STC11773-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11773-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00349-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 4 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Victoria Rodr\u00edguez Prieto contra los Juzgados Civil del Circuito de Villeta y Promiscuo Municipal de San Francisco, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2019-00193. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Marco Aurelio Montenegro Cort\u00e9s, promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra la querellante, asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco, quien libr\u00f3 mandamiento de pago el 12 de noviembre de 2019. <\/p>\n
Enterada del tr\u00e1mite, la quejosa plante\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3: \u00abpago de la obligaci\u00f3n y p\u00e9rdida de intereses de la obligaci\u00f3n\u00bb, se\u00f1alando respecto de la \u00faltima, que el ejecutante incurri\u00f3 en cobro excesivo de intereses de plazo. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, el juzgado, el 13 de abril de 2021, profiri\u00f3 fallo, estimando de manera parcial la defensa de \u00abpago de la obligaci\u00f3n\u00bb, teniendo como abono la suma de $20.625.000 y declarando no probada la \u00abp\u00e9rdida de intereses de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por Mar\u00eda Victoria Rodr\u00edguez Prieto, el 24 de marzo de 2022, el Juzgado Civil del Circuito de Villeta, la confirm\u00f3. <\/p>\n
A juicio de la censora, la decisi\u00f3n anterior entra\u00f1a \u00ab un defecto f\u00e1ctico que da paso airoso a la presente acci\u00f3n, pues al no haberse analizado y valorado las pruebas que fueron adoptadas dentro del proceso, ni aplicar la facultad oficiosa para requerir a la parte actora para que comprobara el cobro de una tasa del 2.4%, se vulner\u00f3 el postulado toral del Debido Proceso (\u2026) por lo cual los jueces debieron adoptar las medidas oficiosas necesarias para solicitar y obtener de la parte actora la documentaci\u00f3n necesaria, o requerirme para que aportara lo necesario\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia \u00abse REVOQUE y se deje sin valor ni efecto, el contenido de la sentencia de primera instancia proferida por el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE SALES CUNDINAMARCA, el d\u00eda 13 de abril de 2021 (\u2026) se REVOQUE y se deje sin valor ni efecto, el contenido de la sentencia de segunda instancia proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLETA CUNDINAMARCA, el d\u00eda 24 de marzo de 2022 (\u2026) se ORDENE a las entidades accionadas la emisi\u00f3n de una nueva sentencia, en la cual se valoren en debida forma los medios de prueba, los postulados constitucionales y dem\u00e1s argumentos que se esbozan en el presente escrito, para que se me ABSUELVA de todas y cada una de las condenas impuestas en el contenido de las decisiones de fondo atacadas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de Villeta, expres\u00f3 que la sentencia por ella expedida se encuentra ajustada a derecho, y que la tutela no cumple con el requisito de manifiesta contrariedad con el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que solicit\u00f3 desestimarla. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco remiti\u00f3 el expediente donde se denuncia la vulneraci\u00f3n, sin efectuar ninguna manifestaci\u00f3n adicional. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos atacados se advierten razonables, pormenorizando que \u00abno se advierte capricho o arbitrariedad que deba ser sometida a control constitucional, pues el estudio del proceso permiti\u00f3 a los jueces de conocimiento considerar que no hubo cobro excesivo de intereses, dado que si bien la ejecutada aleg\u00f3 que pag\u00f3 intereses corrientes, a la tasa de 3.75%, ello no qued\u00f3 demostrado en el proceso, sumado a que en el t\u00edtulo base de recaudo nada se dijo al respecto, por lo que el inter\u00e9s corriente a cobrar ser\u00eda el inter\u00e9s bancario corriente conforme al art\u00edculo 884 del C\u00f3digo del Comercio\u00bb. a\u00f1adiendo que: \u00aben dicha tarea de valoraci\u00f3n el juez de conocimiento es totalmente aut\u00f3nomo y no puede el juez constitucional imponer su criterio sobre el alcance de una determinada prueba\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se formula, tanto contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Francisco, el 13 de abril de 2021, como frente a la determinaci\u00f3n del Juzgado Civil del Circuito de Villeta, que opt\u00f3 por su confirmaci\u00f3n, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo del 24 de marzo de 2022, que dict\u00f3 el despacho con categor\u00eda circuito, en tanto que fue el pronunciamiento que en \u00faltimas defini\u00f3 el debate. