STC11848-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC11848-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76111-22-13-000-2022-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 27 de julio de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo invocado por William Vidal Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tulu\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00480. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Tulu\u00e1 (Valle del Cauca) se adelant\u00f3 el proceso de fijaci\u00f3n de cuotas extra radicado 2019-00480, promovido por Claudia Andrea Betancourt, en representaci\u00f3n de sus hijos Yeraldin y Andr\u00e9s Vidal Betancourt, contra William Vidal Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
2.2. El 28 de julio de 20201, en desarrollo de la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso, el estrado judicial aprob\u00f3 el acuerdo al que llegaron las partes en la etapa de conciliaci\u00f3n. Por tanto, le orden\u00f3 al aqu\u00ed accionante satisfacer dos cuotas extra de alimentos en los meses de junio y diciembre equivalentes al treinta por ciento (30%) de su asignaci\u00f3n de retiro. <\/p>\n
2.3. La apoderada del demandado -en memorial del 10 de febrero de 20222- con base en lo rese\u00f1ado por el numeral cuarto del art\u00edculo 397 del C.G.P. solicit\u00f3 el levantamiento del embargo de la prestaci\u00f3n pensional por dos a\u00f1os, previa fijaci\u00f3n de una garant\u00eda para el cumplimiento de su obligaci\u00f3n. Sin embargo, el petitorio fue negado mediante prove\u00eddo del 14 de febrero siguiente3. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la referida determinaci\u00f3n, la abogada del se\u00f1or Vidal Guti\u00e9rrez impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n4, el cual fue resuelto desfavorablemente en auto del 19 de mayo posterior5. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, el promotor se duele que el juzgador confutado interpret\u00f3 err\u00f3neamente la petici\u00f3n de levantamiento de embargo, puesto que \u00abla norma no condiciona de ninguna \u00edndole, que se levantara la medida cautelar a menos que salga del pa\u00eds. Dispone se levanta la medida cautelar, SI, se presta garant\u00eda suficiente del pago de alimentos por los pr\u00f3ximos dos (2) a\u00f1os\u00bb. Asimismo, enrostr\u00f3 que los t\u00edtulos judiciales siguen siendo consignados a nombre de Claudia Betancourt, motivo por el cual colige que \u00abla se\u00f1ora en menci\u00f3n recibe el dinero y se presume que NO lo entrega el mismo d\u00eda el dinero, sino cuando ella considere pertinente\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la autoridad judicial accionada que revoque la providencia del 28 de julio de 2020 y realice lo pertinente para que los beneficiaros de los dep\u00f3sitos judiciales sean sus hijos, hoy en d\u00eda mayores de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
La titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Tulu\u00e16, Valle del Cauca, se pronunci\u00f3 frente a cada uno de los hechos del libelo genitor, apuntalando que no vulner\u00f3 las prebendas fundamentales del actor. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
1. El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, por cuanto no se evidencia la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante. Esto, debido a que si bien la pretensi\u00f3n del amparo se encamina a que sea revocada la providencia que fij\u00f3 alimentos, en el escrito genitor se se\u00f1ala que no se pretende que se elimine esta obligaci\u00f3n, sino que se levanten las medidas cautelares, por tanto, no hace reproche alguno contra lo decidido en aquella ocasi\u00f3n. <\/p>\n
2. De igual manera, trat\u00e1ndose de la cauci\u00f3n necesaria para obtener el desembargo de la prestaci\u00f3n pensional del actor, apuntal\u00f3 que, si la presunta falta del juzgador se bas\u00f3 en una indebida apreciaci\u00f3n de los argumentos elevados, lo procedente es solicitarle nuevamente a dicho estrado lo requerido, comoquiera que aquella decisi\u00f3n no es preclusiva ni definitiva. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, de cara a la persona que deber\u00e1 recibir los dep\u00f3sitos judiciales, esgrimi\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n el gestor para elevar este petitorio, ya que son sus hijos los \u00fanicos avalados para ello. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo quien indic\u00f3 que el a quo constitucional incurri\u00f3 en error al apreciar de forma incorrecta el fin perseguido con el amparo y los argumentos relacionados con el levantamiento de la medida cautelar. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental del actor. Ello pues, aduce que el fallador confutado interpret\u00f3 err\u00f3neamente la solicitud de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre su mesada pensional. Asimismo, enrostr\u00f3 que la cuota de alimentos se le sigue consignando a la madre de sus descendientes y no a ellos mismos. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que el supuesto desconocimiento del derecho fundamental del promotor es inexistente, comoquiera que el petitorio de levantamiento de la medida cautelar fue resuelto con base en un estudio de las probanzas arrimadas al plenario y siempre buscando proteger la finalidad para la cual fueron decretados los alimentos. De conformidad con lo anterior, esta Sala hace suyo el argumento expuesto por el a quo constitucional, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
Lo anterior, claro est\u00e1, en el entendido que se trata de sustituir una garant\u00eda del mismo o mayor temperamento para hacerla efectiva en el eventual caso de incumplimiento. Porque si el embargo y retenci\u00f3n del sueldo de retiro no fue decretada con ese prop\u00f3sito, sino para satisfacer directamente la obligaci\u00f3n, al punto que el descuento se entrega a los acreedores o a la persona diputada para recibirlo, en l\u00ednea de principio, nada habr\u00eda que sustituir, en tanto, solo se tratar\u00eda de ofrecer una forma de pago distinta (art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006 y 397-4 del C\u00f3digo General del Proceso). Esto, seguramente, explica las razones por las cuales los beneficiarios se opusieron aduciendo que se \u201cse les estar\u00eda violando sus derechos\u201d. En todo caso, el juez del proceso, no el constitucional, es el due\u00f1o de la decisi\u00f3n. (Se subraya) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de las cuales puedan determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la presente petici\u00f3n, pues <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019 \u00bb. \u00ablo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u2019 (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
3. Aunado a lo anterior, deviene imperioso recordarle al accionante que el fallo emitido en la controversia objeto de reproche no es una determinaci\u00f3n irreversible o inmutable, en tanto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, \u00abde manera que nada le impide acudir nuevamente ante el juez de conocimiento a solicitar la revisi\u00f3n de la cuota alimentaria cuestionada\u00bb (STC287-2021), por lo cual, el actor cuenta con otros medios de defensa para reclamar lo pretendido. <\/p>\n
4. Finalmente, de cara a la pretensi\u00f3n encaminada a que se les consignen los dep\u00f3sitos judiciales a sus hijos y no a su expareja, resulta menester indicar que los legitimados por activa para elevar dicha petici\u00f3n son \u00fanicamente sus descendientes, por ser a quienes eventualmente se les podr\u00eda estar vulnerando sus derechos fundamentales. En este entendido, no le asiste raz\u00f3n al gestor. <\/p>\n
5. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c03ACTA No. 27 2019-00480-00 (3)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c22PoderySolicitudLevantamientoMedida\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c23. NiegaPeticion (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c24Recurso de Reposici\u00f3n\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c35AutoResuelveRecurso\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 2-4, archivo \u201c006Juzgado2PcuoFamiliaTulua\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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