STC11873-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC11873-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-02104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de septiembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de septiembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por el abogado Carlos Alberto Ballesteros Bar\u00f3n, aduciendo la calidad de apoderado judicial de Juan Jaimes Mantilla, contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Banco de la Rep\u00fablica, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 y a las partes e intervinientes del proceso laboral de radicado 2016-00117. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de quien dice representar al debido proceso, igualdad, seguridad social, \u00ablegalidad y fuerza vinculante del precedente judicial\u00bb y el respeto del principio de favorabilidad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Juan Jaimes Mantilla instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Banco de la Rep\u00fablica, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 18 de la recopilaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Colectiva 1997-1999, a partir del \u00ab23 de diciembre de 2020, en una cuant\u00eda equivalente al 100% del \u00faltimo salario devengado\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 30 de noviembre de 2016, el Juzgado 30 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la demandada de todas las pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad el 13 de julio de 2018. <\/p>\n
2.3. El 10 de marzo de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.4. Al respecto, el tutelante luego de hacer referencia a los dos salvamentos de voto que tuvo la sentencia, afirm\u00f3 que la Sala accionada \u00abinaplic\u00f3 el principio de favorabilidad o in dubio pro operario\u00bb, pues inadvirti\u00f3 la existencia de dos interpretaciones \u00abrespecto a la exigencia de acreditar el requisito de la edad convencional para acceder al reconocimiento de prestaciones econ\u00f3micas convencionales como la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb, debiendo optar por la m\u00e1s favorable, es decir, la que hace referencia a que \u00abel trabajador demandante le asiste el derecho a reclamar su pensi\u00f3n convencional, pues el requisito de la edad no es de causaci\u00f3n sino de exigibilidad\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que se desconocieron los precedentes judiciales y constitucionales existentes sobre el tema, en particular, las sentencias \u00abCSJ SL-32009 de 2008, SL-34314 de 2009, SL-5334-2015, SL-8178-2016, SL-18101-2016, SL-16811-2016, SL-609 de 2017, SL-19440-2017 y SL-2802-2018, SL-3164 de 2018\u00bb y \u00abCC SU-241 de 2015, SU-267 de 2019 y SU-113 de 2018\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia emitida el 10 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para que se le ordene proferir una nueva decisi\u00f3n en la acoja las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Banco de la Rep\u00fablica afirm\u00f3 que lo pretendido es que \u00abse vuelva a abrir un debate que ya tuvo lugar, y en cual se observaron todas las garant\u00edas constitucionales y legales\u00bb. Precis\u00f3 que los precedentes citados no resuelven casos de empleados del Banco de la Republica sino de otras entidades, cuya convenci\u00f3n colectiva es diferente a la aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
2. Colpensiones argument\u00f3 que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u00bb y que la tutela es improcedente frente a sentencias judiciales. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en Liquidaci\u00f3n, P.A.R.I.S.S., pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, porque no hizo parte del proceso laboral de la referencia. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 29 Judicial II para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n cuestionada estaba acorde a \u00abla Constituci\u00f3n, la Ley, los criterios jurisprudenciales y correcta interpretaci\u00f3n de las normas convencionales\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que no existi\u00f3 una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, pues: \u00abi) la norma reglamentaria presentada como fundamento del derecho pensional reclamado resultaba afectada por el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb y \u00abii) al no cumplirse por parte del se\u00f1or JAIMES MANTILLA con el requisito de edad exigido para la pensi\u00f3n, no pod\u00eda reconocerse una pensi\u00f3n que no se hab\u00eda causado\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte actora, reiterando lo dicho en el escrito inicial y enfatizando que, \u00abfrente a la misma fuente formal existe m\u00e1s de una interpretaci\u00f3n\u00bb y, por tanto, en su concepto, era obligatorio aplicar el postulado constitucional de la favorabilidad, lo que no hizo la Sala Laboral de la Corte, aunado a que se apart\u00f3 del precedente judicial que contempla la edad como un requisito de exigibilidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Juan Jaimes Mantilla, que considera vulnerados por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n SL1038-2021, que no cas\u00f3 el fallo dictado el 13 de julio de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada, en cuanto neg\u00f3 el amparo reclamado, toda vez que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, pero por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, teniendo en cuenta que el gestor no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la autoridad judicial acusada, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para actuar y tampoco acredit\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, la norma en comento indica que \u00abse pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En torno a la legitimaci\u00f3n por activa de los apoderados judiciales, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (Se subraya). CSJ STC1042-2019. <\/p>\n
\u2026la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (Se subraya). CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
En ese orden, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.2. En cuanto al mandato requerido, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, manifest\u00f3 que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb. Bajo las anteriores circunstancias, como lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en sentencia CC T-1025-2006, el poder especial necesario debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
\u2026(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n (Se subraya)1. <\/p>\n
2.3. Pues bien, en el presente asunto, Carlos Alberto Ballesteros Bar\u00f3n afirm\u00f3 promover la presente acci\u00f3n constitucional como apoderado judicial del se\u00f1or Juan Jaimes Mantilla; sin embargo, de los documentos remitidos se establece que no alleg\u00f3 poder especial para actuar en esta senda extraordinaria, en los t\u00e9rminos indicados, y tampoco aleg\u00f3 ni demostr\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso, por lo cual resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado, ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones anteriormente esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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