STC11828-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11828-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2022-00157-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de julio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Gerardo Herrera contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados en la acci\u00f3n popular de radicado 17001310300320210018600. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que el promotor adelant\u00f3 la referida acci\u00f3n popular contra la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Manizales, la cual fue admitida por el Juzgado accionado en auto del 29 de octubre de 2021, en el que se orden\u00f3 al actor popular publicar el aviso a la comunidad en un medio masivo de comunicaci\u00f3n o a trav\u00e9s de cualquier mecanismo eficaz; adem\u00e1s, se dispuso la publicaci\u00f3n del aviso en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, para lo cual el Despacho envi\u00f3 el correo electr\u00f3nico respectivo el 13 de enero de 2022. <\/p>\n
Luego de varias gestiones desplegadas por el Juzgado convocado, el 11 de julio de 2022 se tuvo por notificadas a las entidades vinculadas y por no contestada la demanda por parte de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Manizales. Tambi\u00e9n se dispuso enviar al impulsor el aviso dirigido a la comunidad, para que realizara la correspondiente publicaci\u00f3n, concedi\u00e9ndole un t\u00e9rmino de 30 d\u00edas para el efecto, so pena de tener por desistida la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El 12 de julio siguiente, el accionante alleg\u00f3 memorial, en el que inform\u00f3 que no publicar\u00eda el aviso, dado que \u00abNO ES MI OBLIGACI\u00d3N, PERO SI LA SUYA\u00bb e indic\u00f3 que, ante la mora judicial, desist\u00eda de la acci\u00f3n1. <\/p>\n
3. Al respecto, el actor censura que radic\u00f3 la acci\u00f3n popular desde el a\u00f1o 2021 y a\u00fan no se ha informado a la comunidad acerca de la misma, por lo que estima que el operador judicial de conocimiento ha desconocido los deberes de celeridad, impulso oficioso y cumplimiento de t\u00e9rminos legales. Aleg\u00f3, adem\u00e1s, que el convocado \u00abcree que puede imponer conductas procesales que no son m\u00edas\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3 conforme a lo relatado que se ordene al Juzgado atacado \u00abinformar a la comunidad\u00bb como lo dispone la Ley 472 de 1998, dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 84 \u00eddem y que se acepte el desistimiento de la acci\u00f3n popular, ante el incumplimiento de los plazos legales para su tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
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1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito inform\u00f3 que, mediante auto del 18 de julio de 2022, orden\u00f3 al comandante del Departamento de Polic\u00eda de Caldas dar aviso sobre la existencia de la demanda y, el 19 de julio siguiente, neg\u00f3 el desistimiento, por ser una petici\u00f3n contradictoria, pues el actor popular tambi\u00e9n reclam\u00f3 el impulso procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas manifest\u00f3 que se debe verificar el procedimiento impartido a la acci\u00f3n popular en estudio y determinar si se dio o no un uso racional a los t\u00e9rminos legales correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el amparo, toda vez que fue interpuesto por el actor \u00abcuando sus reclamaciones a\u00fan no hab\u00edan sido resueltas por el juez natural\u00bb, sin acreditar la existencia de un perjuicio irremediable que tornara viable la tutela como mecanismo transitorio. Estableci\u00f3, igualmente, que el Juzgado accionado se pronunci\u00f3 frente a las pretensiones del promotor, en prove\u00eddo del 18 de julio de 2022, contra el cual interpuso recurso de reposici\u00f3n, de manera que el gestor estaba ejerciendo los mecanismos ordinarios de defensa, lo cual tornaba inviable la salvaguarda invocada. <\/p>\n
