STC11794-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11794-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02982-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00216. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el propietario del establecimiento de comercio \u00abEL PALACIO DE LAS BICICLETAS\u00bb, en procura de que se ordenara la \u00abconstrucci\u00f3n de una rampa (\u2026) apta para ciudadanos que se desplacen en silla de ruedas\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien, mediante fallo de 28 de abril de 2022, ampar\u00f3 el derecho colectivo y no decret\u00f3 costas a favor del actor. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud del recurso de alzada, el 26 de agosto hoga\u00f1o la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira efectu\u00f3 la \u00abcondena en costas de primera instancia\u00bb, pero neg\u00f3 dichos rubros en segundo grado. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, al ser favorable la apelaci\u00f3n, el demandado deb\u00eda ser sancionado en ambas instancias. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, se ordene a la colegiatura fustigada \u00abconceder las agencias en derecho a mi favor (\u2026) en ambas instancias (\u2026) amparado [en el] art 365-1 [del] CGP [y] en un t[\u00e9]rmino no superior a 48 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira comparti\u00f3 el link del proceso e indic\u00f3 que \u00abse conoci\u00f3 por esta Sala la acci\u00f3n popular [en comento], donde se emiti\u00f3 la sentencia de segunda instancia, en la que encuentra el actor lesionados sus derechos. En esa providencia [est\u00e1n] contenidas las razones por las cuales esta colegiatura resolvi\u00f3 no imponer condena en costas en segunda instancia, a las que respetuosamente me remito, y descartan la existencia de arbitrariedad en lo resuelto\u00bb. <\/p>\n
2. El Defensor del Pueblo Regional de Risaralda aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que pidi\u00f3 que se le desvinculara del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3 el libelista, por cuanto se abstuvo de condenar en costas en segunda instancia, pese a que se accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En lo que respecta a la censura contra la decisi\u00f3n del tribunal encartado de no reconocer la condena en costas a su favor en ambas instancias, en el fallo que dict\u00f3 en segundo grado al interior de la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00216, pronto se advierte la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que esa determinaci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica tratada en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
Ciertamente, la colegiatura acusada se abstuvo de imponer dicho rubro al all\u00ed convocado, en los t\u00e9rminos reclamados, toda vez que la \u00absentencia [de segundo grado] no revoca en su integridad la del inferior (\u2026)\u00bb, postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Sobre dicho aspecto, ha dicho la Sala de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada entre muchas otras, en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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