STC11808-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11808-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02941-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda Sala Civil Familia Laboral, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal de radicado No. 00-2016-00508. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Yuli Margot Bitar Arrieta present\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal en su contra, que admiti\u00f3 el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda el 19 de mayo de 2019. <\/p>\n
Sostuvo que la diligencia de inventarios y aval\u00faos se realiz\u00f3 el 19 de agosto de 2019, y en la partida de activos que se aprob\u00f3, se relacionaron todos los inmuebles que figuraban a su nombre en la Urbanizaci\u00f3n M\u00e1ndala Etapa I, entre ellos, un terrero en el que se efectu\u00f3 un loteo que se protocoliz\u00f3 en escritura P\u00fablica No. 2996 de 10 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Tercera de Monter\u00eda, bienes que hab\u00edan vendido con su exesposa. <\/p>\n
Explic\u00f3 que posteriormente, el 11 de febrero de 2021 el Juzgado de conocimiento aprob\u00f3 un inventario adicional pese a que, el avaluador de los lotes referidos, afirm\u00f3 que, sobre algunos de ellos, los propietarios de los mismos levantaron viviendas de inter\u00e9s prioritario VIP con \u00e1rea de 46 metros cuadrados de construcci\u00f3n, pero que estos no hab\u00edan cumplido con el deber de registrar las escrituras de compraventa en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, y, tampoco tuvo en cuenta la manifestaci\u00f3n efectuada por su apoderada judicial, en el sentido que, \u00aben el certificado de tradici\u00f3n y libertad solo fue objeto de registro el loteo de acuerdo con la escritura 2996 de 2010\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como el Juzgado de conocimiento resolvi\u00f3 aprobar el inventario adicional \u00aba sabiendas que el acto de aprobaci\u00f3n era ilegal porque las construcciones no ten\u00edan licencia\u00bb, raz\u00f3n por la que se encontraba viciado de nulidad absoluta, por \u00abcarencia de requisitos o formalidades que la ley prescribe para el valor del acto atendiendo su naturaleza, y la ausencia de los requisitos que la ley se\u00f1ala para el valor del acto\u00bb como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil, su apoderado judicial lo objet\u00f3 y el Tribunal Superior de Monter\u00eda confirm\u00f3 la decisi\u00f3n el 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicit\u00f3 ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada dejar sin efectos la providencia de 21 de mayo de 2021 y, proferir un auto que \u00abse ajuste a la Ley y a la constituci\u00f3n de la partici\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y a lo que legalmente se encuentra inscrito en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional, y orden\u00f3 el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda respondi\u00f3 que, el 11 de febrero de 2021 se pronunci\u00f3 sobre la objeci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos presentada por el demandado Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda, y orden\u00f3 la exclusi\u00f3n de algunos bienes y la aprobaci\u00f3n de otros, decisi\u00f3n que fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n resuelto en providencia de 21 de mayo de 2021 por el Tribunal Superior, quien confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n atacada, que ahora afirma el accionante es violatoria de la ley y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el accionante dirige su reclamo constitucional, contra los autos proferidos por el Juzgado Tercero de Familia Monter\u00eda en audiencia de 11 de febrero de 2021 mediante el cual resolvi\u00f3 negar la objeci\u00f3n formulada por el demandado aqu\u00ed accionante a los inventarios y aval\u00faos presentados por la demandante, desat\u00f3 de manera adversa el recurso de reposici\u00f3n formulado contra dicha determinaci\u00f3n, y concedi\u00f3 el subsidiario de apelaci\u00f3n, y, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda el 21 de mayo de 2021, mediante el cual confirm\u00f3 el anterior. <\/p>\n
3. Ante ese panorama, se advierte que la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 19 de agosto de 2022, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 002 del expediente digital), esto es, luego de pasados quince (15) meses despu\u00e9s de proferirse el auto de segunda instancia, lo que descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales imploradas, pues supera ampliamente el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (Ver CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior impide al fallador constitucional entrar a analizar el fondo de la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n a que el accionante se demor\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, e igualmente no aleg\u00f3, ni acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo momento en que conoci\u00f3 la providencia, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario accionado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
4. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil Familia Laboral. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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