STC11852-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11852-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00192-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de agosto de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Jairo Acevedo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado enjuiciado \u00abdeclarar la nulidad del secuestro practicada el 21 de febrero de 2011 por la corredur\u00eda municipal de Santa Rosa [de Cabal] y ordenada por el Juzgado 5 Civil del Circuito [de Pereira] en el proceso radicado 2010-137 por graves anomal\u00edas en su comisi\u00f3n que no han sido subsanadas a la fecha con todas las formalidades que exige la ley\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Edgar Bonilla Aranzazu inco\u00f3 demanda ejecutiva contra Marco Zapata Zuleta, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, autoridad que, el 18 de noviembre de 2010 libr\u00f3 mandamiento de pago, al tiempo que decret\u00f3 el embargo y secuestro del predio con folio inmobiliario n\u00b0 296-23371; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 31 de marzo de 2011 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, disponiendo el remate del inmueble. <\/p>\n
2.2. Inscrito el embargo, el 13 de diciembre de 2010, orden\u00f3 el secuestro del mencionado predio, comisionando al despacho Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal; el 21 de febrero de 2011 la Corregidur\u00eda Municipal de Polic\u00eda de Santa B\u00e1rbara \u2013 Santa Rosa de Cabal adelant\u00f3 la respectiva diligencia; 9 de mayo de 2011 el estrado judicial devolvi\u00f3 el comisorio con el fin de que fuera aclarada el \u00e1rea de terreno secuestrada, pues la escritura p\u00fablica indica que se trata de un fundo de 13 hect\u00e1reas, empero, en dicho informe refiere s\u00f3lo 3; lo anterior fue corregido el 9 de septiembre siguiente, refiriendo que lo real era 13 hect\u00e1reas, por lo que se procedi\u00f3 a agregar tales diligencias. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que \u00aba la fecha, 21 de julio de 2022 el corregidor, no hizo la aclaraci\u00f3n, no hizo nuevamente la diligencia, ni la fecha, quienes la suscribieron y se identific\u00f3 e individualiz\u00f3 el inmueble\u00bb. <\/p>\n
2.4. Anot\u00f3 que el estrado encausado fij\u00f3 fecha de remate del predio para el 25 de julio de los corrientes, empero, dicha almoneda no es posible adelantarla, comoquiera que, \u00abnunca se visit\u00f3, no se [le] notific\u00f3 la diligencia de secuestro para poder ejecutar [sus] derechos de una mejora\u00bb, pues, tiene inter\u00e9s y legitimaci\u00f3n en la misma, habida cuenta de que, es \u00abposeedor de buena fe, posesi\u00f3n pac\u00edfica de un lote de terreno de 7 metros de frente por 7 de fondo, donde t[iene] construido [su] vivienda y [su] miscel\u00e1nea\u2026 que se encuentra en la finca\u2026 objeto de remate y que en ning\u00fan momento ha sido objeto de secuestro\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la diligencia de secuestro presenta graves \u00abinconsistencias que al d\u00eda de hoy persisten, pues lo ordenado por el juzgado 5 civil del circuito cuando devolvi\u00f3 el despacho comisorio por error de las \u00e1reas\u00bb aun no ha sido subsanado. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que la aclaraci\u00f3n a la diligencia de secuestro fue subsanada el 9 de septiembre de 2011, ordenando agregar tal comisorio al expediente el d\u00eda 22 del mismo mes y a\u00f1o; que el 25 de julio de 2022 se inici\u00f3 la diligencia de remate, empero, no se pudo llevar a cabo, porque no se present\u00f3 en legal forma la publicaci\u00f3n del aviso y tampoco se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo General del Proceso; que el accionante no es parte, tercero, litisconsorte o alguna otra calidad en el tr\u00e1mite criticado, por lo que no ha vulnerado sus garant\u00edas de primer grado; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Edgar Bonilla Aranzazu se refiri\u00f3 a los hechos de la salvaguarda; indic\u00f3 que el corregidor con comunicaci\u00f3n de 5 de septiembre de 2011 dio a conocer que se trat\u00f3 de un error mecanogr\u00e1fico y que la diligencia de secuestro se adelant\u00f3 en el inmueble con \u00e1rea de 13 hect\u00e1reas y no de 3; que en la diligencia de secuestro no se encontr\u00f3 ninguna posesi\u00f3n que pudiese generar un impedimento al secuestro del