STC11869-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11869-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00273-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 11 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Alba Nelly Antolinez Garc\u00eda contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado n\u00ba 2021-00136. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en el asunto referido. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que en junio de 2019 efectu\u00f3 la compra de un apartamento a Mar\u00eda del Rosario Romero Ubaque y para el pago de la obligaci\u00f3n firm\u00f3 una letra de cambio en blanco \u00abde acuerdo a las instrucciones de la vendedora\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 31 de agosto de 2021 recibi\u00f3 una comunicaci\u00f3n en sobre cerrado que conten\u00eda la copia de una demanda en su contra -dos folios sin anexos-, por lo cual consult\u00f3 a un abogado, quien, le indic\u00f3 que el t\u00edtulo valor estaba mal diligenciado, acudi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 que tramitaba el asunto y solicit\u00f3 la revocatoria del mandamiento de pago. <\/p>\n
Indic\u00f3 que al recibir el link del proceso evidenciaron que la letra de cambio base de la ejecuci\u00f3n no fue suscrita por su creadora Mar\u00eda del Rosario Romero Ubaque, ni se\u00f1alaba a qui\u00e9n deb\u00eda hacerse el pago, adem\u00e1s, el demandante no demostr\u00f3 la legitimidad de su tenencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la negativa del Juzgado de conocimiento en aceptar la petici\u00f3n de su apoderado constituye \u00abuna providencia abiertamente ilegal, y el procedimiento sigui\u00f3 siendo irregular\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado \u00abque en ejercicio del control de legalidad se decrete la nulidad de todo lo actuado y se revoque el mandamiento ejecutivo por cuanto el documento presentado como base de la ejecuci\u00f3n no re\u00fane los requisitos formales\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que la inconformidad elevada por la actora radica en la decisi\u00f3n adoptada en el proceso ejecutivo singular iniciado por Juan Pablo Torres Romero en su contra, donde se ejecut\u00f3 una letra de cambio suscrita el 15 de mayo de 2019. <\/p>\n
Refiri\u00f3 las actuaciones adelantadas en el tr\u00e1mite e inform\u00f3 que la demandada present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago atacando el t\u00edtulo valor, el cual fue resuelto el 26 de enero de 2022 manteniendo la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dentro del t\u00e9rmino de traslado la demanda solicit\u00f3 la ilegalidad del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago sin presentar excepciones de fondo, por lo que a trav\u00e9s de auto del 17 de marzo de 2022 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y neg\u00f3 la ilegalidad planteada. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que ni dentro del t\u00e9rmino de traslado para excepcionar de fondo, ni el de la ejecutoria de la decisi\u00f3n que sigui\u00f3 adelante con la ejecuci\u00f3n la demandada se pronunci\u00f3 a trav\u00e9s de los mecanismos procesales que ten\u00eda a su alcance, no obstante, el 22 de marzo de 2022 su apoderado present\u00f3 memorial con excepciones de fondo, las cuales fueron tenidas como extempor\u00e1neas mediante auto del 29 de marzo siguiente. <\/p>\n
Sostuvo que inconforme con lo ocurrido la ejecutada solicit\u00f3 la ilegalidad de lo actuado, alegando un indebido control de t\u00e9rminos derivado de la interposici\u00f3n del recurso en contra del auto admisorio de la demanda, petici\u00f3n desestimada en auto de 2 de mayo de 2022, frente al cual formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el que fue negado por improcedente en providencia de 19 de mayo de 2022. <\/p>\n
En ese orden, indic\u00f3 que ha garantizado el derecho de defensa de la ejecutada y en los t\u00e9rminos legales correspondientes, siendo aqu\u00e9lla quien no ejerci\u00f3 en debido momento los recursos correspondientes. <\/p>\n
2. El apoderado de Juan Pablo Torres Romero endosatario en el proceso ejecutivo, afirm\u00f3 que el Juzgado cognoscente ha actuado conforme la ley garantizando el debido proceso y derecho de defensa a la accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, tras determinar que no se encontraron acreditados los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que transcurrieron los 6 meses establecidos por la jurisprudencia como plazo razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n -28 de julio de 2022- desde la providencia de 26 de enero de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n presentado por la accionante contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago donde qued\u00f3 definido lo referente al t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que la letra de cambio tiene en blanco el espacio \u00aba la orden de\u00bb, no obstante, lo anterior no fue expuesto por la accionante en el recurso de reposici\u00f3n contra la orden de pago y tampoco como excepci\u00f3n