STC11778-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11778-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-01479-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Dary Alzate Echeverri y Juan Fernando Mart\u00ednez Alzate contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 2 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2018-00045. <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando por medio de apoderado judicial, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Luz Dary Alzate Echeverri, Juan Fernando y Andr\u00e9s Felipe Mart\u00ednez Alzate promovieron declarativo en contra de Distrimar S. A., en procura del reconocimiento de la relaci\u00f3n de trabajo entre aquella y \u00abel se\u00f1or Mat\u00edas de Jes\u00fas Mart\u00ednez G\u00f3mez, quien fue su compa\u00f1ero permanente y padre [respectivamente]\u00bb1 y, en consecuencia, pidieron el pago de diferentes emolumentos y \u00abel reajuste a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, incluyendo los aumentos legales y mesadas adicionales\u00bb, cuyo estudio correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en tanto consider\u00f3 que \u00abaunque [Mat\u00edas de Jes\u00fas] ejecut\u00f3 actividades en el supermercado de propiedad de [la all\u00ed convocada], lo hizo en calidad de socio y \u00abno [\u2026] en beneficio exclusivo ni bajo las \u00f3rdenes de los dem\u00e1s [accionistas]\u00bb. <\/p>\n
Inconformes, los aqu\u00ed gestores, recurrieron en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 2, dej\u00f3 inc\u00f3lume la decisi\u00f3n del ad quem, pues advirti\u00f3 \u00abla inexistencia de concurrencia de v\u00ednculos societarios y laborales entre el se\u00f1or Mart\u00edn de Jes\u00fas Mart\u00ednez G\u00f3mez y Distrimar S. A.\u00bb. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de los promotores, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, dado que \u00abla apreciaci\u00f3n de la SALA DE DESCONGESTI\u00d3N es totalmente opuesta, al extremo, de lo que dice el acta [de confidencialidad] en toda su extensi\u00f3n, pues realmente lo que (\u2026) contiene el acta es un acto de consciencia de que no han pagado bien el trabajo de ellos mismos, que son conscientes de eso, que liquidan con salario m\u00ednimo, cuando lo que se ganan es superior\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que \u00ab[e]l principio de la primac\u00eda de la realidad frente a la formalidad s\u00ed ha sido violado, pero extra\u00f1amente. Porque la formalidad en este caso s\u00ed coincide con la realidad, pues lo que dice el acta s\u00ed fue la realidad. La formalidad es el acta y ella ha sido violada porque se le ha dado un sentido totalmente contrario al que tiene\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se deje sin efectos la determinaci\u00f3n SL1445-2022 del 26 de abril de 2022 y en consecuencia se profiera un nuevo fallo \u00aben donde se valoren correctamente las pruebas obrantes dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADA <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma y manifest\u00f3 que \u00abel acudiente a la acci\u00f3n constitucional de amparo, pretende utilizarla como instrumento para provocar una nueva decisi\u00f3n, desde su particular visi\u00f3n del m\u00e9rito de las pruebas, asumiendo, contra derecho, que aquella figura precipita una tercera instancia, lo cual desnaturalizar\u00eda la funci\u00f3n del juez de casaci\u00f3n, postura que ha sido tajantemente rechazada por la Corporaci\u00f3n, como juez constitucional difuso, as\u00ed como por el Juez L\u00edmite guardi\u00e1n de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
2. Distrimar S.A. indic\u00f3 que \u00ab[t]odas las afirmaciones de (\u2026) los actores parten de la falsa idea que tiene (sic) de la existencia de una relaci\u00f3n laboral, raz\u00f3n por la cual su insatisfacci\u00f3n en materia de valoraci\u00f3n probatoria pretende que se valore la misma prueba en una v\u00eda contraria a la que form\u00f3 el criterio judicial, situaci\u00f3n que dar\u00eda lugar no a afirmar que no se tuvieron en cuenta las pruebas obrantes en el expediente, sino a que la justicia en t\u00e9rminos del apoderado es la \u00absatisfacci\u00f3n de su visi\u00f3n\u00bb o la \u00abcoherencia entre sus expectativas y el fallo judicial\u00bb, situaci\u00f3n que claramente no es posible en un Estado Social de Derecho\u00bb y de esta manera solicit\u00f3 denegar la salvaguarda. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que \u00ab[c]ontrario a lo sostenido por los libelistas, el an\u00e1lisis de la prueba documental realizado por la Sala accionada no configura defecto alguno; por el contrario, se observa fundamentado en las reglas de la sana cr\u00edtica y el principio orientador de libre formaci\u00f3n del convencimiento, previsto el art\u00edculo 61 del CPTSS, normativa que rige el caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ablejos de poner de presente la incursi\u00f3n en v\u00edas de hecho, los accionantes postulan un criterio interpretativo diverso del expuesto por la autoridad accionada, con el \u00e1nimo de que el juez de tutela acoja como mejor y m\u00e1s elaborado su alegato, a fin de que se deje sin efectos lo actuado por la justicia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de los recurrentes para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[del] acta confidencial, lo que se extrae es que s\u00ed hubo trabajo o servicio personal de cada uno de ellos, que se deben obligaciones laborales, que son conscientes de que se han pagado unas obligaciones laborales con base en el salario m\u00ednimo, que no es lo que se ganan realmente como salario, pues lo han venido haciendo con el salario m\u00ednimo, pero que van a corregir, y por ello quieren compensar con un reparto de utilidades en ese momento de $5\u00b4000.000 millones de pesos, pero no porque las utilidades sean las prestaciones, sino como una compensaci\u00f3n, lo que equivale a que las prestaciones se adeudan, pues no se pueden confundir salarios por ser trabajador de la empresa y utilidades por ser socio; pero quisieron remediar el no pago de lo laboral, pero nunca que haya habido confusi\u00f3n entre obligaciones laborales y utilidades\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral promovido por los gestores (SL1445-2022, rad. 85311), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 \u00abla inexistencia de concurrencia de v\u00ednculos societarios y laborales entre el se\u00f1or Mart\u00edn de Jes\u00fas Mart\u00ednez G\u00f3mez y Distrimar S. A.