De otro lado, advirti\u00f3 que, si el tutelante considera que el funcionario judicial de conocimiento ha incurrido en alguna conducta disciplinaria, deb\u00eda interponer la queja ante la autoridad competente. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que \u00abla mora judicial es notoria y por ello, exijo en derecho se ordene aceptar mi desistimiento\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que el Despacho accionado se niega a informar a la comunidad sobre la acci\u00f3n constitucional a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web y orden\u00f3 que lo realizara la Polic\u00eda, \u00ablo que dilata cada vez m\u00e1s el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la presunta mora del Juzgado accionado en publicar el aviso para informar a la comunidad sobre la existencia de la acci\u00f3n popular por \u00e9l instaurada, por lo que, en su criterio, se debe aceptar el desistimiento presentado, derivado del incumplimiento del operador judicial de los t\u00e9rminos previstos para el proceso respectivo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisado el expediente allegado, se advierte que la tutela interpuesta carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pues en la acci\u00f3n popular de radicado 2021-00186, luego de que en el auto admisorio y en providencia del 11 de julio de 2022, el Juzgado accionado impusiera la carga al actor popular de publicar el aviso de comunicaci\u00f3n a la comunidad en un medio de amplia circulaci\u00f3n, el promotor present\u00f3 memorial el d\u00eda siguiente, en el cual expuso su desacuerdo con tal obligaci\u00f3n e indic\u00f3 que desist\u00eda de la demanda. Seguidamente, el 15 de julio de 2022 radic\u00f3 la presente petici\u00f3n de amparo constitucional. <\/p>\n
De lo anterior se evidencia que lo relativo a la publicaci\u00f3n del aviso por parte del accionante, la eventual mora en la publicaci\u00f3n de este y el desistimiento manifestado estaban siendo objeto de discusi\u00f3n en el proceso atacado, pues el tutelante hab\u00eda expuesto sus inconformidades ante el competente el 12 de julio de 2021, de manera que la protecci\u00f3n constitucional se interpuso en forma prematura y, por lo mismo, es improcedente, dado que cuando se acudi\u00f3 a esta excepcional v\u00eda no se hab\u00eda definido el asunto en el juicio correspondiente. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
\u2026es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2026 CJS STC11209-2020. <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha sostenido que es apresurado instaurar una acci\u00f3n de tutela, <\/p>\n
sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. CSJ STC5325-2019. <\/p>\n
3. Ahora bien, en el tr\u00e1mite de la primera instancia constitucional, el Juzgado accionado emiti\u00f3 auto el 18 de julio de 2021, mediante el cual dispuso \u00aboficiar al comandante del Departamento de Polic\u00eda de Caldas a fin de que d\u00e9 lectura en la emisora de la Polic\u00eda Nacional \u2013 Manizales, del aviso a la comunidad que informa sobre la existencia de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. Esa decisi\u00f3n fue adicionada el 19 de julio siguiente, en el sentido de negar el desistimiento invocado, porque era una petici\u00f3n contradictoria, dado que al mismo tiempo se requiri\u00f3 impulso procesal2. <\/p>\n
Frente a esa providencia, como lo destac\u00f3 el a quo constitucional, el actor popular present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, que estaba en curso cuando se emiti\u00f3 el fallo impugnado y que fue desatado el 4 de agosto siguiente. <\/p>\n
En cuanto a las anteriores actuaciones, la Sala se abstendr\u00e1 de emitir pronunciamiento, pues configuran hechos nuevos, que no hicieron parte del l\u00edbelo introductor y, al ser posteriores a la interposici\u00f3n de la tutela, no fueron objeto de examen de fondo en la primera instancia; por tanto, un estudio en esta sede implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n al debido proceso de las partes y de la autoridad demandada. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, respecto a la pretensi\u00f3n de dar aplicaci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, que contempla que \u00abLa inobservancia de los t\u00e9rminos procesales establecidos en esta ley, har\u00e1 incurrir al Juez en causal de mala conducta, sancionable con destituci\u00f3n del cargo\u00bb, resulta pertinente se\u00f1alar que, si el tutelante considera que el funcionario judicial cognoscente ha incurrido en alguna falta, debe presentar la queja ante la autoridad competente, pues el juez de tutela no est\u00e1 facultado para definir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales, la cual debe establecerse a trav\u00e9s del procedimiento respectivo. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida impugnada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 12, expediente 12021-00186. <\/p>\n
2\u0002 Documento 18 y 22, expediente 12021-00186. <\/p>\n
<\/p>\n
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