STC11851-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11851-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 18001-22-08-000-2022-00208-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Florencia el 12 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que \u00c1lvaro Javier Esquivel Vargas formul\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron citados y vinculados los ciudadanos Bleyner Liliana Mu\u00f1oz Salcedo, Jonathan Gomez Mazo, Maria Yaneth Silva Cabrera, Wilson Gilberto Facundo Oliveros y Adiela C\u00f3rdoba C\u00f3rdoba, as\u00ed como los integrantes que conforman la lista del Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Circuito Grado Nominado de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que ocupa en propiedad el cargo de Oficial Mayor del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia, y que el 6 de julio de 2022 solicit\u00f3 ante la Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1 concepto para su traslado al mismo cargo, que se encontraba vacante de forma definitiva en el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 28 de julio anterior, mediante el oficio n.\u00b0 CSJCAQOP22-837, le fue comunicado que no era \u00abviable emitir concepto favorable\u00bb a su solicitud con fundament\u00f3 en que la anticipaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de empleados puede realizarse por razones de servicio, la cual debe soportarse en criterios de razonabilidad conforme a la sentencia de 4 de julio de 1984 del Consejo de Estado, lo que a su juicio desconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que cre\u00f3 el sistema de carrera y sus derechos, y que, adem\u00e1s, la referida providencia es anterior a la ley estatutaria de administraci\u00f3n de justicia -Ley 270 de 1996-. <\/p>\n
Adujo, que la mencionada ley permite que un servidor p\u00fablico de carrera pueda solicitar traslado a otro despacho con funciones afines, de la misma categor\u00eda y para el cual se exijan id\u00e9nticos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial, lo que se cumple en su caso particular. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, el acuerdo que reglamenta el sistema de evaluaci\u00f3n de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, no establece la finalidad de la evaluaci\u00f3n anticipada por periodo m\u00ednimo, no obstante, se\u00f1ala que esta se constituye en una calificaci\u00f3n integral de servicios, por tanto, la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 la accionada, es errada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, dejar sin efecto el \u00aboficio\u00bb en comento, para que el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1 se pronuncie nuevamente, y concept\u00fae positivamente su solicitud de traslado. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1, inform\u00f3 que la petici\u00f3n de traslado elevada por el actor no cumpl\u00eda con los presupuestos determinados en el art\u00edculo 134 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, puesto que la calificaci\u00f3n aportada no abarcaba el periodo m\u00ednimo requerido, por tratarse de una calificaci\u00f3n anticipada. <\/p>\n
Expuso la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, ante la existencia de otro mecanismo judicial id\u00f3neo y la no acreditaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, mecanismo en el que, adem\u00e1s, se permite solicitar como medida provisional la suspensi\u00f3n de los efectos del acto cuestionado, y, adicion\u00f3, que el actor no agot\u00f3 los recursos en sede administrativa, pese a encontrarse dentro del t\u00e9rmino para interponerlos. <\/p>\n
Asever\u00f3, que aparte de la petici\u00f3n del actor, no se presentaron m\u00e1s solicitudes de traslado para el cargo de oficial mayor del Juzgado Tercero Administrativo de Florencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La se\u00f1ora Kely Yohana Beltr\u00e1n Pe\u00f1a, indic\u00f3 que sus circunstancias, en comparaci\u00f3n con las del se\u00f1or Esquivel Vargas, son totalmente diferentes, pues la calificaci\u00f3n que se le hizo al accionante es anticipada, mientras que su evaluaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la del periodo correspondiente al a\u00f1o 2021, lo que se\u00f1ala que el concepto favorable que se emiti\u00f3 a su favor, se dio por circunstancias diversas a las del actor, siendo imposible pregonar una vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Florencia, declar\u00f3 improcedente el amparo tras encontrar que \u00abel actor, no agot\u00f3 el procedimiento administrativo de la v\u00eda gubernativa, previsto en la ley, para el tr\u00e1mite de las solicitudes de traslado de los servidores de carrera judicial [\u2026] ya que de conformidad con el art\u00edculo 76 de la ley 1437 de 2011, contra el mencionado acto proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que el interesado aun contaba con otro mecanismo de defensa para cuestionar la motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n administrativa censurada \u00abt\u00f3pico que bien podr\u00eda ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (juez natural), concretamente, a trav\u00e9s de los medios de control establecidos en C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo\u00bb dentro de los cuales, adem\u00e1s, podr\u00eda solicitar medidas cautelares, tales como la suspensi\u00f3n de los efectos del pronunciamiento objeto de su inconformidad. