STC11789-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11789-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00220-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de marzo de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Johanna Luc\u00eda Nieto Villalba contra Nueva EPS S.A. y Viva 1A IPS S.A., tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales de debido proceso, seguridad social, dignidad humana y \u00abm\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00bb, supuestamente vulneradas por las accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se desprende que Johanna Luc\u00eda Nieto Villalba (empleada de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. \u2013 ETB S.A. E.S.P.) instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Nueva EPS S.A. y Viva 1A IPS S.A., asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa urbe, qui\u00e9n, mediante sentencia de 3 de marzo de 2020, neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
La mencionada decisi\u00f3n fue revocada el 30 de abril de esa anualidad por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, quien orden\u00f3, entre otras cosas que la aludida Entidad Promotora de Salud: (i) \u00abdetermine si es viable [tramitar] nuevas incapacidades [m\u00e9dicas a favor de la querellante]\u00bb y (ii) junto con \u00abla Administradora Colombiana de Pensiones, (\u2026) la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y (\u2026) la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 (\u2026) de manera coordinada (\u2026) [dispongan] si la [actora] tiene derecho a recibir alg\u00fan emolumento, al no haberse definido el procedimiento de p\u00e9rdida de la capacidad laboral\u00bb. Sin embargo, seg\u00fan la libelista, la providencia del ad quem \u00abno resolvi\u00f3 el reconocimiento y pago de las incapacidades\u00bb. <\/p>\n
Con ocasi\u00f3n de lo anterior, en el mes de junio del referido a\u00f1o la gestora formul\u00f3 ante el fallador Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa poblaci\u00f3n, incidente de desacato, no obstante, a juicio de la convocante \u00abel mencionado despacho no se ha pronunciado para dar cumplimiento a la orden emitida por el [T]ribunal [S]uperior de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Con todo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdebido a que (\u2026) la (\u2026) nueva EPS radic[\u00f3] (\u2026) [un] concepto de rehabilitaci\u00f3n (\u2026) con pron\u00f3stico favorable (\u2026) [n]o [le] est\u00e1n prestando la debida atenci\u00f3n en salud y no [le] quieren generar las incapacidades\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo, se ordene: (i) a la \u00abNUEVA EPS S.A y VIVA1A IPS (\u2026) que [le] emitan el documento (\u2026) donde no [le] autorizan la generaci\u00f3n de las incapacidades, adicionalmente solicit[a] [que] no [le] pongan obst\u00e1culos en la prestaci\u00f3n de los servicios de atenci\u00f3n en salud (\u2026)\u00bb; (ii) a la citada Entidad Promotora de Salud, a \u00abColpensiones, [y a la] ARL Colmena (\u2026) que (\u2026) [le] reconozcan y paguen las respectivas incapacidades desde el a\u00f1o 2013 hasta la fecha\u00bb; (iii) \u00ab[d]ejar sin efecto el concepto de rehabilitaci\u00f3n favorable emitido por NUEVA EPS (\u2026) y en su lugar (\u2026) [realizar] un nuevo [diagn\u00f3stico] de rehabilitaci\u00f3n que sea acorde a las minusval\u00edas que padece\u00bb; y (iv) \u00aba la Superintendencia [N]acional de [S]alud que investigue lo que corresponda frente a la denegaci\u00f3n del cumplimiento de los respectivos deberes entre las entidades [denunciadas] (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos memoriales que han sido radicados en las ventanillas o [en] los correos del [c]entro de [s]ervicios se han atendido de manera oportuna (\u2026)\u00bb, raz\u00f3n por la cual precis\u00f3 que no ha trasgredido las prerrogativas esenciales de la quejosa y solicit\u00f3 que se le desvinculara del asunto. De igual modo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n de[l] incidente de desacato se encuentra por fuera de las competencias de [esa] sede administrativa (\u2026) [y] es una atribuci\u00f3n propia de la funci\u00f3n de administrar justicia del Juzgado 6 de Ejecuci\u00f3n de Penas\u00bb. <\/p>\n