inmueble; que con auto de 4 de abril de 2022 el juzgado cit\u00f3 a audiencia al perito, quien constat\u00f3 que las construcciones irregulares que est\u00e1n al lado del inmueble no tienen licencia de construcci\u00f3n, se encuentran a menos de 30 metros del r\u00edo San Eugenio y no pertenecen al inmueble; que la solicitud de amparo incumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues la diligencia de secuestro se adelant\u00f3 hace cerca de 12 a\u00f1os y, pro otra parte, el promotor pudo contar con otros medios legales para ejercer el supuesto derecho que le asiste; resalt\u00f3 que lleva m\u00e1s de 10 a\u00f1os en el proceso hipotecario y ha tenido una p\u00e9rdida patrimonial muy alta, pues la parte demandada solo ha realizado artima\u00f1as para intentar defraudar la garant\u00eda real. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Marco Zapata Zuleta refiri\u00f3 que la diligencia de secuestro se adelant\u00f3 con grandes irregularidades donde no se identific\u00f3 las otras construcciones, \u00e1reas, tenedores y poseedores, ni se notific\u00f3 la diligencia de secuestro para hacer valer sus derechos. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, incumple el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el accionante no ha pedido a la autoridad judicial accionada, la supuesta nulidad de la diligencia de secuestro practicada el 21 de febrero de 2011. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante manifestando que la diligencia de secuestro se adelant\u00f3 con irregularidades, pues nunca se hizo en su vivienda, situaci\u00f3n que se verifica \u00abpor informaci\u00f3n suministrada y que obra en el proceso\u2026 el reconocimiento de la existencia de esas construcciones desde el a\u00f1o 2017\u00bb, relievando que \u00abes p\u00fablica y paladino el conocimiento del Juzgado 5\u00b0 Civil del Circuito de Pereira, del ejecutante de la existencia de terceros, debate desde el a\u00f1o 2016\u00bb; agreg\u00f3 que, conforme el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo General del Proceso establece la citaci\u00f3n de los litisconsortes necesarios, por lo que existe nulidad por indebida integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone confirmar el fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el peticionario, Jhon Jairo Acevedo, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo que cursa en el estrado querellado bajo el radicado Nro. 2010-00312 -incoado por Edgar Bonilla Aranzazu contra Marco Zapata Zuleta-, por no ser parte ni interviniente reconocido en dicha contienda. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Y en un caso de similares contornos al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, se itera, habida cuenta que el tutelante no es parte ni interviniente reconocido en el proceso que por v\u00eda de tutela cuestion\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n que le impide promover el resguardo a t\u00edtulo personal. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, aun consider\u00e1ndose el inter\u00e9s que eventualmente le podr\u00eda asistir al aqu\u00ed accionante en el proceso ejecutivo censurado, la tutela deviene igualmente improcedente, habida cuenta de que el promotor no ha acudido ante el estrado judicial encausado con el fin de alegar lo ac\u00e1 pretendido, esto es, la nulidad de la diligencia de secuestro practicada el 21 de febrero de 2011, as\u00ed como, la anulaci\u00f3n por supuesta la falta de integraci\u00f3n al contradictorio; situaci\u00f3n que determina la inviabilidad de la salvaguarda extraordinaria dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, conforme al art\u00edculo 6\u00b0, numeral 1\u00b0, del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, se anota que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n no agotaron hacia el interior del mismo las herramientas jur\u00eddicas a su alcance, pues debido a su finalidad ius fundamental \u201cno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos\u201d (exp. 05001-22-03-000-2008-00065-01). <\/p>\n
Al respecto, ha expuesto la Sala que: <\/p>\n
\u2026la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados\u2026 pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u201d (sentencia de 24 de mayo de 2012, exp. No. 05001-22-03-000-2012-00340-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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