STC11769-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11769-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01408-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 28 de julio de 2022, que neg\u00f3 la tutela de Carlos Jos\u00e9 Pacheco Arrieta frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Penal del Circuito de Magangu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado 2016-01825. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abpresunci\u00f3n de inocencia y unidad del n\u00facleo familiar\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 18 de marzo de 2022 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito de Magangu\u00e9 a la pena de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado en concurso con fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb, sentencia que confirm\u00f3 en su integridad la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena el 23 de junio de 2022. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 las decisiones proferidas por los juzgadores de instancia por indebida valoraci\u00f3n probatoria, especialmente, porque no tuvieron en cuenta que la v\u00edctima del delito y el testigo directo del mismo, se retractaron de haberlo se\u00f1alado como el autor de los hechos. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el cambio de las versiones se present\u00f3 en el propio juicio oral en el que reconocieron haberse equivocado al acusarlo, empero, ni el juez de primer grado ni el tribunal lo consideraron. <\/p>\n
Al respecto aleg\u00f3 que, \u00abla retractaci\u00f3n de la v\u00edctima [\u2026] es de trascendental importancia para los efectos de demostrar la ausencia de responsabilidad penal [\u2026] no se trat\u00f3 de cualquier retractaci\u00f3n, sino de la misma v\u00edctima del mencionado delito, quien en forma clara, sin ambages, en forma espont\u00e1nea, dando raz\u00f3n de su dicho, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, manifest\u00f3 dentro del juicio oral que el [Carlos Jos\u00e9 Pacheco Arrieta] no fue quien lo atrac\u00f3, que todo obedeci\u00f3 a un error de su parte, por dejarse influenciar de muchas personas\u00bb; as\u00ed mismo agreg\u00f3 que, \u00abno se trat\u00f3 de una declaraci\u00f3n lac\u00f3nica y simple [\u2026] en el desarrollo que le hiciera la fiscal\u00eda, el ministerio p\u00fablico y la defensa, se observ\u00f3 un declarante s\u00f3lido [\u2026] coherente y exhaustivo en las explicaciones y comentarios, dando razones suficientes de su dicho y por qu\u00e9 rindi\u00f3 falsa o err\u00f3neamente la versi\u00f3n ante la unidad de Polic\u00eda Judicial de Magangu\u00e9, la cual fue allegada por la fiscal\u00eda al plenario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, en el proceso penal existi\u00f3 un desconocimiento absoluto del principio fundamental de presunci\u00f3n de inocencia, y que no tuvieron en cuenta el in dubio pro reo priv\u00e1ndolo injustamente de su libertad. <\/p>\n
Finalmente a\u00f1adi\u00f3 que, las decisiones que lo condenaron repercuten en los derechos de sus menores hijos, quienes dependen econ\u00f3mica y moralmente de \u00e9l y, pese a que solicit\u00f3 en la oportunidad procesal correspondiente la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, esta le fue negada. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene a los accionados dejar sin efecto \u00ablas sentencias de primera y segunda instancia [\u2026] y en su defecto, procedan a dictar la que en derecho corresponda acorde a los hechos expuestos (\u2026) ordenar la libertad inmediata (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, solicit\u00f3 se deniegue la demanda tutelar por cuanto incumple el presupuesto de subsidiariedad, puesto que el accionante \u00abno hizo uso de del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, frente a la sentencia que dict\u00f3 ese tribunal. De otra parte, defendi\u00f3 la providencia que le correspondi\u00f3 proferir en lo atinente a la valoraci\u00f3n probatoria criticada. <\/p>\n
2. La Juez Penal del Circuito de Magangu\u00e9 se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n toda vez que, la sentencia de segunda instancia cobr\u00f3 ejecutoria el 15 de julio de la presente anualidad sin que el accionante haya propuesto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n por lo que no se acredit\u00f3 el cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. La Procuradora 212 Judicial Penal I de Magangu\u00e9 manifest\u00f3 que los alegatos esbozados por el actor debi\u00f3 plantearlos en el recurso de casaci\u00f3n y no en la acci\u00f3n de tutela. As\u00ed mismo, resalt\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis efectuado por los jueces de instancia no es contrario a la Constituci\u00f3n y la ley, en la medida en que la producci\u00f3n de la prueba en el marco del juicio p\u00fablico como su valoraci\u00f3n se dio con plena observancia del derecho al debido proceso y defensa\u00bb. <\/p>\n
