, quien ha recurrido a enga\u00f1os y \u00abjugadas sucias\u00bb para dilatar la efectiva realizaci\u00f3n de esa diligencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se doli\u00f3 de que el fallador de primer grado de la acci\u00f3n de amparo que dio pie al incidente omitiera notificarlo de modo adecuado, del veredicto por \u00e9l dictado. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u2026 en primer orden, corresponde auscultar en sus cimientos el auto proferido el 14 de febrero de los corrientes por el Tribunal Superior de Valledupar, al ser el que, en grado jurisdiccional de consulta, acab\u00f3 por definir lo ata\u00f1edero a la conveniencia o no de las sanciones inicialmente impuestas dentro del incidente de desacato objeto de censura. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Para el caso en concreto, observa la Sala que m\u00e1s all\u00e1 de las v\u00e1lidas consideraciones que hace la primera instancia respecto del tr\u00e1mite de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela, y de su loable empe\u00f1o por lograr que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, proceda a enviar el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, a la Alcald\u00eda de la Paz, y comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, a fin de que la Inspecci\u00f3n comisionada materialice la orden emitida, adelantando la diligencia de entrega del bien inmueble rematado y haciendo la entrega material del inmueble a Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, tal y como se expres\u00f3 en el mandato proferido en la instancia del tr\u00e1mite principal, su decisi\u00f3n sancionatoria debe ser revocada, por cuanto se aprecia en el cuaderno de segunda instancia, que las entidades cuyos representantes fueron sancionados, finalmente se plegaron al cumplimiento de la comentada decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
\u2026Cabe destacar en cuanto al incidente de desacato, que es un tr\u00e1mite accesorio al de tutela, como una forma de obtener el cumplimiento de la sentencia[;] es decir que su fin principal es que la orden se realice y en forma secundaria imponer una sanci\u00f3n, dirigida m\u00e1s al logro de aquel objetivo, que al de punici\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026[D]ebe observarse que el 24 de septiembre de 2021, (\u2026) la Oficina Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda de La Paz Cesar, (\u2026) mediante escrito da respuesta al requerimiento del juzgado de primera instancia, y aporta copia del traslado del incidente de desacato hecho a la doctora Rosario Elena Sierra Sierra, en su condici\u00f3n de Inspector Central de Polic\u00eda de La Paz, Cesar, el 9 de septiembre de 2021 y copia de la DILIGENCIA DE ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE REMATADO mediante despacho comisorio No. 081 del 03 de agosto de 2020, fechado 9 de septiembre de 2021, en el que se evidencia que la servidora p\u00fablica comisionada cumpli\u00f3 a cabalidad con la orden impartida haciendo entrega real y material al se\u00f1or Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, del inmueble rematado, el d\u00eda 9 de septiembre de 2021, indic\u00e1ndole que la orden no era de desalojo[, sino] solo de entrega del bien inmueble rematado, y quien luego recibe a satisfacci\u00f3n. <\/p>\n
Agregando que si es necesario tener las evidencia fotogr\u00e1fica y videos tomados al momento de la diligencia se lo hagan saber v\u00eda WhatsApp, para ser aportados. <\/p>\n
Surge de lo expuesto que como la orden de tutela est\u00e1 encaminada a que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, proceda a enviar el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, a la Alcald\u00eda de la Paz, y comisionar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, a fin de que la Inspecci\u00f3n comisionada materialice la orden emitida, adelantando la diligencia de entrega del bien inmueble rematado y haciendo la entrega material del inmueble a Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, tal y como se expres\u00f3 en el mandato proferido, lo que en efecto se realiz\u00f3 mediante diligencia de entrega del bien inmueble rematado el d\u00eda 9 de septiembre de 2021[;] se concluye que se encuentra cumplida la orden de tutela emitida el 27 de enero de 2021. <\/p>\n
\u2026As\u00ed las cosas, una vez que las autoridades cesan la omisi\u00f3n y se logra el cumplimiento de la orden, como ocurri\u00f3 en este caso, en que \u00e9l Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, envi\u00f3 el despacho comisorio No. 081-2019 del 03 de agosto de 2020, ordenando a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz \u2013 Cesar, que adelantara la diligencia de entrega del bien inmueble rematado al se\u00f1or Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o, y que esta hizo entrega real y material del inmueble al incidentante conforme a la orden de tutela, es completamente v\u00e1lido abstenerse de hacer la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n inicialmente irrogada\u2026 <\/p>\n
2.2. Prove\u00eddo que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo; lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no encuentran recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal requerido dispuso revocar las sanciones primigeniamente impuestas dentro del tr\u00e1mite incidental, luego de encontrar, en resumen, que los funcionarios all\u00ed implicados dieron cumplimiento a la orden de amparo inicial mediante la diligencia de 9 de septiembre de 2021, en la que \u2013a diferencia de lo aqu\u00ed sugerido\u2013 se llev\u00f3 a cabo la a\u00f1orada \u00abentrega del bien inmueble rematado\u00bb en el proceso de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Tales planteamientos son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del fundamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
3. De otro costado, e independientemente de las pautas especiales de procedencia de la acci\u00f3n de marras contra decursos de similar estirpe1, no se verifica que el precursor haya puesto de presente ante el juez de conocimiento (Segundo Civil del Circuito) el reproche ahora blandido acerca de su supuesta indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual manera, conviene advertir que \u00e9l, como interesado, tiene a su alcance elevar ante la autoridad judicial del caso de ejecuci\u00f3n, la petici\u00f3n atinente a que se emita \u00abnuev[o] oficio\u00bb para el levantamiento de medidas cautelares. <\/p>\n
4. Finalmente, de cara a la compulsa de copias pretendida y a las presuntas \u00abjugadas sucias\u00bb atribuidas, es de denotar que si el promotor del amparo considera que de parte de alguno de los intervinientes en el tr\u00e1mite criticado se han cometido conductas penal o disciplinariamente reprobables, a su alcance est\u00e1 acudir ante los organismos competentes, asumiendo la responsabilidad de ello… <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que, si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones2. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En trat\u00e1ndose de la tutela contra tutela, esta Sala ha decantado: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026\u201cante una equivocaci\u00f3n o arbitrariedad en que puedan incurrir los jueces en sede de tutela\u2026, no ser\u00eda una nueva queja de tal naturaleza la id\u00f3nea para contrarrestar el supuesto quebranto, sino \u00fanicamente la impugnaci\u00f3n y la revisi\u00f3n eventual, instrumentos que deben surtirse ante los funcionarios habilitados para ello, aspecto que pone de relieve la existencia de otros medios de defensa judicial, a los que debe acudir el interesado en procura de dilucidar las inconformidades referidas, pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo paralelo\u201d (expedientes 2006- 01425-01 y 2007-02023-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que son dos los mecanismos previstos en el ordenamiento para recurrir una decisi\u00f3n en materia de tutela, esto es, por medio de la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando, por consiguiente, cerrada la oportunidad de que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez en sede constitucional\u2026 (\u00c9nfasis. CSJ STC, 2 ag. 2013, rad. 00851-01, reiterada en STC8097, 16 jun. 2016, rad. 2015-00243-02). <\/p>\n
2\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11765-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC11765-2022 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Felipe Mart\u00ednez Cata\u00f1o contra la Sala Civil-Familia-Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}