STC11786-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11786-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00350-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 10 de agosto de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Geraldine Puerta Alcal\u00e1 contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2020-00116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00aben junio 26 de 2018 suscrib\u00ed los pagar\u00e9s N\u00b0 01589613932738 y N\u00b0 01589613932290 con la entidad BBVA, cr\u00e9dito hipotecario que estaba respaldado con el apartamento [adquirido a la sociedad Marval S.A., seg\u00fan escritura p\u00fablica n\u00b0 1122 del 16 de marzo de 2016], al igual que el parqueadero referenciado con el n\u00famero 211 del conjunto residencial Verona II etapa (\u2026)\u00bb, ante lo cual \u00abdimos a la entidad bancaria BBVA carta abierta adem\u00e1s que nos acogimos a cada una de las pretensiones por el banco interpuesta\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben el a\u00f1o 2020 con la llegada de la pandemia (\u2026), mi actividad econ\u00f3mica dej\u00f3 de ser pr\u00f3spera [por lo que] no pude seguir cumpliendo mis obligaciones econ\u00f3micas (\u2026)\u00bb, y por ello, \u00abel apoderado judicial de BBVA present\u00f3 demanda Hipotecaria la cual por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno del Circuito de Cartagena [rad. 2020-00116]\u00bb, en la cual \u00abcoloca los intereses de cr\u00e9dito de consumo, siendo un cr\u00e9dito hipotecario [cuyos] intereses son m\u00e1s bajos que [los] de consumo, raz\u00f3n por la cual se eleva de una manera exorbitante la cuant\u00eda del proceso\u00bb; en atenci\u00f3n a ello, el juzgado \u00ablibra mandamiento de pago correspondiente al embargo y secuestro del bien inmueble (\u2026) dado en garant\u00eda, siendo este el lugar donde resido en compa\u00f1\u00eda de mis hijos, el cual fue vulnerado al momento de realizar la diligencia de embargo\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de la referencia oda vez que los intereses causados no corresponden a un proceso ejecutivo hipotecario\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La Juez Novena de Familia de Cartagena, inform\u00f3 que \u00abal encontrar reunidos los requisitos exigidos por el Art. 422 y 468 del C. G. del P., mediante providencia 01 de octubre de 2020 adicionada mediante providencia de 25 de enero de 2021, se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. [contra la hoy accionante y Cristhian Camilo C\u00e9spedes Bedoya], por el saldo contenido en [dos] pagar\u00e9s, [y] se decret\u00f3 el embargo del bien inmueble identificado con FMI 060-290379 de propiedad de la demandada\u00bb. <\/p>\n
Que acreditada la \u00abnotificaci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb de los ejecutados \u00absin que en la oportunidad legal contestaran la demanda y formularan excepciones de m\u00e9rito (\u2026), se dispuso a trav\u00e9s de providencia de fecha 29 de junio de 2021, seguir adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026), tal como se orden\u00f3 en el auto de fecha 1\u00b0 de octubre de 2020 que libr\u00f3 mandamiento de pago y se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb; que \u00aben la misma providencia se decret\u00f3 el secuestro del bien inmueble y se conden\u00f3 en costas a la parte demandada\u00bb, y que para dicha cautela \u00abse comision\u00f3 al Alcalde del Distrito de Cartagena (\u2026), diligencia que fue practicada el 01 de julio de 2021\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que el 31 de agosto de 2021, \u00abel apoderado judicial del demandante alleg\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito desde la exigibilidad de las diferentes obligaciones hasta el 31 de agosto de 2021, de la cual se corri\u00f3 traslado el d\u00eda 02 de septiembre de 2021, por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas (\u2026), sin que [se] radicara pronunciamiento alguno por el extremo pasivo; raz\u00f3n por la que a trav\u00e9s de providencia de 18 de noviembre de 2021se dispuso impartir aprobaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n\u00bb, concluyendo as\u00ed que como la ejecutada no ejerci\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente a las providencias debidamente notificadas, la acci\u00f3n tutelar deviene \u00abimprocedente\u00bb. <\/p>\n
2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manifest\u00f3 que \u00abesta entidad no tiene injerencia alguna en los hechos que motivaron la presente acci\u00f3n\u00bb, y por tanto pidi\u00f3 denegar el amparo \u00abpor configurarse la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, aunado a que la entidad \u00abtampoco ha vulnerado ni amenazado vulnerar derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo al advertir que adolec\u00eda del requisito de la inmediatez, ya que \u00abla accionante enfila su pretensi\u00f3n constitucional en contra del auto del 1 de octubre de 2020 por medio del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra y que fuera adicionado por auto del 25 de enero de 2021, providencia que le fue notificada el d\u00eda tres de febrero de 2021 [y la tutela] fue presentada el 2 de julio del cursante\u00bb, y que si obviara el presupuesto temporal, tampoco se satisface el de la subsidiariedad, porque, tanto el mandamiento de pago como el decreto de cautelas, pudo refutarse \u00aba trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios que la legislaci\u00f3n ha establecido para ello, sin que se evidencie que la actora haya hecho uso de ellos dentro de las oportunidades legales previstas pese a que se encontraba debidamente notificada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante aduciendo \u00abel riesgo inminente por mi parte de perder el apartamento por el cual he trabajado y la fuerza preponderante del banco de beneficiarse injustificadamente de unos t\u00edtulos valores no actos para tener en cuenta en el proceso hipotecario y siendo estos de libre inversi\u00f3n\u00bb, y criticando que \u00aben ning\u00fan momento [el banco] hizo presencia dentro del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la querellante, al tramitar y definir el hipotecario n\u00b0 2020-00116, ya que la obligaci\u00f3n se liquid\u00f3 a una tasa de inter\u00e9s que -en su sentir- no corresponde a la naturaleza del cr\u00e9dito a ella otorgado. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado, comoquiera que la presente queja constitucional no supera los presupuestos gen\u00e9ricos anteriormente aludidos, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la Inmediatez. <\/p>\n
Precisando que la censora motiva su reclamaci\u00f3n en el hecho de que el accionado orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n en su contra en los t\u00e9rminos del mandamiento de pago, esto es, disponiendo la liquidaci\u00f3n y pago del capital insoluto con intereses bajo el supuesto de que el cr\u00e9dito a ella otorgado hubiese sido \u00abde libre inversi\u00f3n\u00bb cuando este lo era de car\u00e1cter \u00abhipotecario\u00bb, el impedimento general en comento emerge porque la criticada orden de apremio data del 1\u00b0 de octubre de 2020, adicionada el 25 de enero de 2021, y el auto que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n se produjo el 29 de junio de 2021, mientras la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 25 de julio de 2022, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
En cuanto a la desatenci\u00f3n al presupuesto temporal, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la viabilidad del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC9673-2022, 27 jul. 2022, rad. 00535-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada entre otras en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01). Se resalta. <\/p>\n
3.2. De la incuria. <\/p>\n
Tal situaci\u00f3n se evidencia durante todo el litigio ejecutivo, toda vez que la all\u00ed codemandada pudo proponer las excepciones de m\u00e9rito que considerara pertinentes para refutar el supuesto desafuero en relaci\u00f3n con la tasa de los intereses objeto de cobranza que ahora alega, pero el expediente digital da cuenta que no lo hizo pese a haber sido debidamente vinculada a dicho juicio. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la promotora tambi\u00e9n guard\u00f3 silencio frente a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el Banco BBVA, a la cual, mediante prove\u00eddo del 18 de noviembre de 2021, se le imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n, desaprovechando una vez m\u00e1s la oportunidad para poner de presente su inconformidad a trav\u00e9s de los mecanismos que la ley prev\u00e9. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como no se emplearon las herramientas jur\u00eddicas consagradas para controvertir las decisiones por las que hoy la actora se duele, lo que implica obviar el car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato de esta acci\u00f3n constitucional, emerge infundada la protecci\u00f3n invocada, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que esto procede cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual, en el caso sub j\u00fadice no acontece. Sobre el punto, se ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC11022, 24 ago. 2022, rad. 00644-01). <\/p>\n
Del mismo modo, esta Corporaci\u00f3n ha recalcado la improcedencia de la acci\u00f3n soportada en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, sosteniendo que: \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC9677-2022, 28 jul. 2022, rad. 00125-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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