4. Eber Jos\u00e9 Pabuena Rodelos y Carlos Alfonso Pabuena Rodr\u00edguez, vinculados, coadyuvaron los hechos y pretensiones de la demanda. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al verificar que el accionante omiti\u00f3 recurrir la sentencia de segunda instancia que ratific\u00f3 su condena a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y al no agotar dicho medio de defensa, la solicitud de amparo se torna improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el apoderado del quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio. De otro lado, refut\u00f3 la decisi\u00f3n de la Sala a quo por cuanto, seg\u00fan afirma, no es cierto que no haya interpuesto el recurso de casaci\u00f3n, ya que la secretar\u00eda de la Sala Penal del tribunal accionado le inform\u00f3 que el t\u00e9rmino para presentar la demanda sustentando dicho recurso vence el 9 de septiembre pr\u00f3ximo. Insisti\u00f3 en que se le d\u00e9 prevalencia al inter\u00e9s superior de los menores hijos de su mandante a fin de que se le conceda la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas denunciadas por el quejoso al condenarlo a la pena de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de \u00abhurto calificado y agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas de fuego o municiones\u00bb, (sentencias de 18 de marzo y 23 de junio de 2022, de primera y segunda instancia, respectivamente) incurriendo con ello en v\u00eda de hecho, supuestamente, por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. De la improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso. <\/p>\n
El car\u00e1cter residual y subsidiario de este instrumento cobra relevancia cuando el proceso cuestionado se encuentra activo, por cuanto es en \u00e9l donde el promotor del amparo puede y debe hacer valer sus prerrogativas. <\/p>\n
En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite judicial que a\u00fan transcurre en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de variar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, avocando a un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, conviene precisar que, la Sala a fin de corroborar las afirmaciones efectuadas por el apoderado del actor en la impugnaci\u00f3n en torno a que (contrario a lo decantado en la primera instancia) el t\u00e9rmino para sustentar el recurso de casaci\u00f3n se encuentra vigente, requiri\u00f3 al Tribunal Superior de Cartagena para que informara lo pertinente; y, en efecto, el magistrado ponente de la sentencia condenatoria de segundo grado explic\u00f3 que, por una \u00absituaci\u00f3n administrativa\u00bb originada en la secretar\u00eda de la Sala Penal de esa colegiatura, fue devuelto el expediente 2016-01825 al juzgado de conocimiento pese a que el defensor suplente del aqu\u00ed accionante, de manera oportuna, interpuso el recurso de casaci\u00f3n (el plazo para presentar la demanda de sustentaci\u00f3n vence el 9 de septiembre de 2022). <\/p>\n
4.2. Dado lo anterior, y al margen del problema jur\u00eddico planteado, la Sala ratificar\u00e1 la improcedencia del amparo bajo el mismo criterio, esto es, incumplimiento del requisito de la subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pero no en la modalidad de incuria, como lo resolvi\u00f3 la a quo, sino porque la causa penal en cuesti\u00f3n est\u00e1 a\u00fan en curso, por lo que ser\u00e1 ah\u00ed en donde le corresponder\u00e1 al actor defender las prerrogativas que estima afectadas o desconocidas. <\/p>\n
Y es que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional impetrada, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del juicio y, comoquiera que se encuentran corriendo los t\u00e9rminos para sustentar la demanda de casaci\u00f3n, subsiste dicho escenario como posibilidad jur\u00eddica para procurar la defensa de sus intereses y plantear las alegaciones que sobre su inocencia trae a esta senda excepcional, e incluso, la eventual concesi\u00f3n de beneficios punitivos en caso de ser procedentes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretender que el Juez de amparo revise la razonabilidad de las providencias atacadas ser\u00eda una injerencia impertinente en la competencia de los falladores y, en todo caso, admitir un debate que tiene su propio escenario de confrontaci\u00f3n y contradicci\u00f3n en el juicio mismo, y no en el tr\u00e1mite expedito y sumario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En definitiva, y por lo precisado hasta aqu\u00ed, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado se ratifica y se advierte suficiente para refrendar la inviabilidad de la salvaguarda, y releva a esta instancia de ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, en todo caso, condicionadas a la superaci\u00f3n de dicho presupuesto. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente el resguardo si el proceso penal se encuentra en curso, dado que el actor cuenta con instrumentos al interior del mismo para procurar la defensa de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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