STC11836-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11836-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-002-2020-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de agosto de 20201 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Domingo Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y al Banco BBVA, as\u00ed como a los intervinientes en el proceso de radicado 20001400300520170028800. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad y m\u00ednimo vital. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor se\u00f1al\u00f3 que, el 5 de marzo de 2014, adquiri\u00f3 el cr\u00e9dito de libranza 158-9603095213 con el Banco BBVA de Valledupar, que fue amparado por la p\u00f3liza de vida del grupo deudores de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. <\/p>\n
2.2. El 8 de agosto de 2016, la Uni\u00f3n Temporal UT Red Integrada Foscal Cub estableci\u00f3 que \u00e9l ten\u00eda una patolog\u00eda de \u00abCardiomiopat\u00eda Isqu\u00e9mica, Diabetes Mellitus e Hipertensi\u00f3n arterial con un PCL del 100% y fecha de estructuraci\u00f3n 08 de agosto de 2016 de enfermedad com\u00fan\u00bb, raz\u00f3n por la cual present\u00f3 una reclamaci\u00f3n, a fin de hacer efectiva la p\u00f3liza. <\/p>\n
2.3. El 14 de octubre de 2016, la aseguradora le notific\u00f3 la objeci\u00f3n al pago, argumentando \u00abuna presunta reticencia o inexactitud en la declaratoria de asegurabilidad de los antecedentes m\u00e9dicos de los a\u00f1os 2002 y 2009\u00bb. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, radic\u00f3 una demanda verbal de responsabilidad civil contractual contra el banco BBVA Colombia S.A. y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., que correspondi\u00f3 al \u00abJuzgado Quinto Civil Municipal, para la \u00e9poca transitoriamente juzgado tercero civil de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple de Valledupar\u00bb, el cual, por sentencia del 9 de julio de 2019, accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 a la aseguradora al pago de la p\u00f3liza. <\/p>\n
2.5. El 5 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, sin tener en cuenta el \u00abprecedente jurisprudencial actual de la Corte Constitucional dispuesto en la sentencia como la T-027 de 2019\u00bb, adem\u00e1s interpret\u00f3 de manera equivocada las pruebas y el alcance de las normas. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado accionado y, en consecuencia, que se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n, de conformidad con los precedentes de la Corte Constitucional, para que se condenara a la aseguradora al pago de la p\u00f3liza de vida. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar rindi\u00f3 informe de las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
2. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que el actor \u00abno explic\u00f3 cu\u00e1l fue la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales o cuales fueron los yerros cometidos por el despacho que tengan relevancia constitucional\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la determinaci\u00f3n del 5 de febrero de 2020 \u00abno vulner\u00f3 derecho alguno al accionante, por el contrario, esa decisi\u00f3n es razonable y se ajusta a las normas sustanciales y a la jurisprudencia vigente\u00bb. Asegur\u00f3 que no era procedente la aplicaci\u00f3n de las sentencias T-027 de 2019 y STL3608 de 2019, \u00abdebido a que los supuestos facticos ah\u00ed estudiados distan de los analizados en esta oportunidad\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la tutela y destac\u00f3 que, a pesar de que el objeto principal de esta fue mostrar \u00abel desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional [\u2026] el a quo fue insistente en tomar un an\u00e1lisis poco pro homine de las condiciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas del caso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el quejoso cuestiona la determinaci\u00f3n emitida el 5 de febrero de 2020 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, porque no se valoraron adecuadamente las pruebas allegadas al proceso y no se aplic\u00f3 el precedente constitucional aplicable. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, considera la Sala que la determinaci\u00f3n rebatida, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico y, por tanto, la salvaguarda pretendida carece de vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