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo, tal como lo concluy\u00f3 el tribunal en primer grado, en tanto que, del examen del pronunciamiento censurado, no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para confirmar la sentencia del a quo, el juzgado del circuito precis\u00f3 inicialmente que, de cara a la novaci\u00f3n alegada: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el acuerdo de pago de fecha 14 de septiembre de 2018, suscrito por los se\u00f1ores Mar\u00eda Gladys Vanegas Montenegro y Marco Aurelio Montenegro Cortes como acreedores y el se\u00f1or Wilson Jes\u00fas Salinas P\u00e1ez como testigo no cumple los requisitos antes se\u00f1alados por la Ley ya la jurisprudencia para la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, por cuanto del mismo se extrae que se pretend\u00eda un acuerdo de pago de los dineros adeudados, se\u00f1alando el monto de la deuda y de los intereses, estableciendo la forma de pago de dichos intereses y como fecha de pago del total adeudado el 20 de enero de 2020. No obstante, en primer lugar, el aludido acuerdo no fue firmado por la deudora se\u00f1ora SANDRA OMAIRA RODR\u00cdGUEZ PRIETO sino por el se\u00f1or WILSON JES\u00daS SALINAS P\u00c1EZ en calidad de testigo; en segundo lugar, el mencionado acuerdo no se cumpli\u00f3 seg\u00fan lo manifestado por las partes en la audiencia y finalmente tampoco se advierte en el mismo de manera inequ\u00edvoca la intensi\u00f3n de novar la obligaci\u00f3n; por ende tal como se acot\u00f3 y lo ha se\u00f1alado la Corte en reiteradas ocasiones al decir que \u201cel Juzgador no podr\u00e1 aceptar la presencia de novaci\u00f3n sino delante de una expresi\u00f3n liberatoria de parte del acreedor. All\u00ed no cabe inferir el animus novandi, o liberardi de indicios (…)\u201d esta no puede ser de recibo para el Despacho. Ni se advierte en el mentado documento el cambio de deudor que alega la parte ejecutada existi\u00f3 en cabeza del se\u00f1or WILSON JES\u00daS SALINAS en consecuencia, ante la ausencia de dichos requisitos la novaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n deviene inexistente.\u00bb <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es posible aplicar sanci\u00f3n alguna al ejecutante, pues si se miran bien las cosas, como primera medida se advierte que en el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n no se estableci\u00f3 el monto del inter\u00e9s de plazo y se se\u00f1al\u00f3 que se pagar\u00eda en caso de mora o retardo intereses moratorios comerciales que se computar\u00e1n a la tasa mayor que la Ley vigente permita cobrar; de otro lado el acreedor solicit\u00f3 en las pretensiones de la demanda literal b) \u201cPor los intereses de plazo causados entre el 20 de enero de 2017 hasta el 22 de mayo de 2018, a la tasa m\u00e1xima legal permitida\u201d y c) \u201cPor los intereses moratorios que se causen sobre la anterior suma dineraria… a la tasa m\u00e1xima legal certificada por la superintendencia Financiera…\u201d (\u2026) Aunado a lo anterior tal como lo preciso la primera instancia no se acredit\u00f3 de manera fehaciente cual era el inter\u00e9s cobrado porque el ejecutante en el interrogatorio se\u00f1al\u00f3 que era de 2.4% establecido seg\u00fan \u00e9l a mutuo propio y no por pacto de las partes, mientras que la ejecutada se\u00f1ala que seg\u00fan los recibos de pago este corresponde al 3.75%, no obstante el ejecutante se\u00f1ala que existe otro cr\u00e9dito y que en estos recibos se inclu\u00edan los intereses de ese otro pr\u00e9stamo; por ende ante la falta de certeza del monto del inter\u00e9s cobrado y la inexistencia de su estipulaci\u00f3n en el t\u00edtulo dicha falencia es suplida por la Ley, como lo establece el Art. 884 del C. Co..\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 se\u00f1alando que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En ese orden de ideas, no es posible predicar que la parte ejecutante cobra intereses por encima de los topes legales y que, por ende, hay lugar a la \u00abp\u00e9rdida de intereses\u00bb, menos a\u00fan que incurri\u00f3 en usura -declaraci\u00f3n que s\u00f3lo compete al Juez Penal- o que se enriqueci\u00f3 sin causa, m\u00e1xime cuando, como se dej\u00f3 visto, la tasa de inter\u00e9s que se cobra se ajusta a lo establecido por la Ley.\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el despacho accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas aportadas por las partes para examinarlas y darles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, deb\u00eda confer\u00edrseles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de anteponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se circunscribi\u00f3 al an\u00e1lisis de los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n y de los medios de conocimiento que aportaron las partes, que, en conjunto, le permitieron concluir a la autoridad cognoscente, que existi\u00f3 un incumplimiento a la carga de probar de la aqu\u00ed gestora, suficiente para confirmar la decisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente, la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque este instrumento no fue concebido como mecanismo para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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