\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver el cargo \u00fanico formulado por la v\u00eda indirecta \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida de los \u00abart\u00edculos 174, 187, 251, 252, 253, 268 del C. de P.C., 11, 164, 176 del C.G.P., 51, 60 y 61 C.P. del Trabajo y SS, como medio\u00bb, y los art\u00edculos 23 y 24 del CST, \u00abcomo violaci\u00f3n de fin [\u2026]\u00bb\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[C]orresponde a la Corte determinar si el Tribunal incurri\u00f3 en violaci\u00f3n medio de las normas procesales de la proposici\u00f3n jur\u00eddica, que condujo a la aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 23 y 24 del CST, al no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que el se\u00f1or Mat\u00edas de Jes\u00fas Mart\u00ednez G\u00f3mez fue trabajador de Distrimar S. A., no obstante detentar la condici\u00f3n de socio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en lo establecido en las providencias SL2265-2018 y SL2484-2018, se\u00f1al\u00f3 que \u00abpara que se declare a favor de uno de los socios, la existencia de un contrato de trabajo, es menester que confluya una prestaci\u00f3n personal del servicio en favor del ente moral, una continuada subordinaci\u00f3n o dependencia por parte del pretenso trabajador respecto a este y el pago de una remuneraci\u00f3n como contraprestaci\u00f3n de sus servicios, la cual, en principio, debe diferenciarse de los efectos econ\u00f3micos que se derivan de su participaci\u00f3n en la sociedad\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00ab[e]n tales eventos es aplicable la presunci\u00f3n del art\u00edculo 24 del CST, seg\u00fan la cual, acreditado el primer presupuesto, esto es, conforme al art\u00edculo 23 del CST, la realizaci\u00f3n de la actividad por s\u00ed mismo, se entender\u00e1 que \u00e9sta deriv\u00f3 de una relaci\u00f3n de trabajo subordinado, por lo que corresponder\u00e1 al dador del empleo desvirtuarla\u00bb. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 analizando la prueba calificada \u00aba fin de establecer si el colegido decidi\u00f3 contra evidencia de su contenido la inexistencia del contrato de trabajo demandado\u00bb, y en tal sentido, indic\u00f3 que del acuerdo de confidencialidad entre socios \u00abno se desprende la existencia del pregonado contrato de trabajo, como lo aduce la censura, toda vez que no da cuenta de los elementos que lo configuran, particularmente, la prestaci\u00f3n personal del servicio y la continuada dependencia o subordinaci\u00f3n, que son los requisitos que ech\u00f3 de menos el fallador de segundo grado\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, reliev\u00f3 que \u00abno pasa por alto la Corporaci\u00f3n las menciones de orden laboral que se hacen los suscribientes de aquel documento; sin embargo, las mismas no pueden leerse de manera aislada, como lo pretenden los acusadores, para colegir de ellas el v\u00ednculo reclamado\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, razon\u00f3 que el medio de prueba en comento no hace \u00abalusi\u00f3n a la prestaci\u00f3n personal del servicio en forma subordinada, [adicional a ello] la Corte advierte razonable y ajustado a las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica, inferir que las acreencias que los socios identificaron con los nombres de \u00abdeuda laboral\u00bb, \u00abcesant\u00edas y sus intereses\u00bb, \u00abprimas semestrales\u00bb, \u00absalario real\u00bb, \u00abvacaciones\u00bb y \u00abcompensaci\u00f3n de obligaciones laborales\u00bb, correspondieran a pagos impropiamente denominados, que colectivamente hab\u00edan sido autorizados, como distribuci\u00f3n de ganancias y contraprestaci\u00f3n de los servicios en el marco del contrato de sociedad, teniendo en cuenta que es propio de este tipo de acuerdos familiares, la conformaci\u00f3n de una empresa por varias personas de confianza, en la que cada uno pone a disposici\u00f3n su fuerza de trabajo (no necesariamente dependiente, como lo confunde la censura), en beneficio propio y com\u00fan, con el fin de obtener unas ganancias permanentes para su subsistencia y hacer crecer su emprendimiento\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, procedi\u00f3 a revisar los dem\u00e1s suasorios denunciados como desconocidos por los censores y destac\u00f3 que dan \u00abcuenta de la poca claridad conceptual de los t\u00e9rminos utilizados para identificar los pagos que se realizaban a los socios\u00bb y en ese aspecto coligi\u00f3 que no \u00abtendr\u00edan el m\u00e9rito para derruir la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal\u00bb <\/p>\n
Respecto del interrogatorio de parte de Juan Fernando Mart\u00ednez Alzate, adujo que por medio de aquel \u00abse prob\u00f3 a trav\u00e9s de confesi\u00f3n, que el causante no prest\u00f3 servicios personales en la dimensi\u00f3n que exige el art\u00edculo 23 del CST, es decir, por s\u00ed mismo, sin que a muto propio pudiera asignar a alguien para que lo hiciera por cuenta de \u00e9l; adem\u00e1s, que en la actividad que ejecut\u00f3 como copropietario de la sociedad, fue aut\u00f3nomo, pues al cuestion\u00e1rsele sobre el presupuesto de subordinaci\u00f3n, no dio cuenta de ning\u00fan elemento indicativo de esta; por el contrario, dej\u00f3 ver la autonom\u00eda e independencia, que la desvirt\u00faa\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
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