STC11866-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11866-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 66001-22-13-000-2022-00203-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 9 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Gerardo Alonso Herrera Hoyos promovi\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de Pereira, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada, en la acci\u00f3n popular con radicado 2021-00171. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en acci\u00f3n popular que propuso, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, no cumple lo ordenado en el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, refiriendo que, \u00abla tutelada resuelve una reposici\u00f3n casi un a\u00f1ito despu\u00e9s, desconociendo art 5 ley 472 de 1998, y se niega a admitir mi acci\u00f3n pese a que cumplo art 18 ley 472 de 1998, derecho sustancial. Sin embargo, la acci\u00f3n continua en un injustificado escenario de indefinici\u00f3n eterna\u00bb (sic). <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto solicit\u00f3 \u00abse ordene a la tutelada que admita mi acci\u00f3n popular pues cumplo con el Art. 18 de la ley 472 de 1998\u00bb, y, que, \u00abse ordene aplicar por quien corresponda el art. 84 de la ley 472 de 1998, para que no sea una norma de efectos solo simb\u00f3licos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, inform\u00f3 que, la inadmisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular interpuesta por el accionante, obedeci\u00f3 a que el escrito por \u00e9l allegado no cumple con los requisitos estipulados en los art\u00edculos 18 de la Ley 472 de 1998 y 6\u00ba del Decreto Legislativo 806 de 2020 (vigente al momento de presentaci\u00f3n), al no indicar su direcci\u00f3n para notificaciones (enti\u00e9ndase direcci\u00f3n f\u00edsica), ni acreditar el haber efectuado la remisi\u00f3n del documento al accionado, por lo que se le concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para subsanarlo, tiempo en el cual fueron recibidas dos comunicaciones con el fin de corregir el yerro aludido, pero, el remitente de estas no correspond\u00eda al actor popular por lo que se procedi\u00f3 a su rechazo. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira refiri\u00f3 que, en su car\u00e1cter de tercero interviniente y por su deber legal, se atiene a lo probado en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. El Procurador Regional de Instrucci\u00f3n Risaralda, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la entidad que representa, en tanto que, la acci\u00f3n popular aludida no fue promovida por esa entidad, as\u00ed como tampoco ha tenido participaci\u00f3n alguna dentro de ella. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, tras se\u00f1alar que las decisiones proferidas por el Juzgado accionado en la acci\u00f3n popular 2021-00171, no lucen arbitrarias ni antojadizas, en tanto que fueron adoptadas conforme a lo reglado en la ley 472 de 1998 y el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, al considerar que \u00ab(\u2026) mi tutela se bas\u00f3 en la tardanza, mora, renuencia para tramitar la misma, como se dijo, se resuelve un recurso casi un a\u00f1ito despu\u00e9s, lo que quiero decir es que nunca se cumplen t\u00e9rminos, las tutelas son inoperantes y nada sirven en este caso, pues todo se justifica seg\u00fan el sano criterio del juzgador constitucional\u00bb (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso a este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (Ver STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022). <\/p>\n
2. Sea lo primero recordar que la Ley 472 de 1998 \u201cPor la cual se desarrolla el art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia en relaci\u00f3n con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones\u201d, se\u00f1ala en el art\u00edculo 18, los requisitos de la demanda, dentro de los cuales se encuentra: \u00abf) Las direcciones de notificaciones\u00bb, entre otros. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el decreto 806 de 2020, en su numeral 6\u00b0 contempla: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 6. Demanda. La demanda indicar\u00e1 el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisi\u00f3n. Asimismo, contendr\u00e1 los anexos en medio electr\u00f3nico, los cuales corresponder\u00e1n a los enunciados y enumerados en la demanda. <\/p>\n
(\u2026) En cualquier jurisdicci\u00f3n, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deber\u00e1 proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanaci\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
3. Determinado lo anterior, advierte la Sala la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, en tanto que, la revisi\u00f3n de las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, permiten concluir que la decisi\u00f3n por medio de la cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular presentada por Herrera Hoyos, no merece reproche alguno, habida cuenta que fue adoptada conforme a la normativa referida en precedencia. <\/p>\n
3.1 V\u00e9ase como, Gerardo Herrera promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Notario Segundo de Pereira, la que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira con radicado 2021-00171, autoridad que, en auto de 26 de julio de 2021, la inadmiti\u00f3, advirtiendo las siguientes falencias, <\/p>\n
\u00ab1. No fue aportada la direcci\u00f3n (enti\u00e9ndase direcci\u00f3n f\u00edsica) del Accionante GERARDO ALONSO HERRERA HOYOS (literal f del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998). <\/p>\n
2. El accionante no acredit\u00f3 haber remitido al accionado Notario Segundo de Pereira -Francisco Javier Cede\u00f1o Rojas, por medio electr\u00f3nico y de manera simult\u00e1nea con la presentaci\u00f3n de esta demanda, copia del escrito introductorio y sus anexos (inciso 4\u00ba del art\u00edculo 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020)\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 22. LinkExp Juz5\u00b0CCto. Per.pdf. 003. AutoInadmiteDemanda.pdf] <\/p>\n
