STC11842-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11842-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00ba 05001-22-03-000-2022-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 11 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Liliana Patricia Duque Giraldo contra el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn y Juan Jos\u00e9 Correa Buitrago, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo con radicado 2019-00190 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando mediante apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, m\u00ednimo vital, vida digna, integridad personal, salud, vivienda digna, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el tr\u00e1mite del proceso referido. <\/p>\n
Sostuvo que, el 12 de julio de 2022 se enter\u00f3 que Juan Jos\u00e9 Correa Buitrago adelantaba un proceso ejecutivo en su contra, al recibir uno de sus inquilinos una comunicaci\u00f3n proveniente del secuestre en el que exig\u00eda el pago del canon, por cuanto el inmueble hab\u00eda sido objeto de las medidas cautelares de embargo y secuestro. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, pese a que en el expediente reposa su direcci\u00f3n f\u00edsica, no se efectu\u00f3 su notificaci\u00f3n, pues las providencias del Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn fueron enviadas a un correo electr\u00f3nico que desconoce. <\/p>\n
Expres\u00f3 que las decisiones proferidas por el Juzgado accionado, la afectan directamente, as\u00ed como a aquellas personas que dependen de ella, pues la van a despojar de su casa donde reside con su hija que padece del s\u00edndrome de DOWN y su se\u00f1ora madre quien es una adulta mayor. Refiere ser desplazada y v\u00edctima de violencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo se\u00f1alado solicit\u00f3, que se declare la nulidad parcial o total del proceso ejecutivo y se ordene al juzgado accionado a cesar toda actuaci\u00f3n que ponga en riesgo sus derechos fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn, manifest\u00f3 la imposibilidad de remitir el link del proceso ejecutivo, toda vez que el 4 de marzo de 2021 fue enviado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn refiri\u00f3 que, repartido el expediente objeto de queja a ese despacho el 25 de marzo de 2021, avoc\u00f3 el conocimiento el 21 de abril siguiente, y le ha dado tr\u00e1mite a las solicitudes allegadas por las partes, sin que se advierta en el proceso ninguna petici\u00f3n de la ejecutada solicitando la nulidad total o parcial del referido proceso ejecutivo. <\/p>\n
3. El Banco Finandina, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, al no advertir el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, en tanto que, la accionante no ha elevado ante el Juzgado de conocimiento, la solicitud de nulidad de lo actuado en el juicio ejecutivo, tr\u00e1mite que debe surtirse en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 10 d\u00edas, lapso que no resulta desproporcionado \u00abni mucho menos que difiera en gran dimensi\u00f3n del establecido para resolver la tutela; y en consecuencia, no resulta ineficaz, como para estimar necesario que el afectado con una irregularidad como la aducida en el sub judice, debe acudir a la acci\u00f3n constitucional, para evitar un perjuicio irremediable, en lugar de ce\u00f1irse al tr\u00e1mite legalmente establecido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n, la accionante solicit\u00f3 su revocatoria, y afirm\u00f3 que, \u00absi me dedico atacar el proceso estoy convalidando la falta cometida por la entidad accionada y no solo le conceder\u00eda el insulto de masacrar mis derechos sino que el tiempo es enemigo m\u00edo ya que no cuento con recursos para sufragar una demanda y menos para subsistir y aunque expuso que me hab\u00edan quitado la fuente de ingreso producto de los arriendo de los locales conexos a la vivienda donde vivo la cual fue objeto de embargo y secuestro, al TRIBUNAL no le importo hacer an\u00e1lisis sobre esos aspectos y solo se enfoca en delimitar su vasto conocimiento jur\u00eddico en desmejorar mis derechos fundamentales\u00bb (sic). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal omiti\u00f3 efectuar un an\u00e1lisis de las pruebas aportadas para que se generara \u00absi quiera\u00bb un fallo parcial con enfoque de g\u00e9nero ya que est\u00e1 ante un caso donde todos los implicados a parte de la accionante \u00absomos mujeres ya que no solo soy yo sino mi madre adulta mayor y mi menor hija con s\u00edndrome de DOWN\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, en especial, que el interesado hubiese agotado la totalidad de los recursos ordinarios o los medios de defensa judicial que tuviese a su alcance, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC7925-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Liliana Patricia Duque Giraldo, pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario, se decrete la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo que se adelanta en su contra, por la indebida notificaci\u00f3n de las actuaciones adelantadas en el citado juicio. <\/p>\n
3. Ante tal pretensi\u00f3n, el amparo se torna improcedente, al no satisfacerse el requisito de la subsidiariedad, como pasa a exponerse, <\/p>\n
Examinado el expediente digital del proceso ejecutivo promovido por Juan Jos\u00e9 Correa Buitrago en contra de la se\u00f1ora Duque Giraldo, no se advierte que se haya promovido incidente de nulidad en el referido tr\u00e1mite conforme lo disponen los art\u00edculos 133 y siguientes del Estatuto General del Proceso, lo que hace improcedente el amparo, puesto que, previo acudir a la v\u00eda constitucional, tales inconformidades deben ser ventiladas ante el juez de conocimiento, lo que en el presente caso no acaeci\u00f3. <\/p>\n
La Corte de tiempo atr\u00e1s, en relaci\u00f3n con el requisito de la subsidiariedad, ha se\u00f1alado, que, \u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (STC6663-2018, citada en STC6916-2020, STC762-2021 y STC13928-2021, entre muchas). <\/p>\n
4. Ahora, no es posible soslayar el incumplimiento del referido requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, para en su lugar estudiar el fondo del asunto cuestionado, pues, no se observa en este asunto la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, esto es, la gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del juez constitucional, al no estar probado que el tiempo que tarde la solicitante en promover el anotado incidente, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza. <\/p>\n
Tampoco se advierte que en este caso se estructure la inequidad de g\u00e9nero alegada por la accionante que imponga aplicar ese enfoque a la situaci\u00f3n estudiada, puesto que no se observa que en la situaci\u00f3n que suscit\u00f3 la presentaci\u00f3n del amparo, la accionante haya tenido una posici\u00f3n especial de debilidad manifiesta, derivada de su condici\u00f3n de mujer, o, que la v\u00eda procesal con que cuenta para procurar la protecci\u00f3n de sus derechos, la ponga en una condici\u00f3n de desventaja frente a su contraparte. <\/p>\n
Sobre este aspecto, la Sala ha considerado que, <\/p>\n
la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026) (STC2287-2018) (citada en STC7683-2021). <\/p>\n
5. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone confirmar la sentencia impugnada, al no acreditarse el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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