STC11790-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11790-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02970-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00035. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abALMAC\u00c9N Y COMPRAVENTA EL REY\u00bb, en procura de que se \u00abgaranti[zara] [la] accesibilidad\u00bb en el sitio donde se desarrolla la actividad econ\u00f3mica y por consiguiente, se ordenara la \u00abconstru[cci\u00f3n] [de una] rampa\u00bb para el ingreso de personas con discapacidad; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien, mediante fallo de 7 de abril de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo y deneg\u00f3 las costas a favor del actor. <\/p>\n
El 27 de julio siguiente, en virtud de la apelaci\u00f3n respecto de la anterior determinaci\u00f3n, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira admiti\u00f3 dicho recurso y corri\u00f3 traslado frente a la sustentaci\u00f3n del mismo a partir del 12 de agosto hoga\u00f1o. <\/p>\n
Expuso el promotor que en esa instancia \u00abSE INAPLICA [el] ART 37 [de la] LEY 472 DE 1998, (\u2026) [el cual] (\u2026) ordena fallar en un t\u00e9rmino perentorio de tiempo, sin embargo [el estrado encartado opta por] (\u2026) aplicar art [el] 121 cgp, para prorrogar el t\u00e9rmino (\u2026) [para emitir la sentencia]\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se ordene a la c\u00e9lula cognoscente proferir una decisi\u00f3n \u00abEN EL (\u2026) TIEMPO QUE LE IMPONE (\u2026) [el] ART 37 [de la] LEY (\u2026) 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que \u00ab[d]ebido al tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho (\u2026), fuera de los asuntos ordinarios, la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes (\u2026), y la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante cada jornada laboral, el recurso se admiti\u00f3 el pasado 27 de julio y, corrido[s] los traslado[s] de ley, pas\u00f3 a despacho nuevamente el 23 de agosto, con el fin de decidir de fondo el asunto constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal enjuiciado incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n popular de la referencia; por, supuestamente, no cumplir los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998, en el tr\u00e1mite de la segunda instancia. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) (\u2026) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del estudio realizado a los argumentos de la demanda y su cotejo con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo afirmado por el libelista, la autoridad fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, puesto que, el 27 de julio de 2022, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el quejoso y, posteriormente, corri\u00f3 traslado de la sustentaci\u00f3n de dicho recurso, a partir del 12 de agosto hoga\u00f1o; actuaciones que se surtieron, incluso, antes de la formulaci\u00f3n de este amparo. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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