STC11809-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11809-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02956-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Sof\u00eda G\u00f3mez Camacho contra la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Magdalena Medio y Santander\u2013, la Alcald\u00eda Municipal de Gir\u00f3n \u2013Santander, el \u00abcomandante de las Fuerzas Militares\u00bb, la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en Gir\u00f3n -Santander -, Ra\u00fal Ortiz Mora y Luisa Mercedes Bueno Sandoval, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucuri, y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado No. 68001312100120170006801. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por los accionados al omitir contestarle la solicitud que les formul\u00f3 el 1\u00ba de agosto de 2022. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con dicha petici\u00f3n pretendi\u00f3 obtener \u00abuna explicaci\u00f3n m\u00e1s clara y precisa y de fondo sobre los hechos ocurridos en [las] tierras que [le] despojaron\u00bb y que Ra\u00fal Ortiz Mora y Luisa Mercedes Bueno Sandoval le devolvieran su finca, sin embargo, a la fecha de formulaci\u00f3n de este amparo -22 de agosto de 2022-, no ha obtenido ninguna respuesta de los accionados. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenarles \u00abresolver de fondo\u00bb su derecho de petici\u00f3n y, subsidiariamente, disponer \u00ablo que considere pertinente para garantizar el restablecimiento de [su] derecho fundamental de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 25 de agosto de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, remiti\u00f3 a esta Sala por competencia el amparo antes rese\u00f1ado, pues advirti\u00f3 que en la queja se hallaba involucrado el Tribunal Superior de C\u00facuta, Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras. <\/p>\n
4. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal convocado envi\u00f3 el enlace de acceso al proceso cuestionado. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Magdalena medio y Santander\u2013 y la Alcald\u00eda Municipal de Gir\u00f3n -Santander-, contestaron, por separado, que no han recibido la petici\u00f3n referida por la solicitante. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho fundamental de todas las personas a elevar solicitudes respetuosas ante las autoridades p\u00fablicas y, eventualmente, ante los particulares, \u00abpor motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n\u00bb, y como lo ha comprendido esta Sala, dicha garant\u00eda implica que la respuesta enviada a los interesados sea oportuna, clara, concreta y congruente con lo solicitado y se notifique en los precisos plazos establecidos por la ley, sin que ello signifique acceder positivamente a lo pretendido (Ver CSJ. STC de 19 de marzo de 2014, exp. 2014-00053-01, reiterada en STC977-2020 y STC10499-2022, entre muchas otras). <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado, <\/p>\n
\u00abNo resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Ver CSJ. STC5343-2022, entre otras). <\/p>\n
En consecuencia, cuando por v\u00eda de tutela se alega la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud se restringe a actuaciones netamente administrativas o si, por el contrario, concierne a un asunto propio del proceso, evento en el cual deber\u00e1 verificarse lo relativo al debido proceso. <\/p>\n
2. Determinado lo anterior y revisados los soportes allegados a este tr\u00e1mite, observa la Sala que solo se encuentra demostrada la presentaci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb referido por la actora, a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, no as\u00ed, respecto de las dem\u00e1s entidades y particulares accionados. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, es inviable adelantar un estudio sobre la \u00abpetici\u00f3n\u00bb que afirma la actora alleg\u00f3 ante el \u00abcomandante de las Fuerzas Militares\u00bb, la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en Gir\u00f3n -Santander, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Magdalena medio y Santander\u2013, la Alcald\u00eda Municipal de Gir\u00f3n -Santander-, Ra\u00fal Ortiz Mora y Luisa Mercedes Bueno Sandoval, ya que se desconoce el contenido de la misma y su fecha de formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Debe destacarse que esta Sala, en casos an\u00e1logos y en m\u00faltiples ocasiones ha exigido, para emprender un an\u00e1lisis sobre la posible vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n, la demostraci\u00f3n de su presentaci\u00f3n ante los accionados, por lo tanto, como en la situaci\u00f3n que se analiza no se cuenta con elementos demostrativos que permitan establecer el objeto de la solicitud y el conocimiento de la misma frente a los accionados en l\u00edneas anteriormente indicados, resulta improcedente la protecci\u00f3n del derecho invocado. <\/p>\n