de fondo, siendo esos los medios id\u00f3neos para hacer ver la eventual falencia que presenta el t\u00edtulo valor, pese a encontrase representada por apoderado judicial, esto es, la solicitante desaprovech\u00f3 esas oportunidades para defender los intereses cuya protecci\u00f3n reclama en este tr\u00e1mite, lo que impide que se analice esa problem\u00e1tica dado el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las dem\u00e1s gestiones adelantadas por la ejecutada estuvieron lejos de suplir las omisiones mencionadas, puesto que, las solicitudes tendientes a que el juez realice el control de legalidad de que trata el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso en forma alguna pueden reemplazar o completar los medios de defensa ordinarios, pues esa figura est\u00e1 prevista para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, mas no para controvertir determinaciones adoptadas por el juez de la causa o para revivir discusiones resueltas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, quien afirm\u00f3 que en los hechos del escrito de amparo manifest\u00f3 que a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela se le estaban violando su derecho al debido proceso y, en este \u00faltimo caso por omisi\u00f3n, si se tiene en cuenta que su apoderado el 7 de junio de 2022 present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n del auto que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n [no mencion\u00f3 espec\u00edficamente cual], sin que a la fecha el juzgado se hubiese pronunciado, mientras que el 13 de junio se libr\u00f3 auto comisionando a\u00fan sin resolver lo pedido. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que la expedici\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago sin que el documento base de ejecuci\u00f3n cumpliera los requisitos formales del art\u00edculo 612 del C\u00f3digo de Comercio, lesiona sus garant\u00edas superiores, pues el documento est\u00e1 en blanco y no se puede establecer a quien se debe pagar la obligaci\u00f3n all\u00ed plasmada. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que igualmente se afectaron sus derechos con el auto de 17 de marzo de 2022, al proferir orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n con sustento en que no se propusieron excepciones de fondo dentro del t\u00e9rmino establecido, y, por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que no es de recibo lo manifestado por juez constitucional de primer grado, al afirmar que la tutela fue presentada fuera de los seis meses, haciendo el computo de t\u00e9rminos solo sobre el auto que decidi\u00f3 no reponer el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Alba Nelly Antolinez Garc\u00eda, acude a la acci\u00f3n de tutela en busca del amparo del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 a trav\u00e9s de las cuales libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en el proceso que inici\u00f3 Juan Pablo Torres Romero en su contra. <\/p>\n
3. La Corte hace \u00e9nfasis en que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre, no solo cuando a\u00fan existen otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos o las mismas est\u00e1n siguiendo su curso, sino tambi\u00e9n porque se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria. <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, en el evento en estudio, se configura la segunda modalidad, habida cuenta que la accionante desaprovech\u00f3 los medios de defensa judicial id\u00f3neos que tuvo a su alcance para plantear el debate que expone a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional relacionado con las falencias de la letra de cambio aportada para la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la demandada en el el recurso de reposici\u00f3n contra la orden de pago, nada aleg\u00f3 sobre ese particular y tampoco formul\u00f3 excepciones de fondo dentro el t\u00e9rmino concedido, lo que llev\u00f3 al despacho accionado a seguir adelante con la ejecuci\u00f3n mediante auto de 17 de marzo de 2022, determinaci\u00f3n frente a la cual tampoco formul\u00f3 el recurso procedente en el t\u00e9rmino de ejecutoria. <\/p>\n
En ese orden, no puede abrirse paso el amparo propuesto, puesto que la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Cabe anotar que esta Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (Ver CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC17267-2021, STC2264 de 2022 y STC7801-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, en punto a lo manifestado por la accionante en la impugnaci\u00f3n referente a la falta de pronunciamiento por parte del Juzgado accionado frente al recurso de reposici\u00f3n que present\u00f3 su apoderado el 7 de junio de 2022, cabe resaltar que tal aspecto constituye un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por el despacho accionado, raz\u00f3n por la cual, un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa. <\/p>\n
5. De conformidad con lo se\u00f1alado, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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