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, que no encontr\u00f3 acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para se\u00f1alar que \u00abdicho planteamiento [era] infundado y [\u2026] sorpresivo, pues la exigencia de la interposici\u00f3n de recursos, resulta il\u00f3gica, [ya que] precisamente esa es la raz\u00f3n de la tutela, que pese a que contra el acto administrativo que niega el concepto favorable de traslado, proceden los recursos de ley, y que de acuerdo a ello, el tr\u00e1mite de solicitud de traslado est\u00e1 vigente, la accionada decid[i\u00f3] de manera arbitraria ofertar la vacante\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, que acudir al medio de control resulta ineficaz, pues mientras se resuelve su situaci\u00f3n \u00abpueden transcurrir f\u00e1cilmente 4 a\u00f1os, y se debe tener en cuenta, que no solo se trata de la vulneraci\u00f3n de los derechos del suscrito, si no, de los derechos de los dem\u00e1s integrantes de lista, pues en dado caso que se decrete una medida cautelar para la suspensi\u00f3n de la oferta de la vacante de manera mensual, durante cuatro a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3, que mientras estaba en tr\u00e1mite la tutela, interpuso los recursos de ley, los cuales se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 evidente el perjuicio irremediable que se est\u00e1 configurando, pues permitir que otras personas que no optaron por la vacante en el mes de julio, lo hagan en el mes de agosto, cuando se dijo, no pod\u00eda ser publicada, por lo que sus derechos se encuentran amenazados, puesto que, una vez ocupada la vacante, ya estar\u00eda suplida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos muy excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como un dispositivo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
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2. En el \u00faltimo de los mencionados eventos, el referido menoscabo debe consistir en un grave e inminente detrimento de un derecho fundamental que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables para neutralizar, en la medida en que ello sea posible, su conculcaci\u00f3n, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un evento de consideraci\u00f3n; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean inaplazables. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Cuando de actos administrativos se trata, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que la excepcionalidad del recurso de amparo se vuelve especialmente estricta, en tanto que no es el mecanismo id\u00f3neo para atacarlos, ya que, por su propia naturaleza, aquellos se encuentran amparados por la presunci\u00f3n de legalidad, pues se parte del presupuesto de que la administraci\u00f3n, al momento de manifestarse a trav\u00e9s de sus distintos canales, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada. <\/p>\n
De all\u00ed que la legitimidad de un acto administrativo se presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo, que aquel se apart\u00f3, sin justificaci\u00f3n alguna, del ordenamiento jur\u00eddico, debate que, en principio, se debe adelantar ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, \u00c1lvaro Javier Esquivel Vargas acudi\u00f3 inconforme con el concepto desfavorable -oficio n.\u00b0 CSJCAQOP22-837 de 28 de julio de 2022- que, con base en el no cumplimiento de los requisitos establecidos en el art\u00edculo 134 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, emiti\u00f3 el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquet\u00e1, frente a su solicitud de traslado que, como Oficial Mayor en propiedad, desde el Juzgado Segundo, al Tercero Administrativo del Circuito, ambos de la ciudad de Florencia, present\u00f3 el 6 de julio de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tal como lo afirm\u00f3 el propio accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, durante el tr\u00e1mite de la primera instancia de esta tutela, interpuso los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance para controvertir el acto administrativo objeto de su inconformidad, por lo que los mismos se encuentran pendientes de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior permite concluir en la improcedencia de la impugnaci\u00f3n en estudio y, por supuesto, la confirmaci\u00f3n del fallo censurado, ya que es claro que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para discutir los argumentos que de manera equivocada trajo a la jurisdicci\u00f3n constitucional, el que, por lo dem\u00e1s se encuentra en curso, e impide al Juez constitucional anticiparse a una decisi\u00f3n que debe proferir el la autoridad competente en el escenario natural, pues obrar de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n. (Ver CSJ. STC14280-2018, STC492-2022, STC3061-2022, STC3840-2022, STC6006-2022 y STC6199-2022, entre otras). <\/p>\n
Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, esta Corporaci\u00f3n ha establecido, que, \u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (Ver CSJ. STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre muchas en, STC5909-2021, STC17367-2021 y STC2808-2022). <\/p>\n
Adem\u00e1s, el actor, no solo no ha agotado la etapa rese\u00f1ada, sino que tampoco ha acudido a la especialidad contencioso administrativa a solicitar del juez natural el pronunciamiento correspondiente, autoridad ante la cual, se pueden pedir medidas cautelares. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Finalmente, debe se\u00f1alarse que en esta ocasi\u00f3n no se demostr\u00f3 la existencia de un verdadero perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con afirmar su materializaci\u00f3n, sino que se requiere del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de intervenir o no, en el caso ordinario de que se trate. <\/p>\n
Es evidente que, ante la improcedencia de la solicitud de traslado del actor, la entidad accionada ten\u00eda la facultad de ofertar la vacante definitiva referida, sin que esto rese\u00f1ara per se un perjuicio irremediable para el peticionario, el cual, en cualquier caso, previa la acreditaci\u00f3n de los requisitos legales necesarios, podr\u00e1 optar para otros despachos de la misma categor\u00eda en los que, en su momento, se presentara el espacio que persigue, o continuar en el cargo en el cual se encuentra nombrado en propiedad. Escenario que descarta de tajo una afectaci\u00f3n, vr. gr. a su m\u00ednimo vital o a su derecho al trabajo. <\/p>\n
N\u00f3tese, adem\u00e1s, que el interesado no indic\u00f3 de qu\u00e9 manera la anotada situaci\u00f3n le generaba un menoscabo insuperable que requiriese la adopci\u00f3n de medidas urgentes e inaplazables, as\u00ed como tampoco se\u00f1al\u00f3 la presencia de una situaci\u00f3n similar, en la que la Corporaci\u00f3n accionada hubiese obrado de manera diferencial, en detrimento de su derecho a la igualdad. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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