En efecto, sobre ese \u00faltimo aspecto, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[para] emprender un an\u00e1lisis concreto que permita establecer si hubo o no vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n, (\u2026) el accionante [debe aportar] los elementos de prueba necesarios para concluir con certeza la infracci\u00f3n del orden constitucional, y en particular, debe acreditar la existencia material de la petici\u00f3n, y por supuesto, el hecho mismo de haberla puesto en conocimiento de la entidad destinataria de la solicitud, lo que es esencial para analizar, entre otros factores, si se excedi\u00f3 el tiempo m\u00e1ximo de respuesta, o si en verdad la contestaci\u00f3n fue completa y de fondo (Ver CSJ. STC, 27 en. 2011, rad. 2010-00305-01; reiterada el 13 sep. 2013, rad. 2013-00660-01, reiterada en STC184-2022, entre otras). <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
En consecuencia, como no pudo establecerse la efectiva formulaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n ante la referida direcci\u00f3n administrativa, no cabe reprochar la falta de soluci\u00f3n, por lo que improcedente ser\u00eda conceder el resguardo por esta pretensi\u00f3n (Ver CSJ. STC12944-2021, reiterada en STC184-2022). <\/p>\n
3. Fijado lo anterior, corresponde ahora estudiar la vulneraci\u00f3n que la se\u00f1ora Sof\u00eda G\u00f3mez Camacho le critica a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, por omitir pronunciarse frente a la petici\u00f3n formulada el 1\u00ba de agosto de 2022. <\/p>\n
Revisadas las pruebas aportadas, particularmente el link del expediente de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00ba 68001312100120170006801, advierte la Sala que en ese tr\u00e1mite y en la fecha referida, la actora alleg\u00f3 una solicitud con la que demand\u00f3, en concreto, \u00abrevocar la sentencia (\u2026) de 7 de julio de 2021 (\u2026), suspender el desalojo\u00bb, imponerle a Ra\u00fal Ortiz Mora y Luisa Mercedes Bueno Sandoval que le pagaran \u00abla fundaci\u00f3n de las tierras que [le] dej\u00f3 [su] padre (\u2026) hace 29 a\u00f1os atr\u00e1s y no desalojarla hasta que se le brinde una explicaci\u00f3n (\u2026) [de la] situaci\u00f3n jur\u00eddica, remitiendo copia del expediente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb e investigar a las personas mencionadas. <\/p>\n
3.1 As\u00ed las cosas y como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, en este escenario no corresponde determinar la posible lesi\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n, por parte de la citada Corporaci\u00f3n, sino el debido proceso, pues lo que se reclama no se trata de cuestiones administrativas sino eminentemente judiciales. <\/p>\n
3.2 As\u00ed las cosas, si bien se encuentra que el Tribunal Superior de C\u00facuta a\u00fan no ha atendido la solicitud rese\u00f1ada, el amparo no sale adelante, porque de la revisi\u00f3n del proceso referenciado no puede concluirse una mora injustificada que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, toda vez que en el mencionado expediente, se observa que adem\u00e1s de la petici\u00f3n de la accionante, se recibieron otras solicitudes en fechas posteriores provenientes de algunos de los interesados en el tr\u00e1mite y del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de San Vicente de Chucuri, reclamaciones que, junto con la de la accionante, ingresaron a despacho el 24 de agosto de 2022 para resolver lo pertinente. <\/p>\n
Por tanto, se insiste, no se establece un lapso desmedido que exija del juez constitucional la adopci\u00f3n de medidas para conjurarlo, no obstante, se exhortar\u00e1 al Tribunal Superior accionado para que, si no lo ha hecho, atienda con premura las reclamaciones de la accionante, a fin de evitar la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas y en aras de que pueda comprender, con claridad, lo sucedido en el proceso de tierras que reprocha. <\/p>\n
4. En consecuencia, se negar\u00e1 el amparo solicitado, sin perjuicio de la exhortaci\u00f3n referida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Sof\u00eda G\u00f3mez Camacho contra la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Magdalena Medio y Santander\u2013, la Alcald\u00eda Municipal de Gir\u00f3n \u2013Santander, el \u00abcomandante de las Fuerzas Militares\u00bb, la Polic\u00eda Nacional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en Gir\u00f3n -Santander -, Ra\u00fal Ortiz Mora y Luisa Mercedes Bueno Sandoval. <\/p>\n
Se exhorta a la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, para que, a la menor brevedad, se pronuncie sobre la solicitud formulada por la accionante el 1\u00ba de agosto de 2022, dentro del radicado N\u00ba 68001312100120170006801. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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