2. La Administradora de Pensiones \u2013 Colpensiones, explic\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo para el pago de las incapacidades e indic\u00f3 que \u00abexisten otros mecanismos para reclamar el derecho aqu\u00ed alegado\u00bb. Adem\u00e1s, puntualiz\u00f3 que lo censurado en la salvaguarda \u00abya hab\u00eda sido objeto de estudio por otro [j]uez (\u2026), por lo que [el auxilio] debe ser declara[do] improcedente ante la existencia de la cosa juzgada\u00bb. Finalmente, asever\u00f3 que no se encuentran pendientes de respuesta las peticiones deprecadas por la pretensora. <\/p>\n
3. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. \u2013 ETB S.A. E.S.P., manifest\u00f3 que: (i) a la accionante \u00ab[n]o le otorgan incapacidades en la EPS pero se reh\u00fasa a presentarse a laborar con todo tipo de lamentos y excusas (\u2026) [en consecuencia,] [s]on m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os en esta situaci\u00f3n tan conveniente para ella\u00bb; (ii) \u00abha PAGADO a la trabajadora las incapacidades que \u00e9sta entrega (\u2026), porque muchas ausencias no tienen [justificaci\u00f3n] pero quiere [que] se le [reconozcan]\u00bb; y (iii) \u00abse ha negado en varias oportunidades a asistir al examen m\u00e9dico ocupacional de reintegro, incumpliendo las obligaciones a [su] cargo\u00bb. <\/p>\n
4. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Bogot\u00e1 y Cundinamarca relat\u00f3 las actuaciones surtidas en su instancia y expuso que \u00abcumpli\u00f3 con lo que ata\u00f1e a [sus] competencias, realizando [la] valoraci\u00f3n, profiriendo el dictamen que corresponde a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la se\u00f1ora Nieto, resolviendo sobre los recursos impetrados y remitiendo el proceso a la Junta Nacional\u00bb. Por \u00faltimo, pidi\u00f3 tambi\u00e9n que se le desvinculara de este tr\u00e1mite. <\/p>\n
5. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad refiri\u00f3 que la libelista \u00abpresent\u00f3 solicitud de incidente de desacato en contra de la Nueva EPS, por cuanto no hab\u00eda cumplido lo decidido en fallo de tutela de 30 de abril de 2020\u00bb. As\u00ed las cosas, \u00abluego de recoger los elementos materiales de prueba suficiente[s], [ese] [d]espacho en providencia de 3 de noviembre de [esa anualidad] (\u2026) decidi\u00f3 no sancionar (\u2026) al [d]irector de la [mencionada entidad]\u00bb. <\/p>\n
6. La Fiduagraria S.A. \u2013 qui\u00e9n adujo actuar como administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 inform\u00f3 que \u00ab[a] ra\u00edz de la (\u2026) supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del (\u2026) ISS emanada del Gobierno Nacional (\u2026)\u00bb, carece de competencia para pronunciarse sobre los asuntos que en esta senda constitucional se discuten. <\/p>\n
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de su Sala Penal, realiz\u00f3 un recuento de los hechos y se\u00f1al\u00f3 que: (i) la querellante \u00aben ning\u00fan momento ha puesto en conocimiento de [esa colegiatura] que las entidades [fustigadas] no hayan acatado la orden del juez de tutela, por lo que no puede afirmarse que la Nueva EPS o la ETB siguen vulnerando sus derechos fundamentales\u00bb y (ii) \u00aben la anterior tutela la accionante no reclam\u00f3 directamente el pago de incapacidades previamente expedidas o reconocidas, como lo pretende en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
8. La Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Vida Colmena S.A. denot\u00f3 que \u00abno [le] fue reportado ning\u00fan accidente ni enfermedad a nombre de la [interesada], (\u2026) como tampoco ha sido [de su]conocimiento (\u2026) el estado de salud de la [gestora]\u00bb, por lo tanto, arguy\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa al considerar que no conculc\u00f3 garant\u00eda esencial alguna. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, argumentando que: (i) es improcedente el reproche constitucional contra providencias de igual naturaleza; (ii) en cuanto a la \u00ab[m]ora en la resoluci\u00f3n del (\u2026) desacato\u00bb, en el curso de dicho tr\u00e1mite \u00abse acredit\u00f3 que el 3 de noviembre de 2020, el Juzgado 6\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 no sancionar (\u2026) al [d]irector de la Nueva EPS\u00bb; (iii) a trav\u00e9s del fallo de 30 de abril de ese a\u00f1o se emitieron \u00abuna serie de \u00f3rdenes encaminadas a establecer si [la actora] tiene o no derecho a recibir alg\u00fan estipendio\u00bb, de tal modo que, \u00absi la pretensi\u00f3n de la (\u2026) accionante (\u2026) [es] obtener la revocatoria o adici\u00f3n [de la precitada determinaci\u00f3n], (\u2026) la Corte no puede emitir juicio alguno respecto [a dicha cuesti\u00f3n]\u00bb; (iv) en relaci\u00f3n