STC11798-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11798-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02896-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Jaime Enrique Dur\u00e1n Barrera contra la Sala de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00b0 33876. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, buen nombre, \u00abplazo razonable\u00bb e \u00abimparcialidad judicial, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
En apoyo de su queja, manifest\u00f3 que el 25 de enero de 2011 se dispuso la apertura de la indagaci\u00f3n preliminar en su calidad de Senador del Congreso de la Rep\u00fablica y, posteriormente, el 19 de octubre de 2011 se ordenaron algunas pruebas, tendientes a establecer su \u00abparticipaci\u00f3n (\u2026) en los contratos interadministrativos celebrados por la empresa acueducto Acuasan E.I.C.E. E.S.P. de San Gil, durante la gerencia del doctor Andr\u00e9s Ord\u00f3\u00f1ez Plata\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 7 de diciembre de 2020 se orden\u00f3 el recaudo de nuevas pruebas por \u00abpresunto tr\u00e1fico de influencias\u00bb, con ocasi\u00f3n de los referidos contratos, no obstante, en su criterio, los elementos demostrativos dispuestos resultan excesivos y ajenos a los hechos materia de investigaci\u00f3n, ya que, entre otras cuestiones, se decret\u00f3 un \u00abestudio patrimonial (\u2026) [suyo y de su] n\u00facleo familiar, con ampliaci\u00f3n a los a\u00f1os 2006 a 2012 y la consulta de las patolog\u00edas de un testigo\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en su sentir, se ha \u00abexcedido el plazo razonable\u00bb para decidir su caso, a pesar de las m\u00faltiples peticiones que ha formulado para que se profiera auto inhibitorio, ya que, seg\u00fan se\u00f1ala, la conducta imputada se halla prescrita. <\/p>\n
Explic\u00f3 que si bien en un \u00abauto de sustanciaci\u00f3n\u00bb de 17 de junio de 2022 se le indic\u00f3 que su solicitud de inhibici\u00f3n no se resolver\u00eda hasta que finalizara el recaudo probatorio, esa determinaci\u00f3n \u00abconlleva el desconocimiento del debido proceso (\u2026), por cuanto se dispone continuar una indagaci\u00f3n sin competencia, configur\u00e1ndose (\u2026) defecto org\u00e1nico\u00bb, as\u00ed como otras vulneraciones a los derechos que reclama. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3, \u00abORDENAR a la Magistrada Ponente CRISTINA EUGENIA LOMBANA VEL\u00c1ZQUEZ el REGISTRO DE PROYECTO ante la Sala de Instrucci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de RESOLVER LAS SOLICITUDES FORMALES DE [su] DEFENSA (\u2026), encaminada a que se dicte AUTO INHIBITORIO, en raz\u00f3n de las causales subjetivas como objetivas, de atipicidad de la conducta (subjetiva) y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal (objetiva). <\/p>\n
ORDENAR PRONUNCIAMIENTO mediante AUTO INTERLOCUTORIO, porque que no se ha dado la oportunidad de controvertir las pruebas incorporadas en la etapa de indagaci\u00f3n y de recurrir las decisiones adoptadas, para acceder a la segunda instancia. <\/p>\n
PRONUNCIARSE sobre la DELIMITACI\u00d3N DE LA COMPETENCIA en la investigaci\u00f3n de los hechos, objeto de la INDAGACI\u00d3N PRELIMINAR\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n relat\u00f3 los antecedentes del asunto criticado y pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, comoquiera que es improcedente, dado que se encuentran en curso las diligencias preliminares y, en ellas, el actor \u00abcuenta con mecanismos de protecci\u00f3n de sus derechos que resultan id\u00f3neos y eficaces\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradora Primera Delegada para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal advirti\u00f3 la procedencia del auxilio al haber transcurrido un plazo irrazonable para decidir el tr\u00e1mite, sin que puedan imponerse requisitos no previstos por el legislador; por tanto, se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda disponerse la emisi\u00f3n \u00abde una decisi\u00f3n de fondo que se pronuncie sobre la petici\u00f3n de inhibici\u00f3n donde se hace menci\u00f3n a la probable prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal y que fue elevada por el Defensor del mentado Parlamentario\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Solo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, se hayan agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Inicialmente advierte la Sala, que la queja del solicitante en relaci\u00f3n con la presunta tardanza en la que ha incurrido la Sala de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, para impulsar y fallar el proceso penal seguido en su contra, resulta improcedente al desconocer el presupuesto de la subsidiariedad, ya que no se evidencia que el accionante hubiera propuesto los mecanismos de defensa a su alcance, ante el juez natural, para lograr la celeridad que reclama. <\/p>\n
Ciertamente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000 -norma aplicable al caso reprochado-, el accionante cuenta con la posibilidad de recusar a la Magistrada que conoce del asunto, pues estar\u00e1 impedido \u00abel funcionario judicial [que] haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb, sin embargo, no se observa que activara tal medio procesal, circunstancia que por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, hace inviable este amparo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como lo ha reiterado esta Sala en m\u00faltiples oportunidades (Ver CSJ. STC13795-2015, STC3568-2021, STC7932-2022 y STC10260-2022, entre otras), el procedimiento descrito resulta id\u00f3neo para para dilucidar las cuestiones relativas a la tardanza injustificada que se les critique a los funcionarios penales, por lo tanto, se insiste, sobre este punto el amparo resulta improcedente. <\/p>\n
3. Tampoco se abren paso las dem\u00e1s quejas, orientadas a lograr que se le imponga a la funcionaria atacada pronunciarse sobre las solicitudes de \u00abautos inhibitorios\u00bb propuestas por el actor y lo concerniente a correrle traslado de todos los elementos de prueba hasta ahora recaudados. <\/p>\n
3.1 Sobre lo primero, basta decir, que, como lo se\u00f1al\u00f3 el accionante, en providencia de 17 de junio de 2022 se le advirti\u00f3 que, previo a sus reclamaciones para lograr la \u00abinhibici\u00f3n\u00bb, deb\u00edan cumplirse los fines de la instrucci\u00f3n o diligencias preliminares, conforme al art\u00edculo 331 de la Ley 600 de 2000, lo cual evidencia que ya existe un pronunciamiento sobre el particular, que, adem\u00e1s, no fue controvertido por el reclamante. <\/p>\n
3.2 En cuanto al segundo reproche se\u00f1alado, se observa que la instrucci\u00f3n cuestionada se halla en pleno tr\u00e1mite, sin que sea posible al juez de tutela intervenir en esa etapa para imponerle a la autoridad denunciada, anticipadamente, la adopci\u00f3n de decisiones que est\u00e1n en su \u00f3rbita de competencia. <\/p>\n
3.3 Adem\u00e1s, se encuentra que el actor ha tenido conocimiento de algunas de las pruebas practicadas -pues aport\u00f3 copias a este tr\u00e1mite- y, respecto de las que, seg\u00fan asegur\u00f3, no se le ha dado traslado, tampoco se observa que hubiese acudido ante la Corporaci\u00f3n accionada para reclamar tal gesti\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Sala ha indicado que a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (Ver CSJ. STC1399-2021 y, STC6754-2022 entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Enrique Dur\u00e1n Barrera contra la Sala de Instrucci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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