STC11872-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC11872-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00180-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de septiembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira el 2 de agosto de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Mario Alberto Restrepo Zapata formul\u00f3 contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Alcald\u00eda y la Personer\u00eda de dicho municipio, la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 66045-31-89-001-2022-00010-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que en la acci\u00f3n popular que propuso, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia le impuso conductas procesales que le competen solo a ese despacho, conforme a lo estipulado en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998 y se neg\u00f3 sistem\u00e1ticamente a cumplir con su impulso oficioso, al punto que no \u00abha informado de la acci[\u00f3]n ni [la ha] notificado\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, ordenar al Juzgado accionado, notificar la acci\u00f3n popular al accionado y, cumplir los t\u00e9rminos que disponen los art\u00edculos 5\u00b0 y 8\u00b0 de la Ley 472 de 1998 y 42 del CGP; y, al Procurador delegado en acciones populares, garantizar el debido proceso y la celeridad procesal. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, inform\u00f3, que, en la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular referida por el actor, orden\u00f3 \u00abla notificaci\u00f3n de la entidad accionada de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 en concordancia con los preceptos 6 y 8 del Decreto 806 de 2020 vigente para la fecha, hoy Ley 2213 de 2022.\u00bb y, con autos de 16 de marzo y 29 de junio de 2022, requiri\u00f3 al actor para que notificara a la entidad demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Personer\u00eda de Apia inform\u00f3 que no ha sido notificada de la demanda popular aludida. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, adujo que la problem\u00e1tica planteada en la demanda es ajena a sus funciones y, en todo caso, que el accionante no le ha formulado ninguna solicitud, relacionada con lo debatido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo, por ausencia del requisito de la subsidiariedad, puesto que, <\/p>\n
\u201cseg\u00fan se advierte en el expediente remitido por el juzgado encausado, el accionante hizo uso, de manera extempor\u00e1nea1, del recurso de reposici\u00f3n (Art. 36, Ley 472 de 1998), contra el auto del 18 de febrero de 2022, mediante el cual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular y en el que se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de la entidad accionada \u201c(\u2026) de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, en concordancia con el precepto 6 del Decreto 806 de 2020\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s de eso, en el expediente solo aparece un escrito radicado por el actor el 16 de junio de 2022, mediante el cual exige que se convoque a audiencia de pacto de cumplimiento2, frente a lo cual, con auto del 29 de junio, fue requerido para que \u201c(\u2026) proceda con la notificaci\u00f3n del demandado, carga que le fue impuesta en el auto admisorio de la acci\u00f3n en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 21 de la citada ley, a fin de continuar con el tr\u00e1mite correspondiente.\u201d3; decisi\u00f3n frente a la cual no formul\u00f3 ning\u00fan recurso\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n relacionada con que se le ordenara al Procurador Delegado en acciones populares garantizar el debido proceso y la celeridad procesal en la acci\u00f3n constitucional objeto de amparo, destac\u00f3 que el interesado no acredit\u00f3 que \u00abhubiera formulado una solicitud af\u00edn con lo que [\u2026] demanda en este asunto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se hubiesen agotado oportuna y adecuadamente los recursos ordinarios existentes para cada proceso, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. (Ver CSJ. STC1526-2022, STC2292-2022, STC6747-2022, STC7217-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Mario Alberto Restrepo Zapata acudi\u00f3 inconforme porque pese a que le ha presentado peticiones al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, \u00e9ste no \u00abha informado [\u2026] ni [\u2026] notificado\u00bb la acci\u00f3n popular radicada bajo el n\u00b0 66045-31-89-001-2022-00010-00 al all\u00ed accionado, carga que le atribuye de conformidad con lo establecido en la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al examinar el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, concluye la Sala en la improcedencia tanto del mecanismo en estudio, como de la impugnaci\u00f3n entablada y, por supuesto, la confirmaci\u00f3n del fallo cuestionado, en la medida en que, tal como lo inform\u00f3 el despacho accionado, en el auto de 18 de febrero de 2022 por el que admiti\u00f3 la referida acci\u00f3n popular, le orden\u00f3 al se\u00f1or Restrepo Zapata notificar a la all\u00ed accionada en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998, sin que \u00e9ste hubiese presentado recurso alguno en tal sentido, como tampoco lo hizo contra las providencias de 16 de marzo y 29 de junio de 2022, con las que se le requiri\u00f3 para que cumpliera con dicha carga procesal. <\/p>\n
Igualmente, en el tr\u00e1mite, no se observa ninguna solicitud elevada por el quejoso a la Procuradur\u00eda Delegada en Acciones Populares. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, lo \u00fanico cierto es que el actor no agot\u00f3 los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance para discutir la situaci\u00f3n que ahora, de manera equivocada, trajo ante esta especial jurisdicci\u00f3n. Lo anterior se traduce en la evidente ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la acci\u00f3n de tutela, sin lo cual, el juez que la conoce no puede intervenir en la situaci\u00f3n denunciada, dada la apat\u00eda del accionante en la materia de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Debe reiterarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los mecanismos de defensa judicial, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta subsidiaria acci\u00f3n, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los dispositivos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (Ver CSJ STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC10431-2022, entre muchas entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Tampoco se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable con las caracter\u00edsticas requeridas para activar esta herramienta de manera excepcional, pues, para lograr esa finalidad, como es conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de intervenir o no, en el caso ordinario de que se trate. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documentos 12 y 16., Expediente acci\u00f3n popular. <\/p>\n
2\u0002 Documento 18. Expediente acci\u00f3n popular. <\/p>\n
3\u0002 Documento 19. Expediente acci\u00f3n popular. <\/p>\n
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