3.2 Mediante correo electr\u00f3nico de 27 de julio de 2021, Gerardo Herrera pidi\u00f3 ser reconocido como \u00abcoadyuvante acciones populares\u00bb, as\u00ed mismo solicit\u00f3 el env\u00edo del proceso digital, actuaci\u00f3n que fue realizada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira mediante mensaje electr\u00f3nico el 29 de julio siguiente. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 22. LinkExpJuz5\u00b0CCto. Per.pdf. 004. Solicitud Coadyuvancia Gerardo Herrera.pdf] <\/p>\n
3.3 Luego, reposan escritos allegados por terceros, tales como Mario Restrepo y Cotty Morales Caama\u00f1o, mediante los cuales solicitan se tengan como coadyuvantes y presentan escrito de subsanaci\u00f3n de la demanda, peticiones que fueron resueltas en auto de 9 de agosto de 2021, en el que el Juzgado accionado consider\u00f3, <\/p>\n
\u00abMediante auto proferido el lunes, 26 de julio de 2021, se inadmiti\u00f3 la presente demanda por las razones expuestas en dicho prove\u00eddo, concedi\u00e9ndole a la parte actora un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas para subsanarla (archivo 003); seg\u00fan se indica en la constancia secretarial que antecede, dentro del t\u00e9rmino de traslado se recibi\u00f3 un correo electr\u00f3nico procedente del buz\u00f3n que inform\u00f3 el demandante como en el cual recibir\u00eda notificaciones, suscrito adem\u00e1s con su nombre, pero en \u00e9l guard\u00f3 absoluto silencio frente al auto de inadmisi\u00f3n, pues se limit\u00f3 extra\u00f1amente a solicitar al despacho reconocerlo como coadyuvante en la acci\u00f3n popular que \u00e9l mismo present\u00f3 y que se le comparta el enlace de acceso a la acci\u00f3n popular (archivo 004). De acuerdo con lo anterior, por no haber sido subsanada la demanda, se proceder\u00e1 al rechazo de la misma de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 20 de la Ley 472 de 1998.\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 22. LinkExpJuz5\u00b0CCto. Per.pdf. 017. AutoRechazaDemanda.pdf] <\/p>\n
3.4 Contra la anterior determinaci\u00f3n, el demandante interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que fueron resueltos en providencia de 28 de junio de 2022, en la que se mantuvo la decisi\u00f3n y se neg\u00f3 por improcedente la alzada. <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo 22. LinkExpJuz5\u00b0CCto. Per.pdf. 019. AutoResuelveReposici\u00f3nNiegaApelaci\u00f3n.pdf] <\/p>\n
4. Conforme al anterior recuento, observa la Sala que la decisi\u00f3n reprochada no resulta arbitraria o ilegal, pues se motiv\u00f3 razonadamente en las normas que rigen los requisitos de la demanda trat\u00e1ndose de acciones populares, como lo son el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 y el art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan dan cuenta las diligencias, al no advertirse el cumplimiento de los aludidos requisitos, se procedi\u00f3 a inadmitir la demanda concediendo al accionante el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para que fuera subsanada, sin que tal acci\u00f3n fuese desplegada, pues lo que se observ\u00f3, fue que en el t\u00e9rmino concedido, se present\u00f3 escrito solicitando fuera reconocido como coadyuvante en la acci\u00f3n popular, sin que se corrigieran las falencias advertidas por el juez de conocimiento, procediendo al rechazo, conforme a lo regulado en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 20 de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, no observa la Sala la vulneraci\u00f3n alegada por el peticionario, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se ajuste con la finalidad del mecanismo excepcional, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (Ver CSJ. STC-9232-2018, STC-5974-2021 y CSJ STC 1212-2022). <\/p>\n
6. Finalmente y frente a la inconformidad manifestada por el impugnante que refiere a que \u00ab(\u2026) mi tutela se bas\u00f3 en la tardanza, mora, renuencia para tramitar la misma (\u2026)\u00bb, debe indicarse que, si bien, existi\u00f3 tardanza en la resoluci\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n formulado por el accionante contra el auto proferido el 9 de agosto de 2021, lo cierto es que, el Juzgado accionado en la respuesta allegada con ocasi\u00f3n a la presente acci\u00f3n constitucional, manifest\u00f3 que, tal retardo obedeci\u00f3 \u00abal amplio n\u00famero de Acciones Populares asignadas para su conocimiento. (\u2026) cifra que para la anualidad en curso asciende a m\u00e1s de 339 \u00fanicamente en lo corrido de esta; eso anudado a las eventuales vicisitudes que cada mecanismo tiene en su desarrollo, as\u00ed como las situaciones (internas y externas) de distinta \u00edndole que pueden surgir y que afectan la labor del Despacho. Lo anterior, sumado a la vasta carga laboral endilgada a la presente judicatura, entre la que se encuentran no solo procesos de car\u00e1cter civil, sino otras acciones de naturaleza constitucional que paralelamente cuentan primac\u00eda a las dem\u00e1s tramitadas, tales como Acciones de Tutela tanto de Primera como de Segunda Instancia, as\u00ed como, los respectivos fallos de Incidentes de Desacato\u00bb, situaciones estas que justifican el actuar del despacho judicial. <\/p>\n
Corresponde se\u00f1alar, que seg\u00fan la jurisprudencia de esta Sala, cuando se cuestionan situaciones de mora judicial solo dan lugar a la protecci\u00f3n constitucional, cuando la mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas\u00bb (Ver CSJ. STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014, STC605-2022 y STC9273-2022). <\/p>\n
7. Las razones expuestas se estiman suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC11866-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC11866-2022 Radicaci\u00f3n N\u00b0 66001-22-13-000-2022-00203-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"class_list":["post-67020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=67020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/67020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=67020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=67020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=67020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}