2.1. En efecto, se observa que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, en el fallo del 5 de febrero de 2020 expuso motivadamente las razones que lo llevaron a revocar la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Tercero Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esa misma ciudad. <\/p>\n
Para ello, luego de hacer referencia al contrato de seguro y a los art\u00edculos 845, 1058 y 1160 del C\u00f3digo de Comercio, procedi\u00f3 a se\u00f1alar que, en el caso objeto de estudio, era evidente que la aseguradora hab\u00eda puesto en conocimiento del tomador asegurado \u00abun cuestionario previamente preparado por dicha entidad\u00bb y que, adem\u00e1s, estaba acreditado, con la historia cl\u00ednica o la epicrisis del se\u00f1or Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, que: <\/p>\n
\u2026 este mediante atenciones m\u00e9dicas brindadas por la fundaci\u00f3n m\u00e9dico preventiva, reporta en su historia cl\u00ednica hipertensi\u00f3n, diabetes mellitus, y nefrostom\u00eda derecha, diagn\u00f3sticos que se encuentran reportados desde noviembre de 2009, acentu\u00e1ndose que en su historia cl\u00ednica se reportan para el a\u00f1o 2011, constantes y frecuentes visitas de la prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos [\u2026], report\u00e1ndose entonces en todas ellas como diagn\u00f3stico y procedimientos la descripci\u00f3n de la diabetes mellitus, la hipertensi\u00f3n y la nefrostom\u00eda derecha, ello indica que para el momento de la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza de seguros objeto de estudio ocurrido en febrero de 2014, el tomador padec\u00eda de enfermedades cr\u00f3nicas definidas tales como procesos patol\u00f3gicos de evoluci\u00f3n prolongada que no se resuelven espont\u00e1neamente y que rara vez alcanzan una curaci\u00f3n completa, entre las enfermedades cr\u00f3nicas aparecen dentro de la literatura m\u00e9dica como las m\u00e1s importantes precisamente las padecidas y diagnosticadas en el demandante como lo son la hipertensi\u00f3n arterial sist\u00e9mica, la diabetes entre otras\u2026 <\/p>\n
Luego, procedi\u00f3 a precisar la diferencia y la naturaleza entre las figuras conocidas como la preexistencia y la reticencia, siendo la primera de naturaleza objetiva, pues, para su declaraci\u00f3n, basta con \u00abla acreditaci\u00f3n de la existencia de una enfermedad anterior a la toma del seguro\u00bb, mientras que la segunda, siendo de naturaleza subjetiva, requiere, adem\u00e1s del padecimiento de una enfermedad con anterioridad a la toma del seguro, la valoraci\u00f3n de \u00abla conducta y comportamiento del tomador al momento de suscripci\u00f3n del negocio (\u2026) en consideraci\u00f3n al ocultamiento por no haber manifestado con sinceridad el verdadero estado del riesgo\u00bb. <\/p>\n
Tomando en cuenta lo anterior, asegur\u00f3 que el juez de primera instancia incurri\u00f3 en una \u00abinadecuada y equivocada valoraci\u00f3n del material probatorio arrimado al proceso\u00bb, pues analiz\u00f3 de manera aislada el interrogatorio rendido por el se\u00f1or Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, sin tener en cuenta el resto del material probatorio. <\/p>\n
2.2. Igualmente, el Juzgado demandado hizo alusi\u00f3n al art\u00edculo 1158 del C\u00f3digo de Comercio, a fin de indicar que all\u00ed se establece una carga para el tomador del seguro al momento de manifestar su estado de riesgo, \u00abcuando dispone que aunque el asegurador prescinda del examen m\u00e9dico, el asegurado no podr\u00e1 considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el 1058, ni de las sanciones a que su infracci\u00f3n da lugar\u00bb y, precisamente, sobre esta tem\u00e1tica procedi\u00f3 a citar el criterio plasmado en la sentencia del 1 de julio de 2007, de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la que se expuso: <\/p>\n
Es indudable que el contratante de un seguro de vida est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias determinantes del estado de riesgo como quiera que la inexactitud del que incurra al responder el cuestionario correspondiente, atenta contra el principio de la buena fe que en esta especie de contrato sube de tono, porque le imponen a \u00e9l la carga precontractual de declarar con apego a la verdad, todo cuanto deba saber el asegurador para asumir o no la eventual contingencia, pero adem\u00e1s la falta de veracidad antes o durante su ejecuci\u00f3n, pone a operar el fen\u00f3meno de la nulidad relativa porque en el fondo lo que se castiga es la traici\u00f3n del tomador a la confianza que el asegurador deposit\u00f3 en \u00e9l con base en la cual se procedi\u00f3 a contratar. <\/p>\n