con el pedimento de que la Nueva E.P.S. remita copia del documento donde presuntamente restringi\u00f3 la expedici\u00f3n de incapacidades, la quejosa \u00abno acredit\u00f3 que l[a] hubiera solicitado previamente sin obtener respuesta\u00bb; y (v) \u00ablos medios de prueba aportados dan cuenta de que (\u2026) [se fij\u00f3] la p\u00e9rdida de la capacidad laboral de [la pretensora, por consiguiente,] corresponde a la interesada interponer las acciones legales que considere pertinentes de cara a modificar el resultado de esa valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la demandante, insistiendo en sus alegaciones primigenias. Igualmente, asever\u00f3 que: (i) la Sala \u00abdebi\u00f3 analizar y estudiar las pruebas de forma individual y en conjunto para darse cuenta que las afirmaciones de los representantes legales de las entidades accionadas y vinculadas, carecen de fundamento jur\u00eddico y son muy contradictorias\u00bb; (ii) las compa\u00f1\u00edas confutadas \u00abdebido a la renuencia y falta de gesti\u00f3n de sus funcionarios, [le] est\u00e1n causando un perjuicio irremediable\u00bb y (iii) la decisi\u00f3n proferida por esta Corporaci\u00f3n \u00ab[n]o se ajusta a los hechos (\u2026) que motivaron la tutela\u00bb, [y] \u00ab[s]e funda en consideraciones inexactas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la inviabilidad de interponer tutela contra decisiones de la misma naturaleza; y, de superarse lo anterior, si la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 trasgredi\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas, al proferir el fallo de segunda instancia en el curso de la salvaguarda promovida por la convocante contra Nueva EPS. S.A. y Viva 1A IPS S.A. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto que el actual ataque lo dirige la actora contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el marco del amparo promovido por la solicitante, por no haber resuelto sobre \u00abel reconocimiento y pago de las incapacidades\u00bb. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste en que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado, la revisi\u00f3n y la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, se ha relievado que: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado en que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
4.1. En lo que tiene que ver con la supuesta falta de pronunciamiento en el tr\u00e1mite incidental formulado por la gestora, el juzgado a quo en esa causa indic\u00f3, en el curso de este mecanismo, que en el mes de noviembre de 2020 \u2013es decir, incluso antes de la presentaci\u00f3n de este auxilio\u2013, se declar\u00f3 que no existi\u00f3 desacato por parte de Nueva EPS S.A., por lo que no tiene asidero dicho reproche, tal como refiri\u00f3 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal; aunado a que, si la memorialista considera que se presentan hechos nuevos constitutivos de eventuales incumplimientos, conserva la posibilidad de acudir a trav\u00e9s del citado mecanismo ante el estrado competente. <\/p>\n
4.2. Igualmente, en cuanto a los dem\u00e1s requerimientos instaurados por la querellante con el fin de que se conmine a las entidades a atender las solicitudes enunciadas a trav\u00e9s de esta senda jur\u00eddica \u2013v. gr., la remisi\u00f3n de documentos y la emisi\u00f3n de un nuevo concepto de rehabilitaci\u00f3n\u2013, la Sala precisa que nada obsta para que aquella radique directamente las peticiones o recursos que estime pertinentes, ante las corporaciones competentes. Lo anterior, en tanto, dado el car\u00e1cter residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir actuaciones que corresponden a la interesada. <\/p>\n
4.3. Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud de la libelista para que la Superintendencia Nacional de Salud investigue las conductas de las convocadas e intervinientes en este ruego tuitivo, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si la inconforme \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y, frente a los dem\u00e1s pedimentos, se pretermite el criterio de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 24 de agosto de 2022, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC11789-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC11789-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00220-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de marzo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-66972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}