STC11844-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11844-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02975-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Marleny Rodr\u00edguez Hincapi\u00e9 contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el resguardo distinguido con radicaci\u00f3n 2022-0104. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando por conducto de apoderado, acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad que estima trasgredidos por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n allegados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Gloria Romelia L\u00f3pez Pineda formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cali (2022-00104), por la presunta lesi\u00f3n de las garant\u00edas superiores consagradas en los art\u00edculos 29 y 230 de la Carta Pol\u00edtica ocurrida dentro de la solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante n\u00b0. 2021-00985. <\/p>\n
2.2. La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de aquella ciudad, autoridad que el 24 de mayo del presente a\u00f1o emiti\u00f3 fallo estimatorio. <\/p>\n
2.3. Dicha decisi\u00f3n fue impugnada por la ac\u00e1 gestora, vinculada a aquel tr\u00e1mite como tercero con inter\u00e9s, siendo confirmada el pasado 30 de junio por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
3. Rodr\u00edguez Hincapi\u00e9 acusa a las autoridades cognoscentes de incurrir en un defecto f\u00e1ctico \u00aben la valoraci\u00f3n de la prueba, al no existir prueba en que apoya la decisi\u00f3n, ser insuficiente o abiertamente opuesta a la prueba documental aportada, junto con la confesi\u00f3n de la deudora [SIC]\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, asegura que \u00abel apoyo probatorio de la se\u00f1ora juez de tutela es totalmente nulo, en la decisi\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional. No puede reemplazar la contundencia de la prueba documental y la misma confesi\u00f3n por circunstancias que como la supuesta inadmisi\u00f3n de una nueva demanda de reorganizaci\u00f3n judicial por el juzgado 6\u00ba Civil del circuito de Cali, se dio por no ser comerciante la actora y que constituye un completo fraude, al demostrarse\u2026 que sus causas fueron de \u00edndole contable, al no llevar la contabilidad regular de sus negocios y no tener los 5 \u00faltimos estados financieros en los tres ejercicios anteriores, entre otros [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Por tal raz\u00f3n, solicita \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n proferida por el juez de instancia constitucional\u2026 y confirmada por el H.T. superior de Cali- sala Civil [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Dieciocho Civil del Circuito de Cali solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por versar sobre un asunto de similar naturaleza, sin que pueda predicarse que \u00abexista en el tr\u00e1mite y decisi\u00f3n\u2026 causal gen\u00e9rica o espec\u00edfica de procedencia para el amparo\u2026 puesto que no se ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna al debido proceso ni se ha dado pie a defecto procedimental absoluto\u2026 sustancial o\u2026 f\u00e1ctico, ni siquiera a la violaci\u00f3n del precedente, o a cualquier otro que se alegue\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Tercero Civil del Circuito de Palmira inform\u00f3 que en ese despacho curs\u00f3 un proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario incoado por la ac\u00e1 gestora contra Gloria Romelia L\u00f3pez Pineda, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de 7 de junio de 2019, confirmada por el Tribunal Superior de Buga, encontr\u00e1ndose aprobada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que dicho proceso debi\u00f3 ser suspendido en varias oportunidades, la \u00faltima de ellas el 6 de julio de 2021, dado que la ejecutada promovi\u00f3 diversas solicitudes de insolvencia de persona natural no comerciante, las cuales no prosperaron. <\/p>\n
Solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo, en lo que a esa c\u00e9lula judicial ata\u00f1e, en tanto no ha lesionado los derechos fundamentales de la gestora pues \u00abha suspendido el\u2026 proceso ejecutivo, todas las veces que la se\u00f1ora Gloria Romelia ha ingresado a tr\u00e1mite de insolvencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Segunda Civil del Circuito de Palmira se\u00f1al\u00f3 que en ese despacho curs\u00f3 un proceso de insolvencia promovido por Gloria Romelia L\u00f3pez Pineda, en el cual la ac\u00e1 accionante intervino como acreedora, que culmin\u00f3 por desistimiento t\u00e1cito declarado en auto de 14 de junio de 2018 contra el cual no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
4. El Juez Sexto Civil del Circuito de Cali indic\u00f3 que conoci\u00f3 de una solicitud de reorganizaci\u00f3n presentada por la citada L\u00f3pez Pineda, que fue rechazada mediante providencia de 23 de febrero de 2021 en tanto no se subsan\u00f3 seg\u00fan el requerimiento efectuado el 23 de enero anterior. <\/p>\n
5. El operador judicial de insolvencias del Centro de Conciliaci\u00f3n Convivencia & Paz, de la ciudad de Cali, pidi\u00f3 desestimar la acci\u00f3n de tutela, dada su evidente improcedencia comoquiera que recae sobre decisiones adoptadas en un tr\u00e1mite de similar naturaleza y lo pretendido por la gestora es \u00abcrear una tercera instancia donde se revisen aspectos ya discutidos\u00bb. <\/p>\n
6. Por su parte, Gloria Romelia L\u00f3pez Pineda, vinculada como tercero con inter\u00e9s en el resultado del tr\u00e1mite, advirti\u00f3 que promovi\u00f3 el resguardo 2022-00104 por considerar que el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Cali lesion\u00f3 su garant\u00eda fundamental al debido proceso al no motivar adecuadamente la providencia de 23 de marzo de 2022 mediante la cual desestim\u00f3 una solicitud de insolvencia. <\/p>\n
Solicit\u00f3 no acceder a la presente salvaguarda habida consideraci\u00f3n que la gestora s\u00ed fue vinculada a la anterior, al punto que contest\u00f3 la demanda e impugn\u00f3 el fallo proferido por el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de Marleny Rodr\u00edguez Hincapi\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela 2022-00104 en la que intervino, al acceder al resguardo porque, supuestamente, las autoridades judiciales valoraron de forma defectuosa el material probatorio recopilado, lo que, en su sentir, \u00abconstituye un completo fraude\u00bb. <\/p>\n
2. La improcedencia de este mecanismo contra sentencias de tutela <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
3.1. Con sujeci\u00f3n a lo dicho precedentemente, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, la querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, ya que de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, de forma excepcional\u00edsima se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido en la SU 627 de 2015, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, analizados los argumentos esbozados por la accionante frente a las determinaciones adoptadas por los falladores constitucionales se observa que no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia arriba indicada pues el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a una supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la hermen\u00e9utica de los jueces cognoscentes escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a la promotora acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde ser\u00e1 remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, lo cierto es que a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo expuesto, se desestimar\u00e1 el resguardo en atenci\u00f3n a que no se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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