De todo lo anterior, logr\u00f3 establecer que era viable la declaratoria de nulidad relativa del contrato de seguro, en tanto consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no interesa, si el tomador firm\u00f3 o no una autorizaci\u00f3n respecto a la verificaci\u00f3n de su estado de salud, puesto que inicial y primariamente, pone en desventaja a la aseguradora, al no manifestar de manera clara e inequ\u00edvoca las enfermedades que padec\u00eda, y por las cuales fue indagado en el cuestionario de asegurabilidad, para de esta forma poder determinar el estado de riesgo del beneficiario. Se tendr\u00e1 en cuenta la reticencia demostrada en la declaraci\u00f3n de asegurabilidad en que incurri\u00f3 el hoy demandante, Jos\u00e9 Domingo Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, al no informar con veracidad lo indagado mediante el cuestionario puesto a \u00e9l de presente al momento de la toma de la p\u00f3liza. <\/p>\n
3. Analizado en contexto lo decidido se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas oportunamente recaudadas, de jurisprudencia relacionada y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
En concreto, de la la historia cl\u00ednica, el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, el interrogatorio del demandante y el cuestionario de asegurabilidad, se constat\u00f3 que el se\u00f1or Jim\u00e9nez Gonz\u00e1lez, desde el 2009, ven\u00eda padeciendo los diagn\u00f3sticos de cardiomiopat\u00eda isqu\u00e9mica, hipertensi\u00f3n arterial y diabetes mellitus, sobre todo los dos \u00faltimos, circunstancia que no puso de presente al momento de suscribir el contrato de seguro 0110043 del 21 de febrero de 2014, cuando se le requiri\u00f3 sobre las enfermedades que padec\u00eda, de las cuales, por ser cr\u00f3nicas, ten\u00eda pleno conocimiento, lo cual configur\u00f3 una inexactitud en la informaci\u00f3n suministrada, pues estaba claro que el tomador-asegurado ocult\u00f3 las patolog\u00edas preexistentes, lo cual dio lugar a que se negara lo reclamado. <\/p>\n
3.1. Al respecto, esta Sala, en sentencia CSJ STC045-2022, analiz\u00f3 un caso de similares caracter\u00edsticas al aqu\u00ed estudiado, en el que tambi\u00e9n se discut\u00eda la razonabilidad de la decisi\u00f3n que revocaba la sentencia de primera instancia en un proceso de responsabilidad civil contractual y, en su lugar, se declaraba la nulidad relativa del contrato de seguro, por reticencia. <\/p>\n
En dicha oportunidad, luego de revisar las pruebas allegadas al proceso, como la historia cl\u00ednica, el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral y el interrogatorio de la demandante, se encontr\u00f3 acreditado que \u00abdesde antes de la vigencia de la p\u00f3liza de vida grupo deudores adquirida por la promotora (24 jul 2013 y 17 sep 2017) para el cr\u00e9dito tomado con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., aquella ya hab\u00eda sido diagnosticada con graves dolencias lumbares\u00bb y que, al omitir dicha informaci\u00f3n \u00abal momento de diligenciar la declaraci\u00f3n de asegurabilidad\u00bb, se \u00abconfigur\u00f3 la reticencia o inexactitud en la misma, pues es evidente que la beneficiaria ocult\u00f3 ese estado de riesgo preexistente\u00bb, raz\u00f3n por la cual se confirm\u00f3 la negativa del resguardo constitucional, por encontrar que la determinaci\u00f3n controvertida no era caprichosa, subjetiva ni arbitraria. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionadas -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, en providencia CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01, resalt\u00f3 que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb2. <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
11 El asunto fue enviado para tr\u00e1mite a esta Sala hasta el 9 de agosto de 2022. Seg\u00fan certificado secretarial del Tribunal, \u00abse deja constancia de haberse encontrado la acci\u00f3n de tutela de la referencia traspapelada, raz\u00f3n por la que es enviada hasta el d\u00eda de hoy\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Postura reiterada, entre otras, en las sentencias STC9955-2022, STC7600-2022, STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC11836-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC11836-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 20001-22-14-002-2020-00101-01 (Aprobado en sala virtual de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